Opinión
Dos visiones enfrentadas en diálogos por paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
La prolongada guerra civil colombiana tiene sus causas en el violento y cruel régimen de dominación, explotación y exclusión social, económica, política, cultural…formado a lo largo de su historia, y muy especialmente en los últimos 60 años.
Es un producto del modelo agrario, el latifundio, la dependencia, las aberraciones de un capitalismo constantemente recolonizado, el sistema de represión y terror político bajo auspicio de los EEUU y sus doctrinas militares, la negación de democracia real, la cultura violenta despótica desplegada por la clase dominante-gobernante durante seis décadas, la impronta depredadora y empobrecedora del neoliberalismo a lo largo de los últimos 20 años y la intervención creciente de unidades militares especializadas y bases de operaciones estadounidense e israelí en territorio colombiano, tutelando una guerra de baja y mediana intensidad contra las fuerzas insurgentes y la población descontenta.
Esto se ha traducido en hambre, desigualdades escandalosas, profundas injusticias sociales y de todo tipo, abuso de poder, torturas, para-militarismo (perversamente aupado y sostenido desde el Estado), narco-militarismo y narco-política, asesinatos a granel (incluidos los ejecutados con motosierras, los llamados “falsos positivos”, las grandes fosas comunes encubiertas o cementerios clandestinos), crueles y masivos despojos, desplazamientos masivos forzados, restricciones a la libertades, delincuencia de Estado y corrupción del sistema tradicional de partidos…
La insurgencia armada y la rebeldía social y política no armada han sido una respuesta político-social a esa cruel realidad, a esa guerra sucia integral; guerra de Estado, de la clase dominante, del poder imperialista y las mafias asociadas a esas fuerzas.
- EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN Y USO DE LAS ARMAS.
Las armas en poder de los/as revolucionarios/as civiles de las FARC-EP y del ELN, no es la causa de esa guerra, sino la respuesta obligada a la violencia social, económica, cultural, política, militar y paramilitar impuesta desde arriba; usada sistemáticamente como factor de sometimiento, opresión y represalias.
Las armas pueden poseerse sin usarse, pueden ser necesarias o innecesarias, pueden usarse y dejar de usarse, según las circunstancias. No necesariamente deben entregarse en el curso de las luchas populares, menos cuando son garantías de muchas cosas justas, incluyendo de los diálogos en busca de paz.
Los/as primeros/as en poseerlas y usarlas no fueron los/as integrantes de las fuerzas insurgentes y revolucionarias colombianas, aunque han sido los primeros en proponer un cese al fuego para crear un clima adecuado en esta segunda fase de los diálogos de paz inaugurados en Oslo-Noruega el 18 de octubre del 2012.
- AGENDA COMÚN E INTENCIONES DEVELADAS.
El comandante Iván Márquez -a quien conozco, aprecio y admiro- hablando a nombre de la delegación de las FARC-EP en ese acto inaugural, procuró en sentido general, en forma elegante y profunda ir a la médula del problema, a las causas profundas del conflicto armado, a la identificación de la guerra con las injusticias e inequidades, al modelo agrario, al modelo minero, a la dependencia y la intervención extranjera, al tipo de sociedad, al sistema político excluyente… a la necesidad del cambio profundo e integral. Y lo hizo a tono con la agenda preliminar aprobada por las partes.
El representante del gobierno y del poder establecido en Colombia, el ex-vicepresidente Humberto De la Calle, repostó diciendo que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden una vez acabe el conflicto y tendrán que hacerlo sin armas”.
Pero resulta que la agenda aprobada contempla la cuestión agraria, la participación política, el narcotráfico, la situación de las víctimas, y el fin del conflicto; en ese orden y sin que en ninguna parte consigne la entrega previa y unilateral de armas por las FARC-EP.
Al señor De la Calle -personero con escasas experiencias en el andar por calles marginales- sin querer-queriendo le salió de sus entrañas las intenciones fundamentales de poderosos sectores del oficialismo pro-imperialistas en esos diálogos: cercar, presionar en grande a las Farc-EP, para que acceda a entregar unilateralmente sus armas; presentando al ejército popular construido por los/as guerrilleros/as durante décadas de sacrificios, como causa básica y cuasi única de la guerra y la violencia.
De la Calle puso temprana e imprudentemente en evidencia la pretensión gubernamental de obviar las raíces del conflicto armado, situando de nuevo las armas en manos de la insurgencia como causa, y no como consecuencia del mismo, y presionando en dirección a la rendición de las FARC; que equivale a su desarme, desmovilización y “legalización”, dejando el sistema y sus modelos sectoriales intactos o con limitadas reformas y cambios domésticos.
- POR UN TRATAMIENTO ESPECIAL AL TEMA DE LAS ARMAS.
El representante del presidente Manuel Santos, cuyo gobierno está montado sobre una crisis sistémica integral y embestido por un ascendente movimiento político-social (armado y no armado), ignoró que ahora más que nunca en Colombia la palabra paz significa justicia; los acuerdos entre las partes implican cambios sustanciales, y la cuestión de las armas exige un tratamiento totalmente diferente al tradicional.
Y eso es válido para la FARC-EP y el ELN y para el oprobioso régimen colombiano
Nadie debe creer tan tonta la guerrilla más antigua, experimentada y heroica de la historia universal moderna –y confieso que para mí sería una desconcertante y desagradable sorpresa un yerro de esa magnitud- como para repetir los costosos errores del M-19 a raíz de su desmovilización y deposición de las armas, de los acuerdos que dieron lugar a la vida legal-electoral de la Unión Patriótica, de los acuerdos pactados en Guatemala, e incluso de lo acontecido en ese plano -aunque con consecuencias no tan graves- en El Salvador.
- RECORDANDO A MARULANDA
No olvidaré jamás lo que me dijera el camarada Manuel Marulanda en el curso de una larga e íntima conversación cuando visité Colombia a raíz de los diálogos de paz del Caguán, dándome plena seguridad de que los dirigentes de las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios durante más de cuatro décadas, insistiéndome que se trataba de un patrimonio del pueblo en lucha y de la revolución pendiente, que debía ser parte y garantía de los cambios a emprender, aun en el marco de cualquier acuerdo hacia una etapa de paz y transición democrática.
Tengo confianza en que la nueva y talentosa conducción de esa fuerza insurgente seguirá siendo leal a esa concepción medular expuesta por su líder legendario, que además de defender acertadamente lo acumulado desde el esfuerzo revolucionario colectivo, persigue rechazar categóricamente la idea del desarme unilateral y del monopolio de lo militar en favor de las derechas y del bloque dominante.
El fin del actual conflicto armado en Colombia es el último punto a abordar en la agenda acordada. Su inclusión de esa manera indica que un tratamiento adecuado del mismo dependerá de los éxitos alcanzados en los puntos previos y que de ninguna manera el final del conflicto armado estará inexorablemente amarrado a la entrega de las armas por ninguna de las dos partes, aunque sí, por definición de paz, a la cesación del uso de las mismas y, en consecuencia, de los combates armados.
Soy de los piensan que en ese caso una paz con garantías duraderas, sin graves riesgos de ominosos desequilibrios y violaciones tempranas, no se logra disolviendo los ejércitos populares conformados, sino procurando formas originales de coexistencia de los mismos en el proceso de transición democrática y de creación de la nueva institucionalidad.
La FARC y el ELN son organizaciones político-militares con amplia presencia nacional. Lo militar, lo político y lo social combinado en ellas son la garantía de su existencia y su potencia duradera, del cumplimento de la agenda de cambios nacionales y de la defensa y el ascenso de los movimientos democráticos, patrióticos y revolucionarios civiles. Si se desarman unilateralmente, estarían lamentablemente decretando su exterminio progresivo y el retroceso de lo que pueda lograrse en los diálogos de paz. Ese es un dato muy fuerte de la historia colombiana y de esta fase altamente peligrosa a consecuencia de la decadencia y la agresividad del imperialismo estadounidense.
La paz nunca ha sido sinónimo obligado de desarme de una de las partes; sí de justicia, libertad, bienestar colectivo, cese de los combates armados y garantía plena de ejecución de lo acordado con amplia participación y vigilancia popular. Y esta, menos aún, podría ser la excepción
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.