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Editorial

Dos golpes que podrían ser mortales

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Todo el planeta y naturalmente la República Dominicana están entre la espada y la pared, porque tienen  dos graves amenazas que cuando no acaban con la vida derriba el aparato  institucional.

Cualquiera de los dos podrían llevarse de paro por los menos la vida en sociedad de cualquier conglomerado humano, porque si no acaba con la vida podría llevarse el aparato institucional lo que pone al país al margen de la civilización y de los tiempos de democracia.

Aunque parezca una exageración, pero no la es, porque es una amenaza que por lo menos podría prevalecer por algún espacio de tiempo, lo que traería consigo una serie de traumas emocionales, electorales, económicos  y sociales que hará mucho más difícil la recuperación.

Un ejemplo de las consecuencias de este tipo de traumas es la hermana República de Haití, donde prácticamente el Estado no existe y el control que debe imponer el mismo se hace difícil, por no decir imposible, todo como consecuencia de algunos fenómenos sociales ocurridos allí.

Este cuadro tiene el agravante de que en países donde hay una cultura de la depredación  y del robo del patrimonio publico se generalizaría, lo cual crea profundos sufrimientos en la vida de la gente.

De esa manera, La vida se vuelve muy difícil de sobrellevar, pero además casi imposible de superar, lo cual prolonga el sufrimiento de las grandes mayorías nacionales.

En tal virtud, si bien hay que luchar hasta más no poder para sacar del territorio nacional y del mundo el coronavirus, también deben haber grandes sacrificios para preservar el aparato jurídico, económico y social para que no venga el colapso general,  propio de la peor de las pesadillas.

De manera, que los dominicanos deben sacar muy de abajo para que el país no caiga en un abismo irrecuperable o por lo menos  difícil, aunque no imposible,  de superar.

La nación está compelida a aprender a pelear en los dos frentes de guerra, el del coronavirus y el de la preservación del precario aparato institucional para ponerse  en capacidad de enfrentar amenazas tan o más peligrosas que las que se presentan con ambos fenómenos.

Apelemos a un plan estratégico en los ordenes sanitario y electoral para  derrotar dos enemigos que podrían generarle al país un gran sufrimiento que dure décadas para superarlos.

El mes de julio tiene que ser de acciones ejemplares en términos electorales y si la circunstancia lo permite montar unos comicios ejemplares para preservar el aparato institucional y  para que quede demostrada nueva vez la grandeza histórica del pueblo dominicano

 

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Editorial

La reforma fiscal los ha delatado a todos

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Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.

Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.

En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.

En realidad,  no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.

Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.

El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.

Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.

Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad

La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.

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Editorial

Reforma fiscal o improvisación del Gobierno.

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El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.

Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.

El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.

Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.

Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.

Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.

A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra  cosa que la carencia de planificación estratégica.

Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.

Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.

La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal  ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.

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Editorial

No es un juego, es una verdad peligrosa

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La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.

Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual  obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.

Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.

Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.

Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.

De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.

Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.

En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.

E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.

En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.

Pero no cualquier explicación.

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