Opinión
Dos visiones enfrentadas en diálogos por paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
La prolongada guerra civil colombiana tiene sus causas en el violento y cruel régimen de dominación, explotación y exclusión social, económica, política, cultural…formado a lo largo de su historia, y muy especialmente en los últimos 60 años.
Es un producto del modelo agrario, el latifundio, la dependencia, las aberraciones de un capitalismo constantemente recolonizado, el sistema de represión y terror político bajo auspicio de los EEUU y sus doctrinas militares, la negación de democracia real, la cultura violenta despótica desplegada por la clase dominante-gobernante durante seis décadas, la impronta depredadora y empobrecedora del neoliberalismo a lo largo de los últimos 20 años y la intervención creciente de unidades militares especializadas y bases de operaciones estadounidense e israelí en territorio colombiano, tutelando una guerra de baja y mediana intensidad contra las fuerzas insurgentes y la población descontenta.
Esto se ha traducido en hambre, desigualdades escandalosas, profundas injusticias sociales y de todo tipo, abuso de poder, torturas, para-militarismo (perversamente aupado y sostenido desde el Estado), narco-militarismo y narco-política, asesinatos a granel (incluidos los ejecutados con motosierras, los llamados “falsos positivos”, las grandes fosas comunes encubiertas o cementerios clandestinos), crueles y masivos despojos, desplazamientos masivos forzados, restricciones a la libertades, delincuencia de Estado y corrupción del sistema tradicional de partidos…
La insurgencia armada y la rebeldía social y política no armada han sido una respuesta político-social a esa cruel realidad, a esa guerra sucia integral; guerra de Estado, de la clase dominante, del poder imperialista y las mafias asociadas a esas fuerzas.
- EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN Y USO DE LAS ARMAS.
Las armas en poder de los/as revolucionarios/as civiles de las FARC-EP y del ELN, no es la causa de esa guerra, sino la respuesta obligada a la violencia social, económica, cultural, política, militar y paramilitar impuesta desde arriba; usada sistemáticamente como factor de sometimiento, opresión y represalias.
Las armas pueden poseerse sin usarse, pueden ser necesarias o innecesarias, pueden usarse y dejar de usarse, según las circunstancias. No necesariamente deben entregarse en el curso de las luchas populares, menos cuando son garantías de muchas cosas justas, incluyendo de los diálogos en busca de paz.
Los/as primeros/as en poseerlas y usarlas no fueron los/as integrantes de las fuerzas insurgentes y revolucionarias colombianas, aunque han sido los primeros en proponer un cese al fuego para crear un clima adecuado en esta segunda fase de los diálogos de paz inaugurados en Oslo-Noruega el 18 de octubre del 2012.
- AGENDA COMÚN E INTENCIONES DEVELADAS.
El comandante Iván Márquez -a quien conozco, aprecio y admiro- hablando a nombre de la delegación de las FARC-EP en ese acto inaugural, procuró en sentido general, en forma elegante y profunda ir a la médula del problema, a las causas profundas del conflicto armado, a la identificación de la guerra con las injusticias e inequidades, al modelo agrario, al modelo minero, a la dependencia y la intervención extranjera, al tipo de sociedad, al sistema político excluyente… a la necesidad del cambio profundo e integral. Y lo hizo a tono con la agenda preliminar aprobada por las partes.
El representante del gobierno y del poder establecido en Colombia, el ex-vicepresidente Humberto De la Calle, repostó diciendo que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden una vez acabe el conflicto y tendrán que hacerlo sin armas”.
Pero resulta que la agenda aprobada contempla la cuestión agraria, la participación política, el narcotráfico, la situación de las víctimas, y el fin del conflicto; en ese orden y sin que en ninguna parte consigne la entrega previa y unilateral de armas por las FARC-EP.
Al señor De la Calle -personero con escasas experiencias en el andar por calles marginales- sin querer-queriendo le salió de sus entrañas las intenciones fundamentales de poderosos sectores del oficialismo pro-imperialistas en esos diálogos: cercar, presionar en grande a las Farc-EP, para que acceda a entregar unilateralmente sus armas; presentando al ejército popular construido por los/as guerrilleros/as durante décadas de sacrificios, como causa básica y cuasi única de la guerra y la violencia.
De la Calle puso temprana e imprudentemente en evidencia la pretensión gubernamental de obviar las raíces del conflicto armado, situando de nuevo las armas en manos de la insurgencia como causa, y no como consecuencia del mismo, y presionando en dirección a la rendición de las FARC; que equivale a su desarme, desmovilización y “legalización”, dejando el sistema y sus modelos sectoriales intactos o con limitadas reformas y cambios domésticos.
- POR UN TRATAMIENTO ESPECIAL AL TEMA DE LAS ARMAS.
El representante del presidente Manuel Santos, cuyo gobierno está montado sobre una crisis sistémica integral y embestido por un ascendente movimiento político-social (armado y no armado), ignoró que ahora más que nunca en Colombia la palabra paz significa justicia; los acuerdos entre las partes implican cambios sustanciales, y la cuestión de las armas exige un tratamiento totalmente diferente al tradicional.
Y eso es válido para la FARC-EP y el ELN y para el oprobioso régimen colombiano
Nadie debe creer tan tonta la guerrilla más antigua, experimentada y heroica de la historia universal moderna –y confieso que para mí sería una desconcertante y desagradable sorpresa un yerro de esa magnitud- como para repetir los costosos errores del M-19 a raíz de su desmovilización y deposición de las armas, de los acuerdos que dieron lugar a la vida legal-electoral de la Unión Patriótica, de los acuerdos pactados en Guatemala, e incluso de lo acontecido en ese plano -aunque con consecuencias no tan graves- en El Salvador.
- RECORDANDO A MARULANDA
No olvidaré jamás lo que me dijera el camarada Manuel Marulanda en el curso de una larga e íntima conversación cuando visité Colombia a raíz de los diálogos de paz del Caguán, dándome plena seguridad de que los dirigentes de las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios durante más de cuatro décadas, insistiéndome que se trataba de un patrimonio del pueblo en lucha y de la revolución pendiente, que debía ser parte y garantía de los cambios a emprender, aun en el marco de cualquier acuerdo hacia una etapa de paz y transición democrática.
Tengo confianza en que la nueva y talentosa conducción de esa fuerza insurgente seguirá siendo leal a esa concepción medular expuesta por su líder legendario, que además de defender acertadamente lo acumulado desde el esfuerzo revolucionario colectivo, persigue rechazar categóricamente la idea del desarme unilateral y del monopolio de lo militar en favor de las derechas y del bloque dominante.
El fin del actual conflicto armado en Colombia es el último punto a abordar en la agenda acordada. Su inclusión de esa manera indica que un tratamiento adecuado del mismo dependerá de los éxitos alcanzados en los puntos previos y que de ninguna manera el final del conflicto armado estará inexorablemente amarrado a la entrega de las armas por ninguna de las dos partes, aunque sí, por definición de paz, a la cesación del uso de las mismas y, en consecuencia, de los combates armados.
Soy de los piensan que en ese caso una paz con garantías duraderas, sin graves riesgos de ominosos desequilibrios y violaciones tempranas, no se logra disolviendo los ejércitos populares conformados, sino procurando formas originales de coexistencia de los mismos en el proceso de transición democrática y de creación de la nueva institucionalidad.
La FARC y el ELN son organizaciones político-militares con amplia presencia nacional. Lo militar, lo político y lo social combinado en ellas son la garantía de su existencia y su potencia duradera, del cumplimento de la agenda de cambios nacionales y de la defensa y el ascenso de los movimientos democráticos, patrióticos y revolucionarios civiles. Si se desarman unilateralmente, estarían lamentablemente decretando su exterminio progresivo y el retroceso de lo que pueda lograrse en los diálogos de paz. Ese es un dato muy fuerte de la historia colombiana y de esta fase altamente peligrosa a consecuencia de la decadencia y la agresividad del imperialismo estadounidense.
La paz nunca ha sido sinónimo obligado de desarme de una de las partes; sí de justicia, libertad, bienestar colectivo, cese de los combates armados y garantía plena de ejecución de lo acordado con amplia participación y vigilancia popular. Y esta, menos aún, podría ser la excepción
Por Rommel Santos Díaz
El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de Naciones Unidas, con lo que se estableció un sistema de seguridad colectiva. El párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe ´´recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones unidas´´
.
La Carta de las Naciones Unidas permite el uso de la fuerza solamente con el propósito de legítima defensa individual o colectiva con la autorización del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas insta al Consejo de Seguridad a responder a las amenazas a la paz, los quebrantamientos de la paz o actos de agresión. No obstante, no define al concepto de agresión ni la responsabilidad penal individual en los casos de agresión.
Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial llevaron a cabo los juicios de Nuremberg (1945-1946) y Tokio (194666-1948) para enjuiciar a los responsables de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En el Estatuto de Nuremberg se definen los crímenes contra la paz como ´´planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, cuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración algunos de los objetivos anteriormente indicados´´.
No obstante, el Estatuto de Nuremberg no especifica con mayor detalle lo que se entiende por ´´agresión´´. Tras los juicios de Nuremberg y Tokio, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de la Carta de Nuremberg y de la sentencia del Tribunal de Nuremberg en la Resolución 95.
Después de décadas de negociaciones, en diciembre de 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 3314. El propósito de la definición de la agresión anexa a la Resolución era orientar al Consejo de Seguridad en su determinación de la existencia de un acto de agresión.
Cabe destacar, que la definición concierne al acto de agresión de Estado, no el acto de un individuo que pudiera conllevar la responsabilidad del Estado.
La definición del acto de agresión refleja básicamente la noción del uso legal de la fuerza contenida en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y enumera ejemplos específicos de los actos de agresión, tales como la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado incluida la ocupación militar relacionada con dicho ataque o invasión, el bombardeo de las fuerzas armadas del Estado contra el territorio de otro Estado.
Finalmente, las disposiciones fundamentales de la definición de crimen de agresión de 1974 (artículos 1 y 31) fueron incorporadas posteriormente a parte de la definición del crimen de agresión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Por Isaías Ramos
Juana se levanta cada día antes del amanecer en un barrio de La Vega.
Hervir agua y engañar al estómago de sus tres hijos se ha vuelto un ritual.
A veces el arroz no alcanza; otras veces, simplemente no hay nada.
José, en San Cristóbal, pasa el día entero en su motor buscando pasajeros, pero al final apenas le alcanza para el gas y un pan.
Doña Mercedes, jubilada de 68 años, cuenta los medicamentos que ya no puede comprar.
Esas tres vidas —y millones más— componen la estadística más cruel de la República Dominicana: “el 60 % de los dominicanos no tuvo dinero para comprar comida el último mes”, según la encuesta de CID Gallup.
Sesenta por ciento.
Esa cifra debería estremecer las conciencias, pero nuestra clase política parece incapaz de sentir.
Carece de simpatía moral, de empatía humana.
Mientras el pueblo sufre, ellos sonríen.
Mientras el hambre avanza, ellos viajan, posan y celebran.
Han convertido la política en un ejercicio de vanidad y mentira, donde el poder se usa para distraer, no para servir.
Esta semana, mientras el país real sobrevive a base de deudas y rezos, un grupo de funcionarios dominicanos celebraba en Madrid la llamada “Semana Dominicana en España”.
Entre luces, discursos y copas de vino, se habló de “una nación moderna, resiliente y llena de oportunidades”.
El ministro de Industria y Comercio describió al país como “una economía estable y competitiva”.
A miles de kilómetros, Juana seguía mirando su olla vacía.
Esa es la brecha que nos divide: “la República de los discursos y la República del hambre”.
Esta misma semana, el Banco de Reservas anunció que su feria automotriz rompió récords con “más de 8,600 millones de pesos en financiamientos”.
Un logro, dicen.
Pero, ¿de qué sirve ese “crecimiento” en un país donde la mayoría no puede costear la comida?
Nos quieren convencer de que el progreso se mide en autos nuevos, cuando la realidad es que el pueblo se endeuda para sobrevivir.
Y como si el cinismo no tuviera límites, Leonel Fernández, el mismo que en 1996 inició el abandono del campo con su modelo neoliberal, ahora pretende posar de defensor de los productores agrícolas.
Durante su gobierno se desmanteló la soberanía alimentaria, se marginó al campo y se sustituyó la producción nacional por dependencia externa.
Hoy, con su neolenguaje habitual, vuelve a vender ilusiones, como si el pueblo hubiese olvidado quién abrió la puerta a esta crisis.
Mientras ellos gastan millones en propaganda, viajes y banquetes, el pueblo hace milagros para sobrevivir.
Los recursos que malgastan en vanidad deberían servir para matar el hambre del pueblo, pero no lo harán.
Porque no están dispuestos a sacrificar la avaricia ni el lujo en que viven.
Han demostrado que no gobiernan por amor al país, sino por adicción al poder.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) advertimos al pueblo:
no sigamos siendo indiferentes ante esta ruta que nos conduce al precipicio.
Negar al pueblo su derecho a una vida digna es un acto de opresión y perversidad.
Empujarlo al hambre, a la enfermedad y a la muerte es un asesinato efectivo del alma nacional.
Promocionar sectores como zonas francas y turismo —que poco aportan al fisco y explotan la mano de obra sin garantizar ni siquiera el valor de la canasta básica— no es propio de un Estado social de derecho: es propio de un Estado de opresión.
Si hoy callamos, mañana viviremos de rodillas ante los mismos que nos han traicionado una y otra vez.
Pero si despertamos, si el pueblo recobra la memoria y la dignidad, podremos reconstruir una patria donde nadie tenga que hervir agua para engañar al hambre.
En el FCS trabajamos cada día concientizando y organizando los núcleos cívicos en todo el territorio nacional.
Sabemos que solo el empoderamiento del pueblo hará posible cumplir nuestra Constitución y recuperar el verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.
Recuperar nuestros campos y apoyar la producción local no es una simple idea: es un deber nacional y una obligación moral del Estado.
Sesenta por ciento.
Esa es la cifra de la vergüenza.
Pero también puede ser el punto de partida de nuestra redención.
Porque el hambre no se tapa con discursos: se combate con justicia.
Y la patria no se vende, se defiende con pan, con verdad y con dignidad.
¡Despierta, RD!
Por Oscar López Reyes
NUEVA YORK.- Libros sobre comunicación, Barahona, biografía, literatura, superación y trágicos, publicados por el periodista y escritor dominicano Oscar López Reyes, han sido colocados en anaqueles y catalogados en bibliotecas de las principales universidades de Estados Unidos, así como de Canadá, Alemania, Londres y Taiwán, que los han adquirido por cuenta propia para ponerlos a disposición de sus estudiantes, profesores e investigadores.
Además de los formatos físicos, obras del actual director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana OyM están siendo incluidas en WorldCat, el catálogo bibliográfico en línea de acceso público más grande a nivel global, que representa un reconocimiento significativo y aumenta la visibilidad y accesibilidad de sus producciones para investigadores, académicos y bibliotecas del universo.
Libros del profesor López Reyes, que suman 23, han sido colocados en bibliotecas de las universidades norteamericanas Harvard, Yale, Columbia, Princeton, City College de la Ciudad de Nueva York (Cuny), Cambridge, Michigan State, Illinois, Carolina, Brighman Young Provo, Arizona, California, Florida, Chicago, Massachusetts Amherst, Texas, Connectitucut, Motre Dame du Lac, Georgia, Georgetown, Pittsburgh, Cornell, Duke, Wisconsin, Madison, Kansas, Tulane y Puerto Rico.
También, por el Grupo de la Universidad de Toronto (Canadá), la Universidad de Londres, el Instituto Ibero-Americano de Patrimonio Cultural Prusiana de Berlín (Alemania) y la Universidad Wenzao Ursuline de Idiomas (Taiwán), así como por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la más grande del mundo con sede en Washington, y Biblioteca Pública de Nueva York, situada en la Quinta avenida con calle 42, otra de la más nutrida del planeta.
Las obras físicas del expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD) fueron adquiridas por las bibliotecas universitarias en Ferias de Libros y en librerías de República Dominicana, y el levantamiento bibliográfico citado fue hecho por el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (Cuny).
Las obras colocadas en las bibliotecas de los centros de estudios universitarios citados son Poblada y Matanza (1984): tres días de protestas y otros relatos; Crímenes contra la prensa: atentados y censuras en República Dominicana 1844-2007; Casandra Damirón: vida y canto, y No estaba en el avión: crónica sobre la caída del vuelo 587.
Igualmente, Biobibliografía de la Comunicación: Inventarios de Investigaciones Dominicanas 1888-2006; El Otro Periodismo, el de Provincias; Historia del Desarrollo de Barahona; Narración e Interpretación; Historia de los Medios de Comunicación Social de Barahona y Tesoros de Barahona: Educación, Religión y Deporte, que representan un compromiso con la promoción del conocimiento y la cultura dominicana.
Los otros libros publicados por López Reyes son El Miedo Escénico: ¿Qué es y cómo superarlo?, Relaciones Públicas: saber decir. Conceptos y programas para la acción; La Ética en el periodismo (los cinco factores que interactúan en la deontología profesional), El Periodismo en 6 Dimensiones, Comunicación global: Teorías, Usos y Poder, El Periodista: Titulación y ejercicio, Los oligopolios en la Comunicación y Narcisazo: ¿Homicidio o suicidio? -Las dos caras de una ausencia misteriosa- y Persevere y Triunfe. Relato de un viacrucis gremial.
Asimismo, el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) ha escrito y editado los libros Estragos de la Infidelidad. Una Novela Recostada en un Asesinato Espantoso, Soplos sin Chimeneas. Cuentos divertidos y poemas verdes; Venas de Secretos Abiertas (poemas) y Brujas en el Jardín (cuentos).
También es co-autor de libros-memorias, como Diversidad tecnológica y comunicación. Una mirada a nuestra América, Universidad Iberoamericana, México; V Congreso de Sexualidad Humana Mujer y Sida, Instituto Apec de Educación Sexual (INSAPEC), Comunicación al Servicio de la Promoción Humana, II Feria de la Comunicación; Antología Concurso de Poesía 1984, Casa de Teatro, y El Libro Blanco del Periodismo Dominicano, Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
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2 de noviembre de 2025.