Santo Domingo, R.D.-La lucha en contra de la trata de personas recibió el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras destaca que la Republica Dominicana no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del problema, pese a los esfuerzos que hace sobre al respecto.

Se recuerda que Estados Unidos también reconoció los trabajos que hacía el país para la inversión extranjera a través del informe “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, pero también hizo duras críticas al sistema criollo.

Esta vez según el “Informe sobre la Trata de Personas 2025: República Dominicana” el Gobierno estadounidense reconoce el aumento de los esfuerzos del país en comparación con periodos anteriores, incrementando las investigaciones y procesamientos judiciales, el aumento de inspecciones laborales, la suspensión de “actividades de varias empresas de propiedad china tras detectar indicadores de trabajo forzoso”, la adopción de un Plan de Acción Nacional (PAN) 2025-2028 y tomó medidas para implementar un programa piloto gubernamental para registrar a los trabajadores migrantes con contratos de trabajo.

“Los esfuerzos para investigar los casos de trata laboral e identificar a las víctimas de esta práctica siguieron siendo insuficientes a pesar de los avances, incluso en sectores con riesgo de trabajo forzoso”, dice el informe.

Explicaron que aunque en el 2024 se condenaron a varias personas encontradas culpables de trata y trata sexual, “la corrupción y la complicidad oficial en delitos de trata de personas siguieron siendo preocupaciones importantes”.

Dentro de los hallazgos indican información suministrada por la Dirección General de Migración (DGM), quien indicó que canceló funcionarios por “aceptar sobornos y amenazar a las víctimas, filtrar información y detener ilegalmente a posibles víctimas en casos de tráfico ilícito de migrantes”.

De igual forma, el Gobierno dominicano informó a los Estados Unidos haber investigado a ocho funcionarios presuntamente cómplices en delitos de trata, incluidos los casos de un sargento de la Policía Nacional sospechoso de facilitar las operaciones de una red de trata sexual y un oficial que facilitó la entrada de víctimas de trata sexual al país.

En el informe Estados Unidos da una serie de recomendaciones a República Dominicana en la que está identificar proactivamente a las víctimas de trata, mediante la detección de indicadores de trata entre poblaciones vulnerables, incluso en los sectores de agricultura, construcción y turismo; trabajadores extranjeros; migrantes antes de su expulsión del país; y en empresas que se sabe que tienen indicadores de trabajo forzoso y prácticas comerciales desleales.

Además, agilizar la comunicación entre el Ministerio de Trabajo (MT) y la Fiscalía General de la Nación para facilitar la denuncia directa de casos de trabajo forzoso.

Implementar plenamente la Ley 169-14 para expedir documentos de nacionalidad a los dominicanos elegibles.

Capacitar a los funcionarios, incluidos los inspectores laborales, los funcionarios de inmigración y la policía, en el uso de los procedimientos operativos estándar establecidos para la identificación proactiva de las víctimas de trata y para la derivación de las víctimas a los servicios de atención, incluso mediante capacitaciones continuas sobre trata de personas en las academias de policía.

Fomentar la confianza entre las víctimas y las fuerzas del orden para facilitar que las víctimas denuncien sus casos; ampliar el acceso consistente a la atención y garantizar la capacidad para abordar las necesidades específicas y únicas de las víctimas masculinas y femeninas, incluidos los niños.

Garantizar que las posibles víctimas de trata de niños, incluidas aquellas involucradas en pandillas y tráfico de drogas, sean examinadas, identificadas y derivadas a atención y no sean penalizadas inapropiadamente únicamente por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de trata.

Y por último expedir o renovar documentos de identidad a las poblaciones elegibles, incluidos los trabajadores temporales, para reducir la vulnerabilidad a la trata.