Economía
El 2024 casi termina con la reforma fiscal pendiente
Santo Domingo, R.D.-Restando tan solo cinco días para que concluya este 2024, el Estado dominicano continúa con una lista de transformaciones que se mantienen en el apartado de “estado pendiente”, dentro de las que se encuentra la reforma fiscal.
Aunque la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de octubre al Congreso Nacional no prosperó, debido a las inconformidades que provocaron el intento de aumentos de impuestos a algunos sectores, esto continúa siendo una necesidad para la evolución de la sociedad dominicana. Esto, a pesar de las acciones y vistas públicas realizadas por los legisladores, en las que participaron cientos de personas. Precisamente, así lo ordena la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2030, aprobada en 2012, que pretende establecer de manera sostenida un sistema tributario progresivo dedicado a eficientizar el modelo de recaudación implementado en el país.
Luego del firme rechazo expuesto por las organizaciones políticas opositoras durante la etapa de discusión, son estos mismos los que en la Cámara de Diputados le recuerdan al tren gubernamental la importancia de realizar una transformación a los mecanismos tributarios.
Preocupación opositores
Mientras el órgano legislativo conocía este mes iniciativas relacionadas con el Presupuesto General del Estado para el 2025; algunos representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) coincidieron en que no es beneficioso para el Estado continuar con el endeudamiento público. “Todos sabemos que se sometió una reforma fiscal en busca de generar más fondos que fue fracasada, pero por esto no podemos seguir endeudando más a nuestro país, sino que debemos ajustar a diseñar una reforma fiscal que fortalezca las recaudaciones, priorizando la reducción de evasión de impuesto”, dijo Denia Doñé, legisladora por San Cristóbal.
Aseguró que del Poder Ejecutivo continuar acordando empréstitos con entidades financieras internacionales, el país llegará a un estado de insuficiencia, el cual no le permitirá solventar lo adeudado.
Mientras el diputado Charlie Mariotti recomendó establecer un nuevo modelo de fiscalización, ejecutado de manera progresiva, para lograr que “los que más ganen sean los que más paguen”.
“Que la carga no solamente la lleven los que más necesitan y los sectores productivos del país”, dijo Mariotti, congresista del Distrito Nacional.
Préstamos y reforma
El pasado 17 de diciembre, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a utilizar en 2025 préstamos bancarios por un monto de 350,990 millones, 390 mil pesos. Esto, luego de que el Gobierno no pudiese concretizar la propuesta de Modernización Fiscal, con la cual pretendía recaudar alrededor de 122,486.6 millones de pesos que serían invertidos en el sistema de transporte, seguridad ciudadana; entre otros servicios responsabilidad de la administración pública.
Análisis CREES
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), tras analizar el impacto, consideró que las medidas incluidas en la reforma no lograrán una reducción significativa en el ritmo de endeudamiento público.
Déficit invariable
A pesar de los esfuerzos por contener el gasto y aumentar los ingresos fiscales, indicaron que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se mantendría prácticamente invariable, pasando del 3% al 2.9% del PIB en 2025. Mientras tanto, el Gobierno no ha informado cuando retomará esta importante discusión para depositar nuevamente una propuesta en el Congreso Nacional.
Economía
Cámara Americana sugiere al USTR reconsiderar cargos por servicios marítimos en comercio de bienes
En una carta formal al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), AmchamDR comunicó su inquietud respecto a los cargos por servicios a los operadores de buques chinos de hasta un millón de dólares por escala en puertos estadounidenses, así como el cobro a las compañías navieras que utilizan buques construidos en China, de hasta 1,5 millones de dólares por escala.
El mes pasado, el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) propuso varios cargos por servicios portuarios, de hasta $1.5 millones de dólares por barco, para embarcaciones construidas en China, manejadas por operadores chinos, dependiendo de la composición de sus flotas o pedidos prospectivos de barcos chinos, que, según dijo, ayudarían a remediar las prácticas desleales utilizadas por China para convertirse en un jugador dominante en las industrias de construcción naval y marítima.
Las medidas propuestas forman parte de una investigación sobre esas prácticas lanzada el año pasado por USTR bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una petición presentada por varios sindicatos importantes de EE.UU.
La principal preocupación articulada por AmchamDR es que economías más pequeñas como la República Dominicana se vean en desventaja competitiva frente a economías más grandes con capacidad de ser atendidas por una mayor escala de embarcaciones.
Las importaciones que llegan en barcos grandes a EE. UU. desde Asia con más de 10,000 contenedores pudieran tener un costo incremental de aproximadamente $100 – $150 dólares por contenedor, mientras que los barcos más pequeños del tipo que sirven a la República Dominicana y otros países de la región (200 – 1,000 contenedores) pudieran ser impactados hasta con $7,500 dólares adicionales por contenedor.
«Si bien desde AmchamDR apoyamos el objetivo a largo plazo de fortalecer la industria de construcción de buques de EE. UU., a corto plazo estas tarifas por servicios portuarias tendrían un impacto muy negativo para muchos de nuestros miembros, incluidas las líneas navieras, los puertos, las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana y los importadores de productos estadounidenses como petróleo, Gas Natural Licuado, carbón, maquinarias y productos agrícolas», afirma.
Esperan que USTR considere alternativas a corto y largo plazo a las tarifas de servicios propuestas y los umbrales de exportación según el origen de los barcos de una manera que no afecte negativamente las exportaciones de EE. UU., a los transportistas estadounidenses y a las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana.
SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) invitó a los profesionales del ámbito financiero y al público en general a participar en la consulta de la reforma del reglamento de protección a usuarios.
Este nuevo instrumento, presentado el 3 de marzo, procura una transformación del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado por dicho órgano en 2015.
PROPUESTAS DE CAMBIOS
La propuesta plantea un mayor control sobre el diseño de los productos financieros, las ofertas y la publicidad.
De ser aprobada la pieza, los ciudadanos que no reconozcan un consumo de sus productos financieros tendrán el derecho a no pagar el monto reclamado mientras la solicitud se encuentre en proceso.
También ampliará el plazo para presentar reclamaciones ante la SB y plantea que se establezca un término, a partir de la firma de los contratos de adhesión, durante el cual los usuarios puedan retractarse.
El proyecto sugiere prohibir las barreras administrativas que impiden la cancelación o cambio de productos, así como las cláusulas que permiten la modificación arbitraria de las tasas de interés.
La iniciativa asigna a las entidades de intermediación financiera la responsabilidad por el buen comportamiento de sus representantes y terceros contratados en el proceso de cobro de deudas.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO
El documento íntegro se encuentra disponible en el portal de la SB, sb.gob.do, así como en el portal del Banco Central.
Los interesados en opinar pueden socializar sus aportes a la Gerencia del Banco Central o la Superintendencia de Bancos, a través de fin.normativa@bancentral.gov.do y del correo regulacion@sb.gob.do, respectivamente.
agl/of-am
Santo Domingo, R.D.-Mediante una disposición oficial, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obliga a los productores ganaderos y vendedores de carne bovina a convertirse en agentes de retención del 1% del monto facturado a personas y negocios informales, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En su artículo 8, la normativa de la DGII, explica respecto a la Facturación Electrónica, que las personas jurídicas designadas como agentes de retención deberán estar en ese sistema.
Solo deja exento de la norma a los agentes de retención que sean emisores electrónicos o se encuentren dentro del plazo establecido en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
Esta disposición, también forma parte de los trabajos que han resultado de modelos tecnológicos avanzados como “machine learning” y sobre lo que se infiere que han detectado una alta informalidad en el sector de la agropecuaria.
Asimismo, la DGII tomó en consideración el interés del estado de permitir el desarrollo del subsector de ganadería d carne bovina, “sin que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias altere sus condiciones económica pero garantizando la incorporación de las nuevas acciones que permitan fomentar la formalización de las personas que se dedican a las actividades del citado subsector”.
En su artículo 1, la normativa plantea el objetivo de establecer agentes de retención al subsector de ganadería de carne bovina.
En su artículo2 señala el alcance de la disposición: “Están alcanzados por la presente Norma General las personas físicas que vendan bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina”.
Además, agrega, “se encuentran sujetos a las disposiciones de esta Norma General las personas jurídicas que adquieran bienes o productos cárnicos de dicho subsector, quienes fungirán como agentes de retención”.
Dentro de su disposición que, consta de once artículos, el artículo 6 explica sobre el tratamiento del Comprobante de Compras, que se permitirá a las agentes de retención la recurrencia de su uso con una misma cédula de identidad cuando adquieran de personas físicas no formalizadas bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina siempre que se realice la retención prevista.
Sobre la retención, indica en su artículo 7 que esta constituirá un pago a cuenta del ISR únicamente en los casos en el que el contribuyente objeto de la retención se formalice como persona física en la DGII, el cual podrá ser usado en la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta de su primer ejercicio fiscal.
De igual modo, precisa que la medida aplica a partir del establecimiento actual de los agentes de retención, por lo que no aplica para ejercicios anteriores.
Suelto
Inobservancias
La DGII señala que habrá sanciones ante la inobservancia de la Norma General 04-2025, en atención al Código Tributario, al considerarse un incumplimiento de los deberes formales, contenidos en los artículos 50 y 253.
Entrada en vigor
De acuerdo con el aviso oficial, la referida normativa entrará en vigor a partir de tres meses de esta publicación , sin perjuicios de los plazos indicados en el artículo 8, que refiere a la Facturación Electrónica, que también da un plazo de tres meses para que las personas jurídicas designadas como agentes de retención a soliciten ser emisor electrónico.