• El expresidente estadounidense se mantuvo en silencio durante la mayor parte de la audiencia.

Madrid, España.-El juez Juan Merchan del tribunal Supremo de Nueva York ha fijado para el próximo 25 de marzo de 2024 el juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

Trump, que se declaró no culpable a principios de abril de un total de 34 cargos penales, ha comparecido en vídeo este martes en una breve audiencia en la que Merchan, además de anunciar la fecha del juicio, ha informado al expresidente sobre la orden de protección que pesa sobre el caso.

El expresidente, que se ha mantenido muteado durante la mayor parte de la audiencia, le ha trasladado a Merchan que su equipo legal tiene la citada orden de protección, que impide al exmandatario comentar el caso en redes sociales, según ha informado la cadena CNN.

Trump fue imputado por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se convirtió así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

El caso se remonta a 2006, aunque no vio la luz hasta 2018, cuando Stormy Daniels señaló de manera directa y en público al magnate estadounidense por un presunto ‘affaire’ extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales.

El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad o incluso acoso vertidas contra Trump en estos últimos años si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que llevaron al dirigente republicano a la Casa Blanca, Daniels recibió un pago de 130.000 dólares.

Con este dinero, en el que medió el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de Clifford. La actriz alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia.

El informe de 306 páginas elaborado tras cuatro años de investigación alimenta la narrativa victimista del expresidente sobre sus casos judiciales

Washington .-John Durham, el fiscal especial encargado de investigar si hubo irregularidades en la apertura de una investigación sobre la trama rusa de la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, ha hecho público este lunes el informe con el resultado de cuatro años de trabajo. El informe Durham critica duramente a la Oficina Federal de Investigación (FBI) por una actuación parcial y por “falta de rigor analítico”. Asegura que los indicios existentes no justificaban la apertura del caso y que se desecharon las pruebas en contra de las premisas establecidas en la investigación.

Aunque el informe Durham no aporta grandes novedades ni desvela ninguna conspiración como la que el expresidente aseguraba que sacaría a la luz (lleva anunciando años que se desvelaría “el crimen del siglo”), sirve para alimentar la narrativa de Trump de que es objeto de una persecución injusta por el uso político del FBI y del Departamento de Justicia. El expresidente está imputado en un caso en Nueva York y está siendo investigado por varios posibles delitos en otros casos más. El informe también da bazas a los republicanos, que acusan al Gobierno de Joe Biden de uso político de las instituciones para investigar a Trump

El Departamento de Justicia y el FBI “no cumplieron su importante misión de estricta fidelidad a la ley”, concluye Durham en su informe de 306 páginas más portada e índices. Durham, exfiscal federal en Connecticut, fue nombrado en 2019 por el fiscal general de Trump, William Barr, poco después de que el fiscal especial Robert Mueller hubiera completado su investigación sobre si la campaña de Trump de 2016 había coludido con Rusia para mover el resultado de las elecciones a su favor.

Durham critica al FBI por abrir una investigación completa basada en “inteligencia cruda, no analizada y no corroborada”, y sostiene que la velocidad a la que lo hizo fue una desviación de la norma.

“Parece muy probable que, como mínimo, el sesgo de confirmación desempeñara un papel importante en la aceptación por parte del FBI de acusaciones extraordinariamente graves derivadas de información no corroborada que no había sido sometida al análisis exigente típico empleado por el FBI y otros miembros de la comunidad de Inteligencia”, señala el informe en sus conclusiones.

El informe se publica después de que la investigación del fiscal especial haya dado en realidad pocos resultados. Los fiscales solo consiguieron una declaración de culpabilidad de un empleado poco conocido del FBI, que confesó haber manipulado un correo electrónico para solicitar vigilancia a un exayudante de la campaña de Trump. En cambio, Durham y sus fiscales perdieron los dos únicos casos penales que llevaron a juicio tratando de acusar de irregularidades en la investigación de la trama rusa: un abogado de la campaña de Clinton y un analista de un think tank ruso-estadounidense fueron absueltos de los cargos de mentir al FBI.

Algunas de las deficiencias descritas en el informe ahora publicado ya fueron examinadas a fondo por el inspector general del Departamento de Justicia. Además, el FBI anunció docenas de medidas correctoras para evitar fallos como los de entonces. “Si esas reformas hubieran estado en vigor en 2016, los errores señalados en el informe podrían haberse evitado. Este informe refuerza la importancia de garantizar que el FBI continúe haciendo su trabajo con el rigor, la objetividad y la profesionalidad que el pueblo estadounidense merece y con razón espera”, ha dicho el FBI en un comunicado.

La investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones se abrió en julio de 2016 después de que el FBI supiera por un diplomático australiano que un asociado de la campaña de Trump llamado George Papadopoulos había afirmado conocer “trapos sucios” que los rusos tenían sobre la candidata demócrata Hillary Clinton en forma de correos electrónicos pirateados.

Ahora, Durham insinúa que el FBI se dejase llevar por los deseos de la campaña de Clinton: “Nuestra investigación también reveló que el personal superior del FBI mostró una grave falta de rigor analítico hacia la información que revisaron, especialmente la información recibida de personas y entidades políticamente afiliadas. Esta información en parte desencadenó y sostuvo el [caso] Crossfire Hurricane y contribuyó a la posterior necesidad de la investigación del fiscal especial Mueller”.

La investigación de Mueller dio lugar a unas tres docenas de cargos penales, incluidas condenas de media docena de asociados de Trump, y concluyó que Rusia intervino en favor de Trump en la campaña y que la campaña agradeció la ayuda. Pero el equipo de Mueller no encontró indicios de una conspiración para manipular las elecciones. Eso dio lugar a quejas sobre que la investigación se había abierto sin base suficiente para ello.

El mandato de Durham consistía precisamente en escrutar las decisiones del Gobierno e identificar posibles conductas indebidas en los primeros días de la investigación de la trama rusa. Trump y sus partidarios esperaban que sacara a la luz una conspiración contra él en las altas instancias del FBI y otras agencias gubernamentales. Deseaban, además, que se publicase antes de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Trump fue claramente derrotado por Joe Biden (306 a 232 votos electorales).

Pese a cuatro años de trabajos exhaustivos e investigaciones dentro y fuera de Estados Unidos, el resultado no ha dado para tanto. Sin embargo, las conclusiones de su informe son suficientes para alimentar el victimismo de Trump, que sostuvo que la investigación de la trama rusa era una “caza de brujas” y asegura lo mismo de los casos ahora en marcha.

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El cofundador de OpenAI comparece ante el Senado estadounidense para defender los beneficios y alertar de los riesgos de la tecnología revolucionaria

Washington.-Un ambiente de cordialidad reinó este martes por la mañana durante la primera audiencia sobre inteligencia artificial celebrada en el Capitolio. El tono fue muy distinto del de los agresivos interrogatorios celebrados en el pasado entre senadores estadounidenses y fundadores de redes sociales como Facebook o, más recientemente, el presidente ejecutivo de TikTok. Nadie parecía interesado en empezar con mal pie una relación que se promete larga y complicada. Ayudó que el invitado estrella, Sam Altman, cofundador de OpenAI, creadora de ChatGPT, la herramienta más poderosa creada por la humanidad en ese campo, se sentara ante los miembros de ambos partidos de la Comisión Judicial, de acuerdo por una vez, y les pidiera una actuación urgente: “Es esencial regular la inteligencia artificial, y que esas normas garanticen que el público acceda a los muchos beneficios de esta tecnología”, dijo en su parlamento inicial. ”Mi peor miedo es que esta tecnología salga mal. Y si sale mal, puede salir muy mal”.

Altman añadió que comprendía que la “gente esté ansiosa por cómo [la IA] puede cambiar la forma en que vivimos”. “Pero creemos que podemos y debemos trabajar juntos para identificar y gestionar las posibles desventajas para que todos podamos disfrutar de las tremendas ventajas”, remató.

Altman también discutió con aparente empatía los mayores desafíos que su revolucionaria herramienta traerá para el futuro del trabajo, en los modos en los que su uso irresponsable puede afectar en la difusión de desinformación, en los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos o en el trabajo de las industrias creativas.

“Esta audiencia está siendo histórica”, dijo tras escuchar las primeras conciliadoras respuestas de Altman el veterano senador Dick Durbin (Illinois), presidente de la comisión. “Perdí la cuenta de la cantidad de personas y entidades del sector privado que se presentaron aquí para tratar de hacernos creer que la economía prosperaría si los legisladores nos quitábamos de en medio”.

El ejemplo de las armas nucleares

Altman fue un poco más allá a continuación: “Estados Unidos debe ser el primer país en hacer algo. Pero creo que, por muy quimérico que suene, también opino que esto debería ser también un esfuerzo de alcance global”. En ese sentido, abogó por crear una organización internacional que establezca estándares para la IA, al estilo de cómo se ha hecho en el pasado con “las armas nucleares”.

A su lado, se sentaron la ejecutiva de IBM, Christina Montgomery, que pidió a los legisladores que fueran específicos en su regulación (”no es lo mismo que la tecnología se emplee en ayudar a elegir este o aquel restaurante o que se haga para tomar decisiones sobre empleo o vivienda”), y Gary Marcus, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, que aportó los puntos de vista más críticos de la mañana y describió “una tormenta perfecta de irresponsabilidad corporativa, penetración extraordinaria y falta de regulación y de confianza”. “La humanidad está yendo por detrás esta vez”, sentenció.

Los tres coincidieron con los legisladores en la importancia de no cometer “los mismos errores” que con las redes sociales. “Actuamos muy lentamente. Muchas decisiones desafortunadas tuvieron consecuencias duraderas”, dijo Marcus. “Las decisiones que tomemos ahora tendrán efectos durante décadas, tal vez incluso siglos”.

A la petición del senador de Luisiana John Neely Kennedy de que aportaran medidas para diseñar esa regulación en la que todos parecían de acuerdo, Marcus sugirió crear una agencia, del tipo de la FDA (que controla el mercado de los medicamentos en Estados Unidos) para establecer un examen previo a las nuevas herramientas y otra que haga un seguimiento posterior una vez estén en el mercado, así como la creación de maneras de financiación para intervenir en la investigación para el futuro.

La primera propuesta de Altman coincidió en la necesidad de crear una agencia que dé y quite licencias a las empresas de IA, y que garantice “el cumplimiento de las normas”. La segunda pasaría por crear “un conjunto de estándares de seguridad”. ¿La tercera? “Crear protocolos para descubrir cuándo un modelo es capaz de replicarse a sí mismo”. Ese temor, que parece tomado de una novela barata de ciencia ficción, es, según los expertos, uno de los mayores desafíos de la IA para el futuro de la humanidad.

Algunos senadores subrayaron el hecho de que Chat GPT haya conseguido 100 millones de usuarios en dos meses. Algunos de esos usuarios se sentaron este martes del lado de las preguntas en el Capitolio. El demócrata Richard Blumenthal (Connecticut) reprodujo un audio que imitaba su voz, creado por la herramienta tecnológica de moda. Marsha Blackburn (Tennessee) explicó que durante el fin de semana había pedido a la máquina que inventara una canción del artista de country Garth Brooks, mientras que Amy Klobuchar (Minnesota) descubrió con gran “agrado” que a la pregunta de cuáles son los tres mejores músicos de la historia, obtuvo de ChatGPT una respuesta que incluía a dos nacidos en su Estado: Prince y Bob Dylan.

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