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El tráfico humano en la frontera entre Mexico y EE.UU usa herramienta de los drones para sustituir a “coyotes”.
Santo Domingo, R.D.-El tráfico humano ahora se ha dotado de la tecnología de los drones en la frontera sur entre México y Estados Unidos, la cual es usada tambien por muchos dominicanos para llegar a la nacion del norte, por lo que las autoridades estadounidenses alertaron que esta hedrramienta está reemplazando a los tradicionales “coyotes” que guiaban a los grupos de migrantes a través del Valle del Río Grande, en Texas.
Los traficantes ahora utilizan drones para dirigir a los migrantes mientras cruzan el río, sin necesidad de que un guía los acompañe físicamente.
La preocupación de los agentes, principalmente, gira en torno al riesgo que enfrentan los migrantes al cruzar sin alguien que pueda ayudarlos en caso de emergencia.
“Cuando el grupo cruza (el río), si uno de los migrantes necesita ayuda, ahí no hay nadie para que les ayude”, dijo.
Escamilla fue entrevistado por periodistas latinoamericanos durante una visita a la sede de la Patrulla Fronteriza, sector Valle del Río Grande, como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First.
Los drones permiten a los traficantes observar los movimientos de los agentes desde el lado mexicano de la frontera y detectar las áreas más vulnerables del Valle de Río Grande.
Los operadores elevan los drones a gran altura para obtener una mejor vista del terreno estadounidense. Desde allí identifican dónde se encuentran los oficiales y cuáles son las áreas menos vigiladas para intentar empujar a los grupos hacia esas zonas.
“Quisiera decir que esto es un problema simplemente en ciertos locales del sector, pero es un problema que se está expandiendo a través de los meses y de las semanas. Sigue creciendo más y más este problema para nosotros”, subrayó Escamilla.
Para enfrentar esta situación, la Patrulla Fronteriza está entrenando a sus agentes para identificar estos dispositivos.
“El mejor sensor va a ser el sensor humano, los agentes”, dijo Escamilla.
Además, el sector cuenta con sistemas de sensores a lo largo de las 277 millas del río que alertan cuando se detecta la presencia de drones. Cuando eso ocurre, los agentes se despliegan en las áreas cercanas para intentar interceptar los cruces.
Sin embargo, las autoridades reconocieron que las leyes limitan algunas acciones contra estos dispositivos.
Cuando un dron cruza al lado estadounidense, los agentes tienen autoridad para obligarlo a regresar hacia su operador. Pero en la mayoría de los casos los dispositivos permanecen del lado mexicano.
El sector del Valle del Río Grande es una de las zonas más extensas y complejas de la frontera sur de Estados Unidos. También ha sido durante muchos años uno de los principales puntos de entrada para migrantes.
Allí operan más de 3,300 agentes federales de la Patrulla Fronteriza, apoyados por unos 2,000 soldados del Departamento de Guerra.
En la zona operan más de 3,300 agentes federales de la Patrulla Fronteriza.EXTERNA
El área bajo su responsabilidad abarca cerca de 37,000 millas cuadradas y 277 millas del río que marca la frontera entre ambos países, desde la desembocadura en Matamoros hasta la presa Falcón.
La región incluye 34 condados, nueve estaciones de la Patrulla Fronteriza, dos puestos de inspección en carreteras hacia el interior del país y unas 115 millas de muro fronterizo.
A pesar de los nuevos desafíos tecnológicos, las autoridades sostuvieron que la migración irregular ha disminuido y que la aplicación de las leyes migratorias ha provocado que muchas personas no intenten cruzar hacia Estados Unidos.
Durante el presente año fiscal, al menos 6,000 personas que llegaron al río decidieron regresar a México tras ver la presencia de agentes en la zona. En el año fiscal anterior, esa cifra alcanzó las 14,000.
“Toda la policía fronteriza está experimentando uno de los tiempos más seguros en la historia del país con números que tenemos de migrantes, llegando a los Estados Unidos, han sido de los más bajos que hemos registrados en mucho tiempo”, dijo Escamilla.
En lo que va del año fiscal, las autoridades han arrestado 5,832 migrantes en el Valle del Río Grande, según cifras oficiales.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.