Más Noticias
La trata de personas en el pais en el foco de EEUU con duras críticas.
Santo Domingo, R.D.-La lucha en contra de la trata de personas recibió el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras destaca que la Republica Dominicana no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del problema, pese a los esfuerzos que hace sobre al respecto.
Se recuerda que Estados Unidos también reconoció los trabajos que hacía el país para la inversión extranjera a través del informe “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, pero también hizo duras críticas al sistema criollo.
Esta vez según el “Informe sobre la Trata de Personas 2025: República Dominicana” el Gobierno estadounidense reconoce el aumento de los esfuerzos del país en comparación con periodos anteriores, incrementando las investigaciones y procesamientos judiciales, el aumento de inspecciones laborales, la suspensión de “actividades de varias empresas de propiedad china tras detectar indicadores de trabajo forzoso”, la adopción de un Plan de Acción Nacional (PAN) 2025-2028 y tomó medidas para implementar un programa piloto gubernamental para registrar a los trabajadores migrantes con contratos de trabajo.
“Los esfuerzos para investigar los casos de trata laboral e identificar a las víctimas de esta práctica siguieron siendo insuficientes a pesar de los avances, incluso en sectores con riesgo de trabajo forzoso”, dice el informe.
Explicaron que aunque en el 2024 se condenaron a varias personas encontradas culpables de trata y trata sexual, “la corrupción y la complicidad oficial en delitos de trata de personas siguieron siendo preocupaciones importantes”.
Dentro de los hallazgos indican información suministrada por la Dirección General de Migración (DGM), quien indicó que canceló funcionarios por “aceptar sobornos y amenazar a las víctimas, filtrar información y detener ilegalmente a posibles víctimas en casos de tráfico ilícito de migrantes”.
De igual forma, el Gobierno dominicano informó a los Estados Unidos haber investigado a ocho funcionarios presuntamente cómplices en delitos de trata, incluidos los casos de un sargento de la Policía Nacional sospechoso de facilitar las operaciones de una red de trata sexual y un oficial que facilitó la entrada de víctimas de trata sexual al país.
En el informe Estados Unidos da una serie de recomendaciones a República Dominicana en la que está identificar proactivamente a las víctimas de trata, mediante la detección de indicadores de trata entre poblaciones vulnerables, incluso en los sectores de agricultura, construcción y turismo; trabajadores extranjeros; migrantes antes de su expulsión del país; y en empresas que se sabe que tienen indicadores de trabajo forzoso y prácticas comerciales desleales.
Además, agilizar la comunicación entre el Ministerio de Trabajo (MT) y la Fiscalía General de la Nación para facilitar la denuncia directa de casos de trabajo forzoso.
Implementar plenamente la Ley 169-14 para expedir documentos de nacionalidad a los dominicanos elegibles.
Capacitar a los funcionarios, incluidos los inspectores laborales, los funcionarios de inmigración y la policía, en el uso de los procedimientos operativos estándar establecidos para la identificación proactiva de las víctimas de trata y para la derivación de las víctimas a los servicios de atención, incluso mediante capacitaciones continuas sobre trata de personas en las academias de policía.
Fomentar la confianza entre las víctimas y las fuerzas del orden para facilitar que las víctimas denuncien sus casos; ampliar el acceso consistente a la atención y garantizar la capacidad para abordar las necesidades específicas y únicas de las víctimas masculinas y femeninas, incluidos los niños.
Garantizar que las posibles víctimas de trata de niños, incluidas aquellas involucradas en pandillas y tráfico de drogas, sean examinadas, identificadas y derivadas a atención y no sean penalizadas inapropiadamente únicamente por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de trata.
Y por último expedir o renovar documentos de identidad a las poblaciones elegibles, incluidos los trabajadores temporales, para reducir la vulnerabilidad a la trata.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.