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Red de trafico de personas compuesta por dominicanos, venezolanos y colombianos.

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Santo Domingo, RD.-La operación Cattleya fue puesta en ejecución este jueves por el Ministerio Público con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual comercial y con la que rescató a más de 80 mujeres.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos.

Los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

Las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana. Sin embargo, las explotaban sexualmente.

En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

Como parte de la operación Cattleya, el Ministerio Público investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela.

La operación cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau  (ATB).

Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, explicó que las acciones contra la trata de personas responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito contra el crimen transnacional.

Bejarán Álvarez indicó que en la operación participan 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas.  Durante los operativos, los equipos ocuparon sustancias controladas, como marihuana y drogas sintéticas.

“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.

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Ex-ministro de Educación apartado del puesto por corrupción solicita auditoría.

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Santo Domingo, RD.-Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, depositó en la Cámara de Cuentas una solicitud para que se realice una auditoría financiera y de procesos administrativos a los casi dos años de su gestión en la cartera educativa.

“Es un acto de coherencia, de lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo que cada cosa será colocada en su lugar por el tiempo. Repito, hoy les digo: El tiempo pondrá cada cosa en su lugar”, fueron las palabras de Fulcar al concluir la lectura de la solicitud.

Sin embargo, al ser abordado sobre las razones de su destitución, solo se limitó reiterar: “Hoy les digo que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar”.

El ex titular de Educación estuvo acompañado de una delegación de diputados del oficialismo, quienes salieron en defensa de la labor del jefe de campaña para las elecciones que dieron la victoria a Luis Abinader.

“Muchas veces lo que preocupa no es garantizar o verificar la rectitud, ni la eficiencia ni la gestión, sino manchar la imagen de cualquier dominicano o dominicana, en este caso el del ministro Roberto Fulcar”, comentó el diputado Ignacio Aracena.

Según Aracena, “la verdad va a salir a lo público y nosotros como fiscalizadores del Poder Ejecutivo estamos haciendo nuestra presencia para garantizar que esa fiscalización se lleve con eficiencia y pulcritud, respetando siempre los debidos procesos”.

De acuerdo a Fulcar, la depositada solicitud al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Andrés Ramírez Sánchez es con el objetivo de aclarar el desempeño de su gestión frente al Ministerio de Educación en los ciclos desde el 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, así como del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 3 de agosto del 2022.

Fulcar fue recibido por Gabriel Concepción, quien es el encargo de correspondencia de la Cámara de Cuentas.

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Varían prisión a implicado en caso Coral.

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Santo Domingo, RD.-Fue beneficiado con la libertad por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruzimplicado en el caso Coral, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.

La magistrada Yanibet Rivas impuso al imputado, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, el pago de garantía económica de 5 millones de pesos por medio de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.

En la audiencia, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca), había pedido rechazar la revisión de la medida de coerción y que en consecuencia se dispusiera su mantenimiento en prisión, alegando que Montero Cruz enfrenta pena de 10 a 20 años de prisión.

De su lado, su abogado Félix Portes saludó la decisión del tribunal, al tiempo de señalar que han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.

Sostuvo que el Ministerio Público dejó fuera del entramado criminal a su representado al no acusarlo de asociación de malhechores.

Además del general Adán Cá­ceres y la pastora Rossy Guzmán, está acusado su hijo, el cabo policial Tanner Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza.

En contra de Raúl Alejan­dro Girón se ordenó arres­to domiciliario, por razones de seguridad, para cooperar con la investigación.

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Policías activos y exmilitares formaban parte de la red de prostitución Cattle.

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Santo Domingo, RD.-Aunque el Ministerio Público sólo ha vinculado al sargento de la Policía Nacional, Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), como parte de la red de trata y prostitución, denominada Cattleya, el expediente de medida de coerción contra 15 personas y tres hoteles señala que en esta red existen exmilitares y policías activos.

“Producto de que la red había exmilitares y policías activos; la organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro, la rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban ´Quemar la guarida´, pero más bien era cambiar de calabozo”, dice el expediente.

Indican que en la investigación se pudo comprobar que uno de los imputados es miembro de la Policía Nacional, por igual hay un exmilitar de Venezuela.

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha señalado que las victimas en este caso, 78 colombianas y 2 venezolanas, eran engañadas y se les ofrecía diversos tipos de trabajo en el país y una vez aquí eran usadas para  prostituirse.

A las mismas luego de llegar a la República Dominicana se les quitaban el pasaporte y se les obligaba a tener sexo con diferentes hombres, algunas de las cuales llegaron a acostarse con 15 hombres en un día, de acuerdo al expediente.

“Al llegar al país, la organización informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país, ascendía entre US$3,000.00 a US$4,000.00 y que para la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes que los miembros de la organización les buscaban y que demandaban este tipo de servicio, siendo este el momento en que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían”, dice el expediente.

El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.

También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

También solicita la clausura temporal de las razones sociales Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn, por su participación en los tipos penales sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “Asociación de Malhechores”, los artículos 1, 3 y 7, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, trasnacional, así como pluralidad de víctima”.

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