Internacionales
Duque agota su primer año al frente de Colombia sin un rumbo claro
La imagen del joven presidente, ambiguo frente al acuerdo de paz que firmó su antecesor, enfrenta un prematuro desgaste
Iván Duque, de 43 años, fue elegido el presidente más joven en la historia reciente de Colombia con una cifra inédita: más de diez millones de votos, un resultado que enviaba un mensaje de renovación. El mandatario, que este miércoles cumple un año en el poder, se propuso desde la propia campaña superar el clima de polarización en que el país sudamericano se encuentra atrapado desde la negociación del acuerdo de paz con las FARC, en tiempos de su predecesor, Juan Manuel Santos. De momento, no lo ha conseguido. Su agenda, además, se ha visto empantanada en sus propios reparos al sistema de justicia transicional y el índice de aprobación del mandatario no ha llegado a recuperarse del todo desde que se desplomaron en los primeros meses. La encuestadora Invamer ubica la aprobación del presidente en el 37%, mientras Datexco le otorga un 32%.
La tensa relación con el Congreso
La revista colombiana Semana lo califica como un “año de aprendizaje”, mientras que el influyente semanario británico The Economist valora que la “tensa e improductiva” relación de Duque con el Congreso ha derivado en una presidencia menos productiva en el terreno legislativo que las de sus antecesores –tanto Santos como su mentor político, el hoy senador Álvaro Uribe–.
Dos de los pesos pesados de su Gobierno, los ministros de Defensa y Hacienda, han sobrevivido a sendos intentos de mociones de censura. Pero su Ejecutivo ha acusado el desgaste. Al final solo ha habido una baja, en la cartera de Justicia. Gloria María Borrero dimitió en mayo, en plena crisis institucional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó liberar al líder de las FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos y al que Duque en repetidas ocasiones ha tildado de “mafioso”. Su renuncia se produjo un día después de la del fiscal, Néstor Humberto Martínez, para el que Duque aún debe proponer una terna para reemplazarlo. Santrich, cuyo caso ha tensado tanto la implementación de la paz como la separación de poderes, desapareció poco después y ya es formalmente un prófugo de la justicia.
La agenda mínima de paz
A Duque le ha correspondido implementar un acuerdo de paz del que fue un crítico férreo. El ambicioso pacto, además del desarme de las FARC, hoy convertidas en partido político, aspiraba a transformar los territorios más golpeados por la guerra y cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad. En medio de restricciones presupuestarias, el presidente, elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos, ha optado en su lugar por la “agenda más mínima de paz”, que responde a la reincorporación y algunos programas de desarrollo, apunta María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Las seis objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la JEP, presentadas en marzo y rechazadas en el Congreso, se saldaron con una estruendosa derrota. “Duque se metió en una sin salida, eso lo desgastó tremendamente y polarizó”, en abierto contraste con su narrativa de unir a los colombianos, valora Llorente.
Al panorama de seguridad se suma el asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país –cerca de 500 desde 2016–, así como el de excombatientes que firmaron la paz –más de un centenar–. Esos crímenes, que el propio Gobierno considera una prioridad, han sido un recordatorio de que diversos actores armados continúan activos en Colombia, entre herederos de los grupos paramilitares, disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que el Gobierno rompió cualquier amago de negociación después del sangriento atentado con coche bomba contra una escuela de policía a comienzos de año.
Escándalos militares
Las nuevas directrices el Ejército que pedían incrementar las bajas en combate volvieron a agitar el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, y provocaron cuestionamientos tanto a la cúpula militar nombrada por Duque como a su ministro de Defensa, Guillermo Botero. Las erráticas declaraciones del ministro sobre el asesinato de un exguerrillero a manos de un cabo de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una moción para forzar su salida. Sin embargo, a diferencia del episodio de las objeciones a la JEP, el Ejecutivo consiguió que el Congreso cerrase filas alrededor del cuestionado Botero y de los propios uniformados.
Entre Washington y Caracas
En el terreno internacional, Duque reclamó desde el primer momento -desde la campaña electoral misma- una actitud mucho más clara frente a la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, el vecino con el que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Retiró a Colombia de Unasur, denunció al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional, reconoció -junto a medio centenar de países- al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y apostó decididamente por un “cerco diplomático”. Sin embargo, esa estrategia ha perdido impulso. “La posición colombiana quedó diluida”, apunta la analista Sandra Borda, autora de ¿Por qué somos tan parroquiales?, una breve historia internacional del país andino. Hoy lo que está sobre la mesa es una salida negociada.
El Gobierno de Duque ha elevado ante los grandes foros internacionales la crisis generada por el éxodo venezolano. Colombia es por mucho el principal receptor de esa diáspora, con más de 1,4 millones de nacionales del país vecino residiendo en su territorio, y ha establecido una política migratoria de puertas abiertas. “Es el tema en que más consistencia ha habido a lo largo del tiempo, pero no es el tema guía de la política exterior. Básicamente, estamos reaccionando frente a una crisis”, señala Borda, que traza un paralelismo entre el Ejecutivo de Duque a un “caminante sin brújula”. El presidente ha pedido de manera reiterada un mayor acompañamiento de la comunidad internacional.
El mandatario ha puesto el eje de su política exterior en Washington, un socio en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas desde finales de los noventa –como ya lo hizo su mentor, el expresidente Uribe–. Pero las relaciones se han tensado por el nivel récord de cultivos de coca. Trump, incluso, ha amenazado con descertificar a Colombia en septiembre. El país sudamericano cerró 2018 con 169.000 hectáreas dedicadas a la planta -base de la cocaína-, una reducción anual muy leve -de 2.000 hectáreas- que, sin embargo, le ha servido a Duque para esgrimir que consiguió romper la tendencia de crecimiento exponencial. El Ejecutivo se ha mostrado decidido a regresar a las fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno promovido por Washington, una medida que cuenta con la resistencia de opositores, académicos y ambientalistas.
EL DESEMPLEO ENCIENDE LAS ALARMAS
Duque tiene el emprendimiento como bandera y promueve la llamada economía naranja, que se sustenta en las industrias creativas. Pero con un crecimiento del PIB de 2,7 % el año pasado, y una cifra proyectada cercana a 3% para 2019, la economía colombiana ha batallado para generar puestos de trabajo. El desempleo ha aumentado para volver a ubicarse entorno a la cifra simbólica de dos dígitos, y ha pasado a ser la principal preocupación de los colombianos en las encuestas. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya ha enfrentado dos intentos de moción de censura, dijo recientemente que aún no sabe que está empujando el desempleo ni cómo corregirlo.
https://elpais.com
Europa Press
España.-El Partido Popular español, haciendo uso de su mayoría en el Senado, ha aprobado una iniciativa en la que reclama al Gobierno un informe detallado motivando las razones de cada uno de los vuelos del Falcon con destino final o escala de repostaje en la República Dominicana desde la llegada de Sánchez a Moncloa, así como explicar si participaron en estos viajes el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Asimismo, el PP quiere que el Gobierno identifique y detalle «de manera individualizada» a los cargos públicos, asesores y demás acompañantes, excluyendo a militares y personal perteneciente a la Casa Real, que hayan formado parte de cada uno de esos vuelos a República Dominicana.
Internacionales
Estados Unidos deporta a Osiel Cárdenas Guillén, el sanguinario exlíder del Cartel del Golfo
El capo de 57 años ha sido ingresado al penal del Altiplano y enfrenta tres procesos federales
Los Ángeles.-Osiel Cárdenas Guillén va de vuelta a México, el país en el que impuso su ley del terror como líder del Cártel del Golfo (CDG). El narcotraficante, conocido en el bajo mundo con el apodo de mata amigos, ha sido deportado este lunes desde Estados Unidos, donde cumplió algo más de la mitad de una condena de 25 años por su buena conducta. El capo no será hombre libre en su país. Las autoridades federales mexicanas han confirmado a este diario que Cárdenas, de 57 años, ha sido trasladado al penal del Altiplano donde enfrentará tres procesos, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
La entrega del capo ha sido confirmada esta tarde por las autoridades de Seguridad Interior en San Antonio, Texas. “Después de 14 años en prisión, Osiel Cárdenas, un ciudadano mexicano y antiguo líder del Golfo y Los Zetas ha sido regresado a México”, informó la institución en las redes sociales. La rendición del capo ante las autoridades mexicanas tuvo lugar en un puente fronterizo del Valle del Río Grande, una zona que colinda con el Estado de Tamaulipas, la región desde la que Cárdenas operó para traficar cocaína y marihuana a suelo estadounidense.
Cárdenas fue liberado a finales de agosto de la prisión de Terre Haute, en el Estado de Indiana. El capo estaba sujeto a cinco años de libertad condicional tras recobrar su libertad. Pero su deportación era inminente desde entonces, cuando su custodia pasó a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las autoridades migratorias han cortado su periodo de libertad a cuatro meses. La Fiscalía mexicana reclamaba al capo, también conocido como El ingeniero, por varios procesos judiciales federales vinculados al tráfico de drogas.
Cárdenas llegó a Estados Unidos desde México en enero de 2007, apenas meses después de que el presidente Felipe Calderón asumiera el cargo e iniciara una serie acciones judiciales y sobre el terreno en contra de los cárteles del narcotráfico. Una de sus decisiones fue enviar al sanguinario líder del CDG a enfrentar a las autoridades estadounidenses. Osiel no llegó solo, fue parte de un traslado que incluyó a 14 personas que estaban en prisiones mexicanas, entre ellas Héctor El Güero Palma, uno de los viejos socios de Joaquín El Chapo Guzmán en el Cártel de Sinaloa.
El entonces capo fue recluido en una prisión de máxima seguridad de Texas. Su juicio fue aplazado en dos ocasiones y el interés mediático que despertó en Estados Unidos se fue diluyendo. Fue finalmente sentenciado de forma secreta tres años después de su llegada al país, en febrero de 2010. La jueza encargada de la sentencia dictó un “secreto perpetuo” sobre las condiciones de su condena, de 25 años. Nadie, fuera de Osiel, sus abogados y los fiscales, presenciaron la audiencia. El sistema de rastreo de prisioneros registró meses después que Cárdenas fue trasladado a un penal de mediana seguridad a las afueras de Atlanta, Georgia. Después fue movido una vez más al centro de Florida.
El exlíder del Cártel del Golfo fue detenido en 2003 en la ciudad de Matamoros (Tamaulipas), de donde es originario. El mata amigos se hizo un nombre en el mundo criminal de la frontera después de eliminar a socios y rivales para así escalar posiciones dentro del cártel de la frontera, que quedó acéfalo después de la captura de Juan García Ábrego, un veterano traficante que operaba en Tamaulipas. A Cárdenas se le atribuye haber creado a Los Zetas, una organización criminal muy violenta que llegó a tener casi 10.000 hombres armados durante los años del Calderonato.
elpais.com
Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, anunció este lunes que nominó a Leah Francis Campos como embajadora de ese país en la República Dominicana. El anuncio lo hizo Trump en su cuenta de Truth (su red social). Se llenaría un puesto que estaba vacante desde el 2021, cuando Robin Bernstein dejó el país con el cambio de poder en la Casa Blanca.
Trump citó que Leah sirvió a Estados Unidos como oficial de casos de la CIA antes de convertirse en asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Además, dijo que es madre de cuatro hijos y «proviene de una familia de patriotas».
«Su hermana, la destacada Rachel Campos-Duffy, de FoxNews, y su cuñado Sean Duffy, que será secretario de Transporte, también son unos patriotas maravillosos», citó el magnate, que regresará a la Casa Blanca el 6 de enero del 2025.
Llenado de vacante
Durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos no tuvo embajador en el país. Solo instaló encargados de negocios. El primero de ellos, Robert W. Thomas, que salió del país a principios de este año; luego Isiah Parnell, que asumió el cargo en mayo, y Patricia Aguilera.