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Duelo por la presidencia de Túnez: un jurista tertuliano contra el dueño del canal más visto
El profesor de Derecho Kais Said se enfrenta en segunda vuelta de las presidenciales del país magrebí al magnate Nabil Karui, recién salido de la cárcel por supuesta evasión fiscal
El jurista Kais Said (izquierda) frente a su rival, el magnate televisivo Nabil Karoui, durante el debate entre los dos candidatos a la presidencia celebrado en la noche del viernes en Túnez, dos días antes de las elecciones.
Túnez.- La sede del equipo de campaña de Kais Said ilustra en buena parte qué es lo que ha llevado a este profesor de Derecho Constitucional de 61 años sin ninguna experiencia en política, sin el respaldo de ningún partido, sin página Facebook, sin pronunciar un solo mitin, a imponerse frente a 25 candidatos y ganar el 15 de septiembre la primera vuelta de las presidenciales tunecinas con el 18,4% de los votos. Justo detrás de él, con el 15,5% de los sufragios, quedó Nabil Karui, un magnate televisivo de 56 años, que salió el miércoles pasado de la cárcel en libertad provisional acusado de lavado de dinero y evasión fiscal. Este domingo, los tunecinos decidirán quién de los dos será presidente durante los próximos cinco años.
El presidente de Túnez tiene sus poderes muy bien limitados por la Constitución de 2014. Pero puede determinar las políticas generales en Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional. Sin embargo, la mayoría de candidatos, incluidos los dos finalistas, cuentan en sus programas con propuestas que exceden las competencias de la presidencia.
Por ejemplo, Karui promete acometer reformas económicas y sociales para luchar contra la pobreza, un área reservada al jefe de Gobierno. Saïd, por su parte, defiende un cambio radical del sistema político que reforzaría la democracia local y participativa, en detrimento de lo que él llama de forma despectiva “la partitocracia”. No obstante, una reforma de tal envergadura requeriría una enmienda constitucional, un proceso que requiere el apoyo de dos tercios del Parlamento, algo que se antoja imposible, habida cuenta de la fragmentación de la cámara que depararon las elecciones del pasado domingo.
Una de las prerrogativas de la presidencia es la inmunidad, lo cual le vendría muy bien al magnate Karui, procesado por evasión fiscal y lavado de dinero. De hecho, fue puesto en libertad el pasado miércoles después de 46 días en prisión preventiva después de que la judicatura recibiera fuertes presiones tanto de dentro como de fuera del país.
Muchos tunecinos han visto en Kais Saïd a un tipo honesto y humilde, muy distinto de esos 87 diputados tránsfugas —de los 217 con que cuenta el Parlamento— que han cambiado al menos una vez de partido en la última legislatura. La sede del equipo de campaña no huele a dinero y mucho menos a corrupción. El edificio se encuentra en pleno centro de la capital, en un barrio popular. En la puerta del edificio el encargado de filtrar las visitas es Hocín el Bedui, un campesino de 36 años estudiante de informática que conoció a Saïd durante la revolución de 2011 que desató la llamada Primavera árabe.
El Bedui había visto al profesor como tantos tunecinos, en un programa de la tele, ejerciendo de tertuliano. Ahora trabaja junto a él como otros tantos voluntarios. “He viajado con él a 19 provincias y he visto cómo lo ama la gente. Es honesto”.
Una escalera desvencijada conduce en la tercera planta a la oficina del equipo de campaña, donde apenas hay dos mujeres voluntarias y un hombre. Un ordenador, dos mesas y tres sillas de plástico son casi todo el mobiliario. Sencillez, honestidad, pulcritud, poca o ninguna experiencia en política… Esos son los valores que transmite el profesor Kais Saïd y eso es lo que se refleja en la sede de su oficina de campaña.
Dudas
El contraste entre ambos candidatos no podría ser más marcado. Las dudas acerca de la honestidad de Karui, líder del segundo partido más votado en las legislativas, se han acentuado en la recta final de la campaña al desvelarse que habría firmado un contrato económico con un lobbista israelí de oscura reputación afincado en Canadá. La transacción, valorada en un millón de dólares, una cifra que desborda ampliamente el techo de gasto electoral, tenía como objetivo impulsar su candidatura al procurar reuniones con líderes mundiales como Donald Trump o Vladimir Putin.
Hay quienes frente a la integridad de Saïd también ven a un hombre muy conservador en cuestiones sociales. Es partidario de la pena de muerte, suspendida desde 1981, y se opone a la despenalización de las relaciones homosexuales y a la equiparación de derechos en la herencia entre hombres y mujeres (en este asunto coincide con el 85% de la población tunecina).
Una antigua compañera del profesor Saïd señala con la condición de anonimato: “Como jurista es trabajador, formalista y puntilloso. No es catedrático. Él siempre tuvo necesidad de reconocimiento. Y ahora, cuando lo veo hablar delante de cientos de jóvenes que lo miran como a un Mesías temo que se le haya subido todo esto a la cabeza. Antes de la revolución de 2011 nunca destacó por ninguna actividad reivindicativa. Incluso en 2011 él siguió tranquilamente en su lugar”.
La citada compañera cree que el rival de Saïd y magnate televisivo, Nabil Karui, es “lo peor del mundo”, pero asegura que a pesar de eso, votará a Karui. “Al menos todo el mundo sabe que Karui es un mafioso. El problema es que Said guarda demasiadas cosas”.
Hay un hecho importante que distinguiría a un presidente de otro. Si vence Kais Said no dispondrá de ningún partido propio en el Parlamento. Si gana Karui, seguirá contando con su canal de televisión Nessma, el de mayor audiencia del país, con su fortuna y con la segunda formación política del país, Qalb Tunis, con 38 de los 217 diputados del Parlamento. Saïd se perfila como favorito al contar con el apoyo de varios candidatos perdedores de la primera vuelta. Pero, al estar prohibidas las encuestas, domina la incertidumbre sobre el resultado.
UN DEBATE INÉDITO EN EL MUNDO ÁRABE
RICARD GONZÁLEZ / FRANCISCO PEREGIL
Túnez sigue marcando el camino al resto del mundo árabe y musulmán. La fiesta de la democracia, esa expresión que ahora suele cargarse de ironía, se ha convertido en una realidad innegable en este pequeño país de 10 millones de habitantes, entre Argelia y Libia.
Ocho años después de que los tunecinos expulsaran al dictador Ben Ali, este domingo se celebran las segundas elecciones presidenciales. Y, hecho inédito en Túnez y en la región, los dos candidatos se han enfrentado en un debate en la noche del viernes. Ahí estaban el profesor de Derecho Constitucional Kais Said, de 61 años, y el magnate de la televisión Nabil Karui, de 56, dándose la mano frente a los dos moderadores, un hombre y una mujer. Sin bolígrafo ni papeles, ante una mesa transparente, sin la posibilidad de consultar a sus asesores en ningún receso. A pecho descubierto frente a los electores. Todo ello retransmitido por la televisión nacional, pero traspasó fronteras a través de Internet y de la cadena Al Jazirah para llegar a cientos de millones de telespectadores musulmanes.
En los cafés de la capital se siguió con mucho interés el debate. Como si fuera un partido del Esperance, el club de fútbol más laureado del país, decenas de jóvenes se arremolinaban alrededor de las pantallas. El ambiente era distendido, a menudo acompañado de risas. “Karui suelta cada tontería. No sé si está cansado o poco preparado por estar recién salido de la cárcel”, decía Manar, una licenciada de Periodismo que no ejerce.
Muchos partidarios de Kais Said, que parecían mayoría en las terrazas, creen que el magnate es un empresario corrupto y populista, miembro de la casta política que ha ignorado las necesidades de los jóvenes que votan a Said. Y los seguidores de Karui piensan que Said es un aliado o una marioneta de los islamistas del partido Ennahda, ganador de las legislativas.
Pero ninguno de los candidatos atacó frontalmente al otro con acusaciones personales. Al debate le faltó debate, eso sí. La inexperiencia hizo que los dos rivales hablasen más con los moderadores que entre ellos. Said, que aparece como favorito al ganar la primera vuelta de las elecciones y al contar con el apoyo de varios candidatos perdedores, mencionó decenas de veces la palabra jóvenes, que se supone que son sus principales votantes. Y Karui, que salió de la cárcel el miércoles, tras seis semanas de prisión preventiva, acusado de evasión fiscal y blanqueo de dinero, no se mostró lo suficientemente incisivo ante su rival.
“Los moderadores no han hecho bien su trabajo. Ni los periodistas, ni el formato ayudaban a una verdadera confrontación de ideas entre los candidatos”, comentaba Anís, un hombre de mediana edad del mundo de la cultura. “No creo que haya un ganador claro. Simplemente, cada uno ha consolidado sus votantes”, añadió. Él se decidió por Said hace un par de días. “No estoy de acuerdo. Karui ha ganado. Él habla el lenguaje de la gente sencilla. Su mensaje entra mejor que el de Said, demasiado intelectual”, tercia su amiga Khawla, una informática en la treintena.
El apretón de mano final dejó a muchos tunecinos satisfechos de la senda marcada. “Ahora será casi imposible que dentro de cinco años no haya debate entre los candidatos de las próximas presidenciales”, señaló uno de los organizadores del debate.
elpais.com
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.