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«El Abusador» podría ser condenado a cadena perpetua en E.U.
César Peralta Adames es buscado por las autoridades.
Por los delitos de tráfico y distribución de drogas en su territorio, Estados Unidos podría solicitar al gran jurado del Distrito Sur de Florida condenar a cadena perpetua a César Emilio Peralta Adames, alias César “El Abusador”.
La advertencia está contenida en la solicitud de extradición hecha por las autoridades norteamericanas a República Dominicana en donde establecen que “la pena máxima por violación de las secciones 963, 959 (a) y 960 (b) (1)(B) del título 21 del Código de los Estados Unidos, como se imputa en la segunda acusación de reemplazo, es un término de cadena perpetua”.
En el documento se señala que, según informaciones confidenciales, desde el año 1997 Peralta está en el negocio del tráfico de drogas y que desde el 2007 hasta 2015 se infiltraron tres informantes que realizaron operaciones de compra y tráfico de sustancias controladas con el dominicano.
“El informante confidencial (IC 1) ha sido socio de Peralta en el tráfico de drogas y tiene conocimiento detallado de la OCT (Organización Criminal Transnacional) de Peralta. Comenzando alrededor del 203, IC 1 se hizo facilitador de tráfico de drogas para la OCT de Peralta. IC 1 asistió en la transportación de al menos tres cargamentos de cocaína desde la República Dominicana hacia Puerto Rico en el 2013”, detalla esa instancia.
Ese informante fue apresado por las autoridades dominicanas el 8 de noviembre del 2015 junto a otras cinco personas con 53 kilos de cocaína y dos de heroína a bordo del yate The Kindgom y que él les informó a las autoridades de la ley y el orden que una parte de los estupefacientes pertenecía a la OCT de Peralta.
El segundo informante (IC 2), fue socio de Peralta desde 2007 a 2009. Residía en República Dominicana y el 23 de mayo de 2008 las autoridades interceptaron una embarcación Hydra Sport en aguas entre República Dominicana y Puerto Rico con 687.2 kilogramos de cocaína y 7.5 kilogramos de heroína, este informó que “proveyó la logística para este cargamento de drogas y que los estupefacientes en el bote pertenecían a la OTC de Peralta”.
Los Estados Unidos informaron que el tercer informante (IC 3) era una persona que suplía cocaína a Peralta desde 2009 a 2010 aproximadamente y que las cantidades de cada transacción eran de entre 25 y 40 kilogramos para un total de 150 kilogramos con el pasar del tiempo.
Pero el testimonio de los informantes confidenciales no es con lo único con que las autoridades solicitaron, además de la extradición, el decomiso de los negocios Flow Gallery Lounge, Las Koura Club, Aqua Club y Al Panino, también cuentan con grabaciones en donde presuntamente se escucha a “El Abusador”, dando detalles de transacciones.
Desde febrero del 2017, obtuvieron órdenes para hacer escuchas que permitieron interceptar unos 25 dispositivos de comunicación mediante los cuales pudieron determinar el vínculo de César “El Abusador” con el conocido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (a) Toño Leña, detenido en Colombia desde mayo del 2018, su hijo Jeifry del Rosario Gautier, quien guarda prisión por un caso de drogas en RD, José de Jesús Tapia Pérez, quien aceptó voluntariamente irse en extradición por este caso, alias Bola Negra, y Darys José Báez Melo.
“A lo largo de esta investigación, Peralta ha sido legalmente grabado en numerosas ocasiones. En estas grabaciones, Peralta detalla sus tráficos de estupefacientes (tanto las anticipadas como las pasadas)”, refiere la instancia en donde se hace mención de pruebas recogidas en marzo y junio del 2017.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.