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Duartianos alertan sobre peligros de reintegrar el país a la Corte IDH
Santo Domingo, R.D.-Existe una profunda preocupación entre los integrantes del Instituto Duartiano ante posibles gestiones de la Cancillería dominicana para adherir nuevamente al país a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
Cabe recordar que este organismo se opuso en su momento a la sentencia 168-13 sobre la regularización de inmigrantes.
La inquietud aumentó este miércoles luego de que el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, publicara en su red social X que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, sostuvo un encuentro con el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
Castillo expresó su deseo de que el tema de los extranjeros en situación irregular nacidos en el país no haya sido parte de la agenda.
Al respecto, Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, recordó que ya había advertido sobre “movimientos que buscan burlar los efectos de la sentencia 168-13, la cual protegió la nacionalidad dominicana”.
Gómez señaló que los esfuerzos estarían concentrados en otorgar facultades vinculantes a la Corte IDH, órgano de la OEA, lo que, a su juicio, representaría una “seria afectación a la soberanía del pueblo dominicano”.
“Estamos alertando a los dominicanos, dentro y fuera del país, para que estén atentos ante este despropósito”, declaró Gómez.
Al ser consultado sobre la soberanía nacional, concluyó de manera enfática: “Esta nacionalidad fue conquistada a sangre y fuego por Duarte y los trinitarios; seremos libres e independientes o se hunde la isla”.
Antecedentes
La oposición del Instituto Duartiano y otros sectores nacionalistas dominicanos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundamenta en la defensa de la soberanía jurídica y el control de las políticas migratorias de la República Dominicana.
El punto de mayor fricción es la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano. Esta sentencia estableció que no son dominicanos los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en el país.
La postura de la Corte IDH
El tribunal internacional ha fallado en diversas ocasiones (como en el caso Expulsados de República Dominicana vs. República Dominicana) considerando que el Estado dominicano viola derechos humanos al no reconocer la nacionalidad a estas personas, generando situaciones de apatridia.
Los duartianos consideran que acatar a la Corte IDH obligaría al país a otorgar la nacionalidad dominicana de forma masiva a hijos de inmigrantes haitianos ilegales, lo que ven como una “imposición externa” que vulnera la Constitución.
Para el Instituto Duartiano, la República Dominicana es un Estado libre e independiente. Argumentan que las decisiones del Tribunal Constitucional deben ser definitivas e inapelables.
Permitir que un organismo extranjero (la Corte IDH) revoque o modifique sentencias dominicanas es, a su juicio, ceder la soberanía a una entidad que no conoce la realidad social y demográfica de la isla.
Fallo del TC (sentencia 256-14)
Existe un antecedente legal crucial. En 2014, el Tribunal Constitucional dominicano declaró que el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte IDH (firmado en 1999) era inconstitucional porque no fue ratificado por el Congreso Nacional.
Los duartianos se aferran a este fallo para sostener que el país no está legalmente vinculado a las decisiones de la Corte.
Temen que cualquier intento del Gobierno por “reingresar” o validar la competencia de la Corte sea un retroceso legal que deje al país desprotegido frente a organismos internacionales.
Planes
En el discurso duartiano suele estar presente la idea de que existen planes de potencias extranjeras u organismos internacionales para “solucionar el problema de Haití” a través de RD.
Ven a la Corte IDH como el brazo jurídico que ejecutaría estas presiones para forzar una integración o una regularización que, según ellos, el país no puede sostener económicamente.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.