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Experto en innovaciones tecnológicas afirma Mipymes viven en el «feudalismo digital»

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Los desafíos que enfrenta la digitalización fueron abordados recientemente en un informe publicado por Think Tank de Tabuga, una firma de consultoría digital establecida en el país, al presentar un diagnóstico integral del ecosistema digital dominicano, resultado de una serie de entrevistas realizadas en su programa de televisión “T al Cubo”.

Para profundizar al respecto abordamos al fundador de la firma, el experto tecnológico, Arturo López Valerio, quien analiza las oportunidades y desafíos de la digitalización en República Dominicana. A continuación la entrevista.

¿Cuáles novedades y hallazgos más disruptivos de este informe?

Al sistematizar los datos para este reporte, observamos la velocidad a la que se están bifurcando dos economías digitales dentro de un mismo país. Una de primer mundo, funcionando en ciertos sectores (turismo, remesas, servicios financieros), con niveles de adopción comparables a Chile o Colombia, y al mismo tiempo una analógica que coexiste a metros de distancia. El informe cuantifica esa distancia con una claridad que incomoda.

El otro hallazgo disruptivo es el papel que está jugando la infraestructura de datos como factor de producción, la riqueza futura se mide en complejidad económica: la República Dominicana tiene la oportunidad de saltar etapas si decide que los datos son un recurso estratégico nacional, pero todavía tratamos los datos como un subproducto, no como un activo. El informe documenta por primera vez la dimensión de ese costo de oportunidad.

Con los avances de la economía digital, ¿se está produciendo una real democratización del acceso o se está ensanchando la brecha entre grandes empresas y Mipymes?

La penetración de internet en la República Dominicana ronda el 85%, y eso se suele presentar como evidencia de democratización. Pero acceso a la red y acceso a la economía digital son dos cosas distintas. Lo que el informe muestra con claridad es que la conectividad llegó antes que la capacidad para convertirla en ventaja económica.

Las grandes empresas tienen equipos de transformación digital, presupuestos de tecnología, acceso a crédito para invertir en sistemas. Las Mipymes tienen un teléfono con WhatsApp Business y un grupo de Facebook.

Eso más allá de un concepto de democratización, es lo que yo llamo feudalismo digital: una arquitectura donde las plataformas globales capturan el valor y los pequeños productores locales capturan las migajas del alcance. Lo que se describe en el capitalismo de vigilancia a escala global; nosotros lo vivimos en versión caribeña. La brecha se confunde como acceso a dispositivos, sino de acceso a la cadena de valor digital.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas dominicanas para digitalizarse?

El primer obstáculo es conceptual antes de ser técnico: muchas empresas confunden digitalización con tener presencia en redes sociales. Esa confusión es costosa porque lleva a invertir en visibilidad cuando el problema real está en procesos, en datos internos, en la cadena de suministro.

El segundo obstáculo es el costo de capital. La digitalización requiere inversión con retorno a mediano plazo, y el crédito productivo en República Dominicana todavía es caro y de corto plazo. Las empresas que más necesitan transformarse, las medianas, en manufactura, comercio y servicios, son exactamente las que tienen menor acceso a financiamiento en condiciones que hagan viable esa inversión.

El tercero, y quizás el más subestimado, es el talento. Podemos tener toda la infraestructura del mundo, pero si no hay personas capaces de operar sistemas de IA o ERP, analizar datos de clientes o gestionar una estrategia de automatización, la tecnología se convierte en mobiliario caro. La brecha de talento digital es estructural, y el sistema educativo formal todavía no la está cerrando a la velocidad que necesitamos.

¿Qué papel puede jugar la tecnología para mejorar su productividad, acceso a financiamiento y competitividad?

La tecnología puede hacer por las pymes lo que la Revolución Industrial hizo por las economías que supieron aprovecharla: multiplicar la productividad sin necesariamente multiplicar el costo. El SaaS, software como servicio, fue la primera ola de esa democratización empresarial: una pyme dominicana hoy puede usar los mismos sistemas de gestión que una multinacional, pagando una fracción del costo. Eso es real y ya está ocurriendo en los sectores más dinámicos.

Donde veo la mayor oportunidad inmediata es en el acceso a financiamiento a través de datos. El historial transaccional digital de una empresa, sus ventas en plataformas de e-commerce, sus cobros digitales, su inventario en la nube, puede ser la base para modelos de crédito alternativos que no dependan exclusivamente de las garantías físicas tradicionales. Países como México y Brasil ya están construyendo ese puente entre fintech y pymes. República Dominicana tiene la infraestructura básica para hacerlo; lo que falta es voluntad regulatoria para habilitar esos modelos.

¿Qué sectores de la economía dominicana tienen mayor potencial para beneficiarse de la innovación tecnológica en los próximos años?

El turismo es el caso más obvio y el más subestimado a la vez. Recibimos millones de visitantes al año, pero la tecnología que media esa experiencia, reservas, pagos, recomendaciones, gestión de activos, la controlan plataformas externas.

Airbnb, Booking, TripAdvisor se quedan con los datos del turista dominicano. Hay un proyecto de lo que llamo “industrialización simbólica” enorme pendiente en turismo: convertir esa masa crítica de visitantes en un activo de datos y en una plataforma propia.

Las remesas son otro caso extraordinario. República Dominicana recibe más de 10 mil millones de dólares anuales en remesas. Ese flujo es la red de distribución financiera más grande del país, y todavía está subexplotada como puerta de entrada a servicios financieros digitales para la población no bancarizada.

Añadiría la agroindustria, que tiene una oportunidad real con trazabilidad, sensores IoT y mercados digitales directos, y los servicios de salud, donde la telemedicina puede redefinir el acceso en zonas rurales.

¿Cuál es el posicionamiento del país a nivel de competitividad en la economía digital?

República Dominicana ocupa una posición intermedia en el ecosistema digital latinoamericano: aventaja a Centroamérica y al Caribe anglófono en varios indicadores de infraestructura y adopción, pero hay una brecha importante con Chile, Colombia y Brasil en lo que el Índice de Innovación Global mide como capacidad de convertir adopción tecnológica en productividad sistémica.

¿Qué tan preparada está la República Dominicana para insertarse en esta nueva economía basada en tecnología y datos?

La pregunta que deberíamos hacernos primero es si vamos a ser consumidores o productores de inteligencia artificial. Porque esa distinción determina todo. Un país que solo consume IA —que la usa como herramienta importada, sin capacidad de adaptarla, entrenarla con datos propios ni desarrollar aplicaciones específicas para su realidad— reproduce el mismo patrón de dependencia tecnológica que ha caracterizado nuestra relación con la tecnología desde hace décadas. Se puede resumir como una adopción sin apropiación.

República Dominicana tiene algunas condiciones favorables: una diáspora tecnológica relevante, un sistema financiero relativamente digitalizado, y sectores como turismo y remesas que generan volúmenes de datos interesantes. Lo que nos falta es la capa intermedia: los ingenieros de datos, los científicos de datos, los equipos capaces de tomar esos datos y convertirlos en modelos útiles, los modelos que son invisibles para la política pública. Esa es la inversión más urgente y la que menos atención recibe en el debate público.

¿cuáles deberían ser las prioridades estratégicas del país para fortalecer su competitividad en el contexto global?

Señalo tres que considero no negociables. La primera es la formación de talento digital en los niveles donde hay más escasez: no solo programadores básicos, sino especialistas en datos, modelado de negocios, arquitectura de sistemas y diseño de productos digitales. El talento es el único insumo que no se puede importar de forma sostenida.

La segunda es la modernización del marco regulatorio para la economía digital. República Dominicana todavía aplica categorías analógicas a fenómenos digitales: la fiscalidad de plataformas, la regulación de criptoactivos, el tratamiento de datos personales, la portabilidad bancaria. Cada uno de esos vacíos es un costo invisible para la inversión y para la innovación local.

La tercera es la inversión en infraestructura de datos públicos: catastros digitales, registros interoperables, datos abiertos de salud y educación. Los países que van a liderar la próxima fase de la economía digital serán los que tengan mejores ecosistemas de datos compartidos. El Estado dominicano debe reconocer que su papel en la economía digital no es controlarla, sino ser un actor clave en la creación de infraestructura de información.

¿cuáles tendencias tecnológicas considera que tendrán mayor impacto en la economía dominicana y en la forma en que operan las empresas?

La transición más importante que veo en el horizonte inmediato es lo que llamo el paso del SaaS al RaaS: de software como servicio a resultados como servicio. La inteligencia artificial va a continuar redefiniendo qué trabajo tiene valor económico y cuál puede automatizarse. Eso tiene implicaciones enormes para un país donde buena parte del empleo formal todavía está concentrado en tareas repetitivas de gestión y administración.

La segunda tendencia es la fragmentación del internet en bloques regulatorios y la presión creciente sobre la soberanía de datos. Los países que no definan una política de datos clara van a quedar atrapados entre las regulaciones de la Unión Europea, las exigencias de las plataformas norteamericanas y los modelos alternativos que están construyendo China y otros actores. República Dominicana debe establecer su propia postura en este debate, como lo destaca uno de los argumentos principales del reporte: la economía digital va más allá de ser solo un asunto de mercado; es una cuestión de soberanía.

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Economía

Central Romana rechaza acusaciones de “trabajo forzoso”

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Santo Domingo, R.D.-La empresa Central Romana manifestó que las acusaciones realizadas por el grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL), indicando que en los campos de caña de la entidad persiste el “trabajo forzoso”, son “malintencionadas” con el objetivo de “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana.

A través de una carta enviada al director del de un medio de comunicación, Miguel Franjul, Central Romana rechazó “categóricamente” la acusación y que el contenido de ese informe es “completamente difamatorio” y que ya dieron curso legal a la situación.

“Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS”, reseña la carta firmada por Jorge A. Sturla, quien es el vicepresidente de la empresa.

“A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo”, explica Central Romana mediante la comunicación.

A continuación la carta integra enviada a este medio

En respuesta a la noticia publicada en el periódico LISTÍN DIARIO, tomada de la fuente de Associated Press, en la que un grupo de derechos humanos ha supuestamente determinado que en campos de caña de nuestra propiedad “persiste el trabajo forzado”, nos vemos en la necesidad de aclarar las siguientes peticiones que exige dicho grupo humanitario: “Corporate Accountability Lab (CAL) pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas”.

Primeramente, Central Romana rechaza categóricamente las acusaciones de trabajo forzoso contenidas en dicha publicación. No es sorpresa para nosotros estas alegaciones de CAL, que interpretamos como mal intencionadas para interferir y afectar al sector azucarero productivo de la República Dominicana.

El contenido de su informe es completamente difamatorio, como ya le hemos notificado en una carta dirigida a CAL por nuestros abogados. Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS.

Todos los trabajadores cañeros del Central Romana ganan por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero. En cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.

Sobre la petición de proteger la salud de nuestros trabajadores, Central Romana proporciona un seguro médico privado, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin ningún tipo de descuento para los empleados que son trabajadores agrícolas y que no están amparados por el sistema de seguridad social. Esta iniciativa, pionera en el país, ha permitido brindar cobertura de salud privada a trabajadores cañeros y recibir atención médica en cualquier hospital del país.

Sin embargo, nuestra empresa ha complementado sus servicios de salud en las comunidades agrícolas durante décadas con dos Subcentros Médicos, que ofrecen atención primaria y medicamentos de manera gratuita a nuestros empleados y sus familiares.

Todo lo descrito anteriormente son acciones palpables y verificables que implementamos por convicción, por llevar a cabo una cultura empresarial de responsabilidad social certera y trascendental en la vida de nuestros empleados. Estas difamaciones se levantan en contra de la República Dominicana por sectores con intereses de afectar la imagen del país, su capacidad productiva y su incidencia socio-económica en los mercados comerciales internacionales.

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Economía

¿Tus deudas se comen el salario? Cómo ordenar varios préstamos sin perder el control

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Santo Domingo.- Cuando una parte importante del salario se destina cada mes al pago de préstamos, tarjetas y otras obligaciones, organizar las deudas puede ser el primer paso para recuperar el control de las finanzas personales. Antes de buscar un nuevo crédito o refinanciar, la recomendación es conocer con precisión cuánto se debe, cuánto cuesta cada deuda y qué porcentaje de los ingresos ya está comprometido.

Guías y diarios de viaje

La Escuela de Educación Financiera de la Superintendencia de Bancos incluye entre sus contenidos la evaluación del nivel de endeudamiento, la priorización de pagos, la identificación del sobreendeudamiento y estrategias como los métodos avalancha y bola de nieve.

El primer paso consiste en sumar todas las obligaciones. Para cada una conviene identificar el saldo pendiente, la tasa de interés, la cuota mensual, el plazo restante y la fecha de pago. Tener varios préstamos puede hacer que una persona conozca cuánto paga cada mes, pero no necesariamente cuánto debe en total ni cuál de esas obligaciones representa un mayor costo.

Avalancha o bola de nieve: dos formas de atacar las deudas

Una vez cubiertos los pagos mínimos u obligatorios, existen distintas estrategias para destinar el dinero adicional.

El método avalancha consiste en concentrar el pago extra en la deuda con la tasa de interés más alta. Una vez saldada, el dinero que se destinaba a esa cuota puede utilizarse para acelerar el pago de la siguiente deuda más costosa. El Consumer Financial Protection Bureau de Estados Unidos señala que esta estrategia puede reducir el costo total de los intereses a largo plazo.

Por su parte, el método bola de nieve prioriza la deuda con el saldo más pequeño. Al eliminarla, la cuota que se pagaba se suma al pago de la siguiente obligación. Esta estrategia puede permitir ver resultados más rápidamente y generar motivación, aunque no necesariamente reduce primero la deuda que más intereses genera.

La elección dependerá de la situación de cada persona: quien busque reducir el costo financiero puede inclinarse por la avalancha, mientras que quien necesite avances visibles para mantener la disciplina de pago podría optar por la bola de nieve.

¿Cuánto del salario está comprometido?

Otro cálculo básico es determinar qué porcentaje del ingreso mensual se utiliza para pagar deudas. Para hacerlo, se suman todas las cuotas mensuales y el resultado se divide entre el ingreso.

Por ejemplo, una persona con un salario de RD$50,000 que paga RD$8,000 de un préstamo personal, RD$5,000 de una tarjeta y RD$4,000 de un financiamiento tiene cuotas mensuales por RD$17,000. Esto significa que el 34 % de su salario está comprometido únicamente con esas deudas, antes de cubrir vivienda, alimentos, transporte, electricidad, agua y otros gastos.

Si otra persona recibe RD$75,000 y paga RD$12,000 de un préstamo, RD$8,000 de una tarjeta y RD$7,000 de un crédito de vehículo, sus cuotas suman RD$27,000, equivalentes al 36 % de su ingreso mensual.

Estos ejemplos permiten observar cuánto dinero queda disponible después de pagar las obligaciones financieras. La Superintendencia de Bancos recomienda conocer el nivel de endeudamiento y utilizar herramientas de presupuesto para evaluar la situación financiera personal.

Antes de pagar más deuda, proteger lo esencial

En una situación de presión financiera, no todas las obligaciones tienen las mismas consecuencias. La orientación del CFPB recomienda priorizar las deudas según las consecuencias que puede tener dejar de pagarlas y calcular previamente cuánto se puede pagar de forma realista.

En la práctica, el presupuesto debe contemplar primero necesidades esenciales como vivienda, alimentos y servicios básicos. A partir del dinero disponible, se puede establecer un plan para atender las demás obligaciones sin asumir cuotas imposibles de sostener.

Aceptar un acuerdo de pago que exceda la capacidad real puede agravar el problema. Por ello, antes de negociar con una entidad financiera o asumir una nueva cuota, es necesario revisar ingresos, gastos fijos y compromisos existentes.

Consolidar o refinanciar: no siempre significa pagar menos

La consolidación puede ser una alternativa cuando permite reunir varias obligaciones en una sola, pero antes de tomar esta decisión es necesario comparar la nueva tasa de interés, el plazo, la cuota y el costo total que se terminará pagando.

En República Dominicana, Pro Consumidor contempla la mediación financiera en casos en los que los consumidores buscan acuerdos para saldar sus deudas mediante cuotas más manejables y, en situaciones complejas, incluso la consolidación de obligaciones.

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Sin embargo, refinanciar o consolidar no resuelve automáticamente un problema de endeudamiento. Una cuota mensual más baja puede deberse a un plazo más largo, lo que podría aumentar la cantidad total pagada durante la vida del préstamo. Tampoco resulta conveniente sustituir una deuda por otra si la nueva operación no reduce de manera efectiva el costo financiero o si, después de consolidar, la persona vuelve a utilizar el crédito y acumula nuevas obligaciones.

La recomendación es evitar tomar una deuda nueva para cubrir otra sin un plan que permita romper el ciclo de endeudamiento. Pro Consumidor también aconseja elaborar un presupuesto, hacer una lista de todas las deudas, revisar cuánto dinero puede añadirse a los pagos y evitar acumular nuevas obligaciones.

Cuándo buscar orientación financiera

Si las cuotas impiden cubrir gastos esenciales, existen atrasos frecuentes, se recurre constantemente a un préstamo para pagar otro o ya no es posible determinar cuánto se debe en total, puede ser momento de buscar orientación.

La Superintendencia de Bancos ofrece contenidos gratuitos de educación financiera sobre manejo de deudas, crédito, presupuesto y recuperación financiera. Además, Pro Consumidor dispone de servicios de mediación financiera para casos de controversias y deudas en los que el consumidor busca llegar a un acuerdo de pago.

Ordenar varias deudas no depende únicamente de pagar una cuota tras otra. El proceso comienza por conocer la situación completa, identificar cuáles préstamos son más costosos, calcular cuánto del salario está comprometido y elegir una estrategia de pago que no ponga en riesgo las necesidades básicas. Solo después de ese diagnóstico conviene evaluar alternativas como negociar, refinanciar o consolidar.

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Empresa vietnamita Viettel gana licitación de telecomunicaciones en RD

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva empresa de origen vietnamita se abre paso en el mercado de las telecomunicaciones dominicano a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel): se trata de Viettel Global Investment (VGI).

Esto lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, durante una rueda de prensa en la sede de la entidad.

Gómez Mazara indicó que, tras un proceso de licitación pública, la multinacional estatal vietnamita Viettel Global Investment salió favorecida junto a Claro Dominicana, bajo una concesión de 20 y 15 años respectivamente.

“Viettel, adjudicataria de un total de 40 MHz en el segmento 728-748 MHz, pareado con 738-803 MHz, 100 MHz en el segmento 2300-2400 MHz y 100 MHz en el segmento 3600-3700 MHz para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones”, explicó.

No obstante, el funcionario agregó que, para operar en el país, Viettel deberá constituir una empresa en República Dominicana, que será la titular de la licencia para el uso de los 240 MHz asignados.

Puntualizó que las empresas tienen un plazo de 75 días a partir de la publicación de la resolución para constituir y presentar las garantías de cumplimiento conforme a lo establecido en las condiciones generales de la licitación.

Gómez Mazara destacó que este proceso de licitación crea las condiciones para que un nuevo actor en el sector de las telecomunicaciones sea parte de este proceso, adicionando también a un actor histórico conocido en el país, como Claro.

“Tenemos el interés de que en República Dominicana tengamos servicios telefónicos de mayor calidad, más competencia y que, sobre todas las cosas, esto favorezca el bolsillo de los usuarios. Este anuncio evidentemente transformaría el sector de las telecomunicaciones en el país”, aseguró Guido Gómez Mazara.

Otras frecuencias

Durante la rueda de prensa, el Indotel sostuvo que el proceso de licitación también contemplaba la asignación de 30 MHz en la banda AWS; pero no se recibieron ofertas para estos bloques. En consecuencia, el Consejo Directivo del Indotel los declaró desiertos.

Conforme al pliego de condiciones generales de la licitación, hasta un 30 % de los pagos correspondientes podrá ser realizado mediante la ejecución de proyectos de desarrollo del Indotel, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso.

Las empresas adjudicatarias deberán suscribir el correspondiente contrato o adenda de concesión en un plazo no mayor de 90 días, conforme a lo establecido en las condiciones de la licitación.

La convocatoria fue realizada mediante la resolución núm. 013-2026, aprobada por el Consejo Directivo del Indotel el 26 de febrero de 2026, con el propósito de ampliar la disponibilidad de espectro radioeléctrico, fomentar la inversión y fortalecer la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de última generación.

El proceso se desarrolló al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), establecido mediante el Decreto 266-23, así como las normas y recomendaciones internacionales aplicables.

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