Opinión
Ei imperio de la contrarreforma fiscal y los desafíos de la reforma
Por Narciso Isa Conde
Las vocerías del sistema y sus poderosos medios de comunicación siempre se han empeñado en crear una gran confusión entre lo que sería una real reforma fiscal o simplemente darle continuidad maquillada y renovada a la ruta de las contrarreformas neoliberales y pro elites empresariales entronizadas a partir de mediado de la década de los 80.
Ese bulto propagandístico ha subido de volumen después de las votaciones de mayo, en el marco de la continuidad de un gobierno y un estado empresarial endeudado al punto de comprometer el presupuesto nacional con más del 30 % en los servicios de la deuda y generar un elevado déficit fiscal; imperiosamente necesitado, por tanto, de aumentar la presión tributaria y el volumen de sus ingresos para responder a necesidades y reclamos imperiosos.
El presupuesto actual está financiado fundamentalmente por préstamos y por impuestos al consumo, entre los que se destacan el ITBIS, los impuestos selectivos al consumo y los abusivos impuestos a los combustibles, que a su vez eleva el precio de la energía eléctrica y repercute negativamente en la cadena de distribución y producción.
En la era neoliberal o neoconservadora, los impuestos a la propiedad, a las ganancias capitalistas -conocidos como impuestos directos- se han reducido enormemente en comparación con los impuestos indirectos al consumo.
Igual han disminuido otros ingresos con el desmonte o eliminación de no pocos aranceles de aduana, a pesar de un gran incremento de las importaciones.
Pasa otro tanto con la explotación de valiosos recursos naturales (agregados de la construcción, minerales, agua, bosques, playas, sol, brisas…) por corporaciones imperialistas y grandes empresas locales.
El pago al estado por diversos conceptos es muy inferior al valor de los recursos no renovables extraídos o usufructuados, y a esto se agregan enormes y costosos daños ecológicos, y onerosos pasivos ambientales. Recordemos que la llamada industria turística ha destruido el 50% de los manglares del país
Son muchísimas las personas empobrecidos/as y los sectores medios de bajo y medianos ingresos que consumen para sobrevivir y pagan enormes sumas por impuestos indirectos y encubiertos, y pocos los ricachones y privilegiados que aportan comparativamente poco dinero por la vía de los impuestos indirectos
Así, el grueso de los impuestos se le carga al pueblo trabajador, a toda la pobrecía y a sectores de mediano y bajos ingresos; mientras la minoría enriquecida aporta relativamente cada vez menos y gana cada vez más.
De un presupuesto diezmado por una deuda impagable y financiado fundamentalmente por los/as dominicanos/as de a pie, se consume en gastos corrientes de mala calidad alrededor del 90% del total, acompañado de mucha corruptela y enormes dispendios.
La inversión de capital ronda solo un 10% del total, a pesar de la enorme deuda social (salud, educación, transporte, alimentación, diversión sana…) y de los agobiantes déficits en infraestructuras prioritarias, investigación, tecnología propia y bien adecuada a la realidad nacional; a pesar de la necesidad de una producción nacional que aumente en grande el valor agregado y sustituya importaciones.
Estamos ante una prolongada entronización de una contrarreforma fiscal que es necesario erradicar, no simplemente pellizcar o remodelar.,
• ¿A QUÉ PODRÍA LLAMÁRSELE REFORMA FISCAL?
Una reforma fiscal progresiva, que favorezca REALMENTE al pueblo humilde y a los sectores medios en proceso de empobrecimiento o precariedades, está obligada a considerar todas estas distorsiones ya señaladas y a modificarlas sustancialmente para invertir el dramático cuadro de penurias populares crecientes.
Sin eso no habrá mejorías en las condiciones de vida de gran parte del pueblo dominicano.
Y si saltamos al tema de eliminar pobrezas y superar procesos de empobrecimiento –traído y manejado demagógicamente por el presidente Abinader en relación con la reforma fiscal– debo decir, sin temor a equívocos, que, sin modificar las brutales relaciones de propiedad y de concentración de riquezas en pocas familias, grupos y personas, y sin superar el cuadro de dependencia y subordinación al capital y al poder transnacional, no es posible erradicar las lacerantes, profundas y creciente desigualdades sociales y los diversos grados de pobreza; estadísticamente maquillados o adulterados para minimizarlos.
La desigualdad es una fábrica pobreza.
La superación de las injustas relaciones de propiedad y una equitativa distribución del ingreso nacional, son imprescindibles para lograr el bienestar colectivo.
Satisfacer las necesidades humanas debe convertirse en la razón de ser de la economía y de la política, dejando progresivamente atrás el predominio de la expansión del capital privado y la obtención desmedida de ganancias en favor de una minoría voraz.
Pero volviendo al tema de la reforma fiscal y limitándome exclusivamente a esa vertiente del problema, es necesario señalar que una mejoría limitada en las condiciones de vida del pueblo solo se podría lograr incrementando los ingresos estatales con impuestos directos a las propiedades y a las ganancias de los poderosos; reduciendo los impuestos al consumo, eliminando su retención tramposa por los empresarios, erradicando las exenciones y exoneraciones graciosas e innecesarias y reorientando con sentido de justicia el gasto del estado.
Modificar con sentido de justicia el gasto público a partir de más ingresos y menos gastos superfluos, implica erradicar la corrupción y suprimir los privilegios y los gastos superfluos..
Implica reducir las escandalosas desigualdades en materia salarial, eliminar todo lo dispendioso, todo lo parasitario y todo derroche o mal uso de recursos, incluido el asistencialismo clientelista; mejorando a la vez la calidad o destino del gasto oficial, dándole prioridad al pago de la deuda social en salud, educación, alimentación, vivienda, salarios, pensiones, seguridad social, sanidad ambiental, infraestructuras fundamentales
Adicionalmente, cuando se habla de disminuir la pobreza, procede eliminar la liberalización de los precios de los alimentos, las medicinas y otros productos de primera necesidad; así como enfrentar la usura legal e ilegal, y ponerle fin a la especulación entronizada en la intermediación comercial.
La contrarreforma está instalada y hay que revertirla, no simplemente maquillarla o limitarse a cambiar lo ya insostenible, como las exenciones y exoneraciones a empresas con altísima rentabilidad.
No es cuestión de demagogia mercadológica como ya empezó a hacer Abinader, ni de ponerse a hablar lindezas sin precisar compromisos.
Se necesitan definiciones precisas en TEMAS CRUCIALES, las cuales siguen bloqueadas por un estado administrado por empresarios y por las organizaciones corporativas del gran capital, que ya iniciaron su nueva cruzada de resistencia, oponiendo la deuda social que ellos mismos han auspiciado.
Solo el pueblo movilizado, con una propuesta de reforma fiscal que reemplace el prolongado imperio de la contrarreforma, podría frustrar la tranquila continuidad de lo que está establecido, a tono con la estrategia neoliberal o neoconservadora, o limitadamente pellizcada.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.