Economía
Experto en innovaciones tecnológicas afirma Mipymes viven en el «feudalismo digital»
Los desafíos que enfrenta la digitalización fueron abordados recientemente en un informe publicado por Think Tank de Tabuga, una firma de consultoría digital establecida en el país, al presentar un diagnóstico integral del ecosistema digital dominicano, resultado de una serie de entrevistas realizadas en su programa de televisión “T al Cubo”.
Para profundizar al respecto abordamos al fundador de la firma, el experto tecnológico, Arturo López Valerio, quien analiza las oportunidades y desafíos de la digitalización en República Dominicana. A continuación la entrevista.
¿Cuáles novedades y hallazgos más disruptivos de este informe?
Al sistematizar los datos para este reporte, observamos la velocidad a la que se están bifurcando dos economías digitales dentro de un mismo país. Una de primer mundo, funcionando en ciertos sectores (turismo, remesas, servicios financieros), con niveles de adopción comparables a Chile o Colombia, y al mismo tiempo una analógica que coexiste a metros de distancia. El informe cuantifica esa distancia con una claridad que incomoda.
El otro hallazgo disruptivo es el papel que está jugando la infraestructura de datos como factor de producción, la riqueza futura se mide en complejidad económica: la República Dominicana tiene la oportunidad de saltar etapas si decide que los datos son un recurso estratégico nacional, pero todavía tratamos los datos como un subproducto, no como un activo. El informe documenta por primera vez la dimensión de ese costo de oportunidad.
Con los avances de la economía digital, ¿se está produciendo una real democratización del acceso o se está ensanchando la brecha entre grandes empresas y Mipymes?
La penetración de internet en la República Dominicana ronda el 85%, y eso se suele presentar como evidencia de democratización. Pero acceso a la red y acceso a la economía digital son dos cosas distintas. Lo que el informe muestra con claridad es que la conectividad llegó antes que la capacidad para convertirla en ventaja económica.
Las grandes empresas tienen equipos de transformación digital, presupuestos de tecnología, acceso a crédito para invertir en sistemas. Las Mipymes tienen un teléfono con WhatsApp Business y un grupo de Facebook.
Eso más allá de un concepto de democratización, es lo que yo llamo feudalismo digital: una arquitectura donde las plataformas globales capturan el valor y los pequeños productores locales capturan las migajas del alcance. Lo que se describe en el capitalismo de vigilancia a escala global; nosotros lo vivimos en versión caribeña. La brecha se confunde como acceso a dispositivos, sino de acceso a la cadena de valor digital.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas dominicanas para digitalizarse?
El primer obstáculo es conceptual antes de ser técnico: muchas empresas confunden digitalización con tener presencia en redes sociales. Esa confusión es costosa porque lleva a invertir en visibilidad cuando el problema real está en procesos, en datos internos, en la cadena de suministro.
El segundo obstáculo es el costo de capital. La digitalización requiere inversión con retorno a mediano plazo, y el crédito productivo en República Dominicana todavía es caro y de corto plazo. Las empresas que más necesitan transformarse, las medianas, en manufactura, comercio y servicios, son exactamente las que tienen menor acceso a financiamiento en condiciones que hagan viable esa inversión.
El tercero, y quizás el más subestimado, es el talento. Podemos tener toda la infraestructura del mundo, pero si no hay personas capaces de operar sistemas de IA o ERP, analizar datos de clientes o gestionar una estrategia de automatización, la tecnología se convierte en mobiliario caro. La brecha de talento digital es estructural, y el sistema educativo formal todavía no la está cerrando a la velocidad que necesitamos.
¿Qué papel puede jugar la tecnología para mejorar su productividad, acceso a financiamiento y competitividad?
La tecnología puede hacer por las pymes lo que la Revolución Industrial hizo por las economías que supieron aprovecharla: multiplicar la productividad sin necesariamente multiplicar el costo. El SaaS, software como servicio, fue la primera ola de esa democratización empresarial: una pyme dominicana hoy puede usar los mismos sistemas de gestión que una multinacional, pagando una fracción del costo. Eso es real y ya está ocurriendo en los sectores más dinámicos.
Donde veo la mayor oportunidad inmediata es en el acceso a financiamiento a través de datos. El historial transaccional digital de una empresa, sus ventas en plataformas de e-commerce, sus cobros digitales, su inventario en la nube, puede ser la base para modelos de crédito alternativos que no dependan exclusivamente de las garantías físicas tradicionales. Países como México y Brasil ya están construyendo ese puente entre fintech y pymes. República Dominicana tiene la infraestructura básica para hacerlo; lo que falta es voluntad regulatoria para habilitar esos modelos.
¿Qué sectores de la economía dominicana tienen mayor potencial para beneficiarse de la innovación tecnológica en los próximos años?
El turismo es el caso más obvio y el más subestimado a la vez. Recibimos millones de visitantes al año, pero la tecnología que media esa experiencia, reservas, pagos, recomendaciones, gestión de activos, la controlan plataformas externas.
Airbnb, Booking, TripAdvisor se quedan con los datos del turista dominicano. Hay un proyecto de lo que llamo “industrialización simbólica” enorme pendiente en turismo: convertir esa masa crítica de visitantes en un activo de datos y en una plataforma propia.
Las remesas son otro caso extraordinario. República Dominicana recibe más de 10 mil millones de dólares anuales en remesas. Ese flujo es la red de distribución financiera más grande del país, y todavía está subexplotada como puerta de entrada a servicios financieros digitales para la población no bancarizada.
Añadiría la agroindustria, que tiene una oportunidad real con trazabilidad, sensores IoT y mercados digitales directos, y los servicios de salud, donde la telemedicina puede redefinir el acceso en zonas rurales.
¿Cuál es el posicionamiento del país a nivel de competitividad en la economía digital?
República Dominicana ocupa una posición intermedia en el ecosistema digital latinoamericano: aventaja a Centroamérica y al Caribe anglófono en varios indicadores de infraestructura y adopción, pero hay una brecha importante con Chile, Colombia y Brasil en lo que el Índice de Innovación Global mide como capacidad de convertir adopción tecnológica en productividad sistémica.
¿Qué tan preparada está la República Dominicana para insertarse en esta nueva economía basada en tecnología y datos?
La pregunta que deberíamos hacernos primero es si vamos a ser consumidores o productores de inteligencia artificial. Porque esa distinción determina todo. Un país que solo consume IA —que la usa como herramienta importada, sin capacidad de adaptarla, entrenarla con datos propios ni desarrollar aplicaciones específicas para su realidad— reproduce el mismo patrón de dependencia tecnológica que ha caracterizado nuestra relación con la tecnología desde hace décadas. Se puede resumir como una adopción sin apropiación.
República Dominicana tiene algunas condiciones favorables: una diáspora tecnológica relevante, un sistema financiero relativamente digitalizado, y sectores como turismo y remesas que generan volúmenes de datos interesantes. Lo que nos falta es la capa intermedia: los ingenieros de datos, los científicos de datos, los equipos capaces de tomar esos datos y convertirlos en modelos útiles, los modelos que son invisibles para la política pública. Esa es la inversión más urgente y la que menos atención recibe en el debate público.
¿cuáles deberían ser las prioridades estratégicas del país para fortalecer su competitividad en el contexto global?
Señalo tres que considero no negociables. La primera es la formación de talento digital en los niveles donde hay más escasez: no solo programadores básicos, sino especialistas en datos, modelado de negocios, arquitectura de sistemas y diseño de productos digitales. El talento es el único insumo que no se puede importar de forma sostenida.
La segunda es la modernización del marco regulatorio para la economía digital. República Dominicana todavía aplica categorías analógicas a fenómenos digitales: la fiscalidad de plataformas, la regulación de criptoactivos, el tratamiento de datos personales, la portabilidad bancaria. Cada uno de esos vacíos es un costo invisible para la inversión y para la innovación local.
La tercera es la inversión en infraestructura de datos públicos: catastros digitales, registros interoperables, datos abiertos de salud y educación. Los países que van a liderar la próxima fase de la economía digital serán los que tengan mejores ecosistemas de datos compartidos. El Estado dominicano debe reconocer que su papel en la economía digital no es controlarla, sino ser un actor clave en la creación de infraestructura de información.
¿cuáles tendencias tecnológicas considera que tendrán mayor impacto en la economía dominicana y en la forma en que operan las empresas?
La transición más importante que veo en el horizonte inmediato es lo que llamo el paso del SaaS al RaaS: de software como servicio a resultados como servicio. La inteligencia artificial va a continuar redefiniendo qué trabajo tiene valor económico y cuál puede automatizarse. Eso tiene implicaciones enormes para un país donde buena parte del empleo formal todavía está concentrado en tareas repetitivas de gestión y administración.
La segunda tendencia es la fragmentación del internet en bloques regulatorios y la presión creciente sobre la soberanía de datos. Los países que no definan una política de datos clara van a quedar atrapados entre las regulaciones de la Unión Europea, las exigencias de las plataformas norteamericanas y los modelos alternativos que están construyendo China y otros actores. República Dominicana debe establecer su propia postura en este debate, como lo destaca uno de los argumentos principales del reporte: la economía digital va más allá de ser solo un asunto de mercado; es una cuestión de soberanía.
Economía
DGII advierte a empresas que deberán utilizar exclusivamente facturas electrónicas desde el 1 de noviembre
Los grandes contribuyentes locales y medianos tendrán hasta el 31 de octubre para utilizar comprobantes fiscales de la serie “B”. La institución recuerda que los pequeños y microcontribuyentes disponen de plazo hasta el 15 de noviembre.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recordó este lunes que, a partir del próximo 1 de noviembre de 2026, las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes Locales y Medianos deberán emitir sus comprobantes fiscales exclusivamente mediante el sistema de facturación electrónica.
La disposición establece que estos contribuyentes estarán obligados a utilizar comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), identificados con secuencias tipo “E”, como parte del proceso de transformación tecnológica del sistema tributario dominicano.
La administración tributaria explicó que los comprobantes tradicionales de la serie “B”, previamente autorizados para los contribuyentes comprendidos en esta categoría, solamente conservarán su validez hasta el 31 de octubre.
La medida responde a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento núm. 587-24, que regula la aplicación de la facturación electrónica en República Dominicana.
Comprobantes tradicionales dejarán de utilizarse
La DGII precisó que, una vez vencido el plazo, los grandes contribuyentes locales y medianos no podrán continuar utilizando regularmente las secuencias de comprobantes fiscales no electrónicos.
Sin embargo, la normativa contempla situaciones excepcionales en las que podrá recurrirse a procedimientos de contingencia, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IX del reglamento correspondiente.
Estas excepciones están destinadas a atender circunstancias que dificulten temporalmente el funcionamiento normal del sistema de facturación electrónica.
La institución exhortó a las empresas a revisar sus procesos administrativos, tecnológicos y contables para evitar inconvenientes al momento de aplicar la nueva disposición.
Empresas deben completar adecuaciones tecnológicas
La implementación del sistema electrónico requiere que los contribuyentes dispongan de herramientas informáticas capaces de generar y gestionar los comprobantes fiscales conforme a los requisitos de la administración tributaria.
En ese sentido, la DGII recordó que existe una red de 195 proveedores autorizados de servicios de facturación electrónica, que ofrecen soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación de las empresas.
La entidad considera que esta transformación permitirá agilizar las operaciones comerciales, simplificar los registros contables y reducir los costos asociados a la emisión y conservación de documentos físicos.
Asimismo, contribuirá a fortalecer la trazabilidad de las transacciones y los mecanismos de supervisión tributaria.
Pequeños y microcontribuyentes tienen otro plazo
La administración tributaria aclaró que los contribuyentes clasificados como Pequeños, Micro y No Clasificados cuentan con una prórroga diferente para completar su incorporación al sistema.
Para estos sectores, la fecha límite establecida es el 15 de noviembre de 2026.
Esta distinción resulta importante porque las obligaciones no entran en vigor simultáneamente para todas las categorías de contribuyentes.
Por tanto, cada empresa o persona obligada deberá verificar su clasificación ante la DGII para determinar el plazo que le corresponde.
Facturación electrónica busca fortalecer controles fiscales
La institución destacó que la sustitución progresiva de los comprobantes tradicionales constituye una herramienta para modernizar la administración tributaria.
Entre los beneficios esperados se encuentran una mayor eficiencia en los procesos de facturación, la reducción de trámites administrativos y el fortalecimiento de los controles sobre las operaciones económicas.
El uso de documentos electrónicos también facilitará la conservación y consulta de comprobantes, tanto para las empresas como para la administración tributaria.
DGII exhorta a cumplir antes del vencimiento
Ante la proximidad de las fechas establecidas, la entidad recomendó completar oportunamente los procedimientos necesarios para operar mediante la facturación electrónica.
Las empresas comprendidas en la disposición deberán asegurarse de contar con los sistemas habilitados y las autorizaciones correspondientes para emitir sus comprobantes sin interrupciones.
El incumplimiento de las obligaciones de facturación electrónica puede dar lugar a las consecuencias previstas en la normativa tributaria aplicable.
Con esta disposición, República Dominicana avanza hacia la sustitución de los comprobantes fiscales tradicionales por documentos electrónicos, en un proceso que busca mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Economía
Advierten que alza del petróleo, sequía y endeudamiento podrían comprometer las finanzas públicas de RD y Centroamérica
Un análisis económico alerta sobre el riesgo de mayores déficits fiscales entre 2026 y 2027 y recomienda controlar el gasto, focalizar los subsidios y fortalecer la capacidad de respuesta ante las crisis internacionales.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – La combinación de elevados precios de los combustibles, amenazas climáticas y condiciones financieras internacionales más restrictivas podría generar nuevas presiones sobre las finanzas públicas de República Dominicana y los países centroamericanos, aumentando los riesgos de endeudamiento y desequilibrios presupuestarios durante los próximos años.
La advertencia fue formulada por el economista Wilfredo Díaz Cruz, especialista de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), quien plantea la necesidad de adoptar políticas fiscales prudentes para enfrentar un escenario internacional caracterizado por múltiples factores de incertidumbre.
En su análisis titulado Una tormenta perfecta: ¿existen posibilidades de una crisis fiscal?, el especialista examina las vulnerabilidades económicas de Centroamérica y República Dominicana, región conocida como CARD, y advierte sobre las consecuencias que podrían provocar varios choques externos simultáneos.
El estudio evalúa el comportamiento de las finanzas públicas hasta junio de 2026 y plantea medidas para evitar que las presiones internacionales deterioren la estabilidad fiscal regional.
Tres amenazas ponen a prueba la economía regional
El economista identifica tres factores que podrían afectar simultáneamente el crecimiento económico, la recaudación tributaria y la capacidad de financiamiento de los gobiernos.
El primero corresponde al encarecimiento del petróleo y otros hidrocarburos, impulsado por las tensiones geopolíticas internacionales.
Esta situación incrementa los costos del transporte, la producción de electricidad y numerosas actividades económicas, además de presionar los presupuestos destinados a subsidios energéticos.
El segundo factor está relacionado con la posibilidad de un episodio intenso del fenómeno climático de El Niño, cuyos efectos podrían reducir la disponibilidad de agua y perjudicar la producción agrícola.
Una disminución de las cosechas tendría consecuencias sobre la oferta de alimentos y podría traducirse en aumentos de precios, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
La tercera amenaza proviene del endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, que encarece el acceso al crédito y aumenta el costo de refinanciar las obligaciones públicas.
Deuda pública podría aumentar nuevamente
Aunque el análisis considera que la situación fiscal regional presenta elementos favorables, Díaz Cruz advierte que las condiciones actuales podrían deteriorarse si las perturbaciones internacionales ocurren de manera simultánea.
Entre los indicadores positivos destaca que los países evaluados registran balances primarios favorables y que la deuda pública regional se encuentra por debajo del 48 % del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, señala que una desaceleración económica acompañada de mayores gastos y financiamiento más costoso podría comprometer la trayectoria de la deuda durante 2026 y 2027.
El especialista recuerda que los períodos de crisis suelen provocar aumentos del endeudamiento cuyos efectos permanecen durante años, debido a las dificultades para recuperar los ingresos tributarios y reducir determinados gastos gubernamentales.
Crisis anteriores dejaron fuertes consecuencias
El estudio examina el comportamiento de las finanzas públicas regionales entre 2001 y 2025 y muestra que las perturbaciones internacionales han contribuido históricamente al deterioro de los balances fiscales.
Durante la crisis financiera de 2008 y 2009, el déficit regional pasó de representar aproximadamente el 0.4 % del PIB en 2007 al 3.4 % en 2009.
Posteriormente, la pandemia de COVID-19 provocó una expansión extraordinaria del gasto público, acompañada de menores ingresos en numerosas actividades económicas.
Como resultado, la deuda del Gobierno central de la región, que representaba el 23.9 % del PIB en 2007, alcanzó el 44 % en 2019 y se elevó al 54 % durante 2020.
El economista advierte que estos antecedentes demuestran cómo una crisis externa puede modificar rápidamente las condiciones fiscales, incluso cuando los gobiernos presentan indicadores relativamente estables.
República Dominicana enfrenta riesgos por financiamiento internacional
Otro aspecto señalado es la creciente utilización de los mercados internacionales de capitales para obtener recursos destinados a financiar las necesidades presupuestarias.
El estudio menciona que República Dominicana realizó en febrero de 2026 una colocación de bonos soberanos por US$2,750 millones, con rendimientos de 5.75 % y 6.15 % en los instrumentos señalados.
También cita operaciones de financiamiento realizadas por Honduras y Costa Rica durante el presente año.
Díaz Cruz advierte que esta estrategia incrementa la exposición de los países a las fluctuaciones internacionales de las tasas de interés, los tipos de cambio y las condiciones de refinanciamiento.
En un escenario de mayores costos financieros, los gobiernos podrían verse obligados a destinar una proporción más elevada de sus ingresos al pago de intereses, reduciendo los recursos disponibles para inversión pública y programas sociales.
Recomiendan revisar subsidios y controlar el gasto
Ante estas amenazas, el especialista considera necesario que los gobiernos adopten medidas preventivas mientras todavía disponen de margen para actuar.
Entre sus principales recomendaciones figuran una administración prudente del endeudamiento, la focalización de los subsidios y la incorporación de los riesgos climáticos en la planificación presupuestaria.
En materia de subsidios, plantea la importancia de dirigir las ayudas hacia los sectores que realmente las necesitan y mantener su carácter temporal cuando respondan a circunstancias extraordinarias.
También considera fundamental fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales que podrían generar gastos adicionales y pérdidas económicas.
Mayor recaudación no siempre significa fortalecimiento fiscal
El análisis señala que el crecimiento de aproximadamente 6 % en los ingresos tributarios regionales no necesariamente representa una mejora estructural de las finanzas públicas.
Parte de ese aumento podría estar relacionado con las presiones inflacionarias, que elevan nominalmente el valor de las operaciones económicas sujetas a impuestos.
Por tanto, una mayor recaudación no garantiza que los gobiernos hayan fortalecido de manera permanente su capacidad de financiamiento.
El economista considera que la persistencia de gastos rígidos y la ausencia de reformas estructurales pueden limitar las posibilidades de responder a nuevas crisis sin aumentar el endeudamiento.
Posible deterioro fiscal entre 2026 y 2027
Díaz Cruz advierte que la combinación de energía costosa, riesgos de sequía y tasas de interés elevadas podría ocasionar un nuevo incremento de los déficits fiscales regionales.
Este escenario no implica necesariamente que República Dominicana o Centroamérica enfrenten una crisis fiscal inmediata, pero sí evidencia la necesidad de anticipar sus posibles consecuencias.
La experiencia de crisis anteriores demuestra que los gobiernos con mayores márgenes presupuestarios y estrategias de financiamiento sostenibles disponen de mejores condiciones para proteger sus economías durante períodos de inestabilidad.
El principal mensaje del análisis es que la prudencia fiscal debe aplicarse antes de que se materialicen los problemas, porque esperar a que aumenten los déficits y la deuda puede reducir considerablemente las alternativas de respuesta de los gobiernos.
Para República Dominicana, el desafío consiste en preservar la estabilidad económica, proteger a los sectores más vulnerables y garantizar que las decisiones presupuestarias actuales no comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.
Fuente: Análisis «Una tormenta perfecta: ¿existen posibilidades de una crisis fiscal?», de Wilfredo Díaz Cruz, publicado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), y datos difundidos por Listín Diario el 26 de octubre de 2026.
Economía
Alza del dólar encarece alquileres en RD y presiona el presupuesto de familias que ganan en pesos
Expertos advierten que la práctica de pactar rentas en moneda estadounidense, común en zonas exclusivas y turísticas, puede reducir la capacidad de ahorro y afectar otros gastos esenciales de los inquilinos.
Por Angela Martínez
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El aumento del dólar frente al peso dominicano está generando presión económica sobre numerosos inquilinos en el país, especialmente sobre aquellos que deben pagar alquileres fijados en moneda estadounidense mientras perciben sus ingresos en pesos.
La situación impacta con mayor fuerza a quienes residen en inmuebles ubicados en sectores de alta demanda, donde es frecuente que los contratos de arrendamiento se establezcan en dólares como una forma de preservar el valor de la inversión inmobiliaria.
Aunque esta práctica no predomina en todo el mercado, sí es habitual en apartamentos de lujo, torres residenciales modernas, propiedades amuebladas y alojamientos turísticos de corta duración, segmentos en los que la referencia en moneda extranjera suele considerarse parte del modelo de negocio.
Propietarios buscan proteger la rentabilidad de sus inmuebles
Especialistas consultados sobre el tema explican que muchos propietarios fijan los alquileres en dólares para evitar que la depreciación del peso dominicano reduzca el valor real de sus ingresos.
El abogado Francisco Polanco señaló que esta modalidad procura resguardar la rentabilidad del inmueble y proteger al dueño frente a los efectos de la inflación y la volatilidad cambiaria.
En términos similares, Tirso Herrera, vinculado al sector inmobiliario, indicó que la presencia de extranjeros e inversionistas que operan habitualmente en dólares también influye en la expansión de esta práctica.
De acuerdo con su valoración, cuando el inquilino recibe ingresos en una moneda distinta a la pactada en el contrato, la tasa de cambio pasa a tener un efecto directo sobre su presupuesto mensual.
Cada alza del dólar implica más pesos para pagar la misma renta
El efecto es sencillo pero significativo: si el alquiler está fijado en dólares y la moneda estadounidense sube frente al peso, el inquilino necesita más dinero en moneda local para cumplir con la misma obligación.
Eso significa que una renta que aparentemente no ha cambiado en términos nominales puede encarecerse para quien cobra en pesos.
En sentido contrario, una reducción en la tasa de cambio podría aliviar temporalmente el gasto, pero mientras el dólar se mantenga al alza, el impacto inmediato recae sobre el costo de la vivienda.
Esta dinámica convierte al alquiler en una carga más pesada para familias y profesionales cuyos ingresos no aumentan al mismo ritmo que la moneda estadounidense.
Zonas donde predominan los alquileres en dólares
La fijación de rentas en moneda extranjera es más visible en áreas de alta plusvalía del Distrito Nacional y en enclaves turísticos del país.
Entre los sectores señalados por los expertos figuran Piantini, Naco, Evaristo Morales y Bella Vista, donde existe una importante oferta de apartamentos orientados a segmentos de mayores ingresos o a residentes con perfiles internacionales.
Asimismo, esta modalidad se observa en destinos como Punta Cana, Cap Cana, Las Terrenas y Juan Dolio, espacios donde confluyen la inversión inmobiliaria, el turismo y la demanda de extranjeros.
En esos lugares, la cotización en dólares tiende a normalizarse como parte de las condiciones del mercado, lo que deja a muchos inquilinos locales expuestos a la volatilidad cambiaria.
El impacto va más allá del pago mensual de la vivienda
El principal problema surge cuando el incremento del alquiler absorbe una parte mayor de los ingresos del hogar, reduciendo la capacidad de cubrir otros compromisos esenciales.
Francisco Polanco advirtió que el alza del dólar puede disminuir el poder adquisitivo de las familias y limitar su margen de ahorro, al obligarlas a redirigir más recursos al pago del arrendamiento.
Por su parte, Tirso Herrera explicó que el aumento de la carga habitacional termina afectando otros rubros del presupuesto, como la alimentación, el transporte, los servicios básicos y la educación.
En la práctica, esto significa que el encarecimiento del alquiler no se queda en el mercado inmobiliario, sino que repercute en la economía cotidiana de los hogares.
Mercado inmobiliario y desafío cambiario
La realidad descrita por los expertos evidencia cómo la evolución del dólar influye en decisiones que antes parecían exclusivamente inmobiliarias.
La vivienda, especialmente en ciertos segmentos del mercado, ha quedado atada a variables cambiarias que pueden alterar significativamente la estabilidad financiera del inquilino.
Aunque para los propietarios el alquiler en dólares funciona como una herramienta de protección patrimonial, para quienes generan ingresos en pesos representa un riesgo que puede agravarse cada vez que la moneda estadounidense sube.
El comportamiento del tipo de cambio, por tanto, no solo incide en importaciones o costos empresariales, sino también en un aspecto tan sensible como el acceso y la permanencia en una vivienda alquilada.
Un tema que toca a las familias y al mercado de vivienda
La expansión de esta práctica revela una tensión creciente entre la lógica de protección de las inversiones y la capacidad real de pago de los arrendatarios.
Mientras el mercado continúa adaptándose a la presencia de inversionistas, extranjeros y modelos de renta vinculados al turismo, también se profundiza el debate sobre cómo estas modalidades afectan a las familias dominicanas que viven y cobran en moneda local.
En un contexto de aumento del dólar, los alquileres pactados en moneda extranjera se convierten así en un factor adicional de presión para miles de personas que deben reorganizar sus finanzas para poder conservar su vivienda.