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Dominicanos pierden confianza en la institucionalidad, según encuesta Barómetro
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Encuesta Barómetro de las Américas “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2016/17” sitúa en 20.4% la confianza en los partidos políticos, consolidando la tendencia a la baja desde el año 2008.
El estudio elaborado por el Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), indicó que, para las últimas elecciones presidenciales, los entrevistados reportaron una participación electoral de 81.2%.
Señaló, además, que “la democracia en América Latina y el Caribe está enfrentando retos importantes que van desde el bajo nivel de confianza en las elecciones, partidos, y liderazgo político hasta las deficiencias en la oferta de libertades públicas, el cumplimento de la ley, seguridad ciudadana, y una buena provisión de servicios”.
En ese sentido, el informe precisó que las simpatías partidarias en el país también disminuyen. “Desde el 2012 al 2016 se produjo un declive en esta variable de 63.4 a 42.4% aunque entre todos los países de la región, la República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los que tienen mayor simpatía partidaria”.
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región.
Consulte el estudio completo en: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
“En los últimos 10 años, el nivel de participación cívica, que se entiende como la participación en reuniones de asociaciones religiosas de padres de la escuela y de mejoras comunitarias, se ha mantenido en torno a los 35 puntos promedio”, añadió.
Delincuencia, corrupción y justicia
En la comparación regional, la República Dominicana se colocó en la segunda posición con mayor promedio de percepción de inseguridad, solo superado por Venezuela.
Asimismo para el 45.8% de la población encuestada, el problema más grave del país se refiere a asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen. “Ese porcentaje es mucho mayor que el 29% que señaló que el problema más grave se refiere a asuntos relacionados con la economía”.
Dijo que los promedios en la percepción de inseguridad en el barrio donde viven los encuestados han aumentado de 56.3 puntos en 2014 a 59.0 en 2016, los más altos de toda la década.
Además, la victimización por delincuencia aumentó en la República Dominicana casi 10 puntos porcentuales de 2010 (16.6%) a 2016 (26.2%).
“Las personas más propensas a reportar ser víctimas de la delincuencia son: las que viven en las zonas más urbanas, las de mayor nivel educativo, las más jóvenes y los hombres”, agregó.
Mientras que en la comparación regional, de los 29 países encuestados, la República Dominicana se coloca en la sexta posición de mayor porcentaje de victimización por delincuencia.
Los dominicanos perciben la corrupción política como un problema muy extendido en su país. “Para el 83.9% de los encuestados, por lo menos la mitad de los políticos de la República Dominicana están involucrados en la corrupción y en la victimización por corrupción, los policías y los militares encabezan la lista de funcionarios que piden sobornos”.
Adicionalmente, señaló que la confianza depositada en las instituciones centrales para el combate a la delincuencia y corrupción ha caído ya que desde el año 2008 se ha producido un declive estadísticamente significativo en la confianza de la ciudadanía en la justicia dominicana.
Igualmente, la tendencia de un bajo nivel de confianza en la Policía Nacional se mantuvo en el año 2016 con una confianza promedio de solo 35.6 puntos; y en la comparación regional, la República Dominicana ocupa el lugar 27 de menor promedio de confianza entre los 29 países encuestados.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.