Latinoamericanas
EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región
BOGOTÁ.- Mientras que el número de ejecutados en EE.UU. desde 1976 pasó hoy de 1.632 a 1.633 con la aplicación al reo mexicano Edgar Tamayo de una inyección letal en Texas, en Latinoamérica la pena de muerte está abolida o no se aplica en la mayoría de los países.
Tamayo, de 46 años, fue ejecutado a las 21.32 hora local de este miércoles (03.32 GMT del jueves) en la cárcel de Huntsville (Texas), confirmaron las autoridades de la prisión.
Según testigos presenciales de la ejecución, el reo mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense en 1994 y cuyos abogados interpusieron recursos de última hora que fueron rechazados por la Corte Suprema de EE.UU., declinó decir unas últimas palabras antes de la inyección letal que acabó con su vida.
El Gobierno de México lamentó este miércoles la ejecución de Tamayo y reiteró que la decisión representa un desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictado en 2004 sobre el llamado «Caso Avena», que alude al régimen de asistencia y protección consular a los detenidos acordado entre los países.
Las tres últimas ejecuciones en América Latina tuvieron lugar en Cuba en 2003, cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
Cuba, que ha aplicado una «moratoria» de facto a las ejecuciones desde entonces, y Guatemala, donde las últimas ejecuciones, con inyección letal, datan del año 2000, son los únicos de la región donde la pena capital está vigente para delitos comunes.
En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha aplicado en las últimas décadas.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una empresaria.
Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.
En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena de 50 años de cárcel.
En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, aunque no se aplica.
Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.
Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar, aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.
En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.
En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997,sin embargo, existe la llamada «justicia comunitaria» que aplican las comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin un juicio previo.
En Chile la máxima condena se mantiene para los tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, cuando fueron ejecutados los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados en Viña del Mar.
En México, la pena de muerte se encuentra totalmente abolida y la última ejecución, en el fuero militar, sucedió en 1961. Otro país que también la eliminó fue Argentina en 2008.
Pese al panorama abolicionista en América Latina, muchos de sus ciudadanos han sido condenados a muerte en EE.UU.
Gobiernos y organizaciones en contra de la máxima pena han exigido al país del norte que elimine esa práctica que va en contra vía de las legislaciones de los países latinoamericanos.
Es así como en 2008 la CIJ ordenó a EE.UU. la revisión y reposición del caso de Tamayo y de otros cuatro de los 50 afectados por el «caso Avena», a quienes no se les brindó el derecho de asistencia consular al ser detenidos en ese país y enfrentaron sin una garantía a su debido proceso a la justicia estadounidense.
Dos ya han sido ejecutados y Tamayo se convirtió el miércoles en el tercero.
Estados Unidos aún no ha acatado las sentencias de la CIJ sobre ese particular, ya que esos fallos no aplican a los estados federados como es el caso de Texas, donde Tamayo fue ejecutado.
Latinoamericanas
Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
Latinoamericanas
Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.
Agencia EFE
San Juan.-La comisionada residente en Washington de Puerto Rico, Jenniffer González, quien será la próxima gobernadora de la isla tras vencer en las elecciones de este martes, según los resultados parciales, es una abogada acostumbrada a hacer historia en política.
González ha sido la primera candidata mujer a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y, el próximo enero, de confirmarse la tendencia, se convertirá en la segunda gobernadora electa de la isla.
Con más del 80 % de los colegios de votación contabilizados, González obtiene el 39,63 % de los votos, seguida del candidato de la Alianza de País, el independentista Juan Dalmau, con el 32,34 %.
Nacida en San Juan en 1976, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego una maestría en Derecho y un doctorado en la Universidad Interamericana.
La más joven en varios cargos de liderato
Destacó desde sus inicios en las filas del PNP y la política local como representante por acumulación en la Cámara, donde en 2009 se convirtió en la presidenta más joven de la historia de Puerto Rico, con 32 años.
Fue reelegida como legisladora en las elecciones de 2012, aunque el PNP perdió la mayoría en la Cámara, siendo seleccionada como portavoz del partido para el periodo 2013-2017.
Su ambición la llevó en 2016 a ser la primera mujer y la persona más joven en ser electa comisionada residente, que es el político que representa los intereses de la isla en el Congreso de Estados Unidos.
En junio pasado, venció en las primarias del PNP al actual gobernador, Pedro Pierluisi, y comenzó su carrera hacia el puesto más alto de poder en la isla con una campaña centrada en atacar a Dalmau.
Adalid de la ‘estadidad’
Desde su puesto de comisionada residente, González ha sido una firme defensora de la llamada ‘estadidad‘, es decir, la anexión de Puerto Rico a EE.UU. por la que aboga el PNP.
Uno de sus objetivos ha sido promover que el Congreso de Estados Unidos apruebe la celebración de un referéndum vinculante en la isla para que los puertorriqueños decidan un nuevo estatus político, diferente al Estado Libre Asociado.
El proyecto, todavía pendiente de aprobación en Washington, es que el plebiscito incluya las opciones de ‘estadidad’, independencia y soberanía en libre asociación.
«El único partido político que va a defender la ciudadanía americana, la relación con los Estados Unidos, para afianzarla más, es el Partido Nuevo Progresista», dijo González en el debate televisado durante la campaña electoral.
De hecho, las elecciones de este martes incluyeron una consulta de estatus no vinculante, en la que el 56,96 % de los votantes han optado por la ‘estadidad’.
En estos años, González ha centrado también sus esfuerzos en lograr el apoyo y la financiación federal para la reconstrucción de Puerto Rico, que quedó devastado tras el paso del huracán María en 2017.
Su trabajo en el Congreso se ha enfocado asimismo en patrocinar proyectos de ley relacionados con asuntos de veteranos, la salud y el alivio fiscal para Puerto Rico.