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Donbás, la manzana de la discordia entre Ucrania y Rusia
EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk, en el este de Ucrania, el Donbás.
Las repúblicas separatistas, cuya independencia ha sido reconocida este lunes por Moscú, son desde 2014 la manzana de la discordia entre Rusia y Ucrania.
Rusia, que ha provocado estos últimos meses una tensión sin precedentes en Europa con la concentración de más de cien mil soldados en la frontera con Ucrania, apoyó hace ocho años la sublevación armada que condujo a la guerra entre los rebeldes y Kiev.
El Donbás, zona conocida históricamente por sus minas de carbón, es una región limítrofe con Rusia y que está poblada en su mayoría por rusoparlantes desde la creación de la Unión Soviética.
Este territorio vive un conflicto armado desde abril de 2014 entre las milicias prorrusas y el Ejército ucraniano, que, según la ONU, ha causado más de 14.000 muertos en ambos bandos, tanto militares como civiles.
El conflicto, que se ha recrudecido en estos últimos días en el marco de las tensiones entre Rusia y Occidente, siempre ha estado latente pese a la firma en febrero de 2015 de los Acuerdos de paz de Minsk entre Ucrania, Rusia, Francia y Alemania.
Estas son las fechas clave del conflicto del Donbás:
2014
16 marzo: Crimea celebra un referéndum independentista que allana el camino para la posterior anexión rusa. Gana el «sí». El 20 marzo, la Duma o Cámara de Diputados rusa ratifica el acuerdo por el que la península se incorpora a Rusia. Ucrania retira definitivamente sus tropas de Crimea el 24 de marzo.
6-7 abril: Prorrusos toman las sedes de la administración regional en varias ciudades del este de Ucrania: Donetsk, Járkov, Lugansk, Slaviansk y Górlovka.
12 mayo: las regiones de Donetsk y Lugansk autoproclaman sus independencias y piden integrarse en Rusia, tras un referéndum celebrado entre combates y sin observadores internacionales.
25 mayo: El empresario Petró Poroshenko gana las presidenciales en Ucrania.
6 junio: Formalización del Cuarteto (Formato) de Normandía, integrado por Alemania, Rusia, Ucrania y Francia, para resolver el conflicto bélico en el este de Ucrania.
17 julio: Derribo del avión de Malaysian Airlines con 298 pasajeros en Donetsk. EEUU acusó a los rebeldes prorrusos y una comisión internacional concluyó cuatro años después que el derribo se produjo por un misil facilitado por el Ejército ruso.
5 septiembre: Es suscrito el Protocolo de Minsk para afianzar el fin del conflicto. Fue firmado por Rusia, Ucrania y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Las aspiraciones pacifistas del pacto serán violadas repetidas veces.
14 septiembre: El partido Rusia Unida, liderado por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, gana las elecciones a las cámaras legislativas de la anexionada Crimea y del puerto de Sebastópol.
2015
26 enero: Kiev impone el estado de emergencia en Donetsk y Lugansk por el recrudecimiento de la guerra.
11-12 febrero. Se negocian los Acuerdos de Minsk (II). Se solicita un nuevo alto el fuego «inmediato y completo» en las zonas de conflicto y la apertura de un diálogo. Incluso así, las violaciones del alto fuego persistirán.
2 octubre: Cumbre en París entre los jefes de Estado de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania para la retirada de armamento de ambos bandos.
16 diciembre: El Gobierno ucraniano impone un bloqueo comercial a Crimea, ante lo que Putin suspende el acuerdo de libre comercio con ese país.
2017
3 marzo: La autoproclamada república popular de Donetsk rompe lazos comerciales con el resto de Ucrania.
1 septiembre: Entra en vigor el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE.
2018
31 agosto: El líder de Donetsk, Alexandr Zajárchenko, muere en una explosión en el centro de la región separatista.
11 noviembre: Los líderes interinos prorrusos Denís Pushilin (Donetsk) y Leonid Pásechik (Lugansk) ganan las elecciones en sus respectivas regiones, consideradas ilegales por Ucrania.
2019
21 abril: El actor Volodímir Zelenski vence a Poroshenko en la segunda vuelta en las presidenciales ucranianas.
8 diciembre: Ucrania y Rusia reanudan las negociaciones sobre el Donbás en la cumbre de París. Dos días después Putin y Zelenski fijan un calendario para lograr la paz.
2020
3 junio: El Parlamento de Lugansk adopta el ruso como única lengua oficial del territorio en perjuicio del ucraniano.
2021
3 abril: Kiev y Moscú se acusan mutuamente de movilizar gran número de tropas en la frontera para una posible ofensiva. Según Washington, se trataba de la mayor acumulación de efectivos rusos en la frontera con Ucrania desde el conflicto de 2014.
El Kremlin señaló en aquel momento que realizaba ejercicios en respuesta a las «actividades militares amenazantes» de la OTAN cerca de sus fronteras, que incluían unas maniobras de la Alianza en países de Europa Oriental.
23 agosto: 46 Estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la Plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana.
16 diciembre: La UE amenaza a Moscú con sanciones si invade Ucrania.
2022
7 enero: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que el riesgo de conflicto entre Rusia y Ucrania es real.
18 enero: Rusia envía tropas a la vecina Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de la frontera ucraniana. Días más tarde, Ucrania responde a la presión militar rusa con maniobras en todo su territorio.
15 febrero: Rusia retira algunas tropas cerca de la frontera con Ucrania, pero la Duma exige reconocer a las repúblicas separatistas del Donbás.
17 febrero: La tensión se agrava. Aumentan los combates en el Donbás, mientras Rusia y Occidente intensifican su disputa diplomática: es expulsado el número dos de la embajada de EEUU en Moscú. El presidente de EEUU, Joe Biden dice que la probabilidad de una invasión rusa es «muy alta.
21 febrero: Los entes separatistas del Donbás son reconocidos por Moscú.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.