Opinión
Dónde Fallamos? Una Reflexión Sobre Qué Nos Pasó»
Por: Isaías Ramos
Cuando los principios y valores son pisoteados y diluidos, sucede lo que nos está afectando en nuestra sociedad. Hemos entrado en una crisis moral y espiritual que muchos dominicanos aún no terminan de visualizar. Existe un dicho que afirma: “No existe peor ciego que aquel que no quiere ver”. Ignorar esta realidad es mostrarse indiferente ante un pueblo que ha sido ultrajado, engañado y robado; un pueblo que gime de hambre y sed de justicia.
Nos encontramos en un país que ha sido sometido a vivir con limitaciones extremas, mientras que unos pocos disfrutan de las opulencias del derroche. Millones de dominicanos hacinados en ghettos sin presente y, mucho menos, con futuro, donde todo está por hacer y nada por esperar.
Es indignante tener que aceptar esta realidad, especialmente en un país bendecido con tantos recursos que Dios nos ha dado. Sin embargo, estos recursos están siendo robados y saqueados bajo el permiso y supervisión de una clase política y económica carente de principios y valores.
Es frustrante que, en 48 mil km², con apenas un 17% dedicado a la producción agrícola, el productor trabaja a su suerte sin apoyo del Estado, mientras miles de dominicanos se van a la cama sin haber comido. Simplemente es inhumano.
Hoy en día, los países desarrollados no dependen tanto de sus recursos naturales sino de su capital humano. En nuestro país, carecemos de ambos. No se educa ni se capacita a nuestra población y, por otro lado, han secuestrado nuestros recursos naturales y económicos.
Es preocupante cómo se expande la pobreza en un modelo económico que glorifica las migajas y desprecia el trabajo y la producción. Según los datos del propio gobierno, en 10 programas sociales que, según ellos, contribuyen a “reducir la pobreza” con ayudas insignificantes y que son responsables de perpetuar la miseria, mientras que apenas unos pocos trabajan formalmente por contar con leyes laborales obsoletas y una ley de seguridad social injusta.
Pero no toda la culpa es de estos políticos. Nosotros, como ciudadanos, hemos sido víctimas de nuestra propia indiferencia, pues los hemos sostenido y tolerado a pesar de estar conscientes de sus naturalezas retorcidas. ¿Qué nos pasó el día que gobiernos sin valores y sin principios decidieron realizar programas de: “corromper para no matar” en vez de capacitar y educar en conocimientos, principios y valores? ¿Qué nos pasó que pasaron 14 años para exigirle al gobierno la implementación de la ley de educación? ¿Qué nos pasó que solo nos enfocamos en los recursos y no en la calidad de formar buenos ciudadanos? La falta de principios y valores también se ha ido desvaneciendo en las mismas iglesias que están llamadas a defenderlos.
Víctor Hugo decía: “Cambia tu opinión, pero no cambies tus principios; cambia tus hojas, pero mantén tus raíces”. La educación que nos urge no es solo de conocimiento, es de valores
Así, no seremos víctimas de la descarnada manipulación a la que diariamente nos someten: intentan destruir nuestra identidad como pueblo y sembrar desesperanza con frases que se repiten día tras día.
No existen países ricos ni países pobres; existen países gobernados con principios y valores, y otros que no. Tenemos una población en el exterior que se ha convertido en la principal fuente de recursos. Gracias a ellos, millones de dominicanos hoy no pasan hambre. Sin esta ayuda, nuestra situación sería mucho más terrible. La verdad es que nadie desearía que su gente tuviera que partir hacia tierras extrañas por necesidad, y mucho menos por seguridad. Pero esta es nuestra cruda realidad.
Por mi parte, también lo he pensado, pero he decidido quedarme para luchar por esta nación, que está siendo víctima de seres sin alma ni corazón. Si tú también tienes esa opción y decides tomarla, jamás será reprochable. Pero si eliges quedarte, hazlo para defenderla, para luchar, para que tus hijos tengan una sociedad más justa y mejor. ¡Estoy seguro de que lo vamos a lograr!
El Frente Cívico y Social (FCS) cree firmemente que tenemos el potencial para generar los cambios y las transformaciones necesarias que redirijan el curso de nuestra nación, evitándonos un posible camino hacia la destrucción. Para lograr esto, debemos despertar y elevar nuestra conciencia colectiva en términos sociales, morales y patrióticos. Es imprescindible dejar de lado nuestro ego, ese gran distractor que nos aleja de lo verdaderamente importante.
Es el momento de unirnos, en cuerpo, alma y espíritu. Debemos elegir conscientemente trabajar juntos. En el FCS, estamos convencidos de que nuestro pueblo será más sabio en las próximas elecciones, donde estaremos definiendo el futuro de nuestro país. Entendemos que ha llegado la hora para el pueblo dominicano de asumir su responsabilidad como ciudadanos y de definir el futuro de sus hijos, nietos y el suyo propio.
Hoy, más que nunca, esta nación requiere de hombres y mujeres dispuestos a jugársela por su país. Este es el momento de comprometernos, de hacer un llamado al patriotismo y a la responsabilidad cívica. Estamos convencidos de que, juntos, podemos cambiar el rumbo de nuestra nación y garantizar un futuro próspero para las generaciones venideras.
¡Levantémonos! ¡Unámonos como dominicanos! ¡Trabajemos juntos por nuestro futuro!
¡Despierta, República Dominicana!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.