Nacionales
Imputados en el caso Medusa admiten su culpabilidad ante tribunal
Santo Domingo, R.D.-Admitieron su culpabilidad en los hechos que se les atribuye el Ministerio Público dos imputados en el caso Medusa de formar parte del entramado de corrupción que presuntamente lideró el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
César Nicolás Rizik Pimentel y Carlos Augusto Guzmán Oliver, se declararon culpables ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, quien conoce el juicio preliminar en contra de los encartados en el caso Medusa.
“En el 2016, mediante un allegado en ese momento de José Miguel Estrada, Rolando Rafael, pues propone la oportunidad de trabajar en el proceso y preparación de licitación de los alimentos de la institución, obviamente esta persona tenía conocimiento de nuestra trayectoria y de nuestra logística como empresa, y en ese momento lo que sí nos proponen y nos ordenan es dar un porcentaje a cambio de ser beneficiado nuestra empresa”, dijo Rizik Pimentel.
Por su parte, Mirna Ortíz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que acogerá su testimonio y dará por conocidas sus declaraciones.
Señaló que Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social de la empresa Herraje Rachel, SRL, hizo un acuerdo pleno con el Ministerio Público para colaborar durante el proceso.
Dijo que al juez le corresponderá decidir si admite o no el acuerdo penal abreviado, por lo que, en ese sentido, puede establecer una sentencia condenatoria.
En la audiencia, Rizik Pimentel declaró ante el juez que colaborará con el Ministerio Público para poder llevar paz y tranquilidad a él y a su familia.
«Estamos en posición de contribuir y colaborar con lo que fuese necesario con el propósito de que no solamente yo, sino toda mi familia atravesemos esta experiencia y situación que no ha dejado más que calamidades, angustias e incertidumbre”, dijo.
Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) expresó preocupación ante la propuesta de reducir nuevamente el financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2026, al considerar que la medida podría afectar la estabilidad del sistema democrático y el normal funcionamiento de las organizaciones políticas.
Mediante un comunicado oficial, el órgano electoral recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en años no electorales, como el 2026, la contribución económica del Estado a los partidos debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, señaló que la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026 consignó una asignación de apenas 0.12 %, es decir, menos de la mitad del monto previsto legalmente.
JCE dice partidos operarían a medias
La institución indicó que una eventual reducción adicional de esos recursos tendría consecuencias directas sobre la planificación financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones políticas, además de comprometer obligaciones previamente asumidas tomando como base la legislación vigente y la Resolución 01-2026 emitida por la propia JCE el pasado 15 de enero.
El organismo sostuvo que el sistema de partidos constituye “la columna vertebral del sistema político-electoral” y advirtió que limitar el financiamiento afectaría principios esenciales como la certidumbre, la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica electoral.
Asimismo, recordó que la Constitución de la República, en sus artículos 211 y 212, otorga a la JCE la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, velando además porque los procesos electorales se desarrollen bajo condiciones de igualdad y transparencia en el uso de los recursos.
La JCE ya inició con la distribución escalonada y según la costumbre de RD$1,260 millones de pesos repartidos entre poco más de 35 organizaciones políticas con reconocimiento legal.
SANTO DOMINGO.- La Academia Militar “Batalla de Las Carreras” expresó su profundo pesar por el fallecimiento del cadete de primer año de la Policía Nacional, José Miguel López Hernández, tras un incidente en el área de la piscina de la institución.
De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió aproximadamente a las 8:05 de la noche del sábado, mientras se desarrollaba una dinámica de formación militar con cadetes y guardiamarinas.
El reporte indica que López Hernández ingresó al área de la piscina con la intención de recuperar una botella de agua que se encontraba en el lugar.
Posteriormente, presentó dificultades para mantenerse a flote, por lo que compañeros y oficiales acudieron en su auxilio.
ATENCIÓN MÉDICA
Tras ser rescatado, recibió asistencia médica y fue trasladado al Hospital Militar Docente Doctor Ramón de Lara, donde confirmaron su fallecimiento.
Otros cadetes y guardiamarinas que participaron en las labores de rescate también fueron llevados a dicho centro para fines de evaluación y observación médica.
INVESTIGACIÓN
Las autoridades informaron que el caso es investigado por los organismos de control interno de las instituciones militares y de la Policía Nacional, y que esperan los resultados de la autopsia para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el incidente.
CONDOLENCIAS
La Academia Militar “Batalla de Las Carreras” reiteró sus condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y allegados del joven cadete.
Nacionales
Jueces convocan a paro nacional para el 21 de mayo; exigen mejoras laborales y salariales
Santo Domingo, R.D.-Los jueces y juezas de la República Dominicana anunciaron una convocatoria a paro pacífico para el próximo jueves 21 de mayo de 2026, en demanda de una transformación profunda en sus condiciones de trabajo y remuneración.
La convocatoria, que ha circulado ampliamente a través de las redes sociales, detalla seis puntos centrales que motivan la protesta.
Exigen sueldos acordes a la alta responsabilidad y la pesada carga laboral que enfrentan diariamente y demandan entornos de trabajo seguros, humanos y dignos en todas las jurisdicciones del país.
Los magistrados rechazan el manual actual, calificándolo de «injusto» y violatorio de los principios de equidad institucional.
Exigen un sistema de movilidad y ascenso basado estrictamente en méritos y transparencia. Plantean la urgencia de nombrar más jueces y personal de apoyo para aliviar la saturación de los tribunales y garantizar un servicio eficiente al ciudadano.
El movimiento enfatiza que la naturaleza del paro será estrictamente pacífica, pero firme en sus reclamos de dignidad y respeto.
Los organizadores sostienen que el bienestar de quienes imparten justicia es una condición indispensable para el correcto funcionamiento del Estado de derecho en el país.
«Hacemos un llamado a la unidad y a la participación. Por un Poder Judicial que valore a quienes lo sostienen: hoy luchamos por nosotros, pero lo hacemos pensando en el futuro de la justicia dominicana», reza el comunicado de la convocatoria.