Internacionales
Duque agota su primer año al frente de Colombia sin un rumbo claro
La imagen del joven presidente, ambiguo frente al acuerdo de paz que firmó su antecesor, enfrenta un prematuro desgaste
Iván Duque, de 43 años, fue elegido el presidente más joven en la historia reciente de Colombia con una cifra inédita: más de diez millones de votos, un resultado que enviaba un mensaje de renovación. El mandatario, que este miércoles cumple un año en el poder, se propuso desde la propia campaña superar el clima de polarización en que el país sudamericano se encuentra atrapado desde la negociación del acuerdo de paz con las FARC, en tiempos de su predecesor, Juan Manuel Santos. De momento, no lo ha conseguido. Su agenda, además, se ha visto empantanada en sus propios reparos al sistema de justicia transicional y el índice de aprobación del mandatario no ha llegado a recuperarse del todo desde que se desplomaron en los primeros meses. La encuestadora Invamer ubica la aprobación del presidente en el 37%, mientras Datexco le otorga un 32%.
La tensa relación con el Congreso
La revista colombiana Semana lo califica como un “año de aprendizaje”, mientras que el influyente semanario británico The Economist valora que la “tensa e improductiva” relación de Duque con el Congreso ha derivado en una presidencia menos productiva en el terreno legislativo que las de sus antecesores –tanto Santos como su mentor político, el hoy senador Álvaro Uribe–.
Dos de los pesos pesados de su Gobierno, los ministros de Defensa y Hacienda, han sobrevivido a sendos intentos de mociones de censura. Pero su Ejecutivo ha acusado el desgaste. Al final solo ha habido una baja, en la cartera de Justicia. Gloria María Borrero dimitió en mayo, en plena crisis institucional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó liberar al líder de las FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos y al que Duque en repetidas ocasiones ha tildado de “mafioso”. Su renuncia se produjo un día después de la del fiscal, Néstor Humberto Martínez, para el que Duque aún debe proponer una terna para reemplazarlo. Santrich, cuyo caso ha tensado tanto la implementación de la paz como la separación de poderes, desapareció poco después y ya es formalmente un prófugo de la justicia.
La agenda mínima de paz
A Duque le ha correspondido implementar un acuerdo de paz del que fue un crítico férreo. El ambicioso pacto, además del desarme de las FARC, hoy convertidas en partido político, aspiraba a transformar los territorios más golpeados por la guerra y cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad. En medio de restricciones presupuestarias, el presidente, elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos, ha optado en su lugar por la “agenda más mínima de paz”, que responde a la reincorporación y algunos programas de desarrollo, apunta María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Las seis objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la JEP, presentadas en marzo y rechazadas en el Congreso, se saldaron con una estruendosa derrota. “Duque se metió en una sin salida, eso lo desgastó tremendamente y polarizó”, en abierto contraste con su narrativa de unir a los colombianos, valora Llorente.
Al panorama de seguridad se suma el asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país –cerca de 500 desde 2016–, así como el de excombatientes que firmaron la paz –más de un centenar–. Esos crímenes, que el propio Gobierno considera una prioridad, han sido un recordatorio de que diversos actores armados continúan activos en Colombia, entre herederos de los grupos paramilitares, disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que el Gobierno rompió cualquier amago de negociación después del sangriento atentado con coche bomba contra una escuela de policía a comienzos de año.
Escándalos militares
Las nuevas directrices el Ejército que pedían incrementar las bajas en combate volvieron a agitar el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, y provocaron cuestionamientos tanto a la cúpula militar nombrada por Duque como a su ministro de Defensa, Guillermo Botero. Las erráticas declaraciones del ministro sobre el asesinato de un exguerrillero a manos de un cabo de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una moción para forzar su salida. Sin embargo, a diferencia del episodio de las objeciones a la JEP, el Ejecutivo consiguió que el Congreso cerrase filas alrededor del cuestionado Botero y de los propios uniformados.
Entre Washington y Caracas
En el terreno internacional, Duque reclamó desde el primer momento -desde la campaña electoral misma- una actitud mucho más clara frente a la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, el vecino con el que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Retiró a Colombia de Unasur, denunció al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional, reconoció -junto a medio centenar de países- al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y apostó decididamente por un “cerco diplomático”. Sin embargo, esa estrategia ha perdido impulso. “La posición colombiana quedó diluida”, apunta la analista Sandra Borda, autora de ¿Por qué somos tan parroquiales?, una breve historia internacional del país andino. Hoy lo que está sobre la mesa es una salida negociada.
El Gobierno de Duque ha elevado ante los grandes foros internacionales la crisis generada por el éxodo venezolano. Colombia es por mucho el principal receptor de esa diáspora, con más de 1,4 millones de nacionales del país vecino residiendo en su territorio, y ha establecido una política migratoria de puertas abiertas. “Es el tema en que más consistencia ha habido a lo largo del tiempo, pero no es el tema guía de la política exterior. Básicamente, estamos reaccionando frente a una crisis”, señala Borda, que traza un paralelismo entre el Ejecutivo de Duque a un “caminante sin brújula”. El presidente ha pedido de manera reiterada un mayor acompañamiento de la comunidad internacional.
El mandatario ha puesto el eje de su política exterior en Washington, un socio en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas desde finales de los noventa –como ya lo hizo su mentor, el expresidente Uribe–. Pero las relaciones se han tensado por el nivel récord de cultivos de coca. Trump, incluso, ha amenazado con descertificar a Colombia en septiembre. El país sudamericano cerró 2018 con 169.000 hectáreas dedicadas a la planta -base de la cocaína-, una reducción anual muy leve -de 2.000 hectáreas- que, sin embargo, le ha servido a Duque para esgrimir que consiguió romper la tendencia de crecimiento exponencial. El Ejecutivo se ha mostrado decidido a regresar a las fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno promovido por Washington, una medida que cuenta con la resistencia de opositores, académicos y ambientalistas.
EL DESEMPLEO ENCIENDE LAS ALARMAS
Duque tiene el emprendimiento como bandera y promueve la llamada economía naranja, que se sustenta en las industrias creativas. Pero con un crecimiento del PIB de 2,7 % el año pasado, y una cifra proyectada cercana a 3% para 2019, la economía colombiana ha batallado para generar puestos de trabajo. El desempleo ha aumentado para volver a ubicarse entorno a la cifra simbólica de dos dígitos, y ha pasado a ser la principal preocupación de los colombianos en las encuestas. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya ha enfrentado dos intentos de moción de censura, dijo recientemente que aún no sabe que está empujando el desempleo ni cómo corregirlo.
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Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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Hamás afirma que no habrá segunda fase de la tregua mientras Israel incumpla la primera