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La trata de personas en el pais en el foco de EEUU con duras críticas.
Santo Domingo, R.D.-La lucha en contra de la trata de personas recibió el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras destaca que la Republica Dominicana no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del problema, pese a los esfuerzos que hace sobre al respecto.
Se recuerda que Estados Unidos también reconoció los trabajos que hacía el país para la inversión extranjera a través del informe “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, pero también hizo duras críticas al sistema criollo.
Esta vez según el “Informe sobre la Trata de Personas 2025: República Dominicana” el Gobierno estadounidense reconoce el aumento de los esfuerzos del país en comparación con periodos anteriores, incrementando las investigaciones y procesamientos judiciales, el aumento de inspecciones laborales, la suspensión de “actividades de varias empresas de propiedad china tras detectar indicadores de trabajo forzoso”, la adopción de un Plan de Acción Nacional (PAN) 2025-2028 y tomó medidas para implementar un programa piloto gubernamental para registrar a los trabajadores migrantes con contratos de trabajo.
“Los esfuerzos para investigar los casos de trata laboral e identificar a las víctimas de esta práctica siguieron siendo insuficientes a pesar de los avances, incluso en sectores con riesgo de trabajo forzoso”, dice el informe.
Explicaron que aunque en el 2024 se condenaron a varias personas encontradas culpables de trata y trata sexual, “la corrupción y la complicidad oficial en delitos de trata de personas siguieron siendo preocupaciones importantes”.
Dentro de los hallazgos indican información suministrada por la Dirección General de Migración (DGM), quien indicó que canceló funcionarios por “aceptar sobornos y amenazar a las víctimas, filtrar información y detener ilegalmente a posibles víctimas en casos de tráfico ilícito de migrantes”.
De igual forma, el Gobierno dominicano informó a los Estados Unidos haber investigado a ocho funcionarios presuntamente cómplices en delitos de trata, incluidos los casos de un sargento de la Policía Nacional sospechoso de facilitar las operaciones de una red de trata sexual y un oficial que facilitó la entrada de víctimas de trata sexual al país.
En el informe Estados Unidos da una serie de recomendaciones a República Dominicana en la que está identificar proactivamente a las víctimas de trata, mediante la detección de indicadores de trata entre poblaciones vulnerables, incluso en los sectores de agricultura, construcción y turismo; trabajadores extranjeros; migrantes antes de su expulsión del país; y en empresas que se sabe que tienen indicadores de trabajo forzoso y prácticas comerciales desleales.
Además, agilizar la comunicación entre el Ministerio de Trabajo (MT) y la Fiscalía General de la Nación para facilitar la denuncia directa de casos de trabajo forzoso.
Implementar plenamente la Ley 169-14 para expedir documentos de nacionalidad a los dominicanos elegibles.
Capacitar a los funcionarios, incluidos los inspectores laborales, los funcionarios de inmigración y la policía, en el uso de los procedimientos operativos estándar establecidos para la identificación proactiva de las víctimas de trata y para la derivación de las víctimas a los servicios de atención, incluso mediante capacitaciones continuas sobre trata de personas en las academias de policía.
Fomentar la confianza entre las víctimas y las fuerzas del orden para facilitar que las víctimas denuncien sus casos; ampliar el acceso consistente a la atención y garantizar la capacidad para abordar las necesidades específicas y únicas de las víctimas masculinas y femeninas, incluidos los niños.
Garantizar que las posibles víctimas de trata de niños, incluidas aquellas involucradas en pandillas y tráfico de drogas, sean examinadas, identificadas y derivadas a atención y no sean penalizadas inapropiadamente únicamente por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de trata.
Y por último expedir o renovar documentos de identidad a las poblaciones elegibles, incluidos los trabajadores temporales, para reducir la vulnerabilidad a la trata.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.