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El 2014 es un año decisivo para los tres grandes pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo
SANTO DOMINGO. En cumplimiento con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y a una de sus promesas de toma de posesión, este nuevo año 2014 sería decisivo para el presidente Danilo Medina, en cuanto a los pactos educativo, fiscal y energético.
De los tres, los pasos más firmes se han dado en torno al pacto educativo, con todo y no cumplirse la promesa de las 10 mil nuevas aulas, pues se han realizado 50,516 propuestas de organizaciones, instituciones y personas, las que han enriquecido el debate sobre cómo mejorar la educación dominicana.
Los pasos a seguir son las mesas de trabajo, donde se analizará y consolidará las propuestas, a fin de lograr un borrador para consensuar el plan final del pacto que estaría listo el 31 de enero próximo.
En el espinoso tema del pacto fiscal, a pesar de lo mucho que se ha reclamado y debatido, su accionar ha sido muy tímido, y las expectativas son poco halagüeñas.
«La realidad es dura. En este momento se requiere del esfuerzo y sacrificio de todos para que podamos encauzar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país y a eso es que apelamos», expresó el presidente Danilo Medina, al presentar la propuesta en octubre del 2012, la que plantea el incremento de los ingresos en un 4% del PIB; un 1.9% a través del control del gasto del gobierno, y un 2.2% de una reforma tributaria.
La iniciativa arrancó en ese entonces con buen pie, y llegó a ser presentada ante los partidos políticos en busca de un consenso, sin resultados positivos a la fecha.
A favor del pacto se han pronunciado diversos sectores empresariales y bancarios, quienes reclaman su aplicación en procura de que venga a corregir lo que señalan son distorsiones en la aplicación de la Reforma Tributaria.
Otro igual de complicado, es el pacto eléctrico, cuyos debates iniciaron hace dos años con dimes y diretes entre el oficialismo y el sector privado, y que a decir del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, a más tardar en mayo, se iniciarán de nuevo sus discusiones, y se procederá a su firma.
Según el funcionario, el compromiso sería asumido por las principales fuerzas políticas y sociales del país, incluyendo a empresarios, la prensa, la iglesia y la sociedad civil, con el objetivo de solucionar el problema que ha afectado al país por más de 60 años.
La solución al problema eléctrico supone una inversión que supera los US$3 mil millones, según las estimaciones.
Tras el anuncio, de inmediato se han elevado las voces para que dicho pacto incluya un abaratamiento en los costos de producción y distribución de energía, la disminución del subsidio, así como hacer más sostenible el sistema eléctrico nacional.
La vista del sector sindical
Los consideran esenciales, y creen se debe avanzar en ellos para resolver problemas vitales, como lo son la educación, la energía y la fiscalización. Así se expresa Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), quien asegura que con voluntad se podrán llevar a cabo.
«Nosotros tenemos interés de que el pacto educativo se resuelva, y estamos trabajando en eso, y que el pacto eléctrico termine de ejecutarse, porque es el motor del desarrollo, pero en cuanto al pacto fiscal el proceso será mucho más difícil», enfatizó.
Refirió que en torno al espinoso pacto fiscal, su apreciación es que no sería puesto en marcha en el presente gobierno. «Este año 2014 es vital para esos pactos, y lo más conveniente es afianzar los que sean posibles, y dejar encaminados los demás, pero no pretender resolverlos todos, porque no lo va a poder resolver todo, pues el 2015 es un año pre electoral», advirtió.
Una mirada empresarial
Para la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, los tres grandes pactos pendientes del gobierno son requerimientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos consignados para su puesta en marcha que no han sido cumplidos.
Sus expectativas están fijadas en que se concluirá con el pacto educativo, y se avanzará con el de electricidad, no así con el fiscal, el cual entiende carece de posibilidades de su puesta en marcha este año.
«Sobre el pacto fiscal entendemos que es importante, de cara a combatir los niveles de informalidad, nos sentaremos a discutir no reformas fiscales, sino cómo manejar los temas fiscales «, precisó.
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La Finjus advierte que CNM no tiene la capacidad técnica para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Santo Domingo, R.D.-Llega a su fin la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien el pasado sábado alcanzó su séptimo año en la posición, por lo que llega al tope de tiempo que establece la Constitución de la República.
A partir de ahora el presidente de la SCJ tiene que ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, quien deberá determinar si éste debe seguir al frente del sistema de justicia, cuyo principal escollo para su ratificación es que llegó a la posicion mediante una decision politica y mientras era miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD).
Este procedimiento de evaluación de desempeño a los jueces del Poder Judicial se ha realizado desde el año 1997. Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que el CNM no tiene la capacidad técnica para analizar el ejercicio de los jueces.
El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que para el CNM “siempre será un reto” elegir jueces de altas cortes, ya que la mayoría de sus integrantes provienen del sector político.
“La composición del consejo es política. Hay quienes no quisiéramos que políticos lleguen a la Suprema”, así lo expresó este martes al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional.
Ante la falta de “capacidad técnica” del órgano constitucional, considera necesario incluir en una próxima reforma de la Carta Magna limitar el tiempo de trabajo de los magistrados designados a la SCJ a tan solo siete años, sin repetir en el cargo.
“Nosotros siempre hemos abogado porque en una eventual reforma a la Constitución, los jueces de la SCJ sean nombrados para un periodo y que no los tengamos que estar sometiendo a procesos de evaluación de desempeño”, manifestó.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, identificó “nudos críticos” que representan un retroceso en las garantías ciudadanas.
Mientras tanto, el representante de la organización no gubernamental espera que en esta ocasión el Concejo Nacional de la Magistratura sea “lo más objetivamente posible” al decidir sobre el futuro de la presidencia de la SCJ, así como de otros 10 jueces que deberán ser evaluados.
“Que eso no se trate de un concurso de oposición, se trata de evaluaciones que deben estar sobre la base de la objetividad. No sobre la base de presunciones… Tienen toda la oportunidad de hacer una buena evaluación a quienes quieran continuar siendo jueces de la Suprema ”, precisó.
Aunque prefiere esperar por el dictamen del CNM, Castaños Guzmán adelantó su valoración positiva a la gestión del magistrado Henry Molina, indicando que este ha tenido “un excelente desempeño”, al igual que otros jueces.
“Ha dignificado el Poder Judicial, creo que lo ha puesto en un nivel que se puede comparar con países del área. Desde el punto de vista de lo que son los indicadores internacionales, el poder judicial ha sacado notas sobresalientes conforme a lo que había sido evaluaciones anteriores”, dijo.
¿Políticos a la justicia?
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los funcionarios que ocupan un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura.
A pesar de que aclaró hablar de manera individual, aseguró que la intención de la mayoría de los miembros del CNM está centrada en “nombrar personas calificadas y que no prime el criterio político”.
“Eso yo te lo puedo garantizar”, declaró Pacheco al contestar las preguntas de periodistas en la sede del Poder Legislativo.
Pacheco adelantó que “dentro de muy poco tiempo” el CNM sería convocado. No obstante, aún el presidente Abinader no ha realizado una convocatoria oficial.
Composición del CNM
Los demás funcionarios que acompañan al presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura son el presidente del Senado, un senador o senadora que representa a la segunda mayoría política.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, junto a un legislador del principal bloque político opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de su pleno que le acompañe. Por último, el presidente del Tribunal Constitucional.
El pasado 22 de diciembre, el CNM juramentó a cinco nuevos jueces, tras realizar un procedimiento de entrevistas a alrededor de 83 perfiles interesados en ser escogidos.
Estos fueron Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.
¿Cuáles son los requisitos?
El artículo 152 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, el cual estará conformado por no menos de 16 jueces.
Dentro de los requisitos para aplicar se encuentran ser licenciado o doctor en Derecho. Así como haber ejercido durante al menos 12 años la profesión de abogado, docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público.
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Wilson Camacho: «La corrupción en el sistema de justicia hace que el derecho sea soluble en dinero»
Santo Domingo, R.D.-El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, «porque afecta la seguridad jurídica y hace que el derecho sea soluble en dinero».
El procurador adjunto calificó de «grave» el caso que involucra al fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares de parte de Roberto Canaán, testigo en el caso Senasa.
Valdez Alcántara es procesado tras una operación de «entrega vigilada» ejecutada por el propio Ministerio Público.
Ante la interrogante de si el hecho constituye una extorsión o un soborno, Camacho aclaró que la imputación formal es por soborno.
Según el procurador adjunto, el imputado solicitaba beneficios económicos a cambio de alterar el curso de las investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.
El magistrado destacó que este caso es el resultado de un proceso de inteligencia y ejecución interna, diseñado para extirpar conductas ilícitas dentro de la institución. Asimismo, reiteró que la línea de acción trazada por la Procuradora General de la República y la Dirección de Persecución es de tolerancia cero.
Sobre la posible implicación de otras personas o la vinculación del imputado con otros casos previos, Camacho precisó que se trata de una investigación abierta.
Explicó que el arresto fue posible gracias a una técnica de investigación autorizada judicialmente, lo que permitió atrapar al implicado en flagrante delito.
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Juez impone prisión preventiva a coronel de la Policía acusado de agredir a joven en Los Mina
Santo Domingo, R.D.- El juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo este impuso tres meses de prisión preventiva en contra del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a una adolescente durante un incidente captado en video y viralizado en las redes sociales.
El magistrado Leomar Cruz Quezada dispuso que el oficial cumpla la prisión en en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo de Santo Domingo Oeste.
El tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Este. En la audiencia los abogados Bunel Ramírez, Ambiorix Arnold y Sócrates Franco habían solicitado al juez rechazar la solicitud de prisión preventiva e imponer una medida de coerción menos gravosa.
A la salida del tribunal el coronel rehusó hablar con los medios momentos en que era trasladado bajo estricta medida de seguridad.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos denunciados por la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro ocurrieron la madrugada del pasado 30 de marzo en el sector Los Mina.
Según la denuncia, la víctima se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y el propietario del automóvil, cuando fueron abordados de manera insistente por una patrulla dirigida por el coronel Madé Ramírez.
Ante el daño a la propiedad, la joven y sus acompañantes descendieron del auto para documentar lo sucedido con sus teléfonos móviles. Fue en ese momento cuando, tras percatarse de que estaba siendo grabado, el coronel Madé Ramírez reaccionó de forma violenta.
Aduce que el imputado procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo.