Latinoamericanas
EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región
BOGOTÁ.- Mientras que el número de ejecutados en EE.UU. desde 1976 pasó hoy de 1.632 a 1.633 con la aplicación al reo mexicano Edgar Tamayo de una inyección letal en Texas, en Latinoamérica la pena de muerte está abolida o no se aplica en la mayoría de los países.
Tamayo, de 46 años, fue ejecutado a las 21.32 hora local de este miércoles (03.32 GMT del jueves) en la cárcel de Huntsville (Texas), confirmaron las autoridades de la prisión.
Según testigos presenciales de la ejecución, el reo mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense en 1994 y cuyos abogados interpusieron recursos de última hora que fueron rechazados por la Corte Suprema de EE.UU., declinó decir unas últimas palabras antes de la inyección letal que acabó con su vida.
El Gobierno de México lamentó este miércoles la ejecución de Tamayo y reiteró que la decisión representa un desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictado en 2004 sobre el llamado «Caso Avena», que alude al régimen de asistencia y protección consular a los detenidos acordado entre los países.
Las tres últimas ejecuciones en América Latina tuvieron lugar en Cuba en 2003, cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
Cuba, que ha aplicado una «moratoria» de facto a las ejecuciones desde entonces, y Guatemala, donde las últimas ejecuciones, con inyección letal, datan del año 2000, son los únicos de la región donde la pena capital está vigente para delitos comunes.
En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha aplicado en las últimas décadas.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una empresaria.
Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.
En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena de 50 años de cárcel.
En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, aunque no se aplica.
Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.
Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar, aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.
En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.
En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997,sin embargo, existe la llamada «justicia comunitaria» que aplican las comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin un juicio previo.
En Chile la máxima condena se mantiene para los tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, cuando fueron ejecutados los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados en Viña del Mar.
En México, la pena de muerte se encuentra totalmente abolida y la última ejecución, en el fuero militar, sucedió en 1961. Otro país que también la eliminó fue Argentina en 2008.
Pese al panorama abolicionista en América Latina, muchos de sus ciudadanos han sido condenados a muerte en EE.UU.
Gobiernos y organizaciones en contra de la máxima pena han exigido al país del norte que elimine esa práctica que va en contra vía de las legislaciones de los países latinoamericanos.
Es así como en 2008 la CIJ ordenó a EE.UU. la revisión y reposición del caso de Tamayo y de otros cuatro de los 50 afectados por el «caso Avena», a quienes no se les brindó el derecho de asistencia consular al ser detenidos en ese país y enfrentaron sin una garantía a su debido proceso a la justicia estadounidense.
Dos ya han sido ejecutados y Tamayo se convirtió el miércoles en el tercero.
Estados Unidos aún no ha acatado las sentencias de la CIJ sobre ese particular, ya que esos fallos no aplican a los estados federados como es el caso de Texas, donde Tamayo fue ejecutado.
Latinoamericanas
Fuerza internacional intensifica ofensiva contra bandas haitianas y advierte que mantendrá sus operaciones
Por Efe
La misión multinacional reafirmó su compromiso de combatir a las organizaciones criminales pese a la emboscada contra cuatro militares salvadoreños, mientras autoridades haitianas realizan operativos y buscan reforzar sus fuerzas de seguridad.
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que continuará sus operaciones contra las organizaciones criminales que mantienen bajo su control amplias zonas de Haití, pese a los recientes ataques contra integrantes de la misión internacional, incluido el incidente en el que desaparecieron cuatro militares salvadoreños.
Mediante una declaración difundida en la red social X, la fuerza multinacional reafirmó su determinación de contribuir al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad del país caribeño, advirtiendo que las acciones violentas de las bandas no detendrán el cumplimiento de su mandato.
El pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión por la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, quienes fueron emboscados por hombres armados en las afueras de Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre.
La GSF acompañó su mensaje con imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados, militares de Chad y personal salvadoreño participando en actividades de vigilancia aérea.
Operativos contra grupos armados en Puerto Príncipe
Mientras la misión internacional mantiene su ofensiva, la Policía Nacional de Haití continúa desarrollando intervenciones en sectores considerados estratégicos para las organizaciones criminales.
Según informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, durante la noche del domingo se ejecutó un operativo en el barrio Bel-Air, en Puerto Príncipe, que habría dejado varios presuntos integrantes de bandas armadas muertos.
La intervención estuvo dirigida contra una organización que operaba en ese sector y que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio haitiano, estaría relacionada con numerosos secuestros registrados en la capital.
Las autoridades buscan recuperar espacios ocupados por estructuras criminales que han limitado la movilidad de la población y afectado las actividades económicas y sociales.
Haití busca incorporar miles de nuevos militares
Paralelamente a las operaciones de seguridad, las Fuerzas Armadas haitianas iniciaron un proceso de selección de nuevos integrantes para fortalecer su capacidad institucional.
Alrededor de 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones intelectuales, de las cuales serán seleccionados aproximadamente 700 candidatos.
El proceso forma parte de un programa gubernamental que contempla incorporar 15,000 miembros a las Fuerzas Armadas durante los próximos tres años.
La iniciativa pretende ampliar la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y respaldar las acciones desarrolladas contra las organizaciones criminales.
Persiste incertidumbre sobre militares salvadoreños desaparecidos
La situación de los cuatro integrantes del contingente salvadoreño continúa generando preocupación internacional.
La GSF informó que recibió restos humanos cuya identidad no había sido establecida y que inicialmente se consideró que podrían corresponder a los militares desaparecidos.
Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó esa posibilidad, por lo que la identificación de los restos permanece pendiente de confirmación.
Las autoridades salvadoreñas han desplegado unidades especializadas para apoyar las operaciones de búsqueda y determinar el paradero de sus efectivos.
La emboscada representa uno de los acontecimientos más delicados enfrentados por la misión internacional en su lucha contra las organizaciones criminales haitianas.
Organización denuncia presuntos vínculos entre bandas y sectores de poder
En medio de las operaciones, la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (Rhajac) pidió al presidente salvadoreño actuar con cautela ante la compleja situación política y de seguridad de Haití.
La organización denunció la supuesta existencia de acuerdos entre el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y dirigentes de organizaciones armadas, que presuntamente tendrían como propósito favorecer su permanencia en el poder.
También señaló alegadas relaciones de protección y colaboración entre bandas criminales y determinados integrantes de sectores políticos, empresariales y policiales.
Entre sus señalamientos, la organización mencionó presuntas complicidades relacionadas con miembros de instituciones policiales haitianas y dominicanas.
Estas afirmaciones constituyen denuncias de la Rhajac y no hechos judicialmente establecidos. La información difundida no aporta una determinación oficial que permita confirmar tales acusaciones ni atribuir responsabilidades individuales.
La recuperación territorial sigue siendo el principal desafío
La persistencia de las bandas armadas continúa representando uno de los mayores obstáculos para la estabilización de Haití.
Aunque las operaciones conjuntas han permitido recuperar algunos espacios y enfrentar determinadas estructuras criminales, las organizaciones armadas mantienen una considerable influencia territorial y capacidad de movilización.
La situación evidencia que las acciones militares necesitan complementarse con el fortalecimiento institucional, la interrupción del tráfico ilegal de armas y el combate contra las fuentes de financiamiento criminal.
Para la fuerza internacional, el desafío no consiste únicamente en neutralizar integrantes de las bandas, sino en contribuir a crear condiciones que permitan al Estado haitiano recuperar de manera permanente el control de las comunidades afectadas.
Mientras continúen los enfrentamientos y las denuncias sobre posibles redes de protección criminal, la estabilidad de Haití seguirá dependiendo tanto de los resultados de las operaciones de seguridad como de la capacidad de sus instituciones para restablecer el Estado de derecho.
Fuente: Agencia EFE, declaraciones de la GSF, informaciones de Radio Télé Galaxie y comunicado de la Rhajac, 27 de octubre de 2026.
Latinoamericanas
Misión internacional desafía a las bandas armadas de Haití y anuncia que mantendrá sus operaciones
La desaparición de cuatro militares salvadoreños aumenta la tensión en el país caribeño, mientras continúan los enfrentamientos, las operaciones de seguridad y las denuncias sobre presuntos vínculos entre sectores de poder y grupos criminales.
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en Haití, pese al recrudecimiento de la violencia y la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
La misión multinacional reiteró este lunes que las acciones intimidatorias y los ataques perpetrados por las bandas armadas no modificarán sus objetivos de contribuir al restablecimiento de la seguridad y respaldar a las autoridades haitianas.
El pronunciamiento se produce en medio de una creciente preocupación internacional por la capacidad operativa de los grupos criminales, que mantienen bajo amenaza a comunidades enteras y representan un desafío para las fuerzas nacionales y extranjeras desplegadas en el territorio.
La desaparición de los cuatro militares salvadoreños, ocurrida el pasado 18 de octubre durante una emboscada en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ha agravado la tensión y provocado nuevas interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las que opera la misión.
Incertidumbre por militares desaparecidos
Uno de los acontecimientos que mayor preocupación ha generado es la recepción de restos humanos cuya identidad todavía no ha sido establecida.
La GSF informó que recibió, mediante una organización humanitaria, restos que inicialmente se consideraron relacionados con los cuatro militares desaparecidos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer esa correspondencia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que los restos encontrados pertenezcan a sus compatriotas y explicó que las características observadas no coinciden con las de los militares buscados.
Operativos contra organizaciones criminales
Mientras continúa la búsqueda, las fuerzas de seguridad haitianas han intensificado sus intervenciones en sectores considerados de alta peligrosidad.
De acuerdo con informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, la Policía Nacional de Haití desarrolló una operación en Bel-Air, uno de los barrios de Puerto Príncipe afectados por la presencia de grupos armados.
Durante la intervención, realizada la noche del domingo, varios presuntos integrantes de bandas criminales habrían perdido la vida.
Las autoridades buscan debilitar la capacidad de organizaciones señaladas por su participación en secuestros, ataques armados y otras actividades delictivas que afectan a la población.
La GSF también difundió imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados y miembros de los contingentes internacionales desplegados para apoyar las labores de seguridad.
Haití busca fortalecer sus Fuerzas Armadas
Paralelamente a las operaciones contra las pandillas, el Gobierno haitiano desarrolla un programa de fortalecimiento militar con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta de sus instituciones.
Como parte de esa iniciativa, aproximadamente 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones destinadas a seleccionar nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas.
De ese grupo se escogerán alrededor de 700 candidatos, dentro de un proyecto gubernamental que contempla incorporar 15,000 efectivos durante los próximos tres años.
La medida forma parte de los esfuerzos por recuperar progresivamente el control territorial y reducir la dependencia de la asistencia internacional en materia de seguridad.
Denuncias sobre presuntas complicidades políticas
La crisis también ha generado cuestionamientos sobre la posible existencia de vínculos entre organizaciones criminales y determinados sectores de influencia política y económica.
La Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (RHAJAC) solicitó al presidente salvadoreño actuar con cautela ante informaciones sobre supuestos acuerdos entre dirigentes políticos haitianos y líderes de bandas armadas.
La organización denunció la presunta existencia de mecanismos de protección y apoyo a grupos criminales desde determinados espacios de poder.
Sus señalamientos también alcanzan a sectores privados y a supuestos integrantes de organismos policiales haitianos y dominicanos.
Estas acusaciones constituyen denuncias de la organización y no hechos judicialmente demostrados. Por tanto, requieren investigaciones independientes que permitan determinar su veracidad y establecer eventuales responsabilidades.
La crisis haitiana mantiene en alerta a la región
La persistencia de la violencia en Haití continúa representando un desafío de seguridad que trasciende sus fronteras, especialmente por sus posibles repercusiones humanitarias, migratorias y territoriales.
Para República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, el deterioro de la seguridad del país vecino constituye un asunto de especial interés nacional.
La desaparición de militares extranjeros evidencia las dificultades que enfrenta la comunidad internacional para desarrollar operaciones en territorios donde las organizaciones criminales conservan una importante capacidad de acción.
Aunque la misión multinacional insiste en que continuará sus actividades, los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la complejidad de enfrentar a estructuras armadas que desafían tanto a las autoridades nacionales como a las fuerzas internacionales.
El principal desafío sigue siendo transformar las operaciones militares en resultados sostenibles que permitan recuperar el control institucional, proteger a la población y crear condiciones para restablecer la estabilidad política y social de Haití.
Fuentes: Agencia EFE, comunicados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Radio Télé Galaxie y declaraciones atribuidas a la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción.
Latinoamericanas
Bandas armadas consolidan su dominio en Haití y agravan la crisis de seguridad nacional
Las organizaciones criminales fortalecen su control territorial mediante extorsiones, secuestros y el dominio de rutas comerciales, mientras persisten los señalamientos sobre sus vínculos con sectores políticos y económicos.
Puerto Príncipe, Haití.– La creciente influencia de las organizaciones criminales en Haití continúa debilitando la capacidad de respuesta de las autoridades y representa uno de los mayores obstáculos para restablecer la seguridad y el orden institucional en esa nación caribeña.
Las bandas armadas han logrado consolidar estructuras que les permiten controlar comunidades, establecer sistemas de vigilancia, imponer cobros ilegales y restringir la circulación de ciudadanos y mercancías por importantes vías del territorio haitiano.
De acuerdo con el investigador Diego Da Rin, especialista en resolución de conflictos de International Crisis Group, estas organizaciones han evolucionado hasta convertirse en estructuras con capacidad operativa, fuentes propias de financiamiento y un considerable dominio de determinadas zonas.
Durante una entrevista concedida a DW Español, el especialista explicó que los territorios ocupados por las bandas cuentan con mecanismos de vigilancia y posiciones estratégicas desde las cuales sus integrantes pueden detectar movimientos de las fuerzas de seguridad y dificultar las intervenciones policiales.
Control territorial y presión sobre la economía
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es la influencia de los grupos armados sobre infraestructuras esenciales para el funcionamiento económico de Haití.
Según Da Rin, las bandas han extendido su presencia hacia instalaciones estratégicas vinculadas al abastecimiento de combustible y al transporte de mercancías, además de ampliar sus operaciones desde Puerto Príncipe hacia los departamentos de Artibonite y del Centro.
Esta expansión ha facilitado el establecimiento de peajes clandestinos y otras formas de extorsión contra comerciantes, transportistas y residentes de las comunidades afectadas.
Los cobros ilegales y los secuestros constituyen importantes mecanismos de financiamiento que permiten a las organizaciones adquirir armamento, mantener sus estructuras y sostener sus operaciones.
Corrupción e impunidad favorecieron su crecimiento
El investigador también advirtió que la expansión de las pandillas no puede explicarse únicamente por las condiciones de pobreza o las debilidades institucionales del país.
Durante años, determinados sectores políticos y económicos habrían utilizado grupos armados para ejercer presión sobre adversarios, intervenir en procesos electorales y promover intereses particulares.
Sin embargo, con el paso del tiempo, varias de estas organizaciones adquirieron mayor independencia y desarrollaron estructuras que dificultan incluso el control por parte de quienes anteriormente mantenían vínculos con ellas.
Da Rin considera que la corrupción, la impunidad y las relaciones entre grupos criminales y sectores influyentes alimentan un ciclo de violencia que obstaculiza cualquier solución duradera.
Desaparición de militares aumenta la preocupación internacional
La capacidad de actuación de las bandas volvió a quedar en evidencia tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños durante un incidente ocurrido el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.
Los uniformados formaban parte de una misión internacional de apoyo a la seguridad haitiana y, según las declaraciones atribuidas al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desempeñaban labores técnicas y de evacuación médica.
El mandatario exigió su liberación y advirtió sobre posibles medidas adicionales para lograr su recuperación.
Informaciones difundidas por medios dominicanos señalan que efectivos especializados de El Salvador fueron desplegados para reforzar las operaciones de búsqueda en sectores relacionados con la actividad de grupos criminales.
El incidente ha incrementado la preocupación sobre los riesgos que enfrentan tanto la población haitiana como los integrantes de las fuerzas internacionales que participan en los esfuerzos para restablecer la seguridad.
Un desafío que supera la respuesta militar
La situación haitiana evidencia que la recuperación del territorio no depende exclusivamente de operativos policiales o militares.
El fortalecimiento de las instituciones, la persecución de las redes de financiamiento criminal, el combate a la corrupción y la ruptura de los vínculos entre las bandas y sectores de poder aparecen como elementos esenciales para debilitar estas organizaciones.
Mientras persistan las fuentes de ingresos ilegales y las condiciones que favorecen su expansión, Haití continuará enfrentando graves dificultades para recuperar el control de sus comunidades y garantizar la protección de sus ciudadanos.
Fuente: Informaciones ofrecidas por Diego Da Rin, de International Crisis Group, a DW Español, y reportes periodísticos difundidos por elCaribe.