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El tráfico humano en la frontera entre Mexico y EE.UU usa herramienta de los drones para sustituir a “coyotes”.
Santo Domingo, R.D.-El tráfico humano ahora se ha dotado de la tecnología de los drones en la frontera sur entre México y Estados Unidos, la cual es usada tambien por muchos dominicanos para llegar a la nacion del norte, por lo que las autoridades estadounidenses alertaron que esta hedrramienta está reemplazando a los tradicionales “coyotes” que guiaban a los grupos de migrantes a través del Valle del Río Grande, en Texas.
Los traficantes ahora utilizan drones para dirigir a los migrantes mientras cruzan el río, sin necesidad de que un guía los acompañe físicamente.
La preocupación de los agentes, principalmente, gira en torno al riesgo que enfrentan los migrantes al cruzar sin alguien que pueda ayudarlos en caso de emergencia.
“Cuando el grupo cruza (el río), si uno de los migrantes necesita ayuda, ahí no hay nadie para que les ayude”, dijo.
Escamilla fue entrevistado por periodistas latinoamericanos durante una visita a la sede de la Patrulla Fronteriza, sector Valle del Río Grande, como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First.
Los drones permiten a los traficantes observar los movimientos de los agentes desde el lado mexicano de la frontera y detectar las áreas más vulnerables del Valle de Río Grande.
Los operadores elevan los drones a gran altura para obtener una mejor vista del terreno estadounidense. Desde allí identifican dónde se encuentran los oficiales y cuáles son las áreas menos vigiladas para intentar empujar a los grupos hacia esas zonas.
“Quisiera decir que esto es un problema simplemente en ciertos locales del sector, pero es un problema que se está expandiendo a través de los meses y de las semanas. Sigue creciendo más y más este problema para nosotros”, subrayó Escamilla.
Para enfrentar esta situación, la Patrulla Fronteriza está entrenando a sus agentes para identificar estos dispositivos.
“El mejor sensor va a ser el sensor humano, los agentes”, dijo Escamilla.
Además, el sector cuenta con sistemas de sensores a lo largo de las 277 millas del río que alertan cuando se detecta la presencia de drones. Cuando eso ocurre, los agentes se despliegan en las áreas cercanas para intentar interceptar los cruces.
Sin embargo, las autoridades reconocieron que las leyes limitan algunas acciones contra estos dispositivos.
Cuando un dron cruza al lado estadounidense, los agentes tienen autoridad para obligarlo a regresar hacia su operador. Pero en la mayoría de los casos los dispositivos permanecen del lado mexicano.
El sector del Valle del Río Grande es una de las zonas más extensas y complejas de la frontera sur de Estados Unidos. También ha sido durante muchos años uno de los principales puntos de entrada para migrantes.
Allí operan más de 3,300 agentes federales de la Patrulla Fronteriza, apoyados por unos 2,000 soldados del Departamento de Guerra.
En la zona operan más de 3,300 agentes federales de la Patrulla Fronteriza.EXTERNA
El área bajo su responsabilidad abarca cerca de 37,000 millas cuadradas y 277 millas del río que marca la frontera entre ambos países, desde la desembocadura en Matamoros hasta la presa Falcón.
La región incluye 34 condados, nueve estaciones de la Patrulla Fronteriza, dos puestos de inspección en carreteras hacia el interior del país y unas 115 millas de muro fronterizo.
A pesar de los nuevos desafíos tecnológicos, las autoridades sostuvieron que la migración irregular ha disminuido y que la aplicación de las leyes migratorias ha provocado que muchas personas no intenten cruzar hacia Estados Unidos.
Durante el presente año fiscal, al menos 6,000 personas que llegaron al río decidieron regresar a México tras ver la presencia de agentes en la zona. En el año fiscal anterior, esa cifra alcanzó las 14,000.
“Toda la policía fronteriza está experimentando uno de los tiempos más seguros en la historia del país con números que tenemos de migrantes, llegando a los Estados Unidos, han sido de los más bajos que hemos registrados en mucho tiempo”, dijo Escamilla.
En lo que va del año fiscal, las autoridades han arrestado 5,832 migrantes en el Valle del Río Grande, según cifras oficiales.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.