Nacionales
Sobre el tapete en el país la poca transparencia de los partidos políticos.
Santo Domingo, R.D.-Los gastos de los partidos políticos no los conoce nadie, lo que además representa una violación de las leyes del régimen electoral y de la propia Constitución de la República, cuyas proclamas emitidas por la Junta Central Electoral (JCE) para la celebración de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales, establecía una fecha límite para que los candidatos de los diferentes partidos políticos depositaran de forma “obligatoria” en una página habilitada para estos fines el presupuesto de sus gastos de campaña.
Los primeros en depositar sus presupuestos y gastos eran los recientes juramentados alcaldes, directores municipales y regidores, quienes hasta la fecha, salvo algunas excepciones, no han cumplido con el mandato.
De acuerdo a la proclama emitida por el órgano electoral el 8 de marzo del presente año, para las elecciones del 19 de mayo, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos debían depositar en un plazo no mayor de 30 días calendario a partir de la emisión de esa resolución, el presupuesto general proyectado de los ingresos que captarán y los gastos programados en esta campaña.
Todo esto a través del Sistema Integrado de Fiscalización Electora (SIFE), que cuenta con una página web, donde los candidatos deberán ingresar un correo electrónico y una contraseña para acceder y lo depositado se verá en tiempo real a través en página panelfiscalizacionelectoral.jce.gob.do.
Hasta el momento, a nivel presidencial, solo Virginia Antares del Partido Opción Democrática (OD) ha iniciado con la presentación de sus gastos, en los que establece que ha recibido de su partido RD$450,000.00 y ha gastado RD $214,105.20.
El presidente Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas, María Teresa Cabrera, Carlos Peña, Roque Espaillat y Fulgencio Severino no han subido al portal ningún tipo de información en este aspecto.
Senadores
A nivel senatorial, solo cuatro candidatos, dos de ellos del Partido Opción Democrática, han presentado algún tipo de ingresos y gastos.
Del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solo está el exministro de Salud, Daniel Rivera, quien ha empezado con la presentación de información.
Ningún candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Fuerza del Pueblo; Revolucionario Dominicano; Reformista Social Cristiano; Alianza País; Partido Humanista Dominicano; Partido Revolucionario Social Demócrata; Frente Amplio; Alianza por la Democracia; Partido Popular Cristiano; Partido Liberal Reformista; Partido Revolucionario Independiente; Movimiento Patria para Todos; Generación de Servidores y Partido Esperanza Democrática que presentan candidaturas a este nivel de elección han depositado algún tipo de información ante la Junta Central Electoral.
De Opción Democrática, Eric Ortiz, aspirante a senador por el Distrito Nacional, tiene un total de gastos de RD$4,968,080.00. Mientras establece que ha recibido 6,650,000.00; de este monto, 6,450,000.00 fueron recibidos por diferentes personas y 200,000.00 de su partido.
Asimismo de esa organización política Darys Estrella, candidata en San José de Ocoa, ha recibido de diferentes personas 870,500.00 y no ha gastado nada. Su tope de gastos es de RD$5,514,495.00
Daniel Rivera presenta un total de gastos de RD$4,834,563.59. En el renglón de ingresos recibidos, Rivera no establece ningún tipo de aporte. El exministro tiene un tope de gastos de RD$108,853,920.00.
Los demás candidatos del partido de gobierno no han registrado ningún tipo de presupuesto de sus gastos de campaña.
Vinicio Castillo, aspirante a senador del Distrito Nacional por la Fuerza Nacional Progresista, tiene hasta el momento un total de gastos de RD$ 1,602,940.00. Castillo establece que este mismo monto fue recibido por su partido. Este aspirante a senador tiene un tope de gastos es de RD$83,378,400.00.
Diputados
A nivel de diputaciones, tres candidatos del PRM han empezado con la presentación de sus informes. Entre los tres se han gastado RD$117,522.50.
El Partido de la Liberación Dominicana; La Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano; Unidad Nacional; Bloque Institucional Social Demócrata; el Partido Humanista Dominicano; Revolucionario Social Demócrata; Frente Amplio; País Posible; Partido Popular Cristiano; Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y otras organizaciones políticas no han presentado nada ante la JCE.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.