Editorial
Con Penas y Glorias se Resume Historial de dos altas cortes.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior electoral más que servir en algunos casos para fortalecer la democracia nacional, han sido un instrumento de justificar y tolerar, por ejemplo, el mal comportamiento de los partidos políticos.
Este periódico estima que nadie se atrevería a afirmar que los partidos políticos no son una plaga que más que sanear la sociedad, la contaminan con una conducta que realmente avergüenza al menos decente de los dominicanos.
El Tribunal Constitucional, el cual nadie puede negar que ha funcionado en aquellos aspectos que no tienen nada que ver con el partidarismo político, cuando se analiza su tolerancia con las andanzas de estas organizaciones cualquiera se entristece.
Es tan grave el problema que en el país se puede hablar de que estas altas cortes han servido para mucho en el aspecto de las leyes del régimen electoral, registro civil, entre otras, pero jamás para promover una verdadera persecución de la violación de los derechos políticos y electorales constitucionales por parte de la partidocracia.
No hay que ser un gran abogado para darse cuenta de lo complaciente que son las sentencias que emite el Tribunal Superior Electoral con la llamada partidocracia.
Es impresionante la superficialidad con que se manejan los jueces de esta alta corte cuando tienen que darle salida a las violaciones que en esta materia se producen en contra de la Constitución de la República.
Pero igual hay que decir del Tribunal Constitucional, ya que no hay una sola jurisprudencia o sentencia erga omnes en lo que respecta a los partidos políticos, los cuales cometen grandes actos que riñen con la transparencia, la ética y la buena moral que demanda la Constitución de la República, por ejemplo, en su artículo 216, entre otros.
Ray Guevara se va del cargo con una gran deuda pendiente con la sociedad dominicana en lo que respecta al manejo de los partidos políticos y su poca transparencia en función del mandato de la carta magna, a fin del logro de una mejor democracia y de la institucionalidad de la sociedad dominicana.
La peor lacra de la democracia dominicana queda ilesa de la gestión de Ray Guevara en el Tribunal Constitucional, ya que no hay una sola sentencia que castigue el mal comportamiento de los partidos políticos, que daña a todos los dominicanos, pero que favorece la desgraciada y destructora partidocracia.
Todos los casos conocidos por el Tribunal Constitucional en esta materia parece que no merecían ninguna buena ponderación de los jueces del alta corte y ahora resulta que 12 años después seguimos con el mismo problema y tal vez con un fortalecimiento del régimen de impunidad que prevalece de forma integral en la sociedad dominicana.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.