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Capo acepta su extradición voluntaria.
Santo Domingo, RD.- Juan José de la Cruz Morales, apodado como el cacique de la región Este del país, conocido también como El Don y Wander, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos identificada como Operación Falcón que ha decidido ser llevado a los Estados Unidos para ser juzgado en tribunales de esa nación.
Renombrado como el cacique de la región Este, Juan José de la Cruz Morales, con dos de sus más citados alias, “El Don”y “Wander”, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos del caso Operación Falcón que ha optado por su extradicion voluntaria a los Estados Unidos, donde deberá responder ante la imputación de varios cargos.
De la Cruz Morales, el jefe de operaciones de la estructura criminal desarticulada por las autoridades, pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que se libre acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición “para demostrar mi inocencia”.
“Magistrados”, dijo, dirigiéndose a los jueces, “vengo con la firme voluntad de irme en extradición para responder por los cargos que se me imputan”, expresó De la Cruz Morales, tras dejar claro que tomó la decisión sin haber sido forzado por presión alguna.
En contra del extraditable, recluido ahora en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Najayo, el alto tribunal judicial del país había dictado orden de arresto desde el año 2019, pero las autoridades de entonces no la ejecutaron, según trascendió.
Esperando el decreto
Sólo se está a espera de que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autoriza su extradición a la nación norteamericana.
De la Cruz Morales es propietario de las tres estaciones de combustibles en su pueblo, donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos.
Estuvo implicado en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico el 2 de noviembre de 2016
Era el jefe de operaciones de la estructura y un lanchero con experiencia dedicado a organizar viajes ilegales, pero, según el Ministerio Público, hace más de una década entró al mundo de las drogas hasta convertirse en uno de los narcos más importantes de la región Este.
Piden a seis prófugos entregarse
Seis personas están prófugos, vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos, y las autoridades les han exhortado entregarse y responder de las acusaciones en su contra.
Se trata de Erick Randhiel Mosquea Polanco, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz.
Según fuentes vinculadas a la investigación, Mosquea Polanco, el cabecilla de la red; Mosquea Eduardo, Torres Bueno, los hermanos de Jesús Polanco, y el imputado Osiris Medina, portan armas de distintos calibres, son “individuos violentos y muy peligrosos”.
Según se ha informado, las autoridades advierten a los prófugos que son buscados activamente por unidades élites y de reacción de agencias de inteligencia del Estado.
También se les recuerda que al momento de su persecución o captura no deben resistirse al arresto.
Precisamente, una fuente informó que. tras la persecución, se entregó a las autoridades Enerio Sandoval, uno de los integrantes de la estructura criminal.
Se intensifica búsqueda de otro grupo
Se informó que otras personas son buscadas en Santo Domingo, La Altagracia, Santiago y otros puntos del país, acusados de formar parte de esta poderosa red de narcotráfico y lavado de activos, que tenía su centro de operación en Santiago.
Los órganos de persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago recordaron que cualquier persona que obstaculice o prevenga la aprehensión de los implicados en el caso Falcón se expone incluso a ser procesado por complicidad en Estados Unidos por ayudar a un imputado a evadir la justicia o por incitar a hacerlo.
Indicaron que el sistema de justicia de Estados Unidos establece que un cargo criminal de “complicidad” se puede presentar contra cualquier persona que ayude en la comisión de un delito o que, al conocerlo, antes o después de su consumación, ayude al imputado mediante asesoramiento, acciones o apoyo financiero.
Dependiendo del grado de participación, la imputación puede elevarse al nivel de conspiración. En ese contexto, explicaron que para ser procesado por complicidad el sistema judicial estadounidense solo requiere acreditar que el acusado sabía que una persona había cometido un delito o que ayudó con su consumación o en el diseño específico de obstaculizar o prevenir la aprehensión, el juicio o el castigo de una persona perseguida o bajo procesamiento.
Erick , muy poderoso
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que Erick Randhiel Mosquea Polanco se llegó a convertir en “un poderoso y temido narcotraficante internacional” que, junto a sus ejes operativos dentro de la organización, movilizó miles de kilos de cocaína desde Colombia, a través de República Dominicana, hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Hasta el momento, a la red de lavado de activos se le ocuparon unos 130 vehículos, incluyendo tres blindados, así como una embarcación pequeña y una grande. También, alrededor de 4.9 millones de dólares en efectivo y más de 22.7 millones de pesos.
También, costosos relojes de lujo, decenas de inmuebles, siete estaciones de combustibles y varias fincas, incluyendo una de banano.
DATOS
Qué es extradición.
La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro y devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta.
Sus variados tipos.
Clases de extradición: activa, pasiva, en tránsito y reextradición. La activa consiste en la solicitud efectuada por el Estado requirente de la entrega del sujeto. La pasiva es la entrega del sujeto por parte del Estado requerido.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.