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El 90% de la electricidad será a base de carbón, agua y gas natural
(Redacción CDN/ Foto archivo )
La transformación se producirá a partir del 2016, cuando terminen los proyectos diseñados por el Gobierno
Si la apuesta del Gobierno en materia eléctrica se da, para el 2016, cuando concluya el período de la actual administración, la matriz de generación habrá dado un giro de aproximadamente 180 grados en su componente de costo, al quedar integrada mayoritariamente por los componentes gas natural y carbón mineral.
Para entonces, el fuel oil, en sus dos categorías o variedades (números 1 y 6) habrá descendido de un 52% que aportan actualmente, a sólo 4%. Por tratarse del combustible de generación más costoso, se espera que ese cambio implique una reducción de costos entre 600 y 800 millones de dólares.
La meta estatal, presentada a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), busca incorporar en los años 2015 y 2016 al menos 1,100 megavatios generados a base de gas y carbón, los dos combustibles de generación más barata.
La demanda para el 2016 ha sido proyectada en un nivel máximo de 2,902 megavatios, y la capacidad instalada, si se cumplen las previsiones de las autoridades, sería de 3,772 megavatios, que demandaría una inversión global de US$3,000 millones.
La programación diseñada por la CDEEE ha sido planteada sobre la base de dos proyectos, uno de dos plantas de 300 megas cada una, a carbón, y una tercera de 500 megas, a ser generados a base de gas natural.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara Jiménez, ha planteado en distintas ocasiones y diferentes escenarios que el punto esencial, aunque no el único, para enfrentar el déficit financiero del sector es cambiar la matriz de generación, para hacerla más eficiente y económica.
El pasado día 12, la CDEEE lanzó un nuevo proceso de licitación pública internacional para la selección del contratista que ejecutará los trabajos de ingeniería, procura y construcción (EPC) de dos unidades termoeléctricas en base a carbón con una capacidad de 300 MW cada una.
Se trata del punto de partida para la implementación de un ambicioso programa que busca transformar el esquema de generación eléctrica, que ahora está formado de la siguiente manera: 32% de generación a base de fuel oil número 6; 20%, con fuel oil número 2; 23%, de gas natural, 12% de hidroeléctrica, 11% de carbón y 2% eólica.
Según las previsiones de la CDEEE, al concluir el programa, en el 2016, el gas natural habrá escalado a una participación del 55% de la generación, el carbón mineral a 25%, la hidroeléctrica subirá a 13%, el fuel oil número 6 descenderá a una participación de apenas un 4%, mientras que el número uno estará fuera del modelo de generación. La energía eólica mantendrá su ponderación de un 2% y la solar aportará un 1%.
El impacto económico positivo se producirá por la vía del aumento de la participación de la generación a base de gas natural, carbón mineral y agua, que son las fuentes más baratas de producir electricidad. En esos tres conceptos descansará, a partir del 2016, el 90% de la generación.
La salida del mercado de las generadoras que utilizan fuel oil número 1 y la reducción de las que operan con la variedad número 2 de ese combustible, pondría a la CDEEE y a las distribuidoras de electricidad, en una posición más ventajosa, porque dependerían menos del llamado mercado “spot” para suplir las necesidades mínimas del país, cuando por cualquier circunstancia sale una o dos de las plantas que tienen contratos de suministros de electricidad.
Por lo regular, las unidades de ese mercado marginal son más antiguas y operan a base de diésel, y su costo de generación ronda los 29 centavos de dólar el kilo, lo que arrastra hacia arriba el costo, por una especie de indexación a la ineficiencia que se aplica contractualmente.
La producción más económica actualmente es la producida vía las hidroeléctricas, que representa ahora el 12%, y la generada por gas natural, que es el 23% de la oferta.
En los períodos en los que a las autoridades eléctricas son flexibles y dan luz ininterrumpidamente a todos los sectores, el costo promedio de compra aumenta y con ello el déficit. Esas situaciones ocurren en las navidades y en períodos electorales.
Las plantas ineficientes son las que están ubicadas en el bloque de costo de producción a partir de 16.2 centavos de dólar el kilovatio. Cada vez que entran al sistema plantas ubicadas en ese nivel, el precio de compra de las Edes aumenta al menos cinco centavos de dólar el kilovatio, arrastrando la generación restante al bloque ineficiente.
Los proyectos diseñados por CDEEE se fundamentan esencialmente en generación a base de carbón y gas natural, dos combustibles cuyos precios en los próximos 27 años anticipan estabilidad. Para el 2040 se espera que el millón de BTU fluctúe entre 7 y 8 centavos de dólar. l
Correlación de fuerza en el mercado cambiará
Una vez entren en operación los proyectos diseñados por las autoridades eléctricas, la propiedad de la generación habrá cambiado, dándole al Gobierno un mecanismo más contundente para negociar con los generadores privados, cuyos contratos vencen en el 2016. Ahora el Estado es dueño del 12% que aportan las hidroeléctricas y del 50% de las que producen las generadoras Itabo y EgeHaina.
El Caribe
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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.