Santo Domingo.- En la solicitud de medida de coerción, el ministerio público acusa al empresario Eddy Santana Zorrilla de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa en contra del Estado dominicano, a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), cuya actuaciones ilícitas fueron las que provocaron el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.Nacionales
Eddy Santana está acusado de asociación de malhechores, estafa y corrupción administrativa
Santo Domingo.- En la solicitud de medida de coerción, el ministerio público acusa al empresario Eddy Santana Zorrilla de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa en contra del Estado dominicano, a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), cuya actuaciones ilícitas fueron las que provocaron el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.Los delitos por los cuales se solicita un año de prisión preventiva contra el empresario, están sancionados en los artículos 265, 266, 405, del Código Penal, y el artículo 3 de la Ley 448 de Soborno en el Comercio y la Inversión, en perjuicio del Estado dominicano.
Este sábado, la jueza Ariela Cedano, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste pospuso para el próximo martes, 24 de octubre, el conocimiento de la medida de coerción, a fin de que la defensa de las partes conozcan y estudien el expediente.
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público precisa que el imputado Eddy Santiago Santana Zorrilla es suplidor de la OMSA desde el año 2012, en el inicio de la gestión del ingeniero Manuel Rivas.
El ex director de la OMSA fue enviado a prisión preventiva por un año, como medida de coerción, por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, junto con otros dos implicados, José Antonio Mercado (El Grande) y el coronel de la Policía y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, mientras que está prófugo Argenis Contreras.
Los hechos
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público narra que a final de septiembre del 2017, el empresario Santana Zorrilla se reunió con el entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, en el despacho del funcionario, con el fin de plantearle que el abogado Yuniol Ramírez Ferreras había interpuesto un recurso de amparo en contra de la institución y de su director, exigiendo que le sean entregadas documentaciones relativas a licitaciones y compras de distintas empresas de mantenimiento, reparación y ventas de equipos, en base a la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Indica que dentro de las informaciones que solicitaba el abogado a la OMSA y que fueron negadas por dicha institución, estaba la documentación sobre las licitaciones de las empresas suplidoras del Estado Tech Solution E.K.R, y Grupo Martisdom SRL, propiedad de Eddy Santana Zorrilla y Rosary Hernández Santana, esta última sobrina del empresario. En el documento, el Ministerio Público dice que ambas empresas responden al imputado, en atención a sus niveles de inversión en las mismas.
Relata que en la reunión, Rivas y Santana Zorrilla acordaron que el último buscaría la forma de reunirse con el abogado Ramírez Ferreras, para convencerlo, haciendo las diligencias que fueran necesarias a los fines de que retirara la instancia de amparo depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Puntualiza que el empresario quedó en contacto con el coronel Faustino Rosario Díaz, gerente financiero de la OMSA (preso por el caso) para poder coordinar todo lo relacionado con el pago, debido a que el entonces director saldría del país unos días después.
Puntualiza que como consecuencia de esa tarea asignada, Santana Zorrilla se puso en contacto con Leonardo Adames, a fin de saber si conocía a Yuniol, manifestándole que necesitaba conocerle. Agrega que esa gestión resultó positiva, por lo que Leonardo coordinó una reunión con los tres para el 2 de octubre del 2017, en el lobby del Hotel El Embajador. A partir de esa fecha, dice la solicitud de medida de coerción, inician los contactos, reuniones y conversaciones telefónicas entre Eddy y Yuniol.
“En fecha 4 de octubre del 2017, Yuniol Ramírez Ferrreras le externó al señor Eddy Rafael Santana Zorrilla, en una reunión que sostuvieron en el restaurant Cienfuegos, del Hotel Jardines del Embajador, a eso de las 3:00., aproximadamente, que retiraría la demanda si le entregaba la suma de cuatro millones de pesos(…)” , dicen los fiscales en el documento. Según la instancia, dos millones de pesos eran para la supuestas personas que le mandaron a introducir la demanda y dos millones para él y su equipo, y que acordaron hacer de esa manera y fijando fecha del pago para el 6 de octubre del 2017, después de una negociación que inició con el requerimiento de dos millones de pesos y 100,000 dólares.
Conforme a la solicitud de coerción, el 6 de octubre del 2017, Eddy llegó a la estación de combustible Texaco de la avenida Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, del Distrito Nacional, seguido de Argenis Contreras González (prófugo), para reunirse con Yuniol, quien llegó minutos más tarde, a quien, según la instancia, le entregaron un millón de pesos y que acordaron darle los tres restantes tres millones luego de que desistiera de la demanda.
“Todo esto fue observado por Argenis Contreras González, desde su vehículo, nunca enterándose el occiso (Yuniol) de que Argenis se encontraba presente en esa reunión, a quien conocía, puesto que Argenis y Yuniol habían sostenido varios encuentros desde mediados de agosto del año 2017, en las instalaciones del club de profesores de la UASD “, señala el documento.
Pruebas
En la solicitud, depositada el viernes 20 de octubre en el Tribunal de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público presenta como elementos de prueba 42 documentos, 16 testimonios tanto de funcionarios y empleados de la OMSA, como de representantes de las empresas del imputado, un dvd que contiene el video de seguridad, y tres vehículos.
En la solicitud de medida de coerción no interviene la fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, que ha dirigido el caso de los involucrados en el asesinato del abogado Yuniol Ramírez. Está firmada por los fiscales Paula Margarín, Pedro Medina, César Augusto Veloz, Felbelys Rosario, Miguel Collado, Jonathan Pérez , Melbin Romero y Arolin Lemos.
listindiario.com
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.