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EE.UU. impulsa ley que permite apresar por tiempo indefinido a ciudadanos
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La posible restauración de esta ley permitiría que las autoridades del gobierno de Barack Obama puedan detener a quienes consideren sospechosos, incluso ciudadanos estadounidenses, y mantenerlos cautivos, sin juicio, en cárceles militares.
El Gobierno De Estados Unidos ha apelado con éxito la resolución de un tribunal que prohibía la detención indefinida de sospechosos sin la necesidad de abrirles un proceso judicial, restaurando la polémica ley que, incluso, contradice estatutos de la propia Constitución Nacional.
La restauración de esta ley permitiría que las autoridades del gobierno de Barack Obama puedan detener a quienes consideren sospechosos, incluso ciudadanos estadounidenses, y mantenerlos cautivos sin juicio en las cárceles militares.
Esta metodología no es nueva, ya que tiene décadas aplicándose en la tristemente célebre cárcel ubicada en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
La disposición forma parte de la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), promulgada, en primera instancia, por el presidente Obama en el año 2011.
De esta manera, dicha norma jurídica amplía aún más los poderes de vigilancia de varias instituciones estadounidenses, permitiendo que las fuerzas militares nacionales pueda apresar a cualquier persona extranjera, combatiente o no, en cualquier lugar del mundo.
El especialista en Derecho Civil Ron Kuby declaró a la agencia iraní Press TV que se trata de “otro golpe a las libertades civiles”, insistiendo en que #otorga el Gobierno y sus fuerzas militares demasiada autoridad”.
Por su parte, el juez de Distrito Katherine Forrest fue despedido la semana pasada por su oposición al reglamento, pues declaró la norma como inconstitucional, argumentando que viola las enmiendas primera y quinta de la Carta Magna.
La administración Obama, sin embargo, apeló la sentencia, con el alegato que dicha decisión judicial “ponía en peligro las operaciones militares de EE.UU. en todo el mundo”.
En ese sentido, el juez de apelaciones Raymond Lohier acordó con el Gobierno esta semana y finalmente levantó la prohibición, exponiendo que los estadounidenses en el exterior son vulnerables a cualquier acto terroristas.
Grupos internacionales de derechos humanos insisten en que más de 700 personas en todo el mundo han sido secuestradas por las autoridades estadounidenses y transportadas a centros de detención en diferentes naciones.
La práctica, a menudo referida como Rendition (interpretación), atrajo la atención internacional con el especial caso de Khaled El Masri, un ciudadano alemán que fue torturado en Afganistán durante meses, antes de ser liberado en 2004, sin cargo alguno en su contra.
Varios expertos legales estadounidenses destacan, por su parte, que incluso los ciudadanos estadounidenses ahora pueden enfrentarse a una situación similar, sin importar dónde residan.
La lucha, sin embargo, está lejos de haber terminado , pues la entrada en vigencia de esta ley sólo sería efectiva después del 28 de septiembre, cuando el Gobierno estadounidense tendrá que defenderla ante tres jueces en un panel de apelaciones.