Detrás de las cifras millonarias que cada año ingresan a República Dominicana hay trabajadores emigrantes, familias separadas y un desafío pendiente para el Estado: convertir parte de esos recursos en oportunidades de desarrollo

Cada vez que se anuncia un nuevo crecimiento de las remesas recibidas por República Dominicana, la atención suele concentrarse en los millones de dólares ingresados, su aporte al mercado cambiario y su importancia para la estabilidad económica.

Pero detrás de esas estadísticas existe una realidad mucho más humana: el dinero no lo genera el Gobierno, sino los dominicanos que trabajan en el exterior y destinan una parte de sus ingresos al sostenimiento de sus familiares en el país.

Por eso, aunque una administración pueda favorecer la estabilidad económica, facilitar los canales financieros o implementar políticas relacionadas con la diáspora, resulta necesario diferenciar esos efectos de la fuente fundamental de las remesas: el esfuerzo económico de quienes emigraron.

En 2025, República Dominicana recibió alrededor de US$11,866 millones en remesas, una cifra que evidencia el extraordinario peso que tiene la comunidad dominicana residente en el extranjero sobre la economía nacional.

Más allá de su dimensión macroeconómica, esos recursos tienen un impacto directo en miles de hogares: permiten comprar alimentos, pagar alquileres, financiar educación, cubrir medicamentos, construir viviendas y enfrentar emergencias familiares.

Una economía construida también desde fuera

Las remesas representan algo más que transferencias internacionales.

Cada envío puede significar horas adicionales de trabajo, empleos simultáneos, ahorro y sacrificios personales realizados por dominicanos establecidos en Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Son trabajadores de la construcción, profesionales, comerciantes, empleados de servicios, taxistas, enfermeras, emprendedores y miles de personas que mantienen vínculos económicos permanentes con sus familias y comunidades de origen.

Esa realidad ha creado una particular relación entre República Dominicana y su diáspora: una parte del país vive fuera de sus fronteras, pero continúa participando diariamente en su economía.

Por eso, presentar automáticamente un aumento de las remesas como una conquista gubernamental puede conducir a una interpretación incompleta de la realidad.

Los gobiernos administran políticas económicas; quienes generan y envían las remesas son los trabajadores emigrantes.

El Estado también tiene responsabilidades

Reconocer el protagonismo de la diáspora no significa desconocer el papel que puede desempeñar el Estado.

Las autoridades tienen responsabilidades importantes: garantizar estabilidad macroeconómica, fortalecer el sistema financiero, reducir los costos de las transferencias, facilitar inversiones y crear mecanismos que permitan que una mayor proporción de esos recursos se convierta en patrimonio y actividad productiva.

Ahí debería concentrarse una verdadera política pública dirigida a los dominicanos residentes en el exterior.

El desafío consiste en avanzar de una relación basada fundamentalmente en recibir remesas hacia otra que permita aprovechar también el ahorro, conocimiento, experiencia profesional y capacidad empresarial acumulados por millones de dominicanos fuera del territorio nacional.

De remesas para consumo a inversión y patrimonio

Una parte importante de los recursos enviados desde el exterior está destinada naturalmente a cubrir necesidades familiares inmediatas.

Sin embargo, República Dominicana tiene la oportunidad de desarrollar instrumentos que permitan a quienes lo deseen canalizar parte de sus ahorros hacia proyectos productivos.

Acceso seguro a viviendas, mecanismos confiables de inversión inmobiliaria, financiamiento para pequeñas empresas, fondos de coinversión y mayor protección jurídica para las operaciones realizadas desde el extranjero podrían fortalecer ese vínculo.

El dominicano residente fuera del país necesita tener garantías de que puede invertir sus ahorros sin convertirse en víctima de fraudes, interminables trámites burocráticos o inseguridad jurídica.

No se trata únicamente de cuánto dinero envía la diáspora, sino de qué condiciones encuentra cuando intenta convertir años de trabajo en una vivienda, una empresa o un patrimonio en su propio país.

La diáspora es mucho más que remesas

Existe además otro aspecto que con frecuencia queda relegado.

La comunidad dominicana en el extranjero no representa exclusivamente una fuente de divisas.

Está integrada por profesionales de la medicina, derecho, ingeniería, educación, tecnología, comunicación, arte, negocios y numerosas disciplinas que han alcanzado posiciones relevantes en las sociedades donde residen.

Ese capital humano podría convertirse en un componente todavía más importante del desarrollo nacional mediante programas permanentes de cooperación, transferencia de conocimientos, inversión e intercambio profesional.

La relación del Estado con la diáspora, por tanto, debería trascender las estadísticas sobre el dinero que envía cada mes.

Reconocer a quien hace el sacrificio

Cuando las remesas alcanzan niveles históricos, existe espacio para valorar sus efectos positivos sobre la economía dominicana.

Pero el reconocimiento principal corresponde a quienes generan esos recursos.

A la persona que trabaja horas extraordinarias para ayudar a sus padres. A quien pospone una compra para pagar los estudios de un hijo. A quien lleva años fuera del país, pero continúa sosteniendo económicamente a familiares que permanecen en República Dominicana.

Las remesas pueden fortalecer las reservas, dinamizar el consumo y contribuir a la estabilidad económica, pero su origen continúa siendo profundamente personal y familiar.

El verdadero éxito de una política pública no debería medirse únicamente por cuánto dinero envían los dominicanos desde el extranjero.

Debería medirse también por cuánto disminuye el costo de enviarlo, qué protección reciben quienes invierten sus ahorros en el país, qué oportunidades encuentran cuando deciden regresar y cuánto aprovecha República Dominicana el enorme capital humano de su diáspora.

Las remesas son una muestra extraordinaria de solidaridad familiar y compromiso con el país.

El Estado puede crear mejores condiciones para recibirlas y aprovecharlas, pero el mérito fundamental pertenece a quienes trabajan, ahorran y hacen el sacrificio de enviarlas.

Una mujer asegura que su hijo le habría confesado participación en el crimen ocurrido en 2018; el señalado no ha sido acusado formalmente por las autoridades

NUEVA YORK.– Una nueva pista podría arrojar luz sobre el asesinato de la dominicana Wendy Martínez, ocurrido hace casi ocho años en El Bronx, luego de que una mujer afirmara que su propio hijo le habría confesado ser quien realizó los disparos que terminaron con la vida de la trabajadora hospitalaria.

Martínez, de 45 años, murió el 24 de noviembre de 2018 tras recibir varios disparos en un apartamento de Concourse Village, en circunstancias que desde el principio llevaron a los investigadores a considerar que la víctima no era el objetivo del ataque.

Ahora, una declaración obtenida por el investigador privado Manuel Gómez introduce un nuevo elemento en un caso que durante años permaneció sin arrestos.

Según la versión divulgada, la mujer relató que en 2022 sostuvo una conversación con su hijo dentro de un vehículo, durante la cual este presuntamente terminó admitiendo su participación en el homicidio.

La conversación habría quedado registrada y posteriormente fue obtenida por medios estadounidenses.

El señalado no enfrenta cargos

Pese a la gravedad de la revelación, el hombre señalado por su madre no ha sido acusado formalmente por el homicidio, por lo que cualquier vinculación con el crimen permanece como una alegación que deberá ser investigada y comprobada por las autoridades.

La nueva información plantea ahora el desafío de determinar el valor probatorio de la grabación, verificar las circunstancias en que fue obtenida y establecer si existen otras evidencias capaces de corroborar el relato.

También será necesario contrastar la versión con los elementos recopilados por los investigadores desde 2018.

Wendy habría sido víctima equivocada

Las investigaciones iniciales apuntaron a que Wendy Martínez no era la persona contra quien estaba dirigido el ataque.

La dominicana se encontraba en su residencia cuando recibió los disparos realizados a través de la puerta.

De acuerdo con la investigación policial de entonces, el ataque habría estado relacionado con un conflicto que involucraba a uno de sus hijos, a quien las autoridades vinculaban en aquella época con la pandilla Trinitarios.

Martínez habría abierto la puerta sin conocer el peligro que se encontraba del otro lado y terminó recibiendo los disparos destinados presuntamente a otra persona.

Cámaras captaron huida del atacante

Las imágenes de vigilancia recopiladas después del homicidio mostraron a un individuo enmascarado abandonando el edificio.

El sospechoso utilizaba un paraguas abierto, aparentemente para dificultar que las cámaras pudieran captar con claridad su rostro.

Pese a las investigaciones desarrolladas posteriormente, durante años no se produjo ningún arresto relacionado directamente con la muerte de Martínez.

Según el nuevo relato, la madre del hombre ahora señalado habría reconocido características de su hijo cuando observó aquellas imágenes.

Esa afirmación, sin embargo, también tendrá que ser corroborada mediante la investigación correspondiente.

Una confesión indirecta que deberá ser comprobada

El principal elemento novedoso del caso es que la supuesta admisión no habría sido realizada directamente ante investigadores policiales o fiscales, sino durante una conversación privada relatada posteriormente por la madre del señalado.

Por esa razón, las autoridades tendrán que establecer qué utilidad puede tener la grabación dentro de una eventual investigación penal y buscar elementos independientes que permitan confirmar o descartar la versión.

Entre los aspectos pendientes figuran determinar dónde se encontraba el sospechoso cuando ocurrió el crimen, revisar posibles vínculos con personas relacionadas con el caso y contrastar la nueva información con las evidencias recopiladas en 2018.

Familia y comunidad esperan respuestas

El surgimiento de esta pista vuelve a colocar bajo atención un homicidio que impactó a la comunidad dominicana de Nueva York.

Wendy Martínez era trabajadora de un hospital y, según las investigaciones conocidas sobre el caso, habría perdido la vida como consecuencia de un ataque que no estaba dirigido contra ella.

Casi ocho años después, la revelación de una madre sobre la supuesta confesión de su hijo abre una nueva posibilidad para esclarecer lo sucedido.

Pero la nueva pista todavía deberá superar una etapa fundamental: ser corroborada con evidencias que permitan a las autoridades determinar si existe base suficiente para identificar, acusar y eventualmente procesar al responsable del asesinato de Wendy Martínez.

EFE

Globales

El equipo legal del depuesto mandatario venezolano cuestiona la jurisdicción estadounidense y la legalidad de su captura; el juicio permanece programado para junio de 2027

NUEVA YORK.– La defensa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta este miércoles un plazo clave dentro del proceso penal que se desarrolla en Estados Unidos, al vencer la fecha establecida para presentar una moción con la que pretende hacer valer la inmunidad de jefe de Estado y frenar el procedimiento en su contra.

El juez federal Alvin Hellerstein estableció este 2 de septiembre como fecha límite para que los abogados formalicen sus argumentos sobre la inmunidad, mientras el Gobierno estadounidense dispondrá hasta el 2 de octubre para responder a ese planteamiento.

La controversia será examinada posteriormente por el tribunal en una audiencia prevista para el 17 de noviembre, meses antes del juicio, que hasta el momento permanece fijado para junio de 2027.

Defensa cuestiona jurisdicción de Estados Unidos

La estrategia de los abogados de Maduro no se limita al reclamo de inmunidad.

Su defensa también ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y la legalidad de la operación militar del 3 de enero de 2026, que culminó con su captura en Caracas y posterior traslado a Estados Unidos.

El abogado Barry Pollack sostuvo desde la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal, celebrada el 5 de enero, que su defendido gozaba de inmunidad por su condición de jefe de un Estado soberano.

Ese argumento coloca ante la justicia estadounidense una cuestión jurídica central: determinar si Maduro puede invocar inmunidad frente a los cargos formulados en su contra, tomando en consideración tanto su condición al momento de la captura como la posición mantenida por Washington sobre su legitimidad presidencial.

Washington había dejado de reconocerlo en 2019

De acuerdo con los antecedentes del caso, Maduro continuaba ejerciendo formalmente la Presidencia de Venezuela cuando fue capturado. Sin embargo, Estados Unidos había dejado de reconocerlo como mandatario legítimo desde 2019.

Esa circunstancia forma parte del complejo debate jurídico que rodea la reclamación de inmunidad y que deberá ser resuelto por el tribunal federal.

Un antecedente citado en relación con la controversia es el del exgobernante panameño Manuel Noriega, capturado por tropas estadounidenses en 1989 y posteriormente procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

En 1990, un tribunal federal estadounidense rechazó el argumento de Noriega de que debía beneficiarse de inmunidad como jefe de Estado.

Las circunstancias jurídicas y políticas de ambos procesos, sin embargo, deberán ser valoradas conforme a las particularidades de cada expediente.

Maduro permanece detenido en Brooklyn

Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York.

El pasado domingo fueron divulgadas fotografías en las que aparece vestido con ropa gris y realizando con una de sus manos el signo de la victoria.

Según su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, las imágenes fueron tomadas el 25 de junio.

Cargos contra Maduro y Cilia Flores

El exmandatario venezolano enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína, según el proceso descrito por las autoridades estadounidenses.

Su esposa, Cilia Flores, también enfrenta cargos vinculados con la importación de drogas y posesión de armas.

Las acusaciones se encuentran pendientes de decisión judicial y, por tanto, no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.

La discusión sobre la inmunidad podría convertirse en una de las primeras grandes batallas jurídicas del expediente. Si el tribunal rechaza el planteamiento de la defensa y el proceso continúa conforme al calendario actual, Maduro enfrentaría juicio en Estados Unidos en junio de 2027.