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El 2014 es un año decisivo para los tres grandes pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo
SANTO DOMINGO. En cumplimiento con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y a una de sus promesas de toma de posesión, este nuevo año 2014 sería decisivo para el presidente Danilo Medina, en cuanto a los pactos educativo, fiscal y energético.
De los tres, los pasos más firmes se han dado en torno al pacto educativo, con todo y no cumplirse la promesa de las 10 mil nuevas aulas, pues se han realizado 50,516 propuestas de organizaciones, instituciones y personas, las que han enriquecido el debate sobre cómo mejorar la educación dominicana.
Los pasos a seguir son las mesas de trabajo, donde se analizará y consolidará las propuestas, a fin de lograr un borrador para consensuar el plan final del pacto que estaría listo el 31 de enero próximo.
En el espinoso tema del pacto fiscal, a pesar de lo mucho que se ha reclamado y debatido, su accionar ha sido muy tímido, y las expectativas son poco halagüeñas.
«La realidad es dura. En este momento se requiere del esfuerzo y sacrificio de todos para que podamos encauzar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país y a eso es que apelamos», expresó el presidente Danilo Medina, al presentar la propuesta en octubre del 2012, la que plantea el incremento de los ingresos en un 4% del PIB; un 1.9% a través del control del gasto del gobierno, y un 2.2% de una reforma tributaria.
La iniciativa arrancó en ese entonces con buen pie, y llegó a ser presentada ante los partidos políticos en busca de un consenso, sin resultados positivos a la fecha.
A favor del pacto se han pronunciado diversos sectores empresariales y bancarios, quienes reclaman su aplicación en procura de que venga a corregir lo que señalan son distorsiones en la aplicación de la Reforma Tributaria.
Otro igual de complicado, es el pacto eléctrico, cuyos debates iniciaron hace dos años con dimes y diretes entre el oficialismo y el sector privado, y que a decir del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, a más tardar en mayo, se iniciarán de nuevo sus discusiones, y se procederá a su firma.
Según el funcionario, el compromiso sería asumido por las principales fuerzas políticas y sociales del país, incluyendo a empresarios, la prensa, la iglesia y la sociedad civil, con el objetivo de solucionar el problema que ha afectado al país por más de 60 años.
La solución al problema eléctrico supone una inversión que supera los US$3 mil millones, según las estimaciones.
Tras el anuncio, de inmediato se han elevado las voces para que dicho pacto incluya un abaratamiento en los costos de producción y distribución de energía, la disminución del subsidio, así como hacer más sostenible el sistema eléctrico nacional.
La vista del sector sindical
Los consideran esenciales, y creen se debe avanzar en ellos para resolver problemas vitales, como lo son la educación, la energía y la fiscalización. Así se expresa Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), quien asegura que con voluntad se podrán llevar a cabo.
«Nosotros tenemos interés de que el pacto educativo se resuelva, y estamos trabajando en eso, y que el pacto eléctrico termine de ejecutarse, porque es el motor del desarrollo, pero en cuanto al pacto fiscal el proceso será mucho más difícil», enfatizó.
Refirió que en torno al espinoso pacto fiscal, su apreciación es que no sería puesto en marcha en el presente gobierno. «Este año 2014 es vital para esos pactos, y lo más conveniente es afianzar los que sean posibles, y dejar encaminados los demás, pero no pretender resolverlos todos, porque no lo va a poder resolver todo, pues el 2015 es un año pre electoral», advirtió.
Una mirada empresarial
Para la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, los tres grandes pactos pendientes del gobierno son requerimientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos consignados para su puesta en marcha que no han sido cumplidos.
Sus expectativas están fijadas en que se concluirá con el pacto educativo, y se avanzará con el de electricidad, no así con el fiscal, el cual entiende carece de posibilidades de su puesta en marcha este año.
«Sobre el pacto fiscal entendemos que es importante, de cara a combatir los niveles de informalidad, nos sentaremos a discutir no reformas fiscales, sino cómo manejar los temas fiscales «, precisó.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.