Nacionales
«El Abusador» podría ser condenado a cadena perpetua en E.U.
César Peralta Adames es buscado por las autoridades.
Por los delitos de tráfico y distribución de drogas en su territorio, Estados Unidos podría solicitar al gran jurado del Distrito Sur de Florida condenar a cadena perpetua a César Emilio Peralta Adames, alias César “El Abusador”.
La advertencia está contenida en la solicitud de extradición hecha por las autoridades norteamericanas a República Dominicana en donde establecen que “la pena máxima por violación de las secciones 963, 959 (a) y 960 (b) (1)(B) del título 21 del Código de los Estados Unidos, como se imputa en la segunda acusación de reemplazo, es un término de cadena perpetua”.
En el documento se señala que, según informaciones confidenciales, desde el año 1997 Peralta está en el negocio del tráfico de drogas y que desde el 2007 hasta 2015 se infiltraron tres informantes que realizaron operaciones de compra y tráfico de sustancias controladas con el dominicano.
“El informante confidencial (IC 1) ha sido socio de Peralta en el tráfico de drogas y tiene conocimiento detallado de la OCT (Organización Criminal Transnacional) de Peralta. Comenzando alrededor del 203, IC 1 se hizo facilitador de tráfico de drogas para la OCT de Peralta. IC 1 asistió en la transportación de al menos tres cargamentos de cocaína desde la República Dominicana hacia Puerto Rico en el 2013”, detalla esa instancia.
Ese informante fue apresado por las autoridades dominicanas el 8 de noviembre del 2015 junto a otras cinco personas con 53 kilos de cocaína y dos de heroína a bordo del yate The Kindgom y que él les informó a las autoridades de la ley y el orden que una parte de los estupefacientes pertenecía a la OCT de Peralta.
El segundo informante (IC 2), fue socio de Peralta desde 2007 a 2009. Residía en República Dominicana y el 23 de mayo de 2008 las autoridades interceptaron una embarcación Hydra Sport en aguas entre República Dominicana y Puerto Rico con 687.2 kilogramos de cocaína y 7.5 kilogramos de heroína, este informó que “proveyó la logística para este cargamento de drogas y que los estupefacientes en el bote pertenecían a la OTC de Peralta”.
Los Estados Unidos informaron que el tercer informante (IC 3) era una persona que suplía cocaína a Peralta desde 2009 a 2010 aproximadamente y que las cantidades de cada transacción eran de entre 25 y 40 kilogramos para un total de 150 kilogramos con el pasar del tiempo.
Pero el testimonio de los informantes confidenciales no es con lo único con que las autoridades solicitaron, además de la extradición, el decomiso de los negocios Flow Gallery Lounge, Las Koura Club, Aqua Club y Al Panino, también cuentan con grabaciones en donde presuntamente se escucha a “El Abusador”, dando detalles de transacciones.
Desde febrero del 2017, obtuvieron órdenes para hacer escuchas que permitieron interceptar unos 25 dispositivos de comunicación mediante los cuales pudieron determinar el vínculo de César “El Abusador” con el conocido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (a) Toño Leña, detenido en Colombia desde mayo del 2018, su hijo Jeifry del Rosario Gautier, quien guarda prisión por un caso de drogas en RD, José de Jesús Tapia Pérez, quien aceptó voluntariamente irse en extradición por este caso, alias Bola Negra, y Darys José Báez Melo.
“A lo largo de esta investigación, Peralta ha sido legalmente grabado en numerosas ocasiones. En estas grabaciones, Peralta detalla sus tráficos de estupefacientes (tanto las anticipadas como las pasadas)”, refiere la instancia en donde se hace mención de pruebas recogidas en marzo y junio del 2017.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.