Opinión
Ecuador: desgarrado por una oculta trama imperial neofascista
Por Narciso isa Conde
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles 9 de agosto del 2023, en un alevoso ataque que se le atribuye a sicarios colombianos, a quienes a su vez las derechas -para satanizar- le asignan maliciosamente vínculos con el expresidente Rafael Correa y su corriente partidaria.
De entrada, para aproximarnos a lo que está detrás de ese acontecimiento político estremecedor, es muy útil recoger algunos datos sobre quién fue Fernando Villavicencio y cuál ha sido su trayectoria. Y con esos fines destaco estas informaciones tomadas de un reportaje de la agencia EFE (libre de sospecha de izquierdismo y de antiimperialismo), de fecha 10-08-2023, titulado: “¿Quién es Fernando Villavicencio? Un polémico periodista enemigo de Rafael Correa:”
• TRAYECTORIA DE VILLAVICENCIO.
Villavicencio, de 59 años, “fue en su juventud sindicalista y asesoró a la federación de trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas.”
Él representó “una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país.”
También, como “amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción; sentencia que Correa tilda de persecución política.”
En el periodo en que Correa ejercía la presidencia del país, Fernando Villavicencio “fue condenado a 18 meses de prisión por supuestas injurias contra Correa, pero evitó la cárcel y estuvo prófugo hasta que logró la prescripción”.
Meses después, “tras refugiarse en Estados Unidos, Villavicencio impulsó nuevas denuncias contra Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China”.
Más tarde, disuelta la Asamblea Legislativa y luego de él dejar de ejercer la diputación,” “se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto”, con el propósito de “evitar que el correísmo vuelva al poder.
Villavicencio, “que en muchos casos criticó a Lasso, también lo defendió” y algunos de sus rivales lo consideraban “como el candidato encubierto del oficialismo”, algo de lo que él renegó.
Esa trayectoria y actitudes nos inclinan a pensar que él y su Movimiento Construcción representaron una fórmula auspiciada por un sector de poder de EEUU y de la gran burguesía ecuatoriana, para relevar al presidente Lasso, impidiendo a la vez la vuelta del correismo al gobierno.
• MOTIVOS OCULTOS DE LA MANIOBRA CRIMINAL.
El examen a profundidad de la dramática crisis ecuatoriana y del impacto del operativo criminal contra Fernando Villavicencio, precedido de otros, no debe separarse de una serie de antecedentes políticos en cadena, que ayudan a entender mejor y a desentrañar los motivos ocultos de esa dramática determinación.
El gobierno de GUILLERMO LASSO -precedido de la traición de Lenin Moreno y de su desastroso ejercicio gubernamental- posibilitó un auge extraordinario de la narco-corrupción, acompañado de una alta complicidad del Estado, elites financieras y derechas políticas tuteladas por EEUU.
Se impuso así, en una escala sin precedentes, el poder de los carteles vinculados al tráfico de drogas, operando en el Ecuador principalmente hacia Europa, pero también hacia EEUU, desde los países productores vecinos (Colombia, Perú y Bolivia), a través del Océano Pacifico; todo esto acompañado de una significativa expansión del lavado de dinero sucio y de los trajines de la narco-política-ecuatoriana y regional para copar el poder estatal.
Al mismo tiempo, LASSO, en su condición de connotado factor político del capital financiero, consumó el viraje hacia el ultra neoliberalismo y hacía una severa recolonización bajo el dominio de EEUU; en el marco de un capitalismo mundial gansterizado y particularmente contaminado por la alta rentabilidad del negocio de las drogas ilícitas.
Ese viraje iniciado por Lenin Moreno, necesitó satanizar progresivamente al Presidente Rafael Correa, más allá de lo que concierne a los controversiales actos de corrupción de algunos de sus colaboradores y a las consecuencias de sus debilidades en el abordaje de los planes de sedición contra-reformadora.
Necesitó, sobre todo, judicializar la gestión política de Correa, en tanto representó defensa de soberanía, autodeterminación, cambios constitucionales profundamente democráticos, determinadas reformas sociales, alianzas con los países del ALBA y participación del Ecuador en los procesos pro independencia de la Patria Grande; sin olvidar la exitosa lucha por el retiro de la base militar de Manta, que ahora la derecha pro-imperialista procura restablecer.
El anti correísmo fue la bandera impuesta por Washington a todas las derechas abiertas y encubiertas del Ecuador, como lo fue el anti chavismo en Venezuela.
Los imperios son rencorosos y la represalia por el retiro de la base de Manta y por el rol continental de Correa en el contexto de la oleada pro-independencia continental del nuevo siglo, es pétrea y de profundo calado.
Es muy significativo que la embestida política contra Correa fuera tempranamente asumida por el candidato asesinado, Fernando Villavicencio, siempre en el contexto de su intrépida y peligrosa lucha contra los carteles de la droga y de sus fuertes vínculos con la EMBAJADA estadounidense; relaciones de dependencia que lo llevaron a desviar contra ese nuevo liderazgo latinoamericanista, acusaciones sin bases reales, incluidas fantasiosas conexiones con la narco-corrupción y el crimen organizado. Algo común a todo el espectro derechista tutelado por EE. UU y muy propio de la línea mercadológica de esa súper-potencia.
Por su parte, LASSO, no debidamente enfrentado por Villavicencio, no tardó en mostrar su esencia ultra conservadora y entreguista, y su proclividad a la corrupción; al punto de ser enjuiciado y condenado por el Congreso Nacional; lo que lo llevó a recurrir a la maniobra de la “muerte cruzada”, a la disolución de la Asamblea Legislativa y a la convocatoria de elecciones adelantadas para este 20 de agosto. Una especie de autogolpe, todavía en franco despliegue.
De inmediato todas las derechas y su poderosa maquinaria mediática y empresarial, con el Coloso del Norte a la cabeza, las enfilaron para potenciar la satanización de Correa y el correísmo; y una parte de ella se concentró en promover al Movimiento Construcción y a su candidato.
Sin embargo, el producto electorero previo al asesinato de Villavicencio, realmente no fue lo esperado por sus padrinos del Norte. Su candidatura quedó muy atrás, mientras la candidata del correísmo, Luisa González, siguió puntera en las encuestas.
Eso explica por qué el poder imperial y sus socios ecuatorianos y regionales optaron por crear una gran crisis, sacrificando la vida de Villavicencio y sin importarle los sufrimientos de sus familiares y amigos. Bien se ha dicho que el gran capital no tiene ni amigos ni aliados permanentes. ¡Solo intereses, muy espurios por cierto!
Está cada vez más claro que se ejecutó un operativo que tiene todas las características de ASESINATO POLÍTICO Y DE ESTADO, y no simplemente un crimen de mafias comunes.
Hasta la propia familia de Villavicencio habla de eso, sin reflexionar que si trata de asesinato de Estado –y realmente lo es- nada tiene que ver RAFAEL CORREA con ese repudiable acontecimiento; quien -además de atribuírselo justamente a la degradación del poder establecido- ha condenado el método y expresado su sentir a los familiares, dejando a un lado ríspidas controversias pasadas.
Basta observar las características del automóvil, la desprotección física (sin casco, sin chaleco…) la conducta de la policía y la manera de investigar, para detectar las complicidades de Estado y de sus cuerpos policiales-militares. Y para colmo la ejecución por la policía del sicario que jugó el rol de matador y el pedido de intervención FBI en las investigaciones, procuran presentar resultados amañados que protejan a los autores intelectuales del crimen.
Todo esto está en marcha bajo una declaración de Estado de excepción por 60 días, que implica negación de derechos y de garantías constitucionales y régimen dictatorial, lo que impide realizar unos comicios mínimamente democráticos
Es una maniobra despótica, neofascista, evidentemente destinada a impedir o prostituir las elecciones del próximo 20 de agosto para imponer una de las facciones de derecha, o a desconocer resultados desfavorables al poder establecido y a prolongar por la fuerza el mandato del propio GUILLERMO LASSO o imponer otra cosa parecida. En medió de esa situación Lasso ha declarado que de “ninguna manera van a entregar el Estado al crimen organizado, aunque se disfrace de partidismo”. Las variantes dependen de cómo pinten las cosas en los próximos días.
El nivel satánico, repetitivo y orquestado, de la pérfida propaganda contra Correa y el correísmo, implicándolos en ese asesinato y tildándolos además de NARCO-SOCIALISMO, a buen entendedor le deja claro que el neo-fascismo local e internacional están decidido a impedir por la fuerza la vuelta del correÍsmo al gobierno del Ecuador.
Están empecinados en evitar que le pase con Correa lo que le pasó con LULA y en aplicar la fórmula empleada contra CRISTINA KIRCHNER en grado superlativo, aún a costa de un trauma político social de imprevisibles consecuencias.
Los hechos, por demás, dejan como importante lección que, si bien hay que rechazar enérgicamente el veto imperial y oligárquico a las diferentes variantes de llamado progresismo -incluso hasta a las débilmente reformadoras- éstas han resultado sumamente insuficientes, y demasiado complacientes,} con el neofascismo y los poderes fácticos, para vencer definitivamente al enemigo de los pueblos y transformar estas injustas sociedades.
Es imperioso pues, para evitar el caos prolongado y manipulable, profundizar los cambios, radicalizar las transformaciones, hacer nuevas revoluciones y sembrar socialismo de verdad.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.