Opinión
Ecuador: desgarrado por una oculta trama imperial neofascista
Por Narciso isa Conde
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles 9 de agosto del 2023, en un alevoso ataque que se le atribuye a sicarios colombianos, a quienes a su vez las derechas -para satanizar- le asignan maliciosamente vínculos con el expresidente Rafael Correa y su corriente partidaria.
De entrada, para aproximarnos a lo que está detrás de ese acontecimiento político estremecedor, es muy útil recoger algunos datos sobre quién fue Fernando Villavicencio y cuál ha sido su trayectoria. Y con esos fines destaco estas informaciones tomadas de un reportaje de la agencia EFE (libre de sospecha de izquierdismo y de antiimperialismo), de fecha 10-08-2023, titulado: “¿Quién es Fernando Villavicencio? Un polémico periodista enemigo de Rafael Correa:”
• TRAYECTORIA DE VILLAVICENCIO.
Villavicencio, de 59 años, “fue en su juventud sindicalista y asesoró a la federación de trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas.”
Él representó “una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país.”
También, como “amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción; sentencia que Correa tilda de persecución política.”
En el periodo en que Correa ejercía la presidencia del país, Fernando Villavicencio “fue condenado a 18 meses de prisión por supuestas injurias contra Correa, pero evitó la cárcel y estuvo prófugo hasta que logró la prescripción”.
Meses después, “tras refugiarse en Estados Unidos, Villavicencio impulsó nuevas denuncias contra Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China”.
Más tarde, disuelta la Asamblea Legislativa y luego de él dejar de ejercer la diputación,” “se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto”, con el propósito de “evitar que el correísmo vuelva al poder.
Villavicencio, “que en muchos casos criticó a Lasso, también lo defendió” y algunos de sus rivales lo consideraban “como el candidato encubierto del oficialismo”, algo de lo que él renegó.
Esa trayectoria y actitudes nos inclinan a pensar que él y su Movimiento Construcción representaron una fórmula auspiciada por un sector de poder de EEUU y de la gran burguesía ecuatoriana, para relevar al presidente Lasso, impidiendo a la vez la vuelta del correismo al gobierno.
• MOTIVOS OCULTOS DE LA MANIOBRA CRIMINAL.
El examen a profundidad de la dramática crisis ecuatoriana y del impacto del operativo criminal contra Fernando Villavicencio, precedido de otros, no debe separarse de una serie de antecedentes políticos en cadena, que ayudan a entender mejor y a desentrañar los motivos ocultos de esa dramática determinación.
El gobierno de GUILLERMO LASSO -precedido de la traición de Lenin Moreno y de su desastroso ejercicio gubernamental- posibilitó un auge extraordinario de la narco-corrupción, acompañado de una alta complicidad del Estado, elites financieras y derechas políticas tuteladas por EEUU.
Se impuso así, en una escala sin precedentes, el poder de los carteles vinculados al tráfico de drogas, operando en el Ecuador principalmente hacia Europa, pero también hacia EEUU, desde los países productores vecinos (Colombia, Perú y Bolivia), a través del Océano Pacifico; todo esto acompañado de una significativa expansión del lavado de dinero sucio y de los trajines de la narco-política-ecuatoriana y regional para copar el poder estatal.
Al mismo tiempo, LASSO, en su condición de connotado factor político del capital financiero, consumó el viraje hacia el ultra neoliberalismo y hacía una severa recolonización bajo el dominio de EEUU; en el marco de un capitalismo mundial gansterizado y particularmente contaminado por la alta rentabilidad del negocio de las drogas ilícitas.
Ese viraje iniciado por Lenin Moreno, necesitó satanizar progresivamente al Presidente Rafael Correa, más allá de lo que concierne a los controversiales actos de corrupción de algunos de sus colaboradores y a las consecuencias de sus debilidades en el abordaje de los planes de sedición contra-reformadora.
Necesitó, sobre todo, judicializar la gestión política de Correa, en tanto representó defensa de soberanía, autodeterminación, cambios constitucionales profundamente democráticos, determinadas reformas sociales, alianzas con los países del ALBA y participación del Ecuador en los procesos pro independencia de la Patria Grande; sin olvidar la exitosa lucha por el retiro de la base militar de Manta, que ahora la derecha pro-imperialista procura restablecer.
El anti correísmo fue la bandera impuesta por Washington a todas las derechas abiertas y encubiertas del Ecuador, como lo fue el anti chavismo en Venezuela.
Los imperios son rencorosos y la represalia por el retiro de la base de Manta y por el rol continental de Correa en el contexto de la oleada pro-independencia continental del nuevo siglo, es pétrea y de profundo calado.
Es muy significativo que la embestida política contra Correa fuera tempranamente asumida por el candidato asesinado, Fernando Villavicencio, siempre en el contexto de su intrépida y peligrosa lucha contra los carteles de la droga y de sus fuertes vínculos con la EMBAJADA estadounidense; relaciones de dependencia que lo llevaron a desviar contra ese nuevo liderazgo latinoamericanista, acusaciones sin bases reales, incluidas fantasiosas conexiones con la narco-corrupción y el crimen organizado. Algo común a todo el espectro derechista tutelado por EE. UU y muy propio de la línea mercadológica de esa súper-potencia.
Por su parte, LASSO, no debidamente enfrentado por Villavicencio, no tardó en mostrar su esencia ultra conservadora y entreguista, y su proclividad a la corrupción; al punto de ser enjuiciado y condenado por el Congreso Nacional; lo que lo llevó a recurrir a la maniobra de la “muerte cruzada”, a la disolución de la Asamblea Legislativa y a la convocatoria de elecciones adelantadas para este 20 de agosto. Una especie de autogolpe, todavía en franco despliegue.
De inmediato todas las derechas y su poderosa maquinaria mediática y empresarial, con el Coloso del Norte a la cabeza, las enfilaron para potenciar la satanización de Correa y el correísmo; y una parte de ella se concentró en promover al Movimiento Construcción y a su candidato.
Sin embargo, el producto electorero previo al asesinato de Villavicencio, realmente no fue lo esperado por sus padrinos del Norte. Su candidatura quedó muy atrás, mientras la candidata del correísmo, Luisa González, siguió puntera en las encuestas.
Eso explica por qué el poder imperial y sus socios ecuatorianos y regionales optaron por crear una gran crisis, sacrificando la vida de Villavicencio y sin importarle los sufrimientos de sus familiares y amigos. Bien se ha dicho que el gran capital no tiene ni amigos ni aliados permanentes. ¡Solo intereses, muy espurios por cierto!
Está cada vez más claro que se ejecutó un operativo que tiene todas las características de ASESINATO POLÍTICO Y DE ESTADO, y no simplemente un crimen de mafias comunes.
Hasta la propia familia de Villavicencio habla de eso, sin reflexionar que si trata de asesinato de Estado –y realmente lo es- nada tiene que ver RAFAEL CORREA con ese repudiable acontecimiento; quien -además de atribuírselo justamente a la degradación del poder establecido- ha condenado el método y expresado su sentir a los familiares, dejando a un lado ríspidas controversias pasadas.
Basta observar las características del automóvil, la desprotección física (sin casco, sin chaleco…) la conducta de la policía y la manera de investigar, para detectar las complicidades de Estado y de sus cuerpos policiales-militares. Y para colmo la ejecución por la policía del sicario que jugó el rol de matador y el pedido de intervención FBI en las investigaciones, procuran presentar resultados amañados que protejan a los autores intelectuales del crimen.
Todo esto está en marcha bajo una declaración de Estado de excepción por 60 días, que implica negación de derechos y de garantías constitucionales y régimen dictatorial, lo que impide realizar unos comicios mínimamente democráticos
Es una maniobra despótica, neofascista, evidentemente destinada a impedir o prostituir las elecciones del próximo 20 de agosto para imponer una de las facciones de derecha, o a desconocer resultados desfavorables al poder establecido y a prolongar por la fuerza el mandato del propio GUILLERMO LASSO o imponer otra cosa parecida. En medió de esa situación Lasso ha declarado que de “ninguna manera van a entregar el Estado al crimen organizado, aunque se disfrace de partidismo”. Las variantes dependen de cómo pinten las cosas en los próximos días.
El nivel satánico, repetitivo y orquestado, de la pérfida propaganda contra Correa y el correísmo, implicándolos en ese asesinato y tildándolos además de NARCO-SOCIALISMO, a buen entendedor le deja claro que el neo-fascismo local e internacional están decidido a impedir por la fuerza la vuelta del correÍsmo al gobierno del Ecuador.
Están empecinados en evitar que le pase con Correa lo que le pasó con LULA y en aplicar la fórmula empleada contra CRISTINA KIRCHNER en grado superlativo, aún a costa de un trauma político social de imprevisibles consecuencias.
Los hechos, por demás, dejan como importante lección que, si bien hay que rechazar enérgicamente el veto imperial y oligárquico a las diferentes variantes de llamado progresismo -incluso hasta a las débilmente reformadoras- éstas han resultado sumamente insuficientes, y demasiado complacientes,} con el neofascismo y los poderes fácticos, para vencer definitivamente al enemigo de los pueblos y transformar estas injustas sociedades.
Es imperioso pues, para evitar el caos prolongado y manipulable, profundizar los cambios, radicalizar las transformaciones, hacer nuevas revoluciones y sembrar socialismo de verdad.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?