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3,849 cargos municipales eligen este domingo los dominicanos.
Con la presencia para fines de observación de delegados internacionales de 20 países, la República Dominicana celebra este domingo sus elecciones municipales con el estreno de una metodología de votación automatizada y boletas físicas, bajo el régimen de una nueva Ley Electoral.
Al certamen donde se escogerán 3,849 cargos están llamados a votar 7,487,040 dominicanos en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Más de 190,000 personas, entre funcionarios de colegios, delegados de partidos y miembros de la Policía Militar Electoral, trabajarán en los 4,169 recintos que funcionarán en todo el país.
Del personal, 80,160 serán funcionarios de las 16,032 mesas de votaciones distribuidas en los 158 municipios y que serán integradas por cinco personas: un presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario, sustituto de secretario.
También trabajarán 32,064 delegados y suplentes de delegados de los partidos que serán designados en cada uno de los colegios, así como 6,500 soportes técnicos y supervisores, 5,400 facilitadores de recintos, a los que se suman 64,000 miembros de la Policía Militar Electoral.
El padrón para las elecciones municipales es de 7,4 millones de ciudadanos quienes escogerán 3,849 puestos electivos, entre otros. Los electores votarán para escoger 158 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes; 1,164 regidores y una cifra similar de suplentes; 235 directores, y la misma proporción de subdirectores y 735 vocales.
En los comicios se implementará la votación automatizada en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Higüey, San Francisco de Macorís, Moca, La Romana, La Vega, Bonao, Baní, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y Mao. Esos municipios representan el 62% del padrón electoral.
En estas elecciones municipales se utilizará de nuevo la tinta indeleble, el lector de huellas dactilares, así como se empleará una aplicación móvil para tramitar las actas de votaciones en los 140 municipios con boletas físicas.
Ante los comicios de este domingo, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, hizo un llamado para que los dominicanos ejerzan su voto en convivencia y en paz.
“Queremos hacer un llamado oportuno y siempre necesario a la convivencia pacífica, la conducta de todos tiene que ser una conducta civilizada y que precisamente lleve a los dominicanos y dominicanas a ejercer su voto este domingo 16”, enfatizó.
Castaños Guzmán reconoció que aunque estén preparados necesitan el acompañamiento y veeduría de los observadores internacionales, así como de recomendaciones para el proceso.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jaquez, advirtió que hay una Ley Electoral con “garras” y que con pruebas en las manos no le temblará el pulso para aplicarla.
Sostuvo que en la República Dominicana históricamente no existen antecedentes de ninguna condena penal por violación a la norma electoral, es la primera vez que un marco legal se estructura de manera contundente con ese objetivo.
“Las infracciones electorales pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso electoral. Pueden surgir como ladrón en la noche, y el sistema debe estar preparado para que, por falta de un adecuado y coordinado funcionamiento de lo penal electoral, los delitos y crímenes electorales no queden impunes”, precisó.
Jaquez aseguró que indiscutiblemente hay una judicialización de los procesos electorales y el TSE ha previsto lo necesario para dar respuesta oportuna y efectiva a todas las acciones contenciosas electorales que pudiesen llegar con ocasión de las elecciones de este domingo.
El jefe de la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismo Electorales (Uniore), Marcos Antonio Baños, consideró que es hora de tener confianza en el voto automatizado, pues es seguro y no permite tergiversar la voluntad del ciudadano.
“El funcionamiento del voto automatizado creo que será un viraje importante que no va a sentar solo precedentes para República Dominicana”, enfatizó.
Sostuvo que con este sistema República Dominicana se suma a Brasil, que aseguró es la “punta del iceberg” en el voto electrónico en América Latina.
Confió en que se tendrán experiencias importantes para poder avanzar en otras latitudes con el voto automatizado.
“Es momento de tener confianza de que el voto electrónico no se hace con mecanismos que permitan tergiversar la voluntad del ciudadano, es un voto seguro, es un voto que tiene mecanismos de cuidado”, recalcó el jefe de la misión de observadores de Uniore.
Baños también llamó a confiar en las autoridades electorales (Junta Central Electoral) a cargo del montaje de las elecciones municipales.
Participarán 118 observadores internacionales de 20 países: 40 de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); 24 de la OEA; 6 de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES); 6 del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA); 15 académicos y axpertos; 7 de la Association of World Election Bodies (A-WEB); y 20 del Cuerpo Diplomático.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.