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El 2014 es un año decisivo para los tres grandes pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo
SANTO DOMINGO. En cumplimiento con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y a una de sus promesas de toma de posesión, este nuevo año 2014 sería decisivo para el presidente Danilo Medina, en cuanto a los pactos educativo, fiscal y energético.
De los tres, los pasos más firmes se han dado en torno al pacto educativo, con todo y no cumplirse la promesa de las 10 mil nuevas aulas, pues se han realizado 50,516 propuestas de organizaciones, instituciones y personas, las que han enriquecido el debate sobre cómo mejorar la educación dominicana.
Los pasos a seguir son las mesas de trabajo, donde se analizará y consolidará las propuestas, a fin de lograr un borrador para consensuar el plan final del pacto que estaría listo el 31 de enero próximo.
En el espinoso tema del pacto fiscal, a pesar de lo mucho que se ha reclamado y debatido, su accionar ha sido muy tímido, y las expectativas son poco halagüeñas.
«La realidad es dura. En este momento se requiere del esfuerzo y sacrificio de todos para que podamos encauzar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país y a eso es que apelamos», expresó el presidente Danilo Medina, al presentar la propuesta en octubre del 2012, la que plantea el incremento de los ingresos en un 4% del PIB; un 1.9% a través del control del gasto del gobierno, y un 2.2% de una reforma tributaria.
La iniciativa arrancó en ese entonces con buen pie, y llegó a ser presentada ante los partidos políticos en busca de un consenso, sin resultados positivos a la fecha.
A favor del pacto se han pronunciado diversos sectores empresariales y bancarios, quienes reclaman su aplicación en procura de que venga a corregir lo que señalan son distorsiones en la aplicación de la Reforma Tributaria.
Otro igual de complicado, es el pacto eléctrico, cuyos debates iniciaron hace dos años con dimes y diretes entre el oficialismo y el sector privado, y que a decir del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, a más tardar en mayo, se iniciarán de nuevo sus discusiones, y se procederá a su firma.
Según el funcionario, el compromiso sería asumido por las principales fuerzas políticas y sociales del país, incluyendo a empresarios, la prensa, la iglesia y la sociedad civil, con el objetivo de solucionar el problema que ha afectado al país por más de 60 años.
La solución al problema eléctrico supone una inversión que supera los US$3 mil millones, según las estimaciones.
Tras el anuncio, de inmediato se han elevado las voces para que dicho pacto incluya un abaratamiento en los costos de producción y distribución de energía, la disminución del subsidio, así como hacer más sostenible el sistema eléctrico nacional.
La vista del sector sindical
Los consideran esenciales, y creen se debe avanzar en ellos para resolver problemas vitales, como lo son la educación, la energía y la fiscalización. Así se expresa Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), quien asegura que con voluntad se podrán llevar a cabo.
«Nosotros tenemos interés de que el pacto educativo se resuelva, y estamos trabajando en eso, y que el pacto eléctrico termine de ejecutarse, porque es el motor del desarrollo, pero en cuanto al pacto fiscal el proceso será mucho más difícil», enfatizó.
Refirió que en torno al espinoso pacto fiscal, su apreciación es que no sería puesto en marcha en el presente gobierno. «Este año 2014 es vital para esos pactos, y lo más conveniente es afianzar los que sean posibles, y dejar encaminados los demás, pero no pretender resolverlos todos, porque no lo va a poder resolver todo, pues el 2015 es un año pre electoral», advirtió.
Una mirada empresarial
Para la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, los tres grandes pactos pendientes del gobierno son requerimientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos consignados para su puesta en marcha que no han sido cumplidos.
Sus expectativas están fijadas en que se concluirá con el pacto educativo, y se avanzará con el de electricidad, no así con el fiscal, el cual entiende carece de posibilidades de su puesta en marcha este año.
«Sobre el pacto fiscal entendemos que es importante, de cara a combatir los niveles de informalidad, nos sentaremos a discutir no reformas fiscales, sino cómo manejar los temas fiscales «, precisó.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.