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Opinión

Ecuador: desgarrado por una oculta trama imperial neofascista

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Por Narciso isa Conde

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles 9 de agosto del 2023, en un alevoso ataque que se le atribuye a sicarios colombianos, a quienes a su vez las derechas -para satanizar- le asignan maliciosamente vínculos con el expresidente Rafael Correa y su corriente partidaria.

De entrada, para aproximarnos a lo que está detrás de ese acontecimiento político estremecedor, es muy útil recoger algunos datos sobre quién fue Fernando Villavicencio y cuál ha sido su trayectoria. Y con esos fines destaco estas informaciones tomadas de un reportaje de la agencia EFE (libre de sospecha de izquierdismo y de antiimperialismo), de fecha 10-08-2023, titulado: “¿Quién es Fernando Villavicencio? Un polémico periodista enemigo de Rafael Correa:”

• TRAYECTORIA DE VILLAVICENCIO.

Villavicencio, de 59 años, “fue en su juventud sindicalista y asesoró a la federación de trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas.”
Él representó “una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país.”

También, como “amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción; sentencia que Correa tilda de persecución política.”

En el periodo en que Correa ejercía la presidencia del país, Fernando Villavicencio “fue condenado a 18 meses de prisión por supuestas injurias contra Correa, pero evitó la cárcel y estuvo prófugo hasta que logró la prescripción”.

Meses después, “tras refugiarse en Estados Unidos, Villavicencio impulsó nuevas denuncias contra Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China”.

Más tarde, disuelta la Asamblea Legislativa y luego de él dejar de ejercer la diputación,” “se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto”, con el propósito de “evitar que el correísmo vuelva al poder.

Villavicencio, “que en muchos casos criticó a Lasso, también lo defendió” y algunos de sus rivales lo consideraban “como el candidato encubierto del oficialismo”, algo de lo que él renegó.

Esa trayectoria y actitudes nos inclinan a pensar que él y su Movimiento Construcción representaron una fórmula auspiciada por un sector de poder de EEUU y de la gran burguesía ecuatoriana, para relevar al presidente Lasso, impidiendo a la vez la vuelta del correismo al gobierno.

• MOTIVOS OCULTOS DE LA MANIOBRA CRIMINAL.

El examen a profundidad de la dramática crisis ecuatoriana y del impacto del operativo criminal contra Fernando Villavicencio, precedido de otros, no debe separarse de una serie de antecedentes políticos en cadena, que ayudan a entender mejor y a desentrañar los motivos ocultos de esa dramática determinación.

El gobierno de GUILLERMO LASSO -precedido de la traición de Lenin Moreno y de su desastroso ejercicio gubernamental- posibilitó un auge extraordinario de la narco-corrupción, acompañado de una alta complicidad del Estado, elites financieras y derechas políticas tuteladas por EEUU.

Se impuso así, en una escala sin precedentes, el poder de los carteles vinculados al tráfico de drogas, operando en el Ecuador principalmente hacia Europa, pero también hacia EEUU, desde los países productores vecinos (Colombia, Perú y Bolivia), a través del Océano Pacifico; todo esto acompañado de una significativa expansión del lavado de dinero sucio y de los trajines de la narco-política-ecuatoriana y regional para copar el poder estatal.

Al mismo tiempo, LASSO, en su condición de connotado factor político del capital financiero, consumó el viraje hacia el ultra neoliberalismo y hacía una severa recolonización bajo el dominio de EEUU; en el marco de un capitalismo mundial gansterizado y particularmente contaminado por la alta rentabilidad del negocio de las drogas ilícitas.

Ese viraje iniciado por Lenin Moreno, necesitó satanizar progresivamente al Presidente Rafael Correa, más allá de lo que concierne a los controversiales actos de corrupción de algunos de sus colaboradores y a las consecuencias de sus debilidades en el abordaje de los planes de sedición contra-reformadora.

Necesitó, sobre todo, judicializar la gestión política de Correa, en tanto representó defensa de soberanía, autodeterminación, cambios constitucionales profundamente democráticos, determinadas reformas sociales, alianzas con los países del ALBA y participación del Ecuador en los procesos pro independencia de la Patria Grande; sin olvidar la exitosa lucha por el retiro de la base militar de Manta, que ahora la derecha pro-imperialista procura restablecer.

El anti correísmo fue la bandera impuesta por Washington a todas las derechas abiertas y encubiertas del Ecuador, como lo fue el anti chavismo en Venezuela.

Los imperios son rencorosos y la represalia por el retiro de la base de Manta y por el rol continental de Correa en el contexto de la oleada pro-independencia continental del nuevo siglo, es pétrea y de profundo calado.

Es muy significativo que la embestida política contra Correa fuera tempranamente asumida por el candidato asesinado, Fernando Villavicencio, siempre en el contexto de su intrépida y peligrosa lucha contra los carteles de la droga y de sus fuertes vínculos con la EMBAJADA estadounidense; relaciones de dependencia que lo llevaron a desviar contra ese nuevo liderazgo latinoamericanista, acusaciones sin bases reales, incluidas fantasiosas conexiones con la narco-corrupción y el crimen organizado. Algo común a todo el espectro derechista tutelado por EE. UU y muy propio de la línea mercadológica de esa súper-potencia.

Por su parte, LASSO, no debidamente enfrentado por Villavicencio, no tardó en mostrar su esencia ultra conservadora y entreguista, y su proclividad a la corrupción; al punto de ser enjuiciado y condenado por el Congreso Nacional; lo que lo llevó a recurrir a la maniobra de la “muerte cruzada”, a la disolución de la Asamblea Legislativa y a la convocatoria de elecciones adelantadas para este 20 de agosto. Una especie de autogolpe, todavía en franco despliegue.

De inmediato todas las derechas y su poderosa maquinaria mediática y empresarial, con el Coloso del Norte a la cabeza, las enfilaron para potenciar la satanización de Correa y el correísmo; y una parte de ella se concentró en promover al Movimiento Construcción y a su candidato.

Sin embargo, el producto electorero previo al asesinato de Villavicencio, realmente no fue lo esperado por sus padrinos del Norte. Su candidatura quedó muy atrás, mientras la candidata del correísmo, Luisa González, siguió puntera en las encuestas.

Eso explica por qué el poder imperial y sus socios ecuatorianos y regionales optaron por crear una gran crisis, sacrificando la vida de Villavicencio y sin importarle los sufrimientos de sus familiares y amigos. Bien se ha dicho que el gran capital no tiene ni amigos ni aliados permanentes. ¡Solo intereses, muy espurios por cierto!

Está cada vez más claro que se ejecutó un operativo que tiene todas las características de ASESINATO POLÍTICO Y DE ESTADO, y no simplemente un crimen de mafias comunes.

Hasta la propia familia de Villavicencio habla de eso, sin reflexionar que si trata de asesinato de Estado –y realmente lo es- nada tiene que ver RAFAEL CORREA con ese repudiable acontecimiento; quien -además de atribuírselo justamente a la degradación del poder establecido- ha condenado el método y expresado su sentir a los familiares, dejando a un lado ríspidas controversias pasadas.

Basta observar las características del automóvil, la desprotección física (sin casco, sin chaleco…) la conducta de la policía y la manera de investigar, para detectar las complicidades de Estado y de sus cuerpos policiales-militares. Y para colmo la ejecución por la policía del sicario que jugó el rol de matador y el pedido de intervención FBI en las investigaciones, procuran presentar resultados amañados que protejan a los autores intelectuales del crimen.

Todo esto está en marcha bajo una declaración de Estado de excepción por 60 días, que implica negación de derechos y de garantías constitucionales y régimen dictatorial, lo que impide realizar unos comicios mínimamente democráticos

Es una maniobra despótica, neofascista, evidentemente destinada a impedir o prostituir las elecciones del próximo 20 de agosto para imponer una de las facciones de derecha, o a desconocer resultados desfavorables al poder establecido y a prolongar por la fuerza el mandato del propio GUILLERMO LASSO o imponer otra cosa parecida. En medió de esa situación Lasso ha declarado que de “ninguna manera van a entregar el Estado al crimen organizado, aunque se disfrace de partidismo”. Las variantes dependen de cómo pinten las cosas en los próximos días.

El nivel satánico, repetitivo y orquestado, de la pérfida propaganda contra Correa y el correísmo, implicándolos en ese asesinato y tildándolos además de NARCO-SOCIALISMO, a buen entendedor le deja claro que el neo-fascismo local e internacional están decidido a impedir por la fuerza la vuelta del correÍsmo al gobierno del Ecuador.

Están empecinados en evitar que le pase con Correa lo que le pasó con LULA y en aplicar la fórmula empleada contra CRISTINA KIRCHNER en grado superlativo, aún a costa de un trauma político social de imprevisibles consecuencias.

Los hechos, por demás, dejan como importante lección que, si bien hay que rechazar enérgicamente el veto imperial y oligárquico a las diferentes variantes de llamado progresismo -incluso hasta a las débilmente reformadoras- éstas han resultado sumamente insuficientes, y demasiado complacientes,} con el neofascismo y los poderes fácticos, para vencer definitivamente al enemigo de los pueblos y transformar estas injustas sociedades.

Es imperioso pues, para evitar el caos prolongado y manipulable, profundizar los cambios, radicalizar las transformaciones, hacer nuevas revoluciones y sembrar socialismo de verdad.

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Opinión

La democracia no es sólo electoral.

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Por José Cabral

Lo dicho por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en el sentido de que tras el cierre definitivo del proceso electoral, el país puede exhibir cada vez más el fortalecimiento del sistema democrático como una referencia regional.

Esta expresión del presidente del órgano comicial se inscribe en lo que siempre se pregona, pero que no pasa de ser un enunciado que en realidad no se corresponde con la verdad.

La JCE todavía es un verdadero desastre, aunque en asuntos puntuales parece haber cumplido con algunas formalidades, como, por ejemplo, unas votaciones relativamente ordenadas, lo cual es un logro de hace ya muchos años.

Pero hablar de avances democráticos evidentemente que es una cuestión relativa, porque este sistema luce muy rezagado y para hacer un análisis realista de la democracia habría que tomar en cuenta muchas otras aristas.

La verdad es que la democracia dominicana es todavía muy de papel, la cual entraña una serie de falencias que muy difícilmente con el comportamiento que tienen los actores políticos se pueda llegar a un punto en el que se acabe la frase más común en el país de que el modelo político avanza y se fortalece.

Escuchar afirmaciones como las de Román Jáquez confirma de que el país sólo sabe manejarse con la creación de una percepción que representa un verdadero engaño, una mentira.

Hay que ser muy atrevido para hablar de un proceso electoral enteramente democrático, transparente e íntegro, cuando todo el mundo sabe que el mismo está lleno de trampas, de compra de votos y de todo tipo de fraudes.

La Junta Central Electoral (JCE) está llena de tantas deficiencias que tal vez sea una de las peores instancias de la débil democracia nacional.

Ahí es muy poco el control que existe, tanto es así que su funcionamiento representa una vergüenza nacional, donde no hay control de nada, absolutamente de nada, a menos que no sea de la organización puntual de unas elecciones llenas de problemas.

Hay que parar que se digan cosas que cuando se ven en los medios de comunicación no deja otra impresión de que el dominicano nada en la mentira y la manipulación.

Cuando la JCE examine y proceda en contra de los que más dañan el sistema electoral y toda la democracia, entonces se podrá usar el lenguaje de que el país camina hacia una forma más creíble y de mayor fortalecimiento institucional.

De otra manera se trata de una verdadera vacuencia, que nadie cree y que los resultados son el mejor desmentido de una democracia que sólo existe en el papel, no en los hechos.

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Opinión

República Dominicana: Por ahora… un país a la deriva

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Por Isaías Ramos

Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha disfrutado de un supuesto crecimiento económico notable, impulsado por las remesas de los dominicanos en el exterior, un endeudamiento preocupante, una economía de vitrina, el auge del turismo y las zonas francas. Sin embargo, este «progreso» no ha sido suficiente para superar las vulnerabilidades estructurales de una economía extremadamente dependiente del entorno internacional.

La industria nacional, incapaz de convertirse en competitiva a nivel internacional o de satisfacer la demanda interna, sufre debido a un suministro eléctrico caro e ineficaz, leyes laborales que parecen reliquias del pasado y un sistema de seguridad social ajeno al bienestar colectivo. Esto refleja la falta de voluntad política para buscar un desarrollo económico y social que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Educación (66-97), que, aunque virtuosa y creadora de grandes expectativas, finalmente solo ha dejado decepción y frustración en la población.

No obstante, es en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plasma la visión de país que aspiramos construir antes del año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, gestionando y aprovechando sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global”.

Esta estrategia de desarrollo, elaborada desde el 2008 y convertida en ley en el 2012, a pesar de estar sustentada en el espíritu de un Estado Social y Democrático de Derecho, permite abrir ventanas a un neoliberalismo que ha logrado imponerse, bloqueando toda posibilidad de promover e implementar la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.

A esto se suma un alarmante endeudamiento, una educación que ha dado la espalda a la formación en principios cívicos y valores morales, exacerbada por métodos de perversión, una inseguridad ciudadana desbordada y un sistema de impunidad que perpetúa la corrupción a niveles alarmantes, debilitando la confianza en las instituciones.

Ante este panorama, el gobierno actual ha propuesto 12 reformas, la mayoría ya contempladas en dicha ley. Es imperativo para el gobierno, antes de llevar a cabo la mayoría de estas reformas, restaurar la credibilidad del Estado y ganar la confianza de los ciudadanos con medidas y reformas reales hacia el bienestar colectivo.

Reformas como el código laboral, la seguridad social y del sector eléctrico para adecuarlas al Estado Social y Democrático de Derecho son impostergables con el objetivo de evitar continuar profundizando la miseria y el endeudamiento económico y social al que este modelo neoliberal ha sometido a la población.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que un Estado Social y Democrático de Derecho no es compatible con un modelo económico neoliberal; por lo tanto, las reformas contempladas en la Ley 1-12 deben realizarse acorde a ese espíritu constitucional y a esa visión del país que todos soñamos vivir, y así encaminar a la nación hacia un futuro próspero y equitativo. ¡Es el momento de demostrar que podemos construir ese país que no solo «crezca», sino que también mejore la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

Los Derechos del Acusado ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho esta obviamente centrado en el  enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce en el apoyo  a un proceso  penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho esta igualmente fundamentada, sin embargo , en la manera en que las personas acusadas  son llevadas ante la Corte Penal Internacional. El proceso  para alcanzar el objetivo  incluye la garantía de un  debido proceso  para todas las personas acusadas.

Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa  fuerte e independiente. La garantía de los derechos del imputado  es esencial para el establecimiento de un  proceso de defensa  fuerte, y los Estados  Partes podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal en el futuro, para asegurar  que sus prácticas referentes a los imputados  tomen en cuenta la jurisprudencia de la CPI en esta área. Delo contrario podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la CPI.

Uno de los objetivos del sistema  internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas  y evitar los actos de retribución  colectiva. Para que esto suceda ,  los procedimientos de juicio  deberán respetar los derechos  del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho  de hacer uso.

Deberá haber un debido proceso , o los miembros del grupo de la persona  acusada se percibirán  ultrajados por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

Los artículos 55 y 67 del Estatuto de Roma enumeran los derechos generales de las personas acusadas, y  estos derechos afectan  los procedimientos de competencia del Estado de detención  o custodia.

Los derechos y las obligaciones  que se mencionara están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,y particularmente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son obligatorios para la mayoría de los Estados  Miembros de las Naciones Unidas.

El artículo 67 del Estatuto de Roma establece claramente que deberá existir plena igualdad entre la defensa y la Fiscalía en cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional. Por ende, el Estatuto de Roma enfatiza el principio de igualdad de poderes.

A la luz de los derechos del sospechoso establecidos tanto en el artículo 55 como en el artículo 67 del Estatuto de Roma, es esencial para llevar a cabo un procedimiento justo  y efectivo que se garanticen y protejan  estos derechos a lo largo de todo el proceso.

Es recomendable que al arrestar o detener a  una persona el Estado respete todos los derechos estipulados en el artículo 55 para que se garantice el debido proceso, y se evite agravar el proceso en el caso de una revisión  judicial.

El artículo 54 del Estatuto de Roma establece que el Fiscal deberá respetar plenamente los derechos de las personas dispuestos por el Estatuto. Esto significa que las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la Fiscalía durante las investigaciones en el lugar de los hechos, y cumplir con cualquier requisito que permita que la investigación descubra tanto prueba vinculante como exculparte para presentar ante la CPI.

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