Economía
Economistas sugieren analizar “costo y beneficios” antes de eliminar leyes de incentivos fiscales
Santo Domingo, R.D.-Estudios técnicos con antelación a cada sector productivo y análisis de costo y beneficios. Esto es lo que sugieren economistas consultados por Listín Diario en torno a lo que dijo el ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente, de mantener o eliminar algunas leyes de incentivos fiscales que disfrutan distintos sectores económicos del país, como turismo y las zonas francas. El plan forma parte de la propuesta del Poder Ejecutivo en torno a la venidera reforma fiscal que, según Vicente, se presentará “en los próximos días”.
El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, explicó que esa medida debe realizarse con estudios técnicos y no base a prejuicios ni opiniones. Con esto, Jiménez se ha referido a estudios “rigurosos” en los que se analice, primero, el beneficio desde el punto de vista del impacto en el crecimiento económico y la creación de empleos para ciertos grupos, por la capacidad del Gobierno en reducir la pobreza.
Y, por otro lado, que se analice el costo que tienen desde el punto de vista de dejar de pagar impuestos recibidos. “Esos se llaman estudios beneficios y eso permitirá saber cuáles políticas de incentivos a los sectores productivos se justifican desde el punto de vista que el beneficio sea mayor al costo y cuales no en los casos donde el costo sea mayor al beneficio”, argumentó el también profesor de la Universidad de Harvard.
Jiménez reiteró que antes de tomar una decisión sobre quitarle exenciones fiscales a los sectores productivos se necesitan estudios técnicos que sustenten esa medida.
¿Qué dice Henri Hebrard?
Para el economista Henri Hebrard el tema debe separarse en dos grupos grandes: por un lado, las exenciones del ITBIS, el impuesto sobre la renta y con algunos combustibles; y por otro, las leyes de incentivos fiscales, que son en las que hay más discusiones en la mesa de la reforma tributaria, según Hebrard.
“En este grupo yo separaría lo que es zona franca de todo lo demás, porque la cifra que se calcula, que usualmente se calcula como supuesto sacrificio fiscal, está muy inflada y ahí no estamos de acuerdo con la metodología que se utiliza para calcular cuánto de impuesto se lograría cobrar si se fuese a poner un impuesto a la zona franca”, señaló.
A juicio del experto, el país de manera unilateral no puede hacer un cambio a la ley de incentivo de zona franca. “Si solamente lo hacemos nosotros y que en los demás países con los cuales competimos no hacen un cambio en esta misma dirección, pues, lo que vamos a provocar es una estampida y vamos a perder lo que tenemos en zona franca, que es tan sensible para República Dominicana”, explicó.
De acuerdo con Hebrard, la ley de incentivo para la zona franca “no se debe tocar para nada”. No obstante, con respecto a los otros sectores productivos, dijo que el Gobierno debe analizar uno por uno, midiendo “muy bien” y teniendo “mucho cuidado”.
El economista afirmó que el mayor efecto que traería la eliminación de las leyes de incentivos fiscales se reflejaría en la captación de nuevas inversiones.
“Habrá de tomar estas decisiones de manera muy cuidadosa, ya que para lograr duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 10 años no se puede correr el riesgo de desenchufar importantes sectores de actividades”, apuntó.
Hebrard explicó que la factura de la reforma fiscal se va a cargar en función de la capacidad contributiva de cada quien: es normal, dijo, que los de mayores ingresos, de más propiedad, sean los que tengan que asumir, en mayor parte, la carga de la reforma. Mientras que los más vulnerables puedan recibir beneficios del aumento del gasto público.
Economía
Pro Consumidor interviene ante conflicto por retiro de verifones en estaciones de combustibles
Autoridades buscan un acuerdo entre Anadegas y proveedores de sistemas de pago electrónico para evitar que los consumidores resulten afectados
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que varias instituciones del Estado intervienen en el conflicto surgido entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y los proveedores de dispositivos electrónicos de pago, ante el anuncio de retirar los verifones de cientos de estaciones de combustibles.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de esa entidad y otros organismos públicos, con el objetivo de propiciar un entendimiento entre las partes.
La preocupación de las autoridades surge después de que Anadegas anunciara que, a partir del próximo 25 de septiembre, retiraría los verifones de más de 700 estaciones afiliadas, decisión que podría limitar las opciones de pago con tarjetas de crédito y débito disponibles para los consumidores.
“El consumidor no puede resultar afectado”
Alcántara hizo un llamado a los representantes de Anadegas para que permitan que las conversaciones continúen mientras las instituciones involucradas procuran encontrar una solución.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”, manifestó el funcionario.
Indicó que Pro Consumidor mantiene comunicación con los directivos de la organización de detallistas y da seguimiento a las gestiones desarrolladas por las demás instituciones estatales.
El objetivo, explicó, es impedir que las diferencias existentes entre los propietarios de estaciones y las entidades vinculadas al procesamiento de pagos electrónicos terminen trasladándose a los usuarios.
Anadegas anuncia retiro de verifones
El conflicto está relacionado con los costos que implica para los establecimientos comerciales procesar pagos mediante tarjetas a través de los verifones, situación que Anadegas entiende afecta los márgenes económicos de las estaciones de combustibles.
Ante esas diferencias, la organización anunció el retiro de esos dispositivos en las estaciones afiliadas desde el 25 de septiembre.
De materializarse la medida en los términos anunciados, los clientes de esas estaciones podrían enfrentar cambios en las alternativas disponibles para pagar sus compras de combustibles.
Autoridades buscan acuerdo antes del 25 de septiembre
La intervención gubernamental procura que las partes alcancen un entendimiento antes de la fecha anunciada por Anadegas y que cualquier solución preserve las opciones de pago disponibles para los usuarios.
Alcántara insistió en que las diferencias comerciales entre los sectores involucrados deben ser resueltas sin trasladar sus consecuencias a quienes compran combustibles.
Pro Consumidor continuará dando seguimiento a las conversaciones, mientras el MICM y las demás instituciones participantes buscan una salida que concilie los intereses de los detallistas, los proveedores de servicios de pago y los derechos de los consumidores.
Celso Juan Marranzini sostiene que el déficit comercial dominicano con Estados Unidos, superior a US$5,000 millones, constituye un elemento a considerar en las conversaciones sobre el cereal
SANTO DOMINGO.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, consideró que República Dominicana y Estados Unidos tienen espacio para mantener un proceso de diálogo en torno a las importaciones de arroz estadounidense y las medidas adoptadas para proteger la producción nacional.
Marranzini se refirió específicamente a la petición estadounidense para que el Gobierno dominicano derogue el Decreto 693-24, que establece condiciones arancelarias para las importaciones del cereal procedente de Estados Unidos.
Durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, el dirigente empresarial recordó que las relaciones comerciales entre ambos países están reguladas por el DR-Cafta, resultado de un proceso de negociación entre las partes.
“Como en toda negociación, cada parte tiene que ceder, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que convenga a todos”, expresó Marranzini, quien valoró que el Gobierno dominicano haya optado por manejar el tema mediante el diálogo con Estados Unidos.
Destaca déficit comercial superior a US$5,000 millones
El presidente del Conep señaló que República Dominicana mantiene un déficit comercial de más de US$5,000 millones con Estados Unidos, aspecto que, a su entender, debe formar parte del análisis de las relaciones económicas entre ambos países.
Sostuvo que las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense complementan determinadas cadenas de valor y argumentó que no están orientadas a desplazar empresas, empleos o productores estadounidenses.
Marranzini también destacó la relación histórica y comercial entre República Dominicana y Estados Unidos y planteó la conveniencia de impulsar conjuntamente estrategias de “nearshoring”, inversión, comercio y generación de empleos.
Defensa de la producción nacional
El dirigente empresarial señaló, al mismo tiempo, la necesidad de incrementar la productividad del sector agropecuario dominicano y fortalecer la seguridad alimentaria.
En el caso particular del arroz, resaltó la importancia económica y social de mantener una industria nacional sólida debido a la cantidad de provincias y productores vinculados con esa actividad.
Marranzini recordó que durante la pandemia la capacidad productiva nacional permitió al país depender en mayor medida de su propia producción de alimentos, lo que, a su juicio, demostró la importancia de fortalecer la resiliencia interna.
“Definitivamente, la productividad en el campo es algo en lo que debe seguirse avanzando para que la seguridad alimentaria cada vez sea más robusta y más resiliente”, manifestó.
¿Qué establece el Decreto 693-24?
El debate se relaciona con las condiciones comerciales acordadas para determinados productos agrícolas dentro del DR-Cafta.
Según la información suministrada, el Decreto 693-24 mantiene un arancel de 20 % para una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz importado desde Estados Unidos y establece una tasa de 99 % para las cantidades que excedan ese volumen.
La medida fue adoptada en 2024 en respuesta a planteamientos del sector arrocero dominicano ante la apertura prevista en el marco del tratado comercial.
El arroz se encuentra entre los productos agrícolas considerados especialmente sensibles debido al número de productores, trabajadores y comunidades vinculados directa o indirectamente con su producción.
Diferentes posiciones sobre la medida
La situación ha generado posiciones distintas en sectores económicos y políticos. Algunos especialistas han advertido sobre las implicaciones que podría tener mantener restricciones frente a compromisos asumidos dentro del DR-Cafta, mientras representantes del sector productivo y actores políticos han planteado la necesidad de preservar la producción nacional y la seguridad alimentaria.
En ese contexto, Marranzini favoreció que cualquier diferencia sea abordada mediante negociaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, tomando en consideración tanto los compromisos comerciales como las particularidades de la producción agrícola dominicana.
El debate continúa abierto mientras las autoridades dominicanas evalúan las observaciones estadounidenses sobre el Decreto 693-24 y las alternativas para compatibilizar los compromisos comerciales internacionales con los intereses del sector arrocero nacional.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.