Latinoamericanas
EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región
BOGOTÁ.- Mientras que el número de ejecutados en EE.UU. desde 1976 pasó hoy de 1.632 a 1.633 con la aplicación al reo mexicano Edgar Tamayo de una inyección letal en Texas, en Latinoamérica la pena de muerte está abolida o no se aplica en la mayoría de los países.
Tamayo, de 46 años, fue ejecutado a las 21.32 hora local de este miércoles (03.32 GMT del jueves) en la cárcel de Huntsville (Texas), confirmaron las autoridades de la prisión.
Según testigos presenciales de la ejecución, el reo mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense en 1994 y cuyos abogados interpusieron recursos de última hora que fueron rechazados por la Corte Suprema de EE.UU., declinó decir unas últimas palabras antes de la inyección letal que acabó con su vida.
El Gobierno de México lamentó este miércoles la ejecución de Tamayo y reiteró que la decisión representa un desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictado en 2004 sobre el llamado «Caso Avena», que alude al régimen de asistencia y protección consular a los detenidos acordado entre los países.
Las tres últimas ejecuciones en América Latina tuvieron lugar en Cuba en 2003, cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
Cuba, que ha aplicado una «moratoria» de facto a las ejecuciones desde entonces, y Guatemala, donde las últimas ejecuciones, con inyección letal, datan del año 2000, son los únicos de la región donde la pena capital está vigente para delitos comunes.
En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha aplicado en las últimas décadas.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una empresaria.
Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.
En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena de 50 años de cárcel.
En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, aunque no se aplica.
Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.
Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar, aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.
En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.
En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997,sin embargo, existe la llamada «justicia comunitaria» que aplican las comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin un juicio previo.
En Chile la máxima condena se mantiene para los tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, cuando fueron ejecutados los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados en Viña del Mar.
En México, la pena de muerte se encuentra totalmente abolida y la última ejecución, en el fuero militar, sucedió en 1961. Otro país que también la eliminó fue Argentina en 2008.
Pese al panorama abolicionista en América Latina, muchos de sus ciudadanos han sido condenados a muerte en EE.UU.
Gobiernos y organizaciones en contra de la máxima pena han exigido al país del norte que elimine esa práctica que va en contra vía de las legislaciones de los países latinoamericanos.
Es así como en 2008 la CIJ ordenó a EE.UU. la revisión y reposición del caso de Tamayo y de otros cuatro de los 50 afectados por el «caso Avena», a quienes no se les brindó el derecho de asistencia consular al ser detenidos en ese país y enfrentaron sin una garantía a su debido proceso a la justicia estadounidense.
Dos ya han sido ejecutados y Tamayo se convirtió el miércoles en el tercero.
Estados Unidos aún no ha acatado las sentencias de la CIJ sobre ese particular, ya que esos fallos no aplican a los estados federados como es el caso de Texas, donde Tamayo fue ejecutado.
Agencia AFP
Caracas.-Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.
«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo Rodríguez en su juramento. «Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos».
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.
CARACAS.- Tras la conmoción inicial por los bombardeos estadounidenses en la madrugada de este 3 de enero, las calles de Caracas están en calma.
Ciudadanos han salido de sus hogares para abastecerse de alimentos y medicinas, así como para exigir la liberación inmediata e incondicional del presidente Nicolás Maduro, capturado en la víspera por fuerzas de EE.UU. y trasladado junto con su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar un juicio por cargos de narcotráfico.
Del mismo modo, tras la entrada en vigor del Decreto de Conmoción Exterior anunciado en la víspera por la encargada presidencial –y otrora vicepresidenta– Delcy Rodríguez, las denominadas “milicias populares” se han desplegado en distintos puntos de la capital para hacer patrullaje y velar por el control territorial.
Manifestaciones de apoyo
Este domingo –y en continuación con lo registrado la jornada anterior– ciudadanos recorrieron avenidas de Caracas para expresar su respaldo a Maduro, rechazar su captura y la de Flores, y exigir su liberación inmediata.
En contraste, no se han registrado manifestaciones de apoyo a la oposición, que promovió abiertamente la intervención militar estadounidense y la imposición de medidas coercitivas unilaterales como mecanismos para expulsar a Maduro del poder y obtener, por esa vía, el control de la institucionalidad del país bolivariano.
Trump aseguró que la opositora María Corina Machado no podrá asumir el liderazgo de Venezuela, argumentando que «no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país». En su lugar, dijo que podría trabajar con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Despliegue policial y de milicianos
En zonas del este de la ciudad, como Los Ruices, se observó la presencia de contingentes policiales y de milicianos, movilizados de conformidad con lo contemplado en el decreto de conmoción y las órdenes dictadas esta jornada por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
La noche del sábado, grupos comunitarios reportaron en las redes sociales el paso de caravanas motorizadas de patrullaje en urbanizaciones cercanas al centro histórico de Caracas.
La medida fue estimada como conveniente por la ciudadanía en razón del ataque cibernético que sufriera el sistema eléctrico venezolano en el contexto de la agresión estadounidense, pues algunas zonas de Caracas estuvieron a oscuras durante gran parte del sábado.
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Latinoamericanas
Petro amenaza con volver a tomar las armas para defender la soberanía de amenazas de Trump
Agencia Efe
Bogotá.– El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la «amenaza ilegítima» del mandatario estadounidense, Donald Trump.
«Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero», dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.
Reacciones y amenazas de Donald Trump contra Colombia
En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).
Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: «a mí me suena bien eso».
«No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso», afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.
«La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor», subrayó.
Según Petro, si Estados Unidos «detiene al presidente», como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.