Opinión
Educación y carácter: deuda que RD no puede posponer
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
De esta forma , la competencia ratione materiae de la Corte Penal Internacional se limita a investigar y perseguir a aquellas personas que hayan cometido , según el Artículo 1 del Estatuto de Roma ,´´los crímenes más graves de trascendencia internacional´´ mientras que la Corte Internacional de Justicia no juzga crímenes internacionales dado que es competente para juzgar cualquier controversia de carácter internacional que sea sometida por los Estados Partes de conformidad al Artículo 366 de su Estatuto.
En relación a los sujetos de derecho internacional involucrados en los procesos contenciosos que conocen ambos tribunales, cabe señalar que en el caso de la Corte Penal Internacional, el ejercicio de su competencia se realiza solo cuando un Estado Parte remite al Fiscal una situación en que parezca haberse uno o varios de los crímenes de competencia de la Corte; si el Consejo de Seguridad remite al Fiscal una situación, actuando conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, o cuando el Fiscal ha iniciado una investigación de oficio respecto de un crimen internacional.
En el caso de la Corte Internacional de Justicia , solo los Estados Parte en su Estatuto pueden presentar un caso ante ella de conformidad con lo que establece su Artículo 34, párrafo 1, De esta forma, se observa que en materia de locus standi ante estos tribunales, quedan excluidos de sus respectivas competencias contenciosas los individuos.
Caso especial es el de la actuación de las organizaciones internacionales frente la Corte Penal Internacional si se tiene en consideración que las Naciones Unidas actúan a través del Consejo de Seguridad .
Por otro lado, también existen diferencias en relación al sujeto de derecho cuya responsabilidad puede ser declarada por estos tribunales. La Corte Penal Internacional en ejercicio de su competencia contenciosa puede declarar la responsabilidad de individuos mientras que la Corte Internacional de Justicia solo puede declarar la responsabilidad de Estados.
Sobre la base de las consideraciones precedentes, es posible definir en qué ámbito se presenta la relación entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. En ese orden se pueden definir dos ámbitos en los que se verifican las relaciones entre ambos tribunales. En primer lugar el ámbito normativo y en segundo lugar el ámbito jurisprudencial.
Con relación al ámbito normativo es preciso tener como referencia el Artículo 119 del Estatuto de Roma que establece una cláusula relativa a la solución de controversias según la cual:
Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte Penal Internacional serán dirimidas por ella.
Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Parte respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones
En un plazo de tres meses contado desde el comienzo de la controversia será sometida a la Asamblea de los Estados Parte.
Por Oscar López Reyes
La presencia de gais, lesbianas, bisexuales, intersexuales, transgéneros, pangéneros, asexuales y otras categorías no binarias (LGBTQIA+) en la imitativa televisión y en su orgullosa caravana anual, columpiando un lenguaje pornográfico y gestos alegres con efectos visuales camaleónicos, ha dimanado en un espectáculo de risas, confirmatorio de que integrantes de esa comunidad no acaban por controlar sus desparpajos.
La inobservancia y los desacatos confusionistas son tan impertinentes en la irreverencia que la lésbica Alicia Anabel Santos Díaz llegó a la osadía de alterar las letras del Himno Nacional con el texto titulado “Pájaros, Lesbianas y Queers ¡A volar!”, que puso en circulación en la Ciudad Colonial. Fue arrestada y el 2 de enero de 2026 condenada con una medida de coerción: presentación periódica, por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, en atención a una denuncia elevada por el Instituto Duartiano y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.
Los derechos humanos y sexuales no se reivindican respingando fastidiosamente contra los símbolos de la patria y los analíticos desaprobatorios, ni con la desfachatez de los guiños y pitillos, las lentejuelas, encajes y escotes, pañuelos anudados al cuello, pintalabios, pantalones provocativos y otros looks de la línea masculina.
Esas excentricidades indica que estamos frente a ciudadanos con serios desarreglos emocionales y conductuales, un desencadenamiento de la interacción de predisposiciones genéticas, hormonales y macroambientales, que ameritan un tratamiento profesional; persuasión y consideración de sus semejantes.
Para que sean respetados, como se merecen en virtud de su condición de seres humanos, ellos tienen que moderarse y canalizar sus reclamos por otra pasarela que no provoque burlas; buscar ayudas espirituales del clero y de pastores, y no imitar las inaceptables pruebas del exembajador de Estados Unidos, James “Willy” Brewster (14 de noviembre de 2013 a 20 de enero de 2017), quien junto a “su marido” se ponía a la vista de alumnos de escuelas y en el 2025 tuvo el atrevimiento de “casar” a miembros de su convivencia.
La diferencia olfatea sin sutileza. Médicos, abogados, arquitectos y profesionales de otras áreas son reservados, muestran modales ejemplares, pertenecen a grupos ecuménicos y confiesan que le hubiera gustado tener una familia y no estar sometidos a los vaivenes de la segregación. Un galeno testificó que estudió su carrera luego que se retirara de la casa de formación inicial o etapa propedéutica, disgustado por asuntos nocturnos que no quiso revelar.
Otros hacen ver sus portes y ademanes con finuras. “El profesor no me trata como una dama” y “Hoy no estoy en condiciones de tomar el examen, porque me siento tan indispuesta que creo que estoy embarazada”, expresaron con seriedad dos estudiantes, mientras que otro desafió a su profesor y asistió –arropado con indumentarias de mujer- a una actividad a la cual no fue invitado, porque se resistía a vestir como indica el protocolo de eventos de instituciones oficiales y privadas.
En 1952, el comportamiento de los grupos de minorías sexuales fue definido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) como un “trastorno sociopático de la personalidad”, y en el siglo XXI varió la patologización de la homosexualidad: no la encaja como una enfermedad psiquiátrica, “sino simplemente como una identidad de género”, rebosante de angustia.
Influenciada ahora por la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (AGLP o LGBTQ) y otros grupos satélites, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) despatologizó la homosexualidad y la recategorizó como normal en la diversidad de variables biológicas, cognitivas y ambientales (crianza en el primer y tercer año de existencia terrenal o traumas, como violaciones), y señaló que el agente primario de riesgo para la disfunción de la salud mental en personas LGBTQ+ radica en el discrimen social, el oprobio y el rechazo.
Al margen de estos factores, tenemos que subrayar que caerle a trompadas o patadas, dar una golpiza, descuartizar o calcinar a homosexuales se patentiza como hechos abominables. Estos tienen derecho a la vida, y a que se les respete y respalde en sus estudios. Varios se han graduado con honores.
Favorece espiritualmente evitar el pánico gay o la homofobia, y cuando marchan lesbianas, afeminados, bisexuales y transgéneros no hacer como el Ángel de los Solteros de Puerto Rico, que hace unos años atacó físicamente y mató a seis estos.
Más que incitar a la violencia, tenemos que promover el amor y la paz, y guiarnos, y a la vez desechar, términos de la Biblia. Existe un número reducido de textos que han sido interpretados –sobre todo en la teología conservadora- como un pecado grave sobre la relación carnal de personas del mismo sexo, porque la palabra homosexual no aparece en la Biblia original. Tampoco figura “Maricón” (adjetivo despectivo) y mucho menos Gay, un anglicismo (inglés) proveniente del francés gai (alegre o vivaz) y castellanizada como adjetivo y sustantivo gái, no géi.
Citemos dos versículos del Antiguo Testamento, que son una prohibición a las prácticas homosexuales: «No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer» (Levítico 18:22), y «Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos, y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame.» (Levítico 20:13).
Y el Nuevo Testamento señala, en génesis 1:27, que Dios creó al ser humano “Varón y Hembra”. “Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza; y, de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Estos serán castigados como Reyes por el resto de la eternidad” (Romanos 1,26-27).
Además de ir contra la naturaleza, es horrible observar a dos hombres llenos de barbas besarse delante de un niño que han adoptado. El derecho se ha ido tan lejos que se está torciendo.
Por consiguiente, no podemos ver con buenos ojos la tendencia que se está imponiendo en distintos países de aceptar los matrimonios gái, y menos que el sospechoso Tribunal Constitucional dominicano emitiera (noviembre de 2025) una sentencia para eliminar la prohibición del sexo gái en las Fuerzas Armadas y la Policía, y que el exembajador estadounidense James “Willy” Brewster no se haya conformado con bañarse -cada sábado en la noche- con su “esposo” y directivos de la asociación dominicana LGBTQ+ en la piscina de la legación diplomática, y que se haya abrogado la ilegal atribución de “casar” a una pareja de “esposos”.
Lastimosamente, crece la población de personas (ronda el 5%), particularmente jóvenes de las hiperconectadas generaciones Z, Millennials y Alfa, que se autoidentifican con la orientación opuesta a su sexo biológico, saliendo del clóset con una espantosa visibilidad y un lenguaje que atropella el idioma español: “elle”. Todas estas distorsiones generacionales, que cada vez gozan de más aceptación, atentan contra los valores tradicionales de la familia y de la sociedad, que con esa tendencia serían destruidas como Sodoma y Gomorra.
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
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18 de enero de 2026.
Por Isaías Ramos
En la República Dominicana, cada vez que un gobierno anuncia una “nueva etapa”, muchos ciudadanos ya conocen el libreto: nuevos rostros, nuevas consignas y las mismas preguntas sin respuesta. No es escepticismo; es memoria política.
En una democracia madura, una nueva etapa se inaugura con rendición de cuentas: qué se hizo, qué no, y quién responde. Aquí suele operar como un punto y aparte artificial: pasar página sin leer el capítulo anterior. No se trata de reformar; se trata de olvidar.
También hemos alimentado una figura peligrosa: el presidente impoluto. No un administrador temporal del Estado, sino una autoridad moral casi infalible, a la que se le exigen pocas explicaciones y se le conceden lealtades máximas. Bajo ese mito, la crítica se interpreta como traición y el error como conspiración.
El resultado es previsible: los fracasos se diluyen en el contexto; la corrupción se reduce a “casos aislados”; el endeudamiento se vende como inevitabilidad técnica; y las políticas fallidas regresan con otro nombre. Todo cambia para que, en el fondo, nada esencial sea explicado.
Por eso la “nueva etapa” suele venir con cambios de gabinete, relanzamientos discursivos y una intensa producción de mensajes. Cuando el poder no quiere rendir cuentas, administra percepciones: sustituye la explicación por la narrativa, el balance por la consigna y la responsabilidad por el maquillaje.
El daño mayor no es la indignación ciudadana —esa moviliza— sino el nihilismo cívico. Si la gente siente que nunca sabrá qué ocurrió realmente, deja de exigir; no por satisfacción, sino por agotamiento. Se desconecta y evita la política como quien evita una conversación tóxica.
Y surge la pregunta incómoda: ¿en qué momento la resignación comenzó a parecer sensatez? ¿Cuánto de ese silencio ha sido también nuestra forma de adaptarnos al engaño?
Ese retiro abre el quiebre más peligroso. Cuando la ciudadanía abandona la arena pública, el espacio lo ocupan los extremos, los mesías y los justicieros que prometen “poner orden” sin reglas ni límites. El vacío moral no produce reformas; produce autoritarismos.
El problema de fondo es aún más incómodo. En las últimas tres décadas, el país no ha sido gobernado solo por buenos o malos gobiernos, sino por un sistema político que ha capturado progresivamente los principales poderes del Estado y los poderes fácticos que deberían equilibrarlo. Cuando esa captura se consolida, la alternancia deja de ser cambio y se vuelve rotación: se discuten estilos y rostros, pero no la arquitectura real del poder ni los incentivos que la sostienen.
Un sistema así no se sostiene únicamente por la voluntad de quienes gobiernan. Se sostiene por la normalización social de los abusos y por la fragmentación deliberada de la ciudadanía. Mientras esa realidad siga siendo tabú —mientras la verdad se negocie o se posponga— cualquier “relanzamiento” será cosmético.
No habrá liberación posible mientras esta verdad siga siendo esquivada. La primera condición del cambio no es la indignación, sino la conciencia colectiva de que el problema es estructural. La segunda es la unidad en torno a un proyecto de nación, no para conquistar el poder, sino para recuperarlo para la ciudadanía, conforme a la Constitución.
El Estado Social y Democrático de Derecho no es una consigna: es una promesa incumplida. Sus principios —legalidad, separación de poderes, dignidad humana y participación ciudadana— no pueden materializarse mientras el sistema se beneficie del cinismo, la fragmentación y la desesperanza organizada. El desafío, entonces, no es “cambiar de etapa”, sino romper el secuestro del Estado sin destruir la República.
Un país no se fortalece protegiendo al poder de las consecuencias, sino estableciendo reglas que lo obliguen a responder. Exigir cuentas no es desestabilizar; es estabilizar sobre bases legítimas. Sin rendición de cuentas, cualquier “nueva etapa” es maquillaje. Sin verdad, no hay confianza; y sin confianza, no hay ciudadanía activa.
Por eso la salida no comienza con líderes providenciales ni con estallidos emocionales, sino con conciencia cívica organizada. Antes de disputar el poder, una sociedad debe recuperar claridad sobre el país que quiere ser, y comprender de qué necesita liberarse y para qué.
El desafío de este momento no es creer en una “nueva etapa”, sino construir un proyecto de nación anterior y superior al régimen que hoy administra el poder: un proyecto anclado en la Constitución, en el Estado Social y Democrático de Derecho y en los valores que dieron origen a la República.
En esa dirección, el Foro y Frente Cívico y Social continuará trabajando con mayor firmeza y presencia en todo el territorio nacional para impulsar el despertar de la conciencia colectiva, promover el debate honesto y articular una ciudadanía que no renuncie a la verdad ni a su responsabilidad histórica. No para imponer una consigna, sino para elevar el estándar: exigir explicaciones, resultados y límites al poder como condición mínima de vida democrática.
La conciencia colectiva no es un estado de ánimo; es una responsabilidad histórica. Cada generación decide si hereda resignación o dignidad. Hoy, la nuestra está siendo observada. Sin conciencia compartida no habrá liberación posible. Con ella, el cambio deja de ser una consigna y comienza a convertirse en una posibilidad real.
Despierta RD!