Economía
“El 2018 es el inicio de los cambios estructurales que fueron acordados en el Pacto Eléctrico”
SANTO DOMINGO. Llegó enero de 2018, el mes para el que el Gobierno pospuso la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. Este comprende una serie de puntos consensuados que, según Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), no significarán una mejora notable en lo inmediato en el servicio.
Ella augura que los cambios serán paulatinos y este 2018, tras su anunciada firma, define que sería más un año de cambios estructurales.
El director ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, ha sido muy crítico del Pacto. Ha vaticinado que no resolverá los problemas vitales del sector, afectado por apagones, altas facturas y déficit.
“Si es que estamos viendo hacia el 2023 alguna reducción real y efectiva (de las pérdidas) que pueda hacer la diferencia, entonces seguimos viendo que todavía va a haber una gran ineficiencia en el sector eléctrico, que todavía no se va a poder suplir energía eficiente y permanente, y no vemos cómo se reducirán los costos”, afirmó Selman.
Capriles está más optimista. Como directora del CES, estuvo al frente de reuniones que se efectuaron en el proceso y contestó las siguientes preguntas a Diario Libre.
¿Cuáles perspectivas hay en 2018 de lo que se debe cumplir del Pacto Eléctrico?
Hay que recordar que duramos casi tres años logrando consensos para el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico y, en ese sentido, hay una serie de metas que se deben comenzar a cumplir a partir de 2018. ¿Cómo cuáles? Como el Plan de Reducción de Pérdidas. Hay un Plan de Reducción de Pérdidas y hay un
“No podemos decir que va a haber una mejora sustancial de un día para otro”.
cronograma de metas de cobranzas que deben entrar en funcionamiento en el 2018, ¿para qué?, para la sostenibilidad financiera del sector. Hay todo un plan y un programa de reestructuración del subsector eléctrico que debe comenzar ya, con plazos incluso establecidos a partir de la firma, que deben entrar en funcionamiento en el 2018 para que el Ministerio de Energía y Minas sea el órgano rector de todo el sistema. Eso por un lado.
Pero por otra parte, también algo que es importantísimo para este sector, que es la transparencia y el régimen de consecuencias. El régimen de consecuencias es necesario, no solamente para el cumplimiento de las metas, como la del cronograma de metas de cobranza del que te acabo de hablar, y el Plan de Reducción de Pérdidas de las Edes, de las empresas de distribución eléctrica, sino para todo el sistema que de alguna u otra manera se interrelacionan con energías renovables, con las hidroeléctricas, porque a veces pensamos solamente en las Edes, como que son la única situación en la que hay que pensar; no, hay que pensar en la transmisión, hay que pensar en la generación y hay que pensar en la distribución eléctrica. Y todo eso está engrampado para arrancar en este año 2018 con el apoyo de las fuerzas políticas, porque este no es un programa a corto plazo, este es un programa 2017, que fue cuando se terminó de consensuar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2030. Cubre tres administraciones y las beneficiarias van a ser las futuras administraciones. Esta administración es la de la disciplina.
La población dominicana, ¿qué puede esperar en 2018? ¿Habrá una mejora notable en el servicio eléctrico?
Mejora notable la vamos a ver en el futuro, me gusta hablar con la verdad, y la verdad es que todo lo que estamos haciendo es para una mejora paulatina pero sostenida en el tiempo, porque de eso se trata, de la sostenibilidad en el tiempo. Nuestro país, hay que recordar que es un país en desarrollo, con demandas de energía eléctrica que van en aumento, por lo tanto nosotros no podemos decir que va a haber una mejora sustancial de un día para otro, va a haber una mejora sustancial sostenida en el tiempo.
¿Y qué papel jugarían a futuro las plantas de Punta Catalina en todas estas planificaciones?
La Termoeléctrica de Punta Catalina lo que va a entrar es un mayor nivel de generación al sistema, es decir que, tan pronto Punta Catalina esté terminada, ahí sí va a haber una mejora sustancial porque habrá mayores capacidades de generación eléctrica para todo el país.
Cuando se informó que ya se terminaron las consultas para el Pacto Eléctrico, que estaba para firma, se dijo que hubo unos cuantos puntos en los que no se había llegado a consenso, pero igual el Pacto se podía firmar. ¿Qué pasará con esos puntos?
Bueno, uno de esos puntos es lo que me acabas de preguntar: Punta Catalina. Punta Catalina será durante un tiempo un punto sobre el que hay que discutir porque hay que pensar en un modelo de negocios a futuro, hay que pensar en una administración a futuro y entonces todo ese tipo de tema queda sobre el tintero, si se quiere, para seguir pensando y reflexionando sobre los diferentes sectores del país. Queda también el mismo régimen de consecuencias. Hay una parte del régimen de consecuencias que quedó muy claramente consensuado, pero hay una parte que hubo sectores que entendieron que había que ampliarlo, entonces esos temas quizás deben seguirse reflexionando en el tiempo.
“Vamos a entrar en lo que se llama una tarifa de transición hacia una tarifa de referencia, que es la que va en el futuro a ser la tarifa técnica”.
¿El Pacto Eléctrico repercutirá en algo en la tarifa que paga el usuario?
En este momento no, probablemente ya el año que viene y el año siguiente sí va a haber un cambio, pero para mejoría del consumidor, en el sentido de que va a ser más transparente su factura, es decir, su factura va a reflejar el gasto prácticamente del hogar por completo hasta prácticamente en cada objeto, si se quiere, como forma de educar al ciudadano y a la ciudadana para el ahorro de energía eléctrica. Entonces, eso va a traer como consecuencia que, en la medida en la que el consumidor se haga más consciente de su consumo, también ahorrará más y también entonces eso influirá en el costo de la tarifa eléctrica, que ese es uno de los temas a largo plazo.
Nosotros vamos a entrar en lo que se llama una tarifa de transición hacia una tarifa de referencia, que es la que va en el futuro a ser la tarifa técnica, que esa reflejará al centavo lo que cuesta la energía eléctrica en la República Dominicana, es decir, todo eso es contribución a la transparencia, y todo eso beneficia al consumidor final.
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¿Y qué se ha contemplado para las personas que no pagan la tarifa?, que se roban la energía, como se dice.
Eso está dentro del Plan de Reducción de Pérdidas. Recuerde que el año pasado, cuando estábamos en el trabajo de calcular de cuánto es que son las pérdidas, estamos hablando de que hay lugares del país donde las pérdidas son de un 32 por ciento y ese 32 por ciento se programó, se pautó reducir a un máximo de un 15 por ciento para el año 2023, es decir, que al año 2023 el máximo de pérdida tolerable es de un 15 por ciento, lo cual quiere decir que habrá medidas lo suficientemente enérgicas y firmes como para que el robo y el fraude en la electricidad sea un asunto del pasado.
En resumen, ¿el 2018 sería como el comienzo de cambios estructurales?
Así mismo. El 2018 es el inicio de los cambios estructurales que fueron acordados en el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, así mismo como todo lo que tiene que ver con reducción de pérdidas, también lo que tiene que ver con cronograma de cobranzas y todo lo que tiene que ver con transparencia y régimen de consecuencias.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados durante 90 días los precios de las gasolinas, obligará a los consumidores dominicanos a realizar un gasto adicional que estima en RD$6,323 millones, al no trasladarse al mercado interno la recuperación observada en las principales variables internacionales que determinan el costo de importación de esos recursos energéticos.
Explicó que existen tres indicadores objetivos que muestran una evolución más favorable respecto al período de mayor tensión provocado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El segundo corresponde a la gasolina refinada de referencia para las importaciones de la República Dominicana, cuya cotización pasó de aproximadamente US$2.87 por galón durante la primera semana de marzo a un máximo cercano a US$3.49 por galón en mayo, un incremento de US$0.62, equivalente a 21.7%.
El tercer indicador es la tasa de cambio, señalando que durante la primera semana de marzo el dólar utilizado en la fórmula oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se cotizaba alrededor de RD$60.02, mientras que para la tercera semana de junio descendió a RD$58.90, reflejando una apreciación del peso dominicano de 1.87%, factor que reduce el costo en pesos de las importaciones.
El economista recordó que durante la semana comprendida entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 la gasolina premium se vendía a RD$290.10 por galón y la gasolina regular a RD$272.50. En cambio, la resolución No. 145-2026 del Ministerio de Industria, Comercio y Pipymes (MICM) mantiene actualmente esos combustibles en RD$341.10 y RD$310.50, respectivamente.
«Si se toma como referencia la estructura de precios vigente antes del conflicto, los consumidores dominicanos pagarán aproximadamente RD$6,323 millones adicionales durante los próximos 90 días como consecuencia de que los precios internos de las gasolinas no retornaron a los niveles observados antes de la escalada internacional», sostuvo.
Asimismo, señaló que las propias resoluciones del MICM muestran que el impuesto ad-valorem aumentó de RD$23.57 a RD$30.91 por galón en la gasolina premium y de RD$22.32 a RD$27.80 en la gasolina regular.
Con base en los niveles de consumo nacional, Haivanjoe Ng Cortiñas estimó que esa diferencia permitiría al Estado recaudar aproximadamente RD$911 millones adicionales por concepto de impuesto ad-valorem durante los próximos tres meses respecto a la estructura tributaria.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, advirtió que retirarían todas las terminales de pago electrónico de sus estaciones de combustibles al denunciar lo que entienden son cobros de comisiones excesivos de la banca dominicana.
“La banca se lleva prácticamente 27 % de la utilidad bruta que nosotros recibimos. Por cada galón de combustible nos cobran siete pesos. Es insoportable, ya que también cobran una comisión por uso de la tarjeta”, se quejó.
Anadegas dijo que, adicional al 27 %, la banca nacional les cobra 7 pesos en cada ocasión que se utiliza una tarjeta de crédito en sus instalaciones.
“Es una decisión ya pensada, razonada y que en otros países están también llevando a cabo” respaldó.
Elías Pérez explicó que la medida sirve a modo de paro nacional, considerando que el precio de la comisión que se cobra en las tarjetas en relación a las ventas es bastante alto, calificándolo de abusivo al considerar que las estaciones de combustibles solo reciben 25 pesos por cada galón que venden y de ahí le pagan 7 pesos más por el uso de las tarjetas.
“No hicieron caso, no nos han llamado, no han vuelto a hablar con nosotros”, reveló.
Santo Domingo. La trampa de ingreso medio, la concentración territorial de la producción y las brechas en el capital humano figuran entre los principales desafíos que enfrenta República Dominicana para alcanzar una nueva etapa de desarrollo económico sostenible.
Así lo expresó Nathalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
La ejecutiva destacó que el país ha logrado construir una sólida base de crecimiento durante la última década, pero señaló que el reto actual consiste en transformar ese avance en mayores niveles de productividad para mantener la competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente.
Tres retos que condicionan el desarrollo
Alvarado explicó que uno de los principales obstáculos es la denominada trampa del ingreso medio, una situación que afecta a países que logran crecer de manera sostenida, pero encuentran dificultades para convertirse en economías de altos ingresos sin fortalecer la innovación. También la productividad y el capital humano.
Otro desafío identificado es la concentración territorial de la actividad económica. Según indicó, más del 50 % de la producción nacional se genera en apenas el 11 % del territorio, una realidad que impulsa el crecimiento en determinadas zonas. También provoca congestión urbana, presión sobre la infraestructura y desigualdades regionales.
En cuanto al capital humano, destacó que aunque el 33 % de la población dominicana tiene entre 15 y 34 años, lo que representa una importante ventaja demográfica, el 54 % de los empleadores reporta dificultades para encontrar personal calificado. Además, cerca del 25 % de los jóvenes no estudia ni trabaja.
“Detrás de ese 25 % hay una generación que espera herramientas para competir y oportunidades para integrarse plenamente a la economía”, señaló.
Crecimiento económico con nuevos desafíos
La representante del BID resaltó que República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento promedio de 4.3 % durante la última década, una cifra que supera ampliamente el promedio regional.
No obstante, advirtió que la nueva etapa del desarrollo requiere mejorar la calidad del crecimiento económico, apostando por mayores niveles de productividad y competitividad.
Nearshoring y transformción tecnológica
Alvarado afirmó que los cambios en la economía global representan oportunidades para el país. Explicó que la reorganización de las cadenas de suministro internacionales podría favorecer a economías competitivas como la dominicana.
En ese sentido, estimó que el fenómeno del nearshoring podría generar hasta 78 mil millones de dólares adicionales en exportaciones para la región, siempre que los países fortalezcan aspectos clave como la logística, la infraestructura y la sofisticación productiva.
Asimismo, mencionó otros desafíos relacionados con la dependencia energética, ya que el 83 % de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles. Además de la vulnerabilidad climática, cuyas pérdidas representan aproximadamente el 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.
Inversiones del BID en República Dominicana
La representante del organismo informó que el Grupo BID mantiene actualmente una cartera activa de 23 proyectos en República Dominicana. El mismo con una inversión aproximada de 2,900 millones de dólares.
A esto se suman operaciones de BID Invest que han alcanzado los 3,305 millones de dólares en los últimos tres años. Los mismos están destinados a sectores estratégicos como energía, infraestructura, inclusión financiera y desarrollo productivo.
Finalmente, Alvarado consideró que iniciativas como Meta RD 2036 representan una oportunidad para coordinar esfuerzos de largo plazo. También fortalecer los pilares que permitan elevar la productividad nacional.
“La próxima etapa del desarrollo dominicano requerirá fortalecer lo que ya funciona y, al mismo tiempo, construir nuevos motores de crecimiento basados en innovación, talento y productividad”, concluyó.