Latinoamericanas
EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región
BOGOTÁ.- Mientras que el número de ejecutados en EE.UU. desde 1976 pasó hoy de 1.632 a 1.633 con la aplicación al reo mexicano Edgar Tamayo de una inyección letal en Texas, en Latinoamérica la pena de muerte está abolida o no se aplica en la mayoría de los países.
Tamayo, de 46 años, fue ejecutado a las 21.32 hora local de este miércoles (03.32 GMT del jueves) en la cárcel de Huntsville (Texas), confirmaron las autoridades de la prisión.
Según testigos presenciales de la ejecución, el reo mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense en 1994 y cuyos abogados interpusieron recursos de última hora que fueron rechazados por la Corte Suprema de EE.UU., declinó decir unas últimas palabras antes de la inyección letal que acabó con su vida.
El Gobierno de México lamentó este miércoles la ejecución de Tamayo y reiteró que la decisión representa un desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictado en 2004 sobre el llamado «Caso Avena», que alude al régimen de asistencia y protección consular a los detenidos acordado entre los países.
Las tres últimas ejecuciones en América Latina tuvieron lugar en Cuba en 2003, cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
Cuba, que ha aplicado una «moratoria» de facto a las ejecuciones desde entonces, y Guatemala, donde las últimas ejecuciones, con inyección letal, datan del año 2000, son los únicos de la región donde la pena capital está vigente para delitos comunes.
En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha aplicado en las últimas décadas.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una empresaria.
Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.
En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena de 50 años de cárcel.
En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, aunque no se aplica.
Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.
Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar, aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.
En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.
En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997,sin embargo, existe la llamada «justicia comunitaria» que aplican las comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin un juicio previo.
En Chile la máxima condena se mantiene para los tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, cuando fueron ejecutados los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados en Viña del Mar.
En México, la pena de muerte se encuentra totalmente abolida y la última ejecución, en el fuero militar, sucedió en 1961. Otro país que también la eliminó fue Argentina en 2008.
Pese al panorama abolicionista en América Latina, muchos de sus ciudadanos han sido condenados a muerte en EE.UU.
Gobiernos y organizaciones en contra de la máxima pena han exigido al país del norte que elimine esa práctica que va en contra vía de las legislaciones de los países latinoamericanos.
Es así como en 2008 la CIJ ordenó a EE.UU. la revisión y reposición del caso de Tamayo y de otros cuatro de los 50 afectados por el «caso Avena», a quienes no se les brindó el derecho de asistencia consular al ser detenidos en ese país y enfrentaron sin una garantía a su debido proceso a la justicia estadounidense.
Dos ya han sido ejecutados y Tamayo se convirtió el miércoles en el tercero.
Estados Unidos aún no ha acatado las sentencias de la CIJ sobre ese particular, ya que esos fallos no aplican a los estados federados como es el caso de Texas, donde Tamayo fue ejecutado.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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