Economía
“El 2018 es el inicio de los cambios estructurales que fueron acordados en el Pacto Eléctrico”
SANTO DOMINGO. Llegó enero de 2018, el mes para el que el Gobierno pospuso la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. Este comprende una serie de puntos consensuados que, según Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), no significarán una mejora notable en lo inmediato en el servicio.
Ella augura que los cambios serán paulatinos y este 2018, tras su anunciada firma, define que sería más un año de cambios estructurales.
El director ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, ha sido muy crítico del Pacto. Ha vaticinado que no resolverá los problemas vitales del sector, afectado por apagones, altas facturas y déficit.
“Si es que estamos viendo hacia el 2023 alguna reducción real y efectiva (de las pérdidas) que pueda hacer la diferencia, entonces seguimos viendo que todavía va a haber una gran ineficiencia en el sector eléctrico, que todavía no se va a poder suplir energía eficiente y permanente, y no vemos cómo se reducirán los costos”, afirmó Selman.
Capriles está más optimista. Como directora del CES, estuvo al frente de reuniones que se efectuaron en el proceso y contestó las siguientes preguntas a Diario Libre.
¿Cuáles perspectivas hay en 2018 de lo que se debe cumplir del Pacto Eléctrico?
Hay que recordar que duramos casi tres años logrando consensos para el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico y, en ese sentido, hay una serie de metas que se deben comenzar a cumplir a partir de 2018. ¿Cómo cuáles? Como el Plan de Reducción de Pérdidas. Hay un Plan de Reducción de Pérdidas y hay un
“No podemos decir que va a haber una mejora sustancial de un día para otro”.
cronograma de metas de cobranzas que deben entrar en funcionamiento en el 2018, ¿para qué?, para la sostenibilidad financiera del sector. Hay todo un plan y un programa de reestructuración del subsector eléctrico que debe comenzar ya, con plazos incluso establecidos a partir de la firma, que deben entrar en funcionamiento en el 2018 para que el Ministerio de Energía y Minas sea el órgano rector de todo el sistema. Eso por un lado.
Pero por otra parte, también algo que es importantísimo para este sector, que es la transparencia y el régimen de consecuencias. El régimen de consecuencias es necesario, no solamente para el cumplimiento de las metas, como la del cronograma de metas de cobranza del que te acabo de hablar, y el Plan de Reducción de Pérdidas de las Edes, de las empresas de distribución eléctrica, sino para todo el sistema que de alguna u otra manera se interrelacionan con energías renovables, con las hidroeléctricas, porque a veces pensamos solamente en las Edes, como que son la única situación en la que hay que pensar; no, hay que pensar en la transmisión, hay que pensar en la generación y hay que pensar en la distribución eléctrica. Y todo eso está engrampado para arrancar en este año 2018 con el apoyo de las fuerzas políticas, porque este no es un programa a corto plazo, este es un programa 2017, que fue cuando se terminó de consensuar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2030. Cubre tres administraciones y las beneficiarias van a ser las futuras administraciones. Esta administración es la de la disciplina.
La población dominicana, ¿qué puede esperar en 2018? ¿Habrá una mejora notable en el servicio eléctrico?
Mejora notable la vamos a ver en el futuro, me gusta hablar con la verdad, y la verdad es que todo lo que estamos haciendo es para una mejora paulatina pero sostenida en el tiempo, porque de eso se trata, de la sostenibilidad en el tiempo. Nuestro país, hay que recordar que es un país en desarrollo, con demandas de energía eléctrica que van en aumento, por lo tanto nosotros no podemos decir que va a haber una mejora sustancial de un día para otro, va a haber una mejora sustancial sostenida en el tiempo.
¿Y qué papel jugarían a futuro las plantas de Punta Catalina en todas estas planificaciones?
La Termoeléctrica de Punta Catalina lo que va a entrar es un mayor nivel de generación al sistema, es decir que, tan pronto Punta Catalina esté terminada, ahí sí va a haber una mejora sustancial porque habrá mayores capacidades de generación eléctrica para todo el país.
Cuando se informó que ya se terminaron las consultas para el Pacto Eléctrico, que estaba para firma, se dijo que hubo unos cuantos puntos en los que no se había llegado a consenso, pero igual el Pacto se podía firmar. ¿Qué pasará con esos puntos?
Bueno, uno de esos puntos es lo que me acabas de preguntar: Punta Catalina. Punta Catalina será durante un tiempo un punto sobre el que hay que discutir porque hay que pensar en un modelo de negocios a futuro, hay que pensar en una administración a futuro y entonces todo ese tipo de tema queda sobre el tintero, si se quiere, para seguir pensando y reflexionando sobre los diferentes sectores del país. Queda también el mismo régimen de consecuencias. Hay una parte del régimen de consecuencias que quedó muy claramente consensuado, pero hay una parte que hubo sectores que entendieron que había que ampliarlo, entonces esos temas quizás deben seguirse reflexionando en el tiempo.
“Vamos a entrar en lo que se llama una tarifa de transición hacia una tarifa de referencia, que es la que va en el futuro a ser la tarifa técnica”.
¿El Pacto Eléctrico repercutirá en algo en la tarifa que paga el usuario?
En este momento no, probablemente ya el año que viene y el año siguiente sí va a haber un cambio, pero para mejoría del consumidor, en el sentido de que va a ser más transparente su factura, es decir, su factura va a reflejar el gasto prácticamente del hogar por completo hasta prácticamente en cada objeto, si se quiere, como forma de educar al ciudadano y a la ciudadana para el ahorro de energía eléctrica. Entonces, eso va a traer como consecuencia que, en la medida en la que el consumidor se haga más consciente de su consumo, también ahorrará más y también entonces eso influirá en el costo de la tarifa eléctrica, que ese es uno de los temas a largo plazo.
Nosotros vamos a entrar en lo que se llama una tarifa de transición hacia una tarifa de referencia, que es la que va en el futuro a ser la tarifa técnica, que esa reflejará al centavo lo que cuesta la energía eléctrica en la República Dominicana, es decir, todo eso es contribución a la transparencia, y todo eso beneficia al consumidor final.
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¿Y qué se ha contemplado para las personas que no pagan la tarifa?, que se roban la energía, como se dice.
Eso está dentro del Plan de Reducción de Pérdidas. Recuerde que el año pasado, cuando estábamos en el trabajo de calcular de cuánto es que son las pérdidas, estamos hablando de que hay lugares del país donde las pérdidas son de un 32 por ciento y ese 32 por ciento se programó, se pautó reducir a un máximo de un 15 por ciento para el año 2023, es decir, que al año 2023 el máximo de pérdida tolerable es de un 15 por ciento, lo cual quiere decir que habrá medidas lo suficientemente enérgicas y firmes como para que el robo y el fraude en la electricidad sea un asunto del pasado.
En resumen, ¿el 2018 sería como el comienzo de cambios estructurales?
Así mismo. El 2018 es el inicio de los cambios estructurales que fueron acordados en el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, así mismo como todo lo que tiene que ver con reducción de pérdidas, también lo que tiene que ver con cronograma de cobranzas y todo lo que tiene que ver con transparencia y régimen de consecuencias.
diariolibre.com
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.