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Dominicanos pierden confianza en la institucionalidad, según encuesta Barómetro
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Encuesta Barómetro de las Américas “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2016/17” sitúa en 20.4% la confianza en los partidos políticos, consolidando la tendencia a la baja desde el año 2008.
El estudio elaborado por el Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), indicó que, para las últimas elecciones presidenciales, los entrevistados reportaron una participación electoral de 81.2%.
Señaló, además, que “la democracia en América Latina y el Caribe está enfrentando retos importantes que van desde el bajo nivel de confianza en las elecciones, partidos, y liderazgo político hasta las deficiencias en la oferta de libertades públicas, el cumplimento de la ley, seguridad ciudadana, y una buena provisión de servicios”.
En ese sentido, el informe precisó que las simpatías partidarias en el país también disminuyen. “Desde el 2012 al 2016 se produjo un declive en esta variable de 63.4 a 42.4% aunque entre todos los países de la región, la República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los que tienen mayor simpatía partidaria”.
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región.
Consulte el estudio completo en: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
“En los últimos 10 años, el nivel de participación cívica, que se entiende como la participación en reuniones de asociaciones religiosas de padres de la escuela y de mejoras comunitarias, se ha mantenido en torno a los 35 puntos promedio”, añadió.
Delincuencia, corrupción y justicia
En la comparación regional, la República Dominicana se colocó en la segunda posición con mayor promedio de percepción de inseguridad, solo superado por Venezuela.
Asimismo para el 45.8% de la población encuestada, el problema más grave del país se refiere a asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen. “Ese porcentaje es mucho mayor que el 29% que señaló que el problema más grave se refiere a asuntos relacionados con la economía”.
Dijo que los promedios en la percepción de inseguridad en el barrio donde viven los encuestados han aumentado de 56.3 puntos en 2014 a 59.0 en 2016, los más altos de toda la década.
Además, la victimización por delincuencia aumentó en la República Dominicana casi 10 puntos porcentuales de 2010 (16.6%) a 2016 (26.2%).
“Las personas más propensas a reportar ser víctimas de la delincuencia son: las que viven en las zonas más urbanas, las de mayor nivel educativo, las más jóvenes y los hombres”, agregó.
Mientras que en la comparación regional, de los 29 países encuestados, la República Dominicana se coloca en la sexta posición de mayor porcentaje de victimización por delincuencia.
Los dominicanos perciben la corrupción política como un problema muy extendido en su país. “Para el 83.9% de los encuestados, por lo menos la mitad de los políticos de la República Dominicana están involucrados en la corrupción y en la victimización por corrupción, los policías y los militares encabezan la lista de funcionarios que piden sobornos”.
Adicionalmente, señaló que la confianza depositada en las instituciones centrales para el combate a la delincuencia y corrupción ha caído ya que desde el año 2008 se ha producido un declive estadísticamente significativo en la confianza de la ciudadanía en la justicia dominicana.
Igualmente, la tendencia de un bajo nivel de confianza en la Policía Nacional se mantuvo en el año 2016 con una confianza promedio de solo 35.6 puntos; y en la comparación regional, la República Dominicana ocupa el lugar 27 de menor promedio de confianza entre los 29 países encuestados.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.