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Capo acepta su extradición voluntaria.
Santo Domingo, RD.- Juan José de la Cruz Morales, apodado como el cacique de la región Este del país, conocido también como El Don y Wander, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos identificada como Operación Falcón que ha decidido ser llevado a los Estados Unidos para ser juzgado en tribunales de esa nación.
Renombrado como el cacique de la región Este, Juan José de la Cruz Morales, con dos de sus más citados alias, “El Don”y “Wander”, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos del caso Operación Falcón que ha optado por su extradicion voluntaria a los Estados Unidos, donde deberá responder ante la imputación de varios cargos.
De la Cruz Morales, el jefe de operaciones de la estructura criminal desarticulada por las autoridades, pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que se libre acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición “para demostrar mi inocencia”.
“Magistrados”, dijo, dirigiéndose a los jueces, “vengo con la firme voluntad de irme en extradición para responder por los cargos que se me imputan”, expresó De la Cruz Morales, tras dejar claro que tomó la decisión sin haber sido forzado por presión alguna.
En contra del extraditable, recluido ahora en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Najayo, el alto tribunal judicial del país había dictado orden de arresto desde el año 2019, pero las autoridades de entonces no la ejecutaron, según trascendió.
Esperando el decreto
Sólo se está a espera de que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autoriza su extradición a la nación norteamericana.
De la Cruz Morales es propietario de las tres estaciones de combustibles en su pueblo, donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos.
Estuvo implicado en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico el 2 de noviembre de 2016
Era el jefe de operaciones de la estructura y un lanchero con experiencia dedicado a organizar viajes ilegales, pero, según el Ministerio Público, hace más de una década entró al mundo de las drogas hasta convertirse en uno de los narcos más importantes de la región Este.
Piden a seis prófugos entregarse
Seis personas están prófugos, vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos, y las autoridades les han exhortado entregarse y responder de las acusaciones en su contra.
Se trata de Erick Randhiel Mosquea Polanco, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz.
Según fuentes vinculadas a la investigación, Mosquea Polanco, el cabecilla de la red; Mosquea Eduardo, Torres Bueno, los hermanos de Jesús Polanco, y el imputado Osiris Medina, portan armas de distintos calibres, son “individuos violentos y muy peligrosos”.
Según se ha informado, las autoridades advierten a los prófugos que son buscados activamente por unidades élites y de reacción de agencias de inteligencia del Estado.
También se les recuerda que al momento de su persecución o captura no deben resistirse al arresto.
Precisamente, una fuente informó que. tras la persecución, se entregó a las autoridades Enerio Sandoval, uno de los integrantes de la estructura criminal.
Se intensifica búsqueda de otro grupo
Se informó que otras personas son buscadas en Santo Domingo, La Altagracia, Santiago y otros puntos del país, acusados de formar parte de esta poderosa red de narcotráfico y lavado de activos, que tenía su centro de operación en Santiago.
Los órganos de persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago recordaron que cualquier persona que obstaculice o prevenga la aprehensión de los implicados en el caso Falcón se expone incluso a ser procesado por complicidad en Estados Unidos por ayudar a un imputado a evadir la justicia o por incitar a hacerlo.
Indicaron que el sistema de justicia de Estados Unidos establece que un cargo criminal de “complicidad” se puede presentar contra cualquier persona que ayude en la comisión de un delito o que, al conocerlo, antes o después de su consumación, ayude al imputado mediante asesoramiento, acciones o apoyo financiero.
Dependiendo del grado de participación, la imputación puede elevarse al nivel de conspiración. En ese contexto, explicaron que para ser procesado por complicidad el sistema judicial estadounidense solo requiere acreditar que el acusado sabía que una persona había cometido un delito o que ayudó con su consumación o en el diseño específico de obstaculizar o prevenir la aprehensión, el juicio o el castigo de una persona perseguida o bajo procesamiento.
Erick , muy poderoso
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que Erick Randhiel Mosquea Polanco se llegó a convertir en “un poderoso y temido narcotraficante internacional” que, junto a sus ejes operativos dentro de la organización, movilizó miles de kilos de cocaína desde Colombia, a través de República Dominicana, hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Hasta el momento, a la red de lavado de activos se le ocuparon unos 130 vehículos, incluyendo tres blindados, así como una embarcación pequeña y una grande. También, alrededor de 4.9 millones de dólares en efectivo y más de 22.7 millones de pesos.
También, costosos relojes de lujo, decenas de inmuebles, siete estaciones de combustibles y varias fincas, incluyendo una de banano.
DATOS
Qué es extradición.
La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro y devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta.
Sus variados tipos.
Clases de extradición: activa, pasiva, en tránsito y reextradición. La activa consiste en la solicitud efectuada por el Estado requirente de la entrega del sujeto. La pasiva es la entrega del sujeto por parte del Estado requerido.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.