Opinión
Ei imperio de la contrarreforma fiscal y los desafíos de la reforma
Por Narciso Isa Conde
Las vocerías del sistema y sus poderosos medios de comunicación siempre se han empeñado en crear una gran confusión entre lo que sería una real reforma fiscal o simplemente darle continuidad maquillada y renovada a la ruta de las contrarreformas neoliberales y pro elites empresariales entronizadas a partir de mediado de la década de los 80.
Ese bulto propagandístico ha subido de volumen después de las votaciones de mayo, en el marco de la continuidad de un gobierno y un estado empresarial endeudado al punto de comprometer el presupuesto nacional con más del 30 % en los servicios de la deuda y generar un elevado déficit fiscal; imperiosamente necesitado, por tanto, de aumentar la presión tributaria y el volumen de sus ingresos para responder a necesidades y reclamos imperiosos.
El presupuesto actual está financiado fundamentalmente por préstamos y por impuestos al consumo, entre los que se destacan el ITBIS, los impuestos selectivos al consumo y los abusivos impuestos a los combustibles, que a su vez eleva el precio de la energía eléctrica y repercute negativamente en la cadena de distribución y producción.
En la era neoliberal o neoconservadora, los impuestos a la propiedad, a las ganancias capitalistas -conocidos como impuestos directos- se han reducido enormemente en comparación con los impuestos indirectos al consumo.
Igual han disminuido otros ingresos con el desmonte o eliminación de no pocos aranceles de aduana, a pesar de un gran incremento de las importaciones.
Pasa otro tanto con la explotación de valiosos recursos naturales (agregados de la construcción, minerales, agua, bosques, playas, sol, brisas…) por corporaciones imperialistas y grandes empresas locales.
El pago al estado por diversos conceptos es muy inferior al valor de los recursos no renovables extraídos o usufructuados, y a esto se agregan enormes y costosos daños ecológicos, y onerosos pasivos ambientales. Recordemos que la llamada industria turística ha destruido el 50% de los manglares del país
Son muchísimas las personas empobrecidos/as y los sectores medios de bajo y medianos ingresos que consumen para sobrevivir y pagan enormes sumas por impuestos indirectos y encubiertos, y pocos los ricachones y privilegiados que aportan comparativamente poco dinero por la vía de los impuestos indirectos
Así, el grueso de los impuestos se le carga al pueblo trabajador, a toda la pobrecía y a sectores de mediano y bajos ingresos; mientras la minoría enriquecida aporta relativamente cada vez menos y gana cada vez más.
De un presupuesto diezmado por una deuda impagable y financiado fundamentalmente por los/as dominicanos/as de a pie, se consume en gastos corrientes de mala calidad alrededor del 90% del total, acompañado de mucha corruptela y enormes dispendios.
La inversión de capital ronda solo un 10% del total, a pesar de la enorme deuda social (salud, educación, transporte, alimentación, diversión sana…) y de los agobiantes déficits en infraestructuras prioritarias, investigación, tecnología propia y bien adecuada a la realidad nacional; a pesar de la necesidad de una producción nacional que aumente en grande el valor agregado y sustituya importaciones.
Estamos ante una prolongada entronización de una contrarreforma fiscal que es necesario erradicar, no simplemente pellizcar o remodelar.,
• ¿A QUÉ PODRÍA LLAMÁRSELE REFORMA FISCAL?
Una reforma fiscal progresiva, que favorezca REALMENTE al pueblo humilde y a los sectores medios en proceso de empobrecimiento o precariedades, está obligada a considerar todas estas distorsiones ya señaladas y a modificarlas sustancialmente para invertir el dramático cuadro de penurias populares crecientes.
Sin eso no habrá mejorías en las condiciones de vida de gran parte del pueblo dominicano.
Y si saltamos al tema de eliminar pobrezas y superar procesos de empobrecimiento –traído y manejado demagógicamente por el presidente Abinader en relación con la reforma fiscal– debo decir, sin temor a equívocos, que, sin modificar las brutales relaciones de propiedad y de concentración de riquezas en pocas familias, grupos y personas, y sin superar el cuadro de dependencia y subordinación al capital y al poder transnacional, no es posible erradicar las lacerantes, profundas y creciente desigualdades sociales y los diversos grados de pobreza; estadísticamente maquillados o adulterados para minimizarlos.
La desigualdad es una fábrica pobreza.
La superación de las injustas relaciones de propiedad y una equitativa distribución del ingreso nacional, son imprescindibles para lograr el bienestar colectivo.
Satisfacer las necesidades humanas debe convertirse en la razón de ser de la economía y de la política, dejando progresivamente atrás el predominio de la expansión del capital privado y la obtención desmedida de ganancias en favor de una minoría voraz.
Pero volviendo al tema de la reforma fiscal y limitándome exclusivamente a esa vertiente del problema, es necesario señalar que una mejoría limitada en las condiciones de vida del pueblo solo se podría lograr incrementando los ingresos estatales con impuestos directos a las propiedades y a las ganancias de los poderosos; reduciendo los impuestos al consumo, eliminando su retención tramposa por los empresarios, erradicando las exenciones y exoneraciones graciosas e innecesarias y reorientando con sentido de justicia el gasto del estado.
Modificar con sentido de justicia el gasto público a partir de más ingresos y menos gastos superfluos, implica erradicar la corrupción y suprimir los privilegios y los gastos superfluos..
Implica reducir las escandalosas desigualdades en materia salarial, eliminar todo lo dispendioso, todo lo parasitario y todo derroche o mal uso de recursos, incluido el asistencialismo clientelista; mejorando a la vez la calidad o destino del gasto oficial, dándole prioridad al pago de la deuda social en salud, educación, alimentación, vivienda, salarios, pensiones, seguridad social, sanidad ambiental, infraestructuras fundamentales
Adicionalmente, cuando se habla de disminuir la pobreza, procede eliminar la liberalización de los precios de los alimentos, las medicinas y otros productos de primera necesidad; así como enfrentar la usura legal e ilegal, y ponerle fin a la especulación entronizada en la intermediación comercial.
La contrarreforma está instalada y hay que revertirla, no simplemente maquillarla o limitarse a cambiar lo ya insostenible, como las exenciones y exoneraciones a empresas con altísima rentabilidad.
No es cuestión de demagogia mercadológica como ya empezó a hacer Abinader, ni de ponerse a hablar lindezas sin precisar compromisos.
Se necesitan definiciones precisas en TEMAS CRUCIALES, las cuales siguen bloqueadas por un estado administrado por empresarios y por las organizaciones corporativas del gran capital, que ya iniciaron su nueva cruzada de resistencia, oponiendo la deuda social que ellos mismos han auspiciado.
Solo el pueblo movilizado, con una propuesta de reforma fiscal que reemplace el prolongado imperio de la contrarreforma, podría frustrar la tranquila continuidad de lo que está establecido, a tono con la estrategia neoliberal o neoconservadora, o limitadamente pellizcada.
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.