La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.

La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.

Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.

La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.

La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.

Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder  la nación a épocas ya superadas.

La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias

El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.

La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.

El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.

Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.

La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.

Por Elba García

La entrada del nuevo año advierte circunstancias políticas y económicas e incluso sociales de no muy buenos augurios para  la nación, porque se proyecta una acentuación del endeudamiento económico y de posiciones ultraconservadoras del gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en su afán de ser un aliado fiel de los planes expansionistas de Donald Trump,  que podría complicar el ambiente local.

Por lo que se puede observar el gobierno ultraconservador de los Estados Unidos aumenta su cerco contra los países latinoamericanos, sobre todo de aquellos con políticas liberales y democráticas con el patrocinio de los aspirantes presidenciales latinoamericanos que promueven, sino el mismo comportamiento o visión, por lo menos que observan una cierta tolerancia con la forma de ver el poder del mandatario estadounidense.

Lo que le espera al país es una tendencia hacia posiciones ultraconservadoras que lesionan la imagen en la comunidad internacional de R.D. que ha tenido una visión moderada y, podría decirse, respetuosa del derecho a la autodeterminación de los pueblos, máxime de los colocados en el llamado tercer mundo.

El gobierno dominicano hizo su entrada en su política de poco respeto de los demás pueblos de su entorno hemisférico con su interés de promover una invasión armada en Haití, sin sopesar si ese paso es del agrado del ciudadano de la vecina nación.

Pero el asunto no se detiene ahí, sino que el gobierno dominicano acompaña al presidente Trump en sus travesuras de rechazar todas aquellas disidencias de países aliados con la imposición de aranceles y de intromisiones en los asuntos internos, incluidas en las elecciones para escoger sus autoridades nacionales con el auspicio de candidatos presidenciales con una concepción igual o parecida a la de Trump.

Los niveles de colonización económica, financiera, política y social toman cuerpo en el país con el agresivo endeudamiento externo que supera ya el 58 por ciento del Producto Interno Bruto, amén de un aumento preocupante de un neoliberalismo salvaje y de una corrupción que amenaza toda la vida nacional.

El año 2026 parece traer consigo también una profundización de una falta de legitimidad de los partidos políticos porque apuestan e insisten en un comportamiento que los deja muy mal parados frente a los diferentes sectores que conforman la vida nacional.

De antemano se sabe que la inclinación del gobierno dominicano por el conservadurismo y agresividad de Trump busca una cierta tolerancia con la conducta del mandatario estadounidense para evitar una persecución irracional en su contra en razón de que la economía de importación dominicana se sustenta en el mercado de la potencia del norte, además  de haber razones de hegemonía política.

El gobierno de Luis Abinader es llevado cotidianamente a desarrollar políticas, sobre todo exterior, que no han sido las que han caracterizado al país ni siquiera durante las administraciones ultraconservadores como las encabezadas por Joaquín Balaguer.

Este panorama no parece traer alguna posibilidad de que el manejo de la nación bajo ese criterio implique buenas nuevas para el dominicano que por lo menos ha sabido jugar mucho con una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, pero que ha permitido sobrellevar la crisis institucional y de liderazgo que ha sufrido en los últimos lustros o décadas.

Sin embargo, el 2026, que ya hace su entrada, podría ser de grandes explosiones sociales cuando la deuda se vuelva insostenible y la inflación, esta última producto de factores muy variados, exploten e impacten severamente a las grandes mayorías nacionales como resultado también de una agudización de la deficiencia en los servicios sociales, principalmente de agua potable y de energía eléctrica.

Las turbulencias que se aproximan en el nuevo año no parecen que puedan ser resistidas o manejadas por la aeronave que sobrevuela la democracia nacional, la cual no tiene la fortaleza que demandan las circunstancias económicas, políticas y sociales y que podrían impactar muy negativamente a la Republica Dominicana.

Por Elba García

Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.

Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.

El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin  ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.

El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.

La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre  los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.

La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.

La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,

El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.

De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.

Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.

Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.

Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.

Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.