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Capo acepta su extradición voluntaria.
Santo Domingo, RD.- Juan José de la Cruz Morales, apodado como el cacique de la región Este del país, conocido también como El Don y Wander, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos identificada como Operación Falcón que ha decidido ser llevado a los Estados Unidos para ser juzgado en tribunales de esa nación.
Renombrado como el cacique de la región Este, Juan José de la Cruz Morales, con dos de sus más citados alias, “El Don”y “Wander”, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos del caso Operación Falcón que ha optado por su extradicion voluntaria a los Estados Unidos, donde deberá responder ante la imputación de varios cargos.
De la Cruz Morales, el jefe de operaciones de la estructura criminal desarticulada por las autoridades, pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que se libre acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición “para demostrar mi inocencia”.
“Magistrados”, dijo, dirigiéndose a los jueces, “vengo con la firme voluntad de irme en extradición para responder por los cargos que se me imputan”, expresó De la Cruz Morales, tras dejar claro que tomó la decisión sin haber sido forzado por presión alguna.
En contra del extraditable, recluido ahora en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Najayo, el alto tribunal judicial del país había dictado orden de arresto desde el año 2019, pero las autoridades de entonces no la ejecutaron, según trascendió.
Esperando el decreto
Sólo se está a espera de que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autoriza su extradición a la nación norteamericana.
De la Cruz Morales es propietario de las tres estaciones de combustibles en su pueblo, donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos.
Estuvo implicado en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico el 2 de noviembre de 2016
Era el jefe de operaciones de la estructura y un lanchero con experiencia dedicado a organizar viajes ilegales, pero, según el Ministerio Público, hace más de una década entró al mundo de las drogas hasta convertirse en uno de los narcos más importantes de la región Este.
Piden a seis prófugos entregarse
Seis personas están prófugos, vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos, y las autoridades les han exhortado entregarse y responder de las acusaciones en su contra.
Se trata de Erick Randhiel Mosquea Polanco, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz.
Según fuentes vinculadas a la investigación, Mosquea Polanco, el cabecilla de la red; Mosquea Eduardo, Torres Bueno, los hermanos de Jesús Polanco, y el imputado Osiris Medina, portan armas de distintos calibres, son “individuos violentos y muy peligrosos”.
Según se ha informado, las autoridades advierten a los prófugos que son buscados activamente por unidades élites y de reacción de agencias de inteligencia del Estado.
También se les recuerda que al momento de su persecución o captura no deben resistirse al arresto.
Precisamente, una fuente informó que. tras la persecución, se entregó a las autoridades Enerio Sandoval, uno de los integrantes de la estructura criminal.
Se intensifica búsqueda de otro grupo
Se informó que otras personas son buscadas en Santo Domingo, La Altagracia, Santiago y otros puntos del país, acusados de formar parte de esta poderosa red de narcotráfico y lavado de activos, que tenía su centro de operación en Santiago.
Los órganos de persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago recordaron que cualquier persona que obstaculice o prevenga la aprehensión de los implicados en el caso Falcón se expone incluso a ser procesado por complicidad en Estados Unidos por ayudar a un imputado a evadir la justicia o por incitar a hacerlo.
Indicaron que el sistema de justicia de Estados Unidos establece que un cargo criminal de “complicidad” se puede presentar contra cualquier persona que ayude en la comisión de un delito o que, al conocerlo, antes o después de su consumación, ayude al imputado mediante asesoramiento, acciones o apoyo financiero.
Dependiendo del grado de participación, la imputación puede elevarse al nivel de conspiración. En ese contexto, explicaron que para ser procesado por complicidad el sistema judicial estadounidense solo requiere acreditar que el acusado sabía que una persona había cometido un delito o que ayudó con su consumación o en el diseño específico de obstaculizar o prevenir la aprehensión, el juicio o el castigo de una persona perseguida o bajo procesamiento.
Erick , muy poderoso
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que Erick Randhiel Mosquea Polanco se llegó a convertir en “un poderoso y temido narcotraficante internacional” que, junto a sus ejes operativos dentro de la organización, movilizó miles de kilos de cocaína desde Colombia, a través de República Dominicana, hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Hasta el momento, a la red de lavado de activos se le ocuparon unos 130 vehículos, incluyendo tres blindados, así como una embarcación pequeña y una grande. También, alrededor de 4.9 millones de dólares en efectivo y más de 22.7 millones de pesos.
También, costosos relojes de lujo, decenas de inmuebles, siete estaciones de combustibles y varias fincas, incluyendo una de banano.
DATOS
Qué es extradición.
La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro y devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta.
Sus variados tipos.
Clases de extradición: activa, pasiva, en tránsito y reextradición. La activa consiste en la solicitud efectuada por el Estado requirente de la entrega del sujeto. La pasiva es la entrega del sujeto por parte del Estado requerido.
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, respondió este lunes al octavo informe presentado por la organización Participación Ciudadana, en el que se analiza el proceso penal que se le sigue desde hace casi seis años, rechazando su contenido y alegando que contiene “informaciones falsas o manipuladas”.
En un documento dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Rodríguez sostiene que el informe busca “imponer una narrativa” que presiona al sistema de justicia, especialmente ante el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos penales establecido en el Código Procesal Penal.
El exfuncionario afirma que la prolongación del caso no es atribuible a su defensa, sino exclusivamente a supuestas negligencias del Ministerio Público.
- Según su versión, la investigación se ha visto afectada por retrasos en la presentación de la acusación, manejo inadecuado de evidencias digitales y múltiples aplazamientos.
Rodríguez destacó que pasó cuatro años en prisión preventiva y que, durante todo el proceso, ha asistido a cada audiencia sin solicitar suspensiones, lo que a su juicio contradice cualquier intención de dilatar el caso.
También aseguró que la acusación presentada por el órgano persecutor es “abultada, confusa e ininteligible”, con miles de páginas y millones de archivos digitales, lo que habría contribuido a extender los plazos judiciales.
En su respuesta, el exprocurador cuestionó duramente a Participación Ciudadana, al que calificó de “ente desacreditado”, alegando que su informe omite elementos clave del expediente judicial y utiliza jurisprudencia desactualizada.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público habría incurrido en demoras desde las etapas iniciales del proceso, incluyendo extensiones en la fase de investigación, fallos en la gestión de evidencias y decisiones contradictorias sobre la estructura del expediente.
Entre los señalamientos, también mencionó supuestos retrasos derivados de errores en el manejo de pruebas digitales, incumplimientos en la entrega de evidencias de descargo y decisiones procesales que habrían generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez insistió en que la normativa vigente establece límites claros para la duración de los procesos penales y que cualquier extensión debe ser autorizada por un juez en caso de dilaciones atribuibles a la defensa, lo cual según afirma no ha ocurrido en su caso.
Sostuvo además que en varias ocasiones los tribunales han rechazado alegatos del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de su parte, dejando constancia de que los retrasos han sido generados por el órgano acusador.
Finalmente, el exprocurador convocó a una rueda de prensa para el jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Solazar, donde su equipo legal presentará documentación y explicaciones detalladas sobre el proceso y el informe de Participación Ciudadana.
En ese encuentro, afirmó, se ofrecerán evidencias para responder a lo que califica como “planteamientos falsos” difundidos en el documento de la organización
Santo Domingo, R.D.- La decisión de condenar o no a los implicados en la red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G se conocerá el próximo jueves cuando las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se pronuncien al respecto, cuyo desfalco en contra del Estado alcanza los 4 mil quinientos millones de pesos, recursos que habrian sido utilizados para beneficios personales.
Este martes, la magistrada presidenta, Gisselle Méndez, junto a las demás juezas del tribunal, recesó la audiencia hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, debido a las condiciones climáticas del país.
Ese día serán escuchados varios imputados del caso Coral y Coral 5G: los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Luego de ser escuchados, las juezas darán por clausurados los debates entre las partes y se retirarán a deliberar para valorar la acusación del Ministerio Público y las evidencias presentadas en el proceso. También estudiarán los argumentos de la defensa y las pruebas aportadas por los abogados de los imputados.
Una vez se retiren, las magistradas deberán emitir la decisión dentro de un plazo de 30 días, contado desde el momento en que se reserven el fallo.
Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra los imputados. Posteriormente, los abogados de los encartados refutaron los hechos imputados a sus defendidos. Luego, el órgano acusador presentó su réplica y, a su vez, la defensa realizó la contrarréplica.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para varios implicados, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
De igual manera, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros implicados, además de penas de 5 años para varios procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Por su parte, los abogados de los imputados solicitaron rechazar el pedimento del Ministerio Público, declarar la absolución de sus representados, levantar las medidas de coerción impuestas, retirar las oposiciones sobre los bienes, incluyendo cuentas bancarias, y ordenar la devolución de los inmuebles y bienes muebles incautados.
El próximo jueves, varios imputados del caso Coral y Coral 5G agotarán su turno de intervención ante el tribunal.
Santo Domingo, R.D.-Cinco de cárcel le impuso la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional a Elizabeth Silverio por usurpar las funciones neurocientífica en violación a la Ley General de Salud.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera halló culpable a Silverio de las acusaciones de usurpar funciones de especialista y tratar niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. la condenó al pago de una indemnización de dos millones de pesos.
A su salida, la imputada dijo que es la tercera vez que la condena y que no le han podido demostrar con hechos las acusaciones. “Yo soy el tapadero, ahora mismo de la realidad de este país…primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución” dijo en referencia a las veces que se ha dictado condena en su contra.
Conforme al Ministerio Público, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
De igual forma, Magalys Sánchez Guzmán, fiscal del Distrito Nacional, expresó que Silverio “se hacía pasar por neurocientífica sin contar con los estudios profesionales”.
La representante del órgano persecutor explicó que Silverio falsificó un exequatur para así “poder demostrar a los padres y engañarlos”.
Sin embargo, Waldo Paulino, abogado de Silverio, aseguró que apelaran la sentencia y explicó que no se pudo comprobar que Silverio “realizo un titulo falso”.
Cabe destacar que el órgano fiscal estableció que la señalada violó los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.