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Eduardo dice Milagros debe disculparse con Miguel por vincularlo a corrupción
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El abogado y dirigente perredeísta Eduardo Jorge Prats declaró que la familia perredeísta y el pueblo dominicano están esperando que la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch pida disculpas públicas a Miguel Vargas Maldonado, por haber ligado el nombre del presidente del Partido Revolucionario Dominicano con el caso de corrupción conocido como Marbella, ocurrido en el ayuntamiento español del mismo nombre.
Jorge Prats dijo que Ortiz Bosch fue una de las personas que se hicieron eco de lo que calificó de “calumnioso involucramiento Miguel Vargas en el denominado caso de corrupción Marbella, ocurrido en España”, y comparó la denuncia con la que recientemente hizo un grupo de perredeístas sobre supuestas irregularidades en un préstamo otorgado por el Banco de Reservas a una empresa del presidente del PRD.
«Ese caso de corrupción fue conocido de manera definitiva y en su conocimiento, que duró años y fueron juzgados y condenados los involucrados, ni siquiera fue mencionado el nombre del político y empresario Miguel Vargas», precisó.
Jorge Prats trajo a colación el caso Marbella y el involucramiento de Ortiz Bosch entre quienes se hicieron eco en República Dominicana de la supuesta participación de Vargas en el sonado escándalo, para argumentar que se trata de una situación similar al intento del grupo que adversa al presidente del PRD por presentar el empréstito que obtuvo una de sus empresas con el Banco de Reservas como algo pecaminoso.
Recordó que Milagros Ortiz Bosch fue la vocera en esta última denuncia.
«En realidad, son parte de todo tipo de recursos que se han usado y se están usando para atacar a Miguel porque representa el cambio generacional en el PRD, la sustitución de varias generaciones de dirigentes que tienen 40 y 50 años ostentando los cargos de dirección en el partido y los puestos de representación del Estado», expresó.
«Esos dirigentes, que actúan bajo la jefatura de Hipólito Mejía, se resisten ferozmente a ceder sus espacios al nuevo liderazgo del PRD», dijo al ser entrevistado esta mañana por Pedro Caba y Héctor Tineo en Diario del 4, por CERTEVE.
Al referirse a la información de que en representación del grupo que dirige Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch y Luis Abinader acudirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar la situación relacionada con la defensa de sus posiciones en la crisis del PRD, Jorge Prats puso en dudas que ese organismo que se maneja con la agenda interamericana se dedique a conocer un conflicto estrictamente vinculado a la lucha interna que se libra en el PRD por la definición de su liderazgo.
Resaltó que Miguel Vargas Maldonado ha salido ampliamente ganancioso en las contiendas internas, mientras que Hipólito Mejía y compartes han perdido en todos los escenarios.
Jorge Prats dijo que los jóvenes dirigentes perredeístas que siguen a Hipólito Mejía deben recuperar la perspectiva de que en el PRD el proceso del relevo del liderazgo generacional lo representa Vargas Maldonado, quien desde las últimas convenciones ha venido impulsando a una gran cantidad de jóvenes y mujeres que hoy ostentan posiciones de dirección en el partido y en las representaciones del PRD en el Congreso y los ayuntamientos.
«En cambio Hipólito ya fue presidente de la República, reformó la Constitución para tratar de reelegirse, ha sido candidato en 3 de las ultimas 4 elecciones y se mueve para ser candidato presidencial en el 2016, entaponando la sucesión del liderazgo y las opciones presidenciales del partido», afirmó.
«Para el PRD ha sido una verdadera desgracia, que algunos que debieron estar junto a Miguel impulsando el relevo, estén bajo el mandato de Hipólito apoyando el entaponamiento y el retraso», afirmó.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.