Opinión
Donde la movilidad social está prohibida
Por Isaias Ramos
En América Latina y el Caribe, 41 de cada 100 personas lograron ascender económicamente. En República Dominicana, no llegaron ni a 2 de cada 100. El Banco Mundial lo resumió con crudeza: apenas 1.8% de movilidad ascendente frente a 41.4% regional, mientras más del 19% de los dominicanos empeoró su condición entre 2000 y 2011.
Por eso podemos decir que aquí la movilidad social está prohibida. No por una ley escrita, sino por un modelo que la bloquea: salarios insuficientes, servicios públicos débiles, privilegios sin rendición de cuentas, subsidios sin auditoría y crecimiento que se anuncia en discursos, pero no sube al pueblo.
Un informe de clima social de LS Consulting retrata esa fractura. Entre los consultados, 96% sintió aumento de precios; 86% cree que, por más que se trabaje duro, es muy difícil progresar; 75% se ha endeudado porque sus ingresos no alcanzan para gastos básicos; y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
Ahí está el drama dominicano: no es falta de esfuerzo, es falta de camino. La gente trabaja y resuelve; pero cuando el hogar recorta comida, salud, transporte y servicios, la movilidad social se vuelve una pregunta íntima: ¿todavía puedo darle a los míos lo que necesitan? Cuando un país crece, pero su gente no sube, el problema no es solo económico. Es moral, político e institucional.
La Constitución no ordena un Estado indiferente ni un país administrado como finca de privilegios. Ordena un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. El problema dominicano no es la ausencia de Constitución: es la presencia de un modelo que la contradice todos los días.
Ese modelo no necesita declarar que quiere mantener pobre a la mayoría. Basta con organizar incentivos para que sectores privilegiados reciban protección, exenciones, subsidios o rentabilidad garantizada, mientras el trabajador recibe salarios insuficientes, servicios precarios y pocas vías reales de ascenso.
Esto no es contra empresarios productivos. Es contra privilegios sin retorno público, incentivos permanentes y costos que caen sobre el ciudadano común. Todo beneficio debe responder una pregunta: ¿qué recibe la nación a cambio?
El informe oficial de gasto tributario calcula para 2026 RD$393,541.54 millones, 4.54% del PIB: dinero que el Estado decide no cobrar mediante exenciones e incentivos. Por eso urge un mapa de beneficiarios, costos, retornos y fechas de revisión.
Si el Estado deja de cobrar, el pueblo tiene derecho a exigir resultados: empleo digno, productividad, tecnología, encadenamientos, exportaciones y salarios que permitan vivir.
Miremos la contradicción. En el turismo hotelero, uno de los rostros más celebrados del modelo dominicano, el salario mínimo llegará a RD$21,840 mensuales en junio de 2026. Mientras tanto, Global Living Wage Coalition estima para Santo Domingo un salario digno de RD$40,051 mensuales en 2025.
Esa brecha revela el fondo: celebramos récords de visitantes, inversión y ocupación, pero muchos trabajadores que sostienen esa vitrina siguen lejos de un ingreso suficiente. Un empleo que no permite salir de la pobreza no es movilidad social. Es contención social.
También por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios ni transparenta concesiones, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo entretiene la indignación, pero no reconstruye movilidad social.
La historia muestra dos caminos. Corea del Sur, Taiwán y Singapur combinaron política pública, disciplina de desempeño, exportaciones y capacidades. Líbano y Sri Lanka muestran el costo contrario: déficits persistentes, subsidios mal diseñados, deuda y decisiones postergadas hasta que la crisis estalla, empuja a millones hacia la pobreza y obliga a ajustes más dolorosos que las reformas evitadas a tiempo. La diferencia está en si el Estado financia futuro o administra privilegios.
El sector eléctrico dominicano es una advertencia cercana. El FMI ha señalado pérdidas de distribución, tarifas por debajo del costo, subsidios mal focalizados, ineficiencias y fraude; además, estima que el déficit eléctrico promedió 1.5% del PIB entre 2022 y 2024. Esa luz se paga tres veces: en la factura, en los impuestos y en las oportunidades perdidas.
El riesgo mayor es normalizar un orden corporativo, clientelar y de privilegios: uno que pide sacrificios al pueblo, pero no se exige sacrificio a sí mismo. El mismo informe muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la salida exige una coalición nacional responsable: trabajadores, empresarios productivos, jóvenes, comunidades, iglesias, academia y Estado, bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
El país no puede seguir financiando privilegios en nombre del pueblo. La propuesta es institucional: volver al mandato constitucional y activar el Estado Social y Democrático de Derecho.
La salida no es abandonar a los pobres; es protegerlos mejor. No es quitar ayuda; es focalizarla y auditarla. No es perseguir inversión; es exigir retorno público: salario digno, productividad, tecnología, sostenibilidad, encadenamientos locales y movilidad social.
No venimos a proponer una aventura ni a dividir al país entre buenos y malos. Venimos a convocar una mayoría responsable para gobernar conforme a la Constitución.
Porque un país donde en América Latina suben 41 de cada 100, pero aquí no suben ni 2 de cada 100, no necesita más propaganda de crecimiento. Necesita romper el modelo que bloquea el ascenso de su gente y poner en funcionamiento el Estado Social y Democrático de Derecho.
Ya basta de improvisar: es tiempo de gobernar con orden constitucional.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.