Santo Domingo.- En la solicitud de medida de coerción, el ministerio público acusa al empresario Eddy Santana Zorrilla de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa en contra del Estado dominicano, a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), cuya actuaciones ilícitas fueron las que provocaron el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.Nacionales
Eddy Santana está acusado de asociación de malhechores, estafa y corrupción administrativa
Santo Domingo.- En la solicitud de medida de coerción, el ministerio público acusa al empresario Eddy Santana Zorrilla de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa en contra del Estado dominicano, a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), cuya actuaciones ilícitas fueron las que provocaron el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.Los delitos por los cuales se solicita un año de prisión preventiva contra el empresario, están sancionados en los artículos 265, 266, 405, del Código Penal, y el artículo 3 de la Ley 448 de Soborno en el Comercio y la Inversión, en perjuicio del Estado dominicano.
Este sábado, la jueza Ariela Cedano, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste pospuso para el próximo martes, 24 de octubre, el conocimiento de la medida de coerción, a fin de que la defensa de las partes conozcan y estudien el expediente.
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público precisa que el imputado Eddy Santiago Santana Zorrilla es suplidor de la OMSA desde el año 2012, en el inicio de la gestión del ingeniero Manuel Rivas.
El ex director de la OMSA fue enviado a prisión preventiva por un año, como medida de coerción, por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, junto con otros dos implicados, José Antonio Mercado (El Grande) y el coronel de la Policía y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, mientras que está prófugo Argenis Contreras.
Los hechos
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público narra que a final de septiembre del 2017, el empresario Santana Zorrilla se reunió con el entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, en el despacho del funcionario, con el fin de plantearle que el abogado Yuniol Ramírez Ferreras había interpuesto un recurso de amparo en contra de la institución y de su director, exigiendo que le sean entregadas documentaciones relativas a licitaciones y compras de distintas empresas de mantenimiento, reparación y ventas de equipos, en base a la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Indica que dentro de las informaciones que solicitaba el abogado a la OMSA y que fueron negadas por dicha institución, estaba la documentación sobre las licitaciones de las empresas suplidoras del Estado Tech Solution E.K.R, y Grupo Martisdom SRL, propiedad de Eddy Santana Zorrilla y Rosary Hernández Santana, esta última sobrina del empresario. En el documento, el Ministerio Público dice que ambas empresas responden al imputado, en atención a sus niveles de inversión en las mismas.
Relata que en la reunión, Rivas y Santana Zorrilla acordaron que el último buscaría la forma de reunirse con el abogado Ramírez Ferreras, para convencerlo, haciendo las diligencias que fueran necesarias a los fines de que retirara la instancia de amparo depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Puntualiza que el empresario quedó en contacto con el coronel Faustino Rosario Díaz, gerente financiero de la OMSA (preso por el caso) para poder coordinar todo lo relacionado con el pago, debido a que el entonces director saldría del país unos días después.
Puntualiza que como consecuencia de esa tarea asignada, Santana Zorrilla se puso en contacto con Leonardo Adames, a fin de saber si conocía a Yuniol, manifestándole que necesitaba conocerle. Agrega que esa gestión resultó positiva, por lo que Leonardo coordinó una reunión con los tres para el 2 de octubre del 2017, en el lobby del Hotel El Embajador. A partir de esa fecha, dice la solicitud de medida de coerción, inician los contactos, reuniones y conversaciones telefónicas entre Eddy y Yuniol.
“En fecha 4 de octubre del 2017, Yuniol Ramírez Ferrreras le externó al señor Eddy Rafael Santana Zorrilla, en una reunión que sostuvieron en el restaurant Cienfuegos, del Hotel Jardines del Embajador, a eso de las 3:00., aproximadamente, que retiraría la demanda si le entregaba la suma de cuatro millones de pesos(…)” , dicen los fiscales en el documento. Según la instancia, dos millones de pesos eran para la supuestas personas que le mandaron a introducir la demanda y dos millones para él y su equipo, y que acordaron hacer de esa manera y fijando fecha del pago para el 6 de octubre del 2017, después de una negociación que inició con el requerimiento de dos millones de pesos y 100,000 dólares.
Conforme a la solicitud de coerción, el 6 de octubre del 2017, Eddy llegó a la estación de combustible Texaco de la avenida Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, del Distrito Nacional, seguido de Argenis Contreras González (prófugo), para reunirse con Yuniol, quien llegó minutos más tarde, a quien, según la instancia, le entregaron un millón de pesos y que acordaron darle los tres restantes tres millones luego de que desistiera de la demanda.
“Todo esto fue observado por Argenis Contreras González, desde su vehículo, nunca enterándose el occiso (Yuniol) de que Argenis se encontraba presente en esa reunión, a quien conocía, puesto que Argenis y Yuniol habían sostenido varios encuentros desde mediados de agosto del año 2017, en las instalaciones del club de profesores de la UASD “, señala el documento.
Pruebas
En la solicitud, depositada el viernes 20 de octubre en el Tribunal de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público presenta como elementos de prueba 42 documentos, 16 testimonios tanto de funcionarios y empleados de la OMSA, como de representantes de las empresas del imputado, un dvd que contiene el video de seguridad, y tres vehículos.
En la solicitud de medida de coerción no interviene la fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, que ha dirigido el caso de los involucrados en el asesinato del abogado Yuniol Ramírez. Está firmada por los fiscales Paula Margarín, Pedro Medina, César Augusto Veloz, Felbelys Rosario, Miguel Collado, Jonathan Pérez , Melbin Romero y Arolin Lemos.
listindiario.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.