Nacionales
El BID ve buenas señales austeridad y transparencia
Labrado expresó que en el país hay tres temas críticos que requieren acciones inmediatas y que en los últimos años no han tenido cambios importantes. Estos son educación, el sistema eléctrico y la distribución de la riqueza
El representante del BID, Manuel Labrado, dice que son temas críticos la educación, electricidad y distribución de riqueza.
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Manuel Labrado, afirmó que observa una mejoría en el tema institucional en los últimos meses, donde se ha notado el deseo y acciones para mejorar la transparencia, austeridad y el cumplimiento de la ley.
“Esto ha sido muy positivo y da buena señales, en cuanto a austeridad, reducción de gasto y ha habido una mejoría en un tiempo muy corto y en especial en la transparencia”, expresó.
Destacó que en los cinco años que lleva en el país ha visto una mejora sustancial en la institucionalidad pública, con evoluciones en el tema presupuestario, la planificación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y en los últimos meses hay más transparencia en las contrataciones públicas y en enero inicia la Cuenta Única del Tesoro para toda la administración central.
Labrado, en una entrevista con HOY, detalló que en los últimos cuatros años el BID ha aprobado más de US$1,500 millones en préstamos, la mayoría para el sector público, y un 15% para el sector privado, en su mayoría infraestructura y luego banca.
Estos recursos fueron aprobados US$630 millones en el 2009; US$335 millones en el 2010; US$364 millones en el 2011 y US$235 millones en este año, para un total del US$1,564 millones.
La estrategia del BID del 2009-2013 ha estado enfocada en trabajar en la sostenibilidad macroeconómica, con el apoyo presupuestario; apoyo a la educación; a los sistema de protección social, en especial Solidaridad; impulso al empleo juvenil, con el programa Juventud y Empleo; infraestructura, principalmente agua y saneamiento y transporte; mejoramiento del sistema eléctrico y fortalecimiento agropecuario.
Explicó que el BID cuenta con dos tipos de proyectos, primero programa de préstamos y cooperaciones técnicas, en total hay actualmente 89, de este monto 59 son cooperaciones técnicas no reembolsables.
De estas cooperaciones técnicas, 25 son con el sector privado y el resto con el sector público.
Resaltó que estas cooperaciones se componen de asesoría y de recursos no reembolsables con el objetivo de hacer estudios o actividades con el sector privado, por ejemplo, acuerdos que hay con AIREN, la JAD, AIRD, Clúster Turístico de Bayahíbe
En cuando a las donaciones, Labrado manifestó que han entregado 20 millones de dólares en los últimos cuatro años.
Temas críticos. Labrado resaltó que hay tres temas críticos que requieren acciones inmediatas y que en los últimos años no han tenido cambios importantes, estos son educación, el sistema eléctrico y la distribución de la riqueza.
En educación, detalló que se debe mejorar la infraestructura y capacitar a los maestros. “Se ha otorgado el 4% del PIB en educación, ahora el desafío es utilizar esos recursos con eficiencia para conseguir los resultados esperados”, dijo.
En el sector eléctrico, resaltó que hay mucha debilidad y mucho que hacer. “No puede ser que el tema eléctrico sea un problema estratégico, permanente o insolucionable, es un tema que debe ser abordado y solucionado. En el presupuesto de ahora se destinan 1,200 millones de dólares y eso es una barbaridad”, expresó.
Igualmente, el representante del BID manifestó que no se ve un gran cambio a nivel de distribución de la riqueza, pero la principal solución a este mal es la educación y el acceso a empleo.
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Programas del BID
Labrado dijo que ha visto mejoría a nivel de la aplicación de tecnología con el PATCA; además en los programas Solidaridad y Juventud y Empleo. De igual forma tiene buenas expectativas con el proyecto de mejora en la Ciudad Colonial financiado por el BID.
HOY
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.