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Aumentó el gasto público durante la precampaña, según economista.
En mil 196 millones aumentó durante la precampaña el gasto público en la República Dominicana, según el economista José Rijo Presbot.
El profesional de la economía aseguró que el gobierno central aumentó el gasto en septiembre en alrededor de mil 296 millones de pesos en renglones como combustible, publicidad, viáticos nacionales, alimentos y bebidas, nominillas y compra de vehículos.
El economista sostuvo que durante ese mes la precampaña política para escoger los candidatos a cargos de elección popular fue el único hecho excepcional que podría explicar ese aumento del “gasto clientelar”.
En las primarias compitió con el apoyo del presidente Danilo Medina el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo contra el expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “No ha habido algo excepcional que pueda justificar un incremento de gasto en estas partidas tan exorbitante y para mí no hay una explicación presupuestaria”, sostuvo.
Según un análisis del especialista, el gobierno central incrementó el gasto en publicidad y propaganda de 361 millones de pesos en agosto a 496 en septiembre para un aumento de 90%; en remuneraciones al personal transitorio el gasto pasó de 870 millones en agosto a mil 52 en septiembre para incremento de 182 millones y en combustibles y lubricantes el incremento fue de 14 millones más en septiembre al pasar de 424 millones en agosto a 437 el siguiente mes.
Según Rijo, en compra de vehículos en agosto el gobierno invirtió 282 millones de pesos y en septiembre el gasto en ese renglón fue de 519 millones con una diferencia de 238 millones y un valor porcentual de 84% más. En viáticos dentro del país se invirtieron en septiembre 169 millones 51 millones más que en agosto que alcanzó 119 millones de pesos.
El economista plantea que mientras en los meses de enero-agosto el gasto promedio en alimentos y bebidas fue de 322 millones de pesos en septiembre se incrementó a 362 millones, es decir 102 millones adicionales.
José Rijo también señaló que en el mes anterior a las primarias del 6 de octubre el gasto en ayudas y donaciones a personas pasó de mil 350 millones en promedio a mil 454 millones en septiembre, es decir 102 millones adicionales.
En un desglose por instituciones, Rijo señala que la Presidencia de la República pasó de 42 millones en agosto a 60 millones de pesos en septiembre y en remuneraciones al personal transitorio de 66 millones de pesos 88 millones 900 mil pesos en septiembre y en viáticos dentro del país pasó de pasó de 5 millones 800 mil pesos a 36 millones 400 mil pesos en septiembre, mientras que el aumento en combustible fue de 12 millones al pasar de 20 millones 300 mil pesos a 33 millones.
De acuerdo con los datos proveidos, el Ministerio de Interior y Policía aumentó el gasto en combustible en el mes de septiembre en diez millones al pasar de 113 millones en agosto a 124 millones de pesos para un alza de 10.4%.
En el Ministerio de Educación se registró un incremento en la publicidad de 11% al pasar de 23 millones en agosto a 34 en septiembre, en esa institución el gasto en viáticos dentro del país pasó de 43 millones en agosto a 52 al siguiente mes.
Durante la precampaña el desborde de promoción a favor de la candidatura de Castillo generó una avalancha de críticas dentro y fuera del PLD. Igualmente, la integración de los funcionarios del gobierno para coordinar la campaña del ahora candidato presidencial del partido oficial generó críticas en la oposición interna y fuera del partido morado.
El exministro de Obras Públicas por siete años de los gobiernos de Medina fue de los principales promotores de la reforma a la Constitución para que el presidente se presentara como candidato para un tercer periodo. El presidente Medina anunció que no se embarcaría en ese proceso el 21 de julio y una semana después Castillo se había convertido en el elegido del gobernante para competir contra Fernández en las primarias. El proceso estuvo marcado por las críticas por el supuesto uso de recursos del Estado para favorecerlo.
Del total de mil 296 millones de pesos que presentó Rijo, en compra de vehículos en el mes de septiembre hubo una inversión de 448 millones de pesos; publicidad y propaganda 236 millones; becas y viajes de estudios 227 millones; remuneración al personal transitorio 187 millones y 160 millones en carreteras y obras menores. En combustibles y lubricantes el gasto fue de 27 millones de pesos y 12 millones en viáticos en actividades locales. Según José Rijo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas el incremento del gasto agosto-septiembre fue de 146 millones millones 806 mil pesos. Rijo sostuvo que el gobierno tendría que explicar las razones del aumento del gasto en esos reglonenes que denomina “clientelares” porque en el mes de septiembre no ocurrió nada que explique un aumento de mil 296 millones en el gasto en los renglones que detalló en su informe sobre el tema.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.