Texas, Estados Unidos.-Las familias de migrantes de México y Centroamérica buscaban desesperadamente noticias de sus seres queridos mientras las autoridades comenzaban el martes la tarea de identificar a 51 personas que murieron tras ser abandonadas en un tractocamión sin aire acondicionado bajo el sofocante calor de Texas.Internacionales
EE.UU.: Suman 51 los muertos hallados en camión
Se trata de la tragedia con mayor número de víctimas fatales durante una operación de tráfico de migrantes desde México
Texas, Estados Unidos.-Las familias de migrantes de México y Centroamérica buscaban desesperadamente noticias de sus seres queridos mientras las autoridades comenzaban el martes la tarea de identificar a 51 personas que murieron tras ser abandonadas en un tractocamión sin aire acondicionado bajo el sofocante calor de Texas.Se trata de la tragedia con mayor número de víctimas fatales durante una operación de tráfico de migrantes desde México.
Informó que el vehículo había pasado por un retén de la Patrulla Fronteriza al noreste de Laredo, Texas, en la carretera interestatal 35. No sabía si había migrantes dentro del camión cuando pasó por el retén.
Los investigadores rastrearon el registro del camión hasta una residencia en San Antonio y detuvieron a dos hombres originarios de México por posesión de armas, según las denuncias penales presentadas por la fiscalía federal.
Las denuncias no hacen ninguna acusación específica relacionada con las muertes.
Los cadáveres fueron descubiertos el lunes por la tarde en las afueras de San Antonio cuando un empleado municipal escuchó un grito de auxilio desde el camión estacionado en una solitaria carretera secundaria y encontró la macabra escena en su interior, informó el jefe de policía William McManus.
Horas más tarde se podían ver las bolsas con cadáveres sobre el suelo del lugar.
Más de una docena de personas, cuyos cuerpos estaban extremadamente calientes, fueron trasladadas a hospitales, incluyendo cuatro niños. La mayoría de las víctimas eran varones, indicó.
El número de muertos es el más alto jamás registrado en un incidente de tráfico de personas en Estados Unidos, según Craig Larrabee, agente especial en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.
“Esto es un horror que supera todo lo que hemos vivido antes”, lamentó el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg. “Y lamentablemente era una tragedia prevenible”.
El presidente Joe Biden calificó las muertes en Texas de “horripilantes y desgarradoras”.
“Explotar a individuos vulnerables por dinero es vergonzoso, al igual que lo son las politiquerías relacionadas con cualquier tragedia, y mi gobierno continuará haciendo todo lo posible para impedir que contrabandistas y traficantes se aprovechen de personas que tratan de ingresar a Estados Unidos entre los puertos de entrada”, dijo Biden en un comunicado.
Las autoridades desconocían los países de origen de todos los migrantes y desde cuándo se encontraban abandonados en el camino.
Para el martes por la tarde, los médicos forenses habían identificado potencialmente a 34 de las víctimas, pero estaban tomando otras medidas, como huellas dactilares, para confirmar sus identidades, dijo la comisionada del condado Bexar, Rebeca Clay-Flores.
Se cree que 27 de los muertos son de origen mexicano por los documentos que llevaban, según Rubén Minutti, cónsul general de México en San Antonio. Varios sobrevivientes se encontraban en estado crítico, con lesiones tales como daño cerebral y hemorragias internas, añadió.
Al menos otros siete eran guatemaltecos y dos hondureños, tuiteó Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Unas 30 personas se pusieron en contacto con el consulado de México en busca de sus seres queridos, dijeron los funcionarios.
Las autoridades confirmaron que uno de los mexicanos sobrevivientes es José Luis Guzmán Vázquez, de 32 años y originario de San Miguel Huautla, en el estado de Oaxaca, según Aida Ruiz García, directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Guzmán sufrió deshidratación y recibe atención en un hospital de San Antonio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Un primo, Alejandro López, dijo que su familia trabajaba en la agricultura y construcción y migró por necesidad.
Los intentos de cruzar la frontera de México a Estados Unidos se han cobrado miles de vidas en ambos países en las últimas décadas.
Las autoridades fronterizas estadounidenses están deteniendo migrantes en la frontera sur con más frecuencia que en cualquier otro momento en al menos dos décadas. Hubo casi 240,000 detenciones de migrantes en mayo, un tercio más que hace un año.
Las comparaciones con los niveles previos a la pandemia son complicadas porque los migrantes expulsados de Estados Unidos bajo una orden de salud pública conocida como Título 42 no enfrentan consecuencias legales, lo que fomenta la repetición de intentos.
Las autoridades dicen que el 25% de los encuentros en mayo fueron con personas que ya habían sido detenidas al menos una vez en el año previo.
El sur de Texas ha sido durante mucho tiempo la zona más transitada para cruces ilegales de la frontera. Las autoridades estadounidenses descubren camiones con migrantes en su interior “casi a diario”, dijo Larrabee.
Los migrantes suelen pagar entre 8,000 y 10,000 dólares para que los lleven a través de la frontera, los carguen en un camión y los lleven a San Antonio, donde los transfieren a vehículos más pequeños para sus destinos finales en diversas partes de Estados Unidos, indicó.
Las condiciones varían mucho, incluyendo la cantidad de agua que reciben los pasajeros y si se les permite llevar teléfonos móviles, dijo Larrabee.
Las autoridades creen que el camión descubierto el lunes tenía problemas mecánicos cuando fue dejado junto a una vía férrea en una zona de San Antonio rodeada de desguaces cerca de una autopista muy transitada, dijo Nelson Wolff, juez del condado de Bexar y el principal funcionario público local.
“Lo acababan de aparcar a un lado de la carretera”, afirmó.
En los últimos años, San Antonio ha sido un escenario recurrente de tragedias relacionadas con migrantes en camiones de carga.
Diez migrantes murieron en 2017 luego de quedar atrapados dentro de un camión estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003, los cuerpos de 19 migrantes fueron hallados en un camión al sureste de la ciudad.
Más de 50 migrantes fueron encontrados vivos en un tráiler en 2018, conducido por un hombre que dijo que le pagarían 3,000 dólares y que fue sentenciado a más de cinco años de prisión.
Se han producido otros incidentes trágicos mucho antes de que los migrantes lleguen a la frontera.
En diciembre, más de 50 murieron cuando un camión que los trasportaba volcó en una autopista en el sur de México. En octubre, las autoridades mexicanas informaron haber descubierto a 652 migrantes en seis camiones cerca de la frontera. Fueron detenidos en un retén militar.
Aquellas personas que fueron trasladadas a hospitales estaban calientes al tacto y deshidratadas. No se encontró agua dentro del tráiler, dijo el jefe de bomberos, Charles Hood.
“Sufrían de golpes de calor y fatiga”, dijo Hood. “Se trataba de un tractocamión refrigerado, pero no se pudo encontrar una unidad de aire acondicionado funcionando dentro de ese remolque”.
Las temperaturas del lunes en San Antonio rondaban los 38 grados Celsius (100 °Fahrenheit).
Los tractocamiones se convirtieron en un popular método de contrabando a principios de la década de 1990 tras el reforzamiento de la vigilancia fronteriza en San Diego y El Paso, Texas.
Antes de eso, las personas pagaban una pequeña cantidad a operadores menores, por lo general una pareja, para que los llevaran del otro lado de una frontera apenas resguardada. Después que los cruces se volvieron exponencialmente más complicados tras los ataques terroristas de 2001, los migrantes eran movidos por terrenos más peligrosos y tenían que desembolsar miles de dólares adicionales.
Algunos activistas relacionaron el incidente a las medidas fronterizas del gobierno de Biden. Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el American Immigration Council, escribió que tenía meses temiendo que se presentara una tragedia de esta magnitud.
“Con la frontera tan cerrada como se encuentra hoy día para los migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, las personas se han visto obligadas a tomar rutas cada vez más peligrosas”, escribió en Twitter.
Durante una vigilia realizada bajo la lluvia el martes por la tarde en un parque de San Antonio, muchos de los más de 50 presentes expresaron tristeza, frustración y molestia por los fallecimientos y por lo que describieron como un sistema migratorio defectuoso.
“Vi que pasó esto, y era algo que no tenía que pasar. Si hubiera una mejor forma para que las personas hispanas y negras entraran de manera segura, no tendrían que pasar por estas medidas desesperadas”, dijo la residente de San Antonio, Debbie Ponce.
Ha habido más de 2 millones de expulsiones de migrantes —principalmente de México, Guatemala, Honduras y El Salvador— bajo una norma relacionada con la pandemia y vigente desde marzo de 2020 que les niega la posibilidad de solicitar asilo.
El gobierno de Biden planeaba poner fin a la política, pero un juez federal en Luisiana bloqueó su intento en mayo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó 557 fallecimientos en la frontera suroeste en un periodo de 12 meses que concluyó el 30 de septiembre, más del doble de los 247 registrados en el año previo y la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 1998. La mayoría de los decesos estuvieron relacionados con la exposición al calor.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Este sábado, un ciudadano chino fue rescatado de un túnel de Upper Trishuli-1, en Rasuwa, en una operación conjunta del Ejército nepalí y un equipo surcoreano, apenas un día después de que otros dos trabajadores fueran encontrados vivos en Upper Trishuli 3A tras permanecer atrapados desde el 26 de agosto.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
Las operaciones avanzan ya hacia su segunda semana, en unas condiciones que obligan en algunos puntos a abrirse paso metro a metro bajo tierra, pero los rescates de las últimas horas han impedido que el paso del tiempo cierre todavía la posibilidad de encontrar a más personas con vida.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.