Opinión
Dos visiones enfrentadas en diálogos por paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
La prolongada guerra civil colombiana tiene sus causas en el violento y cruel régimen de dominación, explotación y exclusión social, económica, política, cultural…formado a lo largo de su historia, y muy especialmente en los últimos 60 años.
Es un producto del modelo agrario, el latifundio, la dependencia, las aberraciones de un capitalismo constantemente recolonizado, el sistema de represión y terror político bajo auspicio de los EEUU y sus doctrinas militares, la negación de democracia real, la cultura violenta despótica desplegada por la clase dominante-gobernante durante seis décadas, la impronta depredadora y empobrecedora del neoliberalismo a lo largo de los últimos 20 años y la intervención creciente de unidades militares especializadas y bases de operaciones estadounidense e israelí en territorio colombiano, tutelando una guerra de baja y mediana intensidad contra las fuerzas insurgentes y la población descontenta.
Esto se ha traducido en hambre, desigualdades escandalosas, profundas injusticias sociales y de todo tipo, abuso de poder, torturas, para-militarismo (perversamente aupado y sostenido desde el Estado), narco-militarismo y narco-política, asesinatos a granel (incluidos los ejecutados con motosierras, los llamados “falsos positivos”, las grandes fosas comunes encubiertas o cementerios clandestinos), crueles y masivos despojos, desplazamientos masivos forzados, restricciones a la libertades, delincuencia de Estado y corrupción del sistema tradicional de partidos…
La insurgencia armada y la rebeldía social y política no armada han sido una respuesta político-social a esa cruel realidad, a esa guerra sucia integral; guerra de Estado, de la clase dominante, del poder imperialista y las mafias asociadas a esas fuerzas.
- EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN Y USO DE LAS ARMAS.
Las armas en poder de los/as revolucionarios/as civiles de las FARC-EP y del ELN, no es la causa de esa guerra, sino la respuesta obligada a la violencia social, económica, cultural, política, militar y paramilitar impuesta desde arriba; usada sistemáticamente como factor de sometimiento, opresión y represalias.
Las armas pueden poseerse sin usarse, pueden ser necesarias o innecesarias, pueden usarse y dejar de usarse, según las circunstancias. No necesariamente deben entregarse en el curso de las luchas populares, menos cuando son garantías de muchas cosas justas, incluyendo de los diálogos en busca de paz.
Los/as primeros/as en poseerlas y usarlas no fueron los/as integrantes de las fuerzas insurgentes y revolucionarias colombianas, aunque han sido los primeros en proponer un cese al fuego para crear un clima adecuado en esta segunda fase de los diálogos de paz inaugurados en Oslo-Noruega el 18 de octubre del 2012.
- AGENDA COMÚN E INTENCIONES DEVELADAS.
El comandante Iván Márquez -a quien conozco, aprecio y admiro- hablando a nombre de la delegación de las FARC-EP en ese acto inaugural, procuró en sentido general, en forma elegante y profunda ir a la médula del problema, a las causas profundas del conflicto armado, a la identificación de la guerra con las injusticias e inequidades, al modelo agrario, al modelo minero, a la dependencia y la intervención extranjera, al tipo de sociedad, al sistema político excluyente… a la necesidad del cambio profundo e integral. Y lo hizo a tono con la agenda preliminar aprobada por las partes.
El representante del gobierno y del poder establecido en Colombia, el ex-vicepresidente Humberto De la Calle, repostó diciendo que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden una vez acabe el conflicto y tendrán que hacerlo sin armas”.
Pero resulta que la agenda aprobada contempla la cuestión agraria, la participación política, el narcotráfico, la situación de las víctimas, y el fin del conflicto; en ese orden y sin que en ninguna parte consigne la entrega previa y unilateral de armas por las FARC-EP.
Al señor De la Calle -personero con escasas experiencias en el andar por calles marginales- sin querer-queriendo le salió de sus entrañas las intenciones fundamentales de poderosos sectores del oficialismo pro-imperialistas en esos diálogos: cercar, presionar en grande a las Farc-EP, para que acceda a entregar unilateralmente sus armas; presentando al ejército popular construido por los/as guerrilleros/as durante décadas de sacrificios, como causa básica y cuasi única de la guerra y la violencia.
De la Calle puso temprana e imprudentemente en evidencia la pretensión gubernamental de obviar las raíces del conflicto armado, situando de nuevo las armas en manos de la insurgencia como causa, y no como consecuencia del mismo, y presionando en dirección a la rendición de las FARC; que equivale a su desarme, desmovilización y “legalización”, dejando el sistema y sus modelos sectoriales intactos o con limitadas reformas y cambios domésticos.
- POR UN TRATAMIENTO ESPECIAL AL TEMA DE LAS ARMAS.
El representante del presidente Manuel Santos, cuyo gobierno está montado sobre una crisis sistémica integral y embestido por un ascendente movimiento político-social (armado y no armado), ignoró que ahora más que nunca en Colombia la palabra paz significa justicia; los acuerdos entre las partes implican cambios sustanciales, y la cuestión de las armas exige un tratamiento totalmente diferente al tradicional.
Y eso es válido para la FARC-EP y el ELN y para el oprobioso régimen colombiano
Nadie debe creer tan tonta la guerrilla más antigua, experimentada y heroica de la historia universal moderna –y confieso que para mí sería una desconcertante y desagradable sorpresa un yerro de esa magnitud- como para repetir los costosos errores del M-19 a raíz de su desmovilización y deposición de las armas, de los acuerdos que dieron lugar a la vida legal-electoral de la Unión Patriótica, de los acuerdos pactados en Guatemala, e incluso de lo acontecido en ese plano -aunque con consecuencias no tan graves- en El Salvador.
- RECORDANDO A MARULANDA
No olvidaré jamás lo que me dijera el camarada Manuel Marulanda en el curso de una larga e íntima conversación cuando visité Colombia a raíz de los diálogos de paz del Caguán, dándome plena seguridad de que los dirigentes de las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios durante más de cuatro décadas, insistiéndome que se trataba de un patrimonio del pueblo en lucha y de la revolución pendiente, que debía ser parte y garantía de los cambios a emprender, aun en el marco de cualquier acuerdo hacia una etapa de paz y transición democrática.
Tengo confianza en que la nueva y talentosa conducción de esa fuerza insurgente seguirá siendo leal a esa concepción medular expuesta por su líder legendario, que además de defender acertadamente lo acumulado desde el esfuerzo revolucionario colectivo, persigue rechazar categóricamente la idea del desarme unilateral y del monopolio de lo militar en favor de las derechas y del bloque dominante.
El fin del actual conflicto armado en Colombia es el último punto a abordar en la agenda acordada. Su inclusión de esa manera indica que un tratamiento adecuado del mismo dependerá de los éxitos alcanzados en los puntos previos y que de ninguna manera el final del conflicto armado estará inexorablemente amarrado a la entrega de las armas por ninguna de las dos partes, aunque sí, por definición de paz, a la cesación del uso de las mismas y, en consecuencia, de los combates armados.
Soy de los piensan que en ese caso una paz con garantías duraderas, sin graves riesgos de ominosos desequilibrios y violaciones tempranas, no se logra disolviendo los ejércitos populares conformados, sino procurando formas originales de coexistencia de los mismos en el proceso de transición democrática y de creación de la nueva institucionalidad.
La FARC y el ELN son organizaciones político-militares con amplia presencia nacional. Lo militar, lo político y lo social combinado en ellas son la garantía de su existencia y su potencia duradera, del cumplimento de la agenda de cambios nacionales y de la defensa y el ascenso de los movimientos democráticos, patrióticos y revolucionarios civiles. Si se desarman unilateralmente, estarían lamentablemente decretando su exterminio progresivo y el retroceso de lo que pueda lograrse en los diálogos de paz. Ese es un dato muy fuerte de la historia colombiana y de esta fase altamente peligrosa a consecuencia de la decadencia y la agresividad del imperialismo estadounidense.
La paz nunca ha sido sinónimo obligado de desarme de una de las partes; sí de justicia, libertad, bienestar colectivo, cese de los combates armados y garantía plena de ejecución de lo acordado con amplia participación y vigilancia popular. Y esta, menos aún, podría ser la excepción
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.