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Red de trafico de personas compuesta por dominicanos, venezolanos y colombianos.

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Santo Domingo, RD.-La operación Cattleya fue puesta en ejecución este jueves por el Ministerio Público con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual comercial y con la que rescató a más de 80 mujeres.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos.

Los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

Las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana. Sin embargo, las explotaban sexualmente.

En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

Como parte de la operación Cattleya, el Ministerio Público investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela.

La operación cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau  (ATB).

Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, explicó que las acciones contra la trata de personas responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito contra el crimen transnacional.

Bejarán Álvarez indicó que en la operación participan 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas.  Durante los operativos, los equipos ocuparon sustancias controladas, como marihuana y drogas sintéticas.

“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.

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El derecho procesal penal y sus falencias en República Dominicana.

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SANTO DOMINGO. El derecho procesal penal cada día a través de los casos que se conocen en los tribunales envía el mensaje de que tiene falencias que promueven la impunidad y la falta de la sanción adecuada para los protagonistas de los crímenes y delitos, ya que incluso la propia norma sobre la materia es una especie de protección del delincuente y un mecanismo de  revictimización de la victima, así como el derecho civil ha sido concebido para proteger al acreedor e incluso en detrimento del derecho del deudor.

Aunque el caso del apodado «Dotolcito»  tal vez no es  el mejor escenario para medir las debilidades de la justicia penal en el pais, ya que el legislador y también  los jueces siempre interpretan las normas para favorecer al imputado y perjudicar a la victima, aunque generalmente esto ocurre cuando se trata de ilícitos que no necesariamente involucra la muerte de alguien, pero sí en los casos de estafa y otros tipos de delitos menores, aun aquellos que se rigen por leyes especiales como el de trabajo pagado y no hecho.

Un ejemplo de lo afirmado más arriba lo representa Danil Ramírez Santana, el taxista del caso de Jhosua Omar Fernández, quien no fue sometido por el Ministerio Público porque este órgano  valoró no hacerlo por razones atendibles, que aunque se habla de su colaboración, pero que la misma no está claramente explicada en el expediente, pese a  que los familiares de la victima se sintieron satisfecha con la sentencia, cuyo hecho tuvo lugar en la discoteca Bar Kiss en Naco.

Danil Ramírez Santana, prestó sus servicios a Wesly Vincent Carmona, alias «El Dotolcito», para transportar para él a Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, y Luis Alberto Brito Troncoso, los hombres con los cuales se asoció en el atraco.

De acuerdo con la fiscal a cargo el taxista colaboró y fue fundamental para que El Dotolcito, Chiquito y Luis Alberto fueran condenados la madrugada del 25 de abril.

Señaló, no obstante, que el investigador podría en otra circunstancia decidir sobre la suerte del taxista.

“Es importante que se verifique en la sociedad dominicana que todo aquel que infrinja la ley, no importa quién sea, ni que se crea famoso, tendrá al Ministerio Público de frente para su persecución para decidir la pena justa por el hecho que se cometa”, dijo la fiscal tras la sentencia..

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictaron sentencia condenatoria de 30, 20 y 15 años a los imputados por la muerte del joven Joshua Fernández.

El tribunal condenó al imputado Alison de Jesús Pérez, “Chiquito”, a 30 años de prisión, tras declararle culpable del homicidio de Joshua.

Alias Chiquito, fue sentenciado por asociación de malhechores y robo agravado y deberá pagar una indemnización de cinco millones de pesos a la familia de la víctima.

Mientras que el imputado Luis Alberto Brito, deberá cumplir 20 años de prisión, por asociación de malhechores, robo agravado y porte y tenencia ilegal de armas.

En tanto Wesly Carmona, el «Dotolcito» fue sentenciado a 15 años de prisión, por asociación de malhechores y robo agravado.

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Jueza del caso Joshua Fernández advierte a los padres verificar lo que hacen los hijos.

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Santo Domingo, R.D.-Ysell Bienvenida Soto Pena, jueza del tribunal penal que condeno a los involucrados en el crimen de Johua Fernández en Santo Domingo pidió a la sociedad una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana y fustigó la búsqueda de dinero fácil de parte de la juventud.

La magistrada se refirió a la descomposición social del país en momentos en que leía la sentencia que condenó a los responsables de la muerte del joven Joshua Omar Fernández.

Por ese caso, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a prisión por 30 años a Alison Jesús Pérez Mejía, culpable de asociación y homicidio voluntario. A Luis Alberto Troncoso, 20 años y a Wesly Vicent Carmona Corcino, 15 años de prisión.

“Hay que verificar lo que hacen los hijos en casa de manera vehemente y persistente y no desistir. Porque como padres todos asumimos la responsabilidad aunque aun así hay jóvenes que salen de esa guía y ahí es donde entra el tribunal a tomar decisión”, dijo la magistrada al cierre de su intervención pasada la 1 de la madrugada.

La jueza dijo que de acuerdo a los elementos de prueba que tenía en manos el accionar de esos jóvenes debe llevar a una profunda reflexión social.

“Y qué bueno que aquí en este proceso se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras. Es momento de que la sociedad reflexione de manera general, es necesario que se vea lo que está pasando, el dinero fácil: hay que trabajar…”, señaló la magistrada.

Joshua Omar Fernández murió cuando compartía con unos amigos en un bar del Distrito Nacional y los jóvenes condenados realizaban un atraco cerca de allí. Los implicados en el caso realizaron dos disparos, uno al aire y otro lineal, según pudieron establecer las juezas. Uno de esos disparos alcanzó la cabeza de Fernández cegándole la vida.

ANTES DE LA SENTENCIA

Durante la penúltima sentencia, El Dotolcito se disculpó con su familia, a la de Joshua y a la sociedad por “no llevarse de consejos”, aunque no elaboró más sobre ese tema.

Asimismo, aseguró que no es capaz de hacerle daño a otra persona.

Por su parte Chiquito, pidió que se le juzgara por el delito que cometió que, según su testimonio, se trató de un robo y no un asesinato.

«Yo le pido a ustedes que se me haga justicia por lo que nosotros cometimos, que fue un asalto, no hagan justicia por algo que uno no haya cometido», expresó.

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30, 20 y15 años de cárcel a jóvenes involucrados en crimen de Joshua Fernández.

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Santo Domingo, R.D.-El famoso caso del «Dotolcito» concluyó esta madrugada del jueves con una decisión de las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que  sentencia a Wesly Vincent Carmona, conocido como a 15 años de prisión y sus otros amigos a 30 y 20 años de prisión.

La peor parte de la condena recayó sobre Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) quien fue sentenciado a 30 años de cárcel y Luis Alberto “Luisito” Brito a 20, respectivamente.

Estas condenas fueron emitidas por las juezas Claribel Nivar, Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo.

Por el crimen, el Ministerio Público solicitaba condenar a 30 años de prisión a El Dotolcito, mientras que para Chiquito y Brito Troncoso pidió que fueran sentenciados a 40 años de prisión.

El Ministerio Público acusaba a El Dotolcito de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

Mientras que, Chiquito fue acusado de violar 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

En tanto, al imputado Luisito le señalaba por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

PIDIÓ PERDÓN

El día previo a la sentencia, Wesly Vincent Carmona se disculpó con su familia, a la de Joshua y a la sociedad por “no llevarse de consejos”, aunque no elaboró más sobre ese tema.

“Yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático”, dijo, reiterando su inocencia en el caso.

Sin embargo, los otros imputados en el caso insistieron en que El Dotolcito participó planificación y desarrollo del atraco que terminó en la muerte de Joshua.

Además Luisito, al declarar ante el Tribunal, aseguró que el influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como “El Dotol Nastra”, le ofreció un millón de pesos para inculparse.

Luisito testificaba su versión de los hechos ante las juezas del Segundo Tribunal Colegio del Distrito Nacional, cuando declaro que el padre El Dotolcito, lo llamó para que él y Chiquito se inculparan a cambio de un millón de pesos.

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