Opinión
Ecuador: desgarrado por una oculta trama imperial neofascista
Por Narciso isa Conde
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles 9 de agosto del 2023, en un alevoso ataque que se le atribuye a sicarios colombianos, a quienes a su vez las derechas -para satanizar- le asignan maliciosamente vínculos con el expresidente Rafael Correa y su corriente partidaria.
De entrada, para aproximarnos a lo que está detrás de ese acontecimiento político estremecedor, es muy útil recoger algunos datos sobre quién fue Fernando Villavicencio y cuál ha sido su trayectoria. Y con esos fines destaco estas informaciones tomadas de un reportaje de la agencia EFE (libre de sospecha de izquierdismo y de antiimperialismo), de fecha 10-08-2023, titulado: “¿Quién es Fernando Villavicencio? Un polémico periodista enemigo de Rafael Correa:”
• TRAYECTORIA DE VILLAVICENCIO.
Villavicencio, de 59 años, “fue en su juventud sindicalista y asesoró a la federación de trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas.”
Él representó “una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país.”
También, como “amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción; sentencia que Correa tilda de persecución política.”
En el periodo en que Correa ejercía la presidencia del país, Fernando Villavicencio “fue condenado a 18 meses de prisión por supuestas injurias contra Correa, pero evitó la cárcel y estuvo prófugo hasta que logró la prescripción”.
Meses después, “tras refugiarse en Estados Unidos, Villavicencio impulsó nuevas denuncias contra Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China”.
Más tarde, disuelta la Asamblea Legislativa y luego de él dejar de ejercer la diputación,” “se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto”, con el propósito de “evitar que el correísmo vuelva al poder.
Villavicencio, “que en muchos casos criticó a Lasso, también lo defendió” y algunos de sus rivales lo consideraban “como el candidato encubierto del oficialismo”, algo de lo que él renegó.
Esa trayectoria y actitudes nos inclinan a pensar que él y su Movimiento Construcción representaron una fórmula auspiciada por un sector de poder de EEUU y de la gran burguesía ecuatoriana, para relevar al presidente Lasso, impidiendo a la vez la vuelta del correismo al gobierno.
• MOTIVOS OCULTOS DE LA MANIOBRA CRIMINAL.
El examen a profundidad de la dramática crisis ecuatoriana y del impacto del operativo criminal contra Fernando Villavicencio, precedido de otros, no debe separarse de una serie de antecedentes políticos en cadena, que ayudan a entender mejor y a desentrañar los motivos ocultos de esa dramática determinación.
El gobierno de GUILLERMO LASSO -precedido de la traición de Lenin Moreno y de su desastroso ejercicio gubernamental- posibilitó un auge extraordinario de la narco-corrupción, acompañado de una alta complicidad del Estado, elites financieras y derechas políticas tuteladas por EEUU.
Se impuso así, en una escala sin precedentes, el poder de los carteles vinculados al tráfico de drogas, operando en el Ecuador principalmente hacia Europa, pero también hacia EEUU, desde los países productores vecinos (Colombia, Perú y Bolivia), a través del Océano Pacifico; todo esto acompañado de una significativa expansión del lavado de dinero sucio y de los trajines de la narco-política-ecuatoriana y regional para copar el poder estatal.
Al mismo tiempo, LASSO, en su condición de connotado factor político del capital financiero, consumó el viraje hacia el ultra neoliberalismo y hacía una severa recolonización bajo el dominio de EEUU; en el marco de un capitalismo mundial gansterizado y particularmente contaminado por la alta rentabilidad del negocio de las drogas ilícitas.
Ese viraje iniciado por Lenin Moreno, necesitó satanizar progresivamente al Presidente Rafael Correa, más allá de lo que concierne a los controversiales actos de corrupción de algunos de sus colaboradores y a las consecuencias de sus debilidades en el abordaje de los planes de sedición contra-reformadora.
Necesitó, sobre todo, judicializar la gestión política de Correa, en tanto representó defensa de soberanía, autodeterminación, cambios constitucionales profundamente democráticos, determinadas reformas sociales, alianzas con los países del ALBA y participación del Ecuador en los procesos pro independencia de la Patria Grande; sin olvidar la exitosa lucha por el retiro de la base militar de Manta, que ahora la derecha pro-imperialista procura restablecer.
El anti correísmo fue la bandera impuesta por Washington a todas las derechas abiertas y encubiertas del Ecuador, como lo fue el anti chavismo en Venezuela.
Los imperios son rencorosos y la represalia por el retiro de la base de Manta y por el rol continental de Correa en el contexto de la oleada pro-independencia continental del nuevo siglo, es pétrea y de profundo calado.
Es muy significativo que la embestida política contra Correa fuera tempranamente asumida por el candidato asesinado, Fernando Villavicencio, siempre en el contexto de su intrépida y peligrosa lucha contra los carteles de la droga y de sus fuertes vínculos con la EMBAJADA estadounidense; relaciones de dependencia que lo llevaron a desviar contra ese nuevo liderazgo latinoamericanista, acusaciones sin bases reales, incluidas fantasiosas conexiones con la narco-corrupción y el crimen organizado. Algo común a todo el espectro derechista tutelado por EE. UU y muy propio de la línea mercadológica de esa súper-potencia.
Por su parte, LASSO, no debidamente enfrentado por Villavicencio, no tardó en mostrar su esencia ultra conservadora y entreguista, y su proclividad a la corrupción; al punto de ser enjuiciado y condenado por el Congreso Nacional; lo que lo llevó a recurrir a la maniobra de la “muerte cruzada”, a la disolución de la Asamblea Legislativa y a la convocatoria de elecciones adelantadas para este 20 de agosto. Una especie de autogolpe, todavía en franco despliegue.
De inmediato todas las derechas y su poderosa maquinaria mediática y empresarial, con el Coloso del Norte a la cabeza, las enfilaron para potenciar la satanización de Correa y el correísmo; y una parte de ella se concentró en promover al Movimiento Construcción y a su candidato.
Sin embargo, el producto electorero previo al asesinato de Villavicencio, realmente no fue lo esperado por sus padrinos del Norte. Su candidatura quedó muy atrás, mientras la candidata del correísmo, Luisa González, siguió puntera en las encuestas.
Eso explica por qué el poder imperial y sus socios ecuatorianos y regionales optaron por crear una gran crisis, sacrificando la vida de Villavicencio y sin importarle los sufrimientos de sus familiares y amigos. Bien se ha dicho que el gran capital no tiene ni amigos ni aliados permanentes. ¡Solo intereses, muy espurios por cierto!
Está cada vez más claro que se ejecutó un operativo que tiene todas las características de ASESINATO POLÍTICO Y DE ESTADO, y no simplemente un crimen de mafias comunes.
Hasta la propia familia de Villavicencio habla de eso, sin reflexionar que si trata de asesinato de Estado –y realmente lo es- nada tiene que ver RAFAEL CORREA con ese repudiable acontecimiento; quien -además de atribuírselo justamente a la degradación del poder establecido- ha condenado el método y expresado su sentir a los familiares, dejando a un lado ríspidas controversias pasadas.
Basta observar las características del automóvil, la desprotección física (sin casco, sin chaleco…) la conducta de la policía y la manera de investigar, para detectar las complicidades de Estado y de sus cuerpos policiales-militares. Y para colmo la ejecución por la policía del sicario que jugó el rol de matador y el pedido de intervención FBI en las investigaciones, procuran presentar resultados amañados que protejan a los autores intelectuales del crimen.
Todo esto está en marcha bajo una declaración de Estado de excepción por 60 días, que implica negación de derechos y de garantías constitucionales y régimen dictatorial, lo que impide realizar unos comicios mínimamente democráticos
Es una maniobra despótica, neofascista, evidentemente destinada a impedir o prostituir las elecciones del próximo 20 de agosto para imponer una de las facciones de derecha, o a desconocer resultados desfavorables al poder establecido y a prolongar por la fuerza el mandato del propio GUILLERMO LASSO o imponer otra cosa parecida. En medió de esa situación Lasso ha declarado que de “ninguna manera van a entregar el Estado al crimen organizado, aunque se disfrace de partidismo”. Las variantes dependen de cómo pinten las cosas en los próximos días.
El nivel satánico, repetitivo y orquestado, de la pérfida propaganda contra Correa y el correísmo, implicándolos en ese asesinato y tildándolos además de NARCO-SOCIALISMO, a buen entendedor le deja claro que el neo-fascismo local e internacional están decidido a impedir por la fuerza la vuelta del correÍsmo al gobierno del Ecuador.
Están empecinados en evitar que le pase con Correa lo que le pasó con LULA y en aplicar la fórmula empleada contra CRISTINA KIRCHNER en grado superlativo, aún a costa de un trauma político social de imprevisibles consecuencias.
Los hechos, por demás, dejan como importante lección que, si bien hay que rechazar enérgicamente el veto imperial y oligárquico a las diferentes variantes de llamado progresismo -incluso hasta a las débilmente reformadoras- éstas han resultado sumamente insuficientes, y demasiado complacientes,} con el neofascismo y los poderes fácticos, para vencer definitivamente al enemigo de los pueblos y transformar estas injustas sociedades.
Es imperioso pues, para evitar el caos prolongado y manipulable, profundizar los cambios, radicalizar las transformaciones, hacer nuevas revoluciones y sembrar socialismo de verdad.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?