La imagen del joven presidente, ambiguo frente al acuerdo de paz que firmó su antecesor, enfrenta un prematuro desgaste

Iván Duque, de 43 años, fue elegido el presidente más joven en la historia reciente de Colombia con una cifra inédita: más de diez millones de votos, un resultado que enviaba un mensaje de renovación. El mandatario, que este miércoles cumple un año en el poder, se propuso desde la propia campaña superar el clima de polarización en que el país sudamericano se encuentra atrapado desde la negociación del acuerdo de paz con las FARC, en tiempos de su predecesor, Juan Manuel Santos. De momento, no lo ha conseguido. Su agenda, además, se ha visto empantanada en sus propios reparos al sistema de justicia transicional y el índice de aprobación del mandatario no ha llegado a recuperarse del todo desde que se desplomaron en los primeros meses. La encuestadora Invamer ubica la aprobación del presidente en el 37%, mientras Datexco le otorga un 32%.

La tensa relación con el Congreso

La revista colombiana Semana lo califica como un “año de aprendizaje”, mientras que el influyente semanario británico The Economist valora que la “tensa e improductiva” relación de Duque con el Congreso ha derivado en una presidencia menos productiva en el terreno legislativo que las de sus antecesores –tanto Santos como su mentor político, el hoy senador Álvaro Uribe–.

Dos de los pesos pesados de su Gobierno, los ministros de Defensa y Hacienda, han sobrevivido a sendos intentos de mociones de censura. Pero su Ejecutivo ha acusado el desgaste. Al final solo ha habido una baja, en la cartera de Justicia. Gloria María Borrero dimitió en mayo, en plena crisis institucional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó liberar al líder de las FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos y al que Duque en repetidas ocasiones ha tildado de “mafioso”. Su renuncia se produjo un día después de la del fiscal, Néstor Humberto Martínez, para el que Duque aún debe proponer una terna para reemplazarlo. Santrich, cuyo caso ha tensado tanto la implementación de la paz como la separación de poderes, desapareció poco después y ya es formalmente un prófugo de la justicia.

La agenda mínima de paz

A Duque le ha correspondido implementar un acuerdo de paz del que fue un crítico férreo. El ambicioso pacto, además del desarme de las FARC, hoy convertidas en partido político, aspiraba a transformar los territorios más golpeados por la guerra y cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad. En medio de restricciones presupuestarias, el presidente, elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos, ha optado en su lugar por la “agenda más mínima de paz”, que responde a la reincorporación y algunos programas de desarrollo, apunta María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.

Las seis objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la JEP, presentadas en marzo y rechazadas en el Congreso, se saldaron con una estruendosa derrota. “Duque se metió en una sin salida, eso lo desgastó tremendamente y polarizó”, en abierto contraste con su narrativa de unir a los colombianos, valora Llorente.

Al panorama de seguridad se suma el asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país –cerca de 500 desde 2016–, así como el de excombatientes que firmaron la paz –más de un centenar–. Esos crímenes, que el propio Gobierno considera una prioridad, han sido un recordatorio de que diversos actores armados continúan activos en Colombia, entre herederos de los grupos paramilitares, disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que el Gobierno rompió cualquier amago de negociación después del sangriento atentado con coche bomba contra una escuela de policía a comienzos de año.

Escándalos militares

Las nuevas directrices el Ejército que pedían incrementar las bajas en combate volvieron a agitar el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, y provocaron cuestionamientos tanto a la cúpula militar nombrada por Duque como a su ministro de Defensa, Guillermo Botero. Las erráticas declaraciones del ministro sobre el asesinato de un exguerrillero a manos de un cabo de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una moción para forzar su salida. Sin embargo, a diferencia del episodio de las objeciones a la JEP, el Ejecutivo consiguió que el Congreso cerrase filas alrededor del cuestionado Botero y de los propios uniformados.

Entre Washington y Caracas

En el terreno internacional, Duque reclamó desde el primer momento -desde la campaña electoral misma- una actitud mucho más clara frente a la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, el vecino con el que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Retiró a Colombia de Unasur, denunció al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional, reconoció -junto a medio centenar de países- al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y apostó decididamente por un “cerco diplomático”. Sin embargo, esa estrategia ha perdido impulso. “La posición colombiana quedó diluida”, apunta la analista Sandra Borda, autora de ¿Por qué somos tan parroquiales?, una breve historia internacional del país andino. Hoy lo que está sobre la mesa es una salida negociada.

El Gobierno de Duque ha elevado ante los grandes foros internacionales la crisis generada por el éxodo venezolano. Colombia es por mucho el principal receptor de esa diáspora, con más de 1,4 millones de nacionales del país vecino residiendo en su territorio, y ha establecido una política migratoria de puertas abiertas. “Es el tema en que más consistencia ha habido a lo largo del tiempo, pero no es el tema guía de la política exterior. Básicamente, estamos reaccionando frente a una crisis”, señala Borda, que traza un paralelismo entre el Ejecutivo de Duque a un “caminante sin brújula”. El presidente ha pedido de manera reiterada un mayor acompañamiento de la comunidad internacional.

El mandatario ha puesto el eje de su política exterior en Washington, un socio en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas desde finales de los noventa ­–como ya lo hizo su mentor, el expresidente Uribe–. Pero las relaciones se han tensado por el nivel récord de cultivos de coca. Trump, incluso, ha amenazado con descertificar a Colombia en septiembre. El país sudamericano cerró 2018 con 169.000 hectáreas dedicadas a la planta -base de la cocaína-, una reducción anual muy leve -de 2.000 hectáreas- que, sin embargo, le ha servido a Duque para esgrimir que consiguió romper la tendencia de crecimiento exponencial. El Ejecutivo se ha mostrado decidido a regresar a las fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno promovido por Washington, una medida que cuenta con la resistencia de opositores, académicos y ambientalistas.