Economía
Experto en innovaciones tecnológicas afirma Mipymes viven en el «feudalismo digital»
Los desafíos que enfrenta la digitalización fueron abordados recientemente en un informe publicado por Think Tank de Tabuga, una firma de consultoría digital establecida en el país, al presentar un diagnóstico integral del ecosistema digital dominicano, resultado de una serie de entrevistas realizadas en su programa de televisión “T al Cubo”.
Para profundizar al respecto abordamos al fundador de la firma, el experto tecnológico, Arturo López Valerio, quien analiza las oportunidades y desafíos de la digitalización en República Dominicana. A continuación la entrevista.
¿Cuáles novedades y hallazgos más disruptivos de este informe?
Al sistematizar los datos para este reporte, observamos la velocidad a la que se están bifurcando dos economías digitales dentro de un mismo país. Una de primer mundo, funcionando en ciertos sectores (turismo, remesas, servicios financieros), con niveles de adopción comparables a Chile o Colombia, y al mismo tiempo una analógica que coexiste a metros de distancia. El informe cuantifica esa distancia con una claridad que incomoda.
El otro hallazgo disruptivo es el papel que está jugando la infraestructura de datos como factor de producción, la riqueza futura se mide en complejidad económica: la República Dominicana tiene la oportunidad de saltar etapas si decide que los datos son un recurso estratégico nacional, pero todavía tratamos los datos como un subproducto, no como un activo. El informe documenta por primera vez la dimensión de ese costo de oportunidad.
Con los avances de la economía digital, ¿se está produciendo una real democratización del acceso o se está ensanchando la brecha entre grandes empresas y Mipymes?
La penetración de internet en la República Dominicana ronda el 85%, y eso se suele presentar como evidencia de democratización. Pero acceso a la red y acceso a la economía digital son dos cosas distintas. Lo que el informe muestra con claridad es que la conectividad llegó antes que la capacidad para convertirla en ventaja económica.
Las grandes empresas tienen equipos de transformación digital, presupuestos de tecnología, acceso a crédito para invertir en sistemas. Las Mipymes tienen un teléfono con WhatsApp Business y un grupo de Facebook.
Eso más allá de un concepto de democratización, es lo que yo llamo feudalismo digital: una arquitectura donde las plataformas globales capturan el valor y los pequeños productores locales capturan las migajas del alcance. Lo que se describe en el capitalismo de vigilancia a escala global; nosotros lo vivimos en versión caribeña. La brecha se confunde como acceso a dispositivos, sino de acceso a la cadena de valor digital.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas dominicanas para digitalizarse?
El primer obstáculo es conceptual antes de ser técnico: muchas empresas confunden digitalización con tener presencia en redes sociales. Esa confusión es costosa porque lleva a invertir en visibilidad cuando el problema real está en procesos, en datos internos, en la cadena de suministro.
El segundo obstáculo es el costo de capital. La digitalización requiere inversión con retorno a mediano plazo, y el crédito productivo en República Dominicana todavía es caro y de corto plazo. Las empresas que más necesitan transformarse, las medianas, en manufactura, comercio y servicios, son exactamente las que tienen menor acceso a financiamiento en condiciones que hagan viable esa inversión.
El tercero, y quizás el más subestimado, es el talento. Podemos tener toda la infraestructura del mundo, pero si no hay personas capaces de operar sistemas de IA o ERP, analizar datos de clientes o gestionar una estrategia de automatización, la tecnología se convierte en mobiliario caro. La brecha de talento digital es estructural, y el sistema educativo formal todavía no la está cerrando a la velocidad que necesitamos.
¿Qué papel puede jugar la tecnología para mejorar su productividad, acceso a financiamiento y competitividad?
La tecnología puede hacer por las pymes lo que la Revolución Industrial hizo por las economías que supieron aprovecharla: multiplicar la productividad sin necesariamente multiplicar el costo. El SaaS, software como servicio, fue la primera ola de esa democratización empresarial: una pyme dominicana hoy puede usar los mismos sistemas de gestión que una multinacional, pagando una fracción del costo. Eso es real y ya está ocurriendo en los sectores más dinámicos.
Donde veo la mayor oportunidad inmediata es en el acceso a financiamiento a través de datos. El historial transaccional digital de una empresa, sus ventas en plataformas de e-commerce, sus cobros digitales, su inventario en la nube, puede ser la base para modelos de crédito alternativos que no dependan exclusivamente de las garantías físicas tradicionales. Países como México y Brasil ya están construyendo ese puente entre fintech y pymes. República Dominicana tiene la infraestructura básica para hacerlo; lo que falta es voluntad regulatoria para habilitar esos modelos.
¿Qué sectores de la economía dominicana tienen mayor potencial para beneficiarse de la innovación tecnológica en los próximos años?
El turismo es el caso más obvio y el más subestimado a la vez. Recibimos millones de visitantes al año, pero la tecnología que media esa experiencia, reservas, pagos, recomendaciones, gestión de activos, la controlan plataformas externas.
Airbnb, Booking, TripAdvisor se quedan con los datos del turista dominicano. Hay un proyecto de lo que llamo “industrialización simbólica” enorme pendiente en turismo: convertir esa masa crítica de visitantes en un activo de datos y en una plataforma propia.
Las remesas son otro caso extraordinario. República Dominicana recibe más de 10 mil millones de dólares anuales en remesas. Ese flujo es la red de distribución financiera más grande del país, y todavía está subexplotada como puerta de entrada a servicios financieros digitales para la población no bancarizada.
Añadiría la agroindustria, que tiene una oportunidad real con trazabilidad, sensores IoT y mercados digitales directos, y los servicios de salud, donde la telemedicina puede redefinir el acceso en zonas rurales.
¿Cuál es el posicionamiento del país a nivel de competitividad en la economía digital?
República Dominicana ocupa una posición intermedia en el ecosistema digital latinoamericano: aventaja a Centroamérica y al Caribe anglófono en varios indicadores de infraestructura y adopción, pero hay una brecha importante con Chile, Colombia y Brasil en lo que el Índice de Innovación Global mide como capacidad de convertir adopción tecnológica en productividad sistémica.
¿Qué tan preparada está la República Dominicana para insertarse en esta nueva economía basada en tecnología y datos?
La pregunta que deberíamos hacernos primero es si vamos a ser consumidores o productores de inteligencia artificial. Porque esa distinción determina todo. Un país que solo consume IA —que la usa como herramienta importada, sin capacidad de adaptarla, entrenarla con datos propios ni desarrollar aplicaciones específicas para su realidad— reproduce el mismo patrón de dependencia tecnológica que ha caracterizado nuestra relación con la tecnología desde hace décadas. Se puede resumir como una adopción sin apropiación.
República Dominicana tiene algunas condiciones favorables: una diáspora tecnológica relevante, un sistema financiero relativamente digitalizado, y sectores como turismo y remesas que generan volúmenes de datos interesantes. Lo que nos falta es la capa intermedia: los ingenieros de datos, los científicos de datos, los equipos capaces de tomar esos datos y convertirlos en modelos útiles, los modelos que son invisibles para la política pública. Esa es la inversión más urgente y la que menos atención recibe en el debate público.
¿cuáles deberían ser las prioridades estratégicas del país para fortalecer su competitividad en el contexto global?
Señalo tres que considero no negociables. La primera es la formación de talento digital en los niveles donde hay más escasez: no solo programadores básicos, sino especialistas en datos, modelado de negocios, arquitectura de sistemas y diseño de productos digitales. El talento es el único insumo que no se puede importar de forma sostenida.
La segunda es la modernización del marco regulatorio para la economía digital. República Dominicana todavía aplica categorías analógicas a fenómenos digitales: la fiscalidad de plataformas, la regulación de criptoactivos, el tratamiento de datos personales, la portabilidad bancaria. Cada uno de esos vacíos es un costo invisible para la inversión y para la innovación local.
La tercera es la inversión en infraestructura de datos públicos: catastros digitales, registros interoperables, datos abiertos de salud y educación. Los países que van a liderar la próxima fase de la economía digital serán los que tengan mejores ecosistemas de datos compartidos. El Estado dominicano debe reconocer que su papel en la economía digital no es controlarla, sino ser un actor clave en la creación de infraestructura de información.
¿cuáles tendencias tecnológicas considera que tendrán mayor impacto en la economía dominicana y en la forma en que operan las empresas?
La transición más importante que veo en el horizonte inmediato es lo que llamo el paso del SaaS al RaaS: de software como servicio a resultados como servicio. La inteligencia artificial va a continuar redefiniendo qué trabajo tiene valor económico y cuál puede automatizarse. Eso tiene implicaciones enormes para un país donde buena parte del empleo formal todavía está concentrado en tareas repetitivas de gestión y administración.
La segunda tendencia es la fragmentación del internet en bloques regulatorios y la presión creciente sobre la soberanía de datos. Los países que no definan una política de datos clara van a quedar atrapados entre las regulaciones de la Unión Europea, las exigencias de las plataformas norteamericanas y los modelos alternativos que están construyendo China y otros actores. República Dominicana debe establecer su propia postura en este debate, como lo destaca uno de los argumentos principales del reporte: la economía digital va más allá de ser solo un asunto de mercado; es una cuestión de soberanía.
Santo Domingo. — La tasa del dólar estadounidense ha experimentado una reducción sustancial, y continúa con una tendencia a la baja frente al peso dominicano, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para este miércoles 27 de mayo de 2026.
Según informó el organismo monetario, la tasa de compra del dólar se fijó en RD$58.0844 y la de venta en RD$58.8939, ambas por debajo de los RD$60 por unidad.
De acuerdo a economistas este comportamiento evidencia la estabilidad del mercado cambiario nacional y la efectividad de las políticas monetarias y macroeconómicas aplicadas en el país.
Economía dominicana registra crecimiento promedio de 4.0 % en cuatro meses
El desempeño de la moneda estadounidense ocurre en un contexto de dinamismo económico sostenido, impulsado por el crecimiento del turismo, el flujo constante de remesas, el incremento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones. Estos factores han contribuido a una mayor disponibilidad de divisas y a la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo, las reservas internacionales del Banco Central superan actualmente los US$15,000 millones.
De acuerdo con estándares internacionales, los países deben mantener reservas suficientes para cubrir al menos tres meses de importaciones. En el caso de la República Dominicana, las reservas internacionales cubren más de seis meses de importaciones y equivalen a más del 12 % del producto interno bruto (PIB), indicadores que respaldan la solidez macroeconómica del país y la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales.
El Banco Popular Dominicano (BPD) participó en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), un encuentro de alcance regional que reúne a especialistas del sector público y privado de América Latina.
En la actividad se abordaron los desafíos actuales en la prevención y detección de fraudes y crímenes financieros.
El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, centró su agenda en estrategias para fortalecer la investigación financiera frente a la complejidad de los ecosistemas digitales y la creciente sofisticación de los delitos.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre sectores y el rol de la capacitación especializada y la educación en la prevención temprana, elementos que están presentes en la visión de la gestión de riesgos cibernéticos del Banco Popular.
El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, en un reciente artículo planteó que el banco está convencido de que “la IA es una herramienta para servir mejor a nuestros clientes, mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de nuestra infraestructura tecnológica y de nuestros clientes, con lo que consolidamos nuestro liderazgo regional”.
En este contexto, el Banco Popular cuenta con una probada experiencia en el análisis de grandes volúmenes de información para la detección de fraudes.
Con ese objetivo, mantiene una operación de monitoreo continuo a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de vanguardia, el cual posee certificaciones internacionales que respaldan sus estándares en seguridad y protegen la integridad de sus sistemas y la protección de la información de los clientes en un entorno digital cada vez más sofisticado.
“Gracias a esta infraestructura y una labor de monitoreo permanente, en 2025 el banco pudo monitorear en promedio 38,000 eventos por segundo, con picos de hasta 40,000, lo que representó más de 3,283 millones de eventos diarios, evidenciando su enfoque preventivo y su alta capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas”, expresa en un comunicado de prensa.
Colaboración interinstitucional ante las ciberamenazas
Cita que, como parte de su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, la entidad bancaria continúa incorporando soluciones basadas en IA que apoyan el desarrollo de aplicaciones, la automatización de procesos internos y la mejora de la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor experiencia para colaboradores y clientes.
Además, con respecto a la colaboración con otras instancias, es relevante destacar que en 2024 el Popular se convirtió en el primer banco dominicano en formar parte del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST).
“Sus profesionales de ciberseguridad participan en esta red global que facilita el intercambio de conocimientos y fortalece la respuesta ante amenazas cibernéticas, agrupando a más de 700 equipos de respuesta ante emergencias informáticas en todo el mundo”, indica la declaración de prensa.
Concienciación y educación en ciberseguridad
En el ámbito de la concienciación y capacitación en ciberseguridad, la entidad pone a disposición del público la plataforma “Pistas de Seguridad”, orientada a promover buenas prácticas digitales a través de formatos como artículos, videos y pódcast, entre otros.
El Banco Popular refirió también que cada año celebra en octubre el Mes de la Concientización de la Ciberseguridad, desarrollando diversas acciones dirigidas a clientes, pymes, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés.
Resiliencia operativa y confianza digital
Este enfoque preventivo y proactivo para fortalecer la ciberseguridad forma parte de la visión de la organización financiera por garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital, un activo esencial para el progreso y la estabilidad del sistema financiero.
Con su participación en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), el Popular subraya su enfoque continuo de fortalecimiento de capacidades en la prevención de delitos financieros y la protección de la información, en línea con las mejores prácticas internacionales y en colaboración con los actores clave del ecosistema financiero regional.
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial advirtió este miércoles que varios puntos contenidos en la propuesta de reforma al Código de Trabajo podrían incrementar los costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultar la creación de empleos formales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue fijada mediante un documento conjunto encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones empresariales y entidades representativas de distintos sectores productivos del país.
En el comunicado, las entidades hicieron un llamado a los legisladores a actuar con “prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” durante el proceso de discusión del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional.
Sostuvieron que una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero al mismo tiempo contribuir a enfrentar desafíos estructurales como la informalidad, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.
“Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad”, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
El sector privado insistió en la necesidad de continuar el diálogo para lograr una reforma que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.
Entre las entidades firmantes figuran además la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), así como asociaciones vinculadas a las zonas francas, comercio, turismo, construcción, industria y pequeñas empresas.