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Dominicanos pierden confianza en la institucionalidad, según encuesta Barómetro
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Encuesta Barómetro de las Américas “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2016/17” sitúa en 20.4% la confianza en los partidos políticos, consolidando la tendencia a la baja desde el año 2008.
El estudio elaborado por el Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), indicó que, para las últimas elecciones presidenciales, los entrevistados reportaron una participación electoral de 81.2%.
Señaló, además, que “la democracia en América Latina y el Caribe está enfrentando retos importantes que van desde el bajo nivel de confianza en las elecciones, partidos, y liderazgo político hasta las deficiencias en la oferta de libertades públicas, el cumplimento de la ley, seguridad ciudadana, y una buena provisión de servicios”.
En ese sentido, el informe precisó que las simpatías partidarias en el país también disminuyen. “Desde el 2012 al 2016 se produjo un declive en esta variable de 63.4 a 42.4% aunque entre todos los países de la región, la República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los que tienen mayor simpatía partidaria”.
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región.
Consulte el estudio completo en: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
“En los últimos 10 años, el nivel de participación cívica, que se entiende como la participación en reuniones de asociaciones religiosas de padres de la escuela y de mejoras comunitarias, se ha mantenido en torno a los 35 puntos promedio”, añadió.
Delincuencia, corrupción y justicia
En la comparación regional, la República Dominicana se colocó en la segunda posición con mayor promedio de percepción de inseguridad, solo superado por Venezuela.
Asimismo para el 45.8% de la población encuestada, el problema más grave del país se refiere a asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen. “Ese porcentaje es mucho mayor que el 29% que señaló que el problema más grave se refiere a asuntos relacionados con la economía”.
Dijo que los promedios en la percepción de inseguridad en el barrio donde viven los encuestados han aumentado de 56.3 puntos en 2014 a 59.0 en 2016, los más altos de toda la década.
Además, la victimización por delincuencia aumentó en la República Dominicana casi 10 puntos porcentuales de 2010 (16.6%) a 2016 (26.2%).
“Las personas más propensas a reportar ser víctimas de la delincuencia son: las que viven en las zonas más urbanas, las de mayor nivel educativo, las más jóvenes y los hombres”, agregó.
Mientras que en la comparación regional, de los 29 países encuestados, la República Dominicana se coloca en la sexta posición de mayor porcentaje de victimización por delincuencia.
Los dominicanos perciben la corrupción política como un problema muy extendido en su país. “Para el 83.9% de los encuestados, por lo menos la mitad de los políticos de la República Dominicana están involucrados en la corrupción y en la victimización por corrupción, los policías y los militares encabezan la lista de funcionarios que piden sobornos”.
Adicionalmente, señaló que la confianza depositada en las instituciones centrales para el combate a la delincuencia y corrupción ha caído ya que desde el año 2008 se ha producido un declive estadísticamente significativo en la confianza de la ciudadanía en la justicia dominicana.
Igualmente, la tendencia de un bajo nivel de confianza en la Policía Nacional se mantuvo en el año 2016 con una confianza promedio de solo 35.6 puntos; y en la comparación regional, la República Dominicana ocupa el lugar 27 de menor promedio de confianza entre los 29 países encuestados.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.