Análisis Noticiosos
El 2012 registra declive institucional y económico
Por Juan Bolívar Díaz
El pragmatismo político salvaje se apoderó del país en este 2012 que concluye, debilitando la institucionalidad democrática, desintegrando los partidos y desguañangando la economía, dejando serias incógnitas sobre la sostenibilidad económica y el equilibrio social.
Heredero de grandes desequilibrios el presidente Danilo Medina lucha por restablecer la confianza en las instituciones, mientras nuevos actores sociales ocupan el vacío de liderazgo político opositor, generando un activismo que reivindica el protagonismo de la ciudadanía.
Un exitoso pragmatismo. Un año de elecciones cobró alto costo en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y con el desguañangue de la economía nacional, cuando el presidente Leonel Fernández superó su promesa de que invertiría 40 mil millones de pesos para que su partido se mantuviera gobernando, con una doble campaña, incluso después de los comicios del 20 de mayo, para abonar su regreso en el 2016.
La campaña electoral concluyó en los peores niveles de abuso del poder del Estado marcando una competencia desigual. El clientelismo, la compra de voluntades y votos y el involucramiento de todo el gobierno superaron los precedentes como lo certificaron seis informes de la observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y quedó patente en los medios de comunicación.
Hasta la diplomática misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó afirmando que “el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”, recomendando poner atención “al uso de recursos públicos y a la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera esta sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral”. Un extenso informe recomienda también que se “reglamente el acceso equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos”, así como “el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de equidad en la contienda”.
Debilidades institucionales. Las denuncias de corrupción, sin la menor investigación de unos órganos judiciales sin independencia ocuparon todo el año, proviniendo no sólo de los partidos y candidatos de oposición, sino también de medios de comunicación. Se documentó que el financiamiento político del poderoso senador Félix Bautista se extendió fuera del país hasta Haití y Perú con millones de dólares. Mientras el Foro Económico Mundial y Amnistía Internacional ratificaban al país como líder de la malversación, del favoritismo de los funcionarios públicos y en la falta de transparencia.
Un elemento que evidenció la extrema debilidad institucional dominicana fue la presencia del Procurador General de la República y del canciller en una rueda de prensa donde se acusó al jefe de seguridad del principal candidato opositor de conspirar contra el gobierno de Haití, en base a una grabación fruto del espionaje telefónico en violación de la Constitución y la ley. La denuncia fue desestimada por el ministerio público.
El Congreso Nacional actuó todo el año como sello gomígrafo del Gobierno, sin cumplir su responsabilidad de fiscalización pero realizando tareas de asistencialismo social clientelista. Pese a que habría elección presidencial, no tuvieron interés en aprobar el proyecto de ley orgánica electoral elaborado por una misión de la OEA ni el de ley de partidos, consensuado durante más de una década. Tampoco el proyecto de ley de regulación salarial, vetada por el presidente Fernández en su última jornada de gobierno, ni el de la urgente reforma de la Policía. Mientras, pasaba el onceavo año sin que dieran vigencia a la ley del Defensor Público.
Varios senadores oficialistas, encabezados por Charles Mariotti y Julio César Valentín, se hicieron conscientes de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y sometieron un paquete de siete proyectos de fiscalización y control, de racionalización del gasto público, de Cámara de Cuentas y de integridad en la función pública, entre otros, sin haber obtenido mayor atención congresual.
Ningún órgano de control ni autoridad llamó la atención cuando el Presidente de la República y sus principales funcionarios económicos se volaron varios preceptos constitucionales y una docena de leyes normativas al incurrir en un déficit fiscal que multiplicó por nueve el autorizado en la ley del presupuesto del 2012.
Otros elementos críticos. El debilitamiento institucional quedó al desnudo en el sexto informe del monitoreo de PC a los mandatos de la ley de libre acceso a la información pública donde diez organismos que en el 2001 registraron puntuación sobre 90 por ciento, cayeron entre 20 y 44 puntos. Entre ellos los ministerios de Salud, Educación y administración pública, el despacho de la Primera Dama y hasta la Suprema Corte de Justicia.
La crisis institucional quedó más evidente que nunca en los principales partidos de oposición, el Reformista Social Cristiano fragmentado y absorbido por los gobernantes, y el Revolucionario Dominicano, cuya candidatura presidencial fue debilitada desde su propia presidencia, cayendo en una virtual división, con secuestro de su casa nacional y de los organismos partidarios que no han podido ser reunidos.
La fragmentación del partidismo tuvo dos expresiones, la adscripción de 18 partidos a las candidaturas de los dos mayoritarios y la incapacidad mostrada por cinco contestatarios que frustraron expectativas de una opción alternativa, terminando entre todos con el 2 por ciento del sufragio.
Los cuestionamientos al estado de derecho y denuncias de corrupción se expresaron hasta por parte de embajadores, como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, además de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Los reclamos de amparo por la exclusión de miles de descendientes de haitianos que ya habían sido reconocidos como dominicanos fueron acogidas por tribunales nacionales y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de 300 muertos a manos de la Policía, en gran proporción ejecuciones sumarias, una de las cuales fue documentada en vídeo, y denuncias de torturas y de redadas masivas que terminan en extorsión, así como de espionaje y saqueo, dejaron mal parado el estado de derecho. En contraste la inseguridad ciudadana siguió en picada con una delincuencia y un narcotráfico cada vez más atrevidos y criminales.
Desguañangue económico. El costo de este año electoral devino en un escándalo mayúsculo cuando el gobierno de Danilo Medina cuantificó en 8 por ciento del PIB el déficit fiscal que heredó de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaría a 8.5 por ciento, unos 204 mil millones de pesos. Sería el quinto año consecutivo de déficits fiscales pero esta vez cuadruplicando el promedio de 50 mil millones de pesos.
A pesar del desbordamiento del gasto público, cubierto con un endeudamiento que ya alcanza el 44 por ciento del PIB, la economía nacional siguió reduciendo su crecimiento, este año alrededor del 4 por ciento, con menor actividad privada, e impactando la posición externa del país, según el FMI, que sitúa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un 7 por ciento del PIB. Se proyecta a 4,286 millones de dólares, con un desbalance comercial de casi 9 mil millones de dólares. Según la evaluadora JP Morgan, la deuda del sector público no financiero creció en 2,200 millones de dólares, sumando casi 19 mil millones de dólares. La total pasó de 25 mil millones de dólares.
El agravante de reducción de la inversión extranjera y la pérdida de 800 millones de dólares en las reservas internacionales, “por debajo de las normas de referencia”, explican la devaluación de los últimos meses, a pesar del gran éxito de una inflación de apenas 3 por ciento.
Los niveles de los déficits y el peso del endeudamiento cuestionan la sostenibilidad económica del país y de su modelo de desarrollo, desafiando al Gobierno instaurado en agosto, que ha impuesto una reforma tributaria, cuyos beneficios y costosas repercusiones no se podrán apreciar hasta los primeros meses del próximo año.
Artículo originalmente publicado en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.