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Capo acepta su extradición voluntaria.
Santo Domingo, RD.- Juan José de la Cruz Morales, apodado como el cacique de la región Este del país, conocido también como El Don y Wander, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos identificada como Operación Falcón que ha decidido ser llevado a los Estados Unidos para ser juzgado en tribunales de esa nación.
Renombrado como el cacique de la región Este, Juan José de la Cruz Morales, con dos de sus más citados alias, “El Don”y “Wander”, es el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos del caso Operación Falcón que ha optado por su extradicion voluntaria a los Estados Unidos, donde deberá responder ante la imputación de varios cargos.
De la Cruz Morales, el jefe de operaciones de la estructura criminal desarticulada por las autoridades, pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que se libre acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición “para demostrar mi inocencia”.
“Magistrados”, dijo, dirigiéndose a los jueces, “vengo con la firme voluntad de irme en extradición para responder por los cargos que se me imputan”, expresó De la Cruz Morales, tras dejar claro que tomó la decisión sin haber sido forzado por presión alguna.
En contra del extraditable, recluido ahora en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Najayo, el alto tribunal judicial del país había dictado orden de arresto desde el año 2019, pero las autoridades de entonces no la ejecutaron, según trascendió.
Esperando el decreto
Sólo se está a espera de que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autoriza su extradición a la nación norteamericana.
De la Cruz Morales es propietario de las tres estaciones de combustibles en su pueblo, donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos.
Estuvo implicado en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico el 2 de noviembre de 2016
Era el jefe de operaciones de la estructura y un lanchero con experiencia dedicado a organizar viajes ilegales, pero, según el Ministerio Público, hace más de una década entró al mundo de las drogas hasta convertirse en uno de los narcos más importantes de la región Este.
Piden a seis prófugos entregarse
Seis personas están prófugos, vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos, y las autoridades les han exhortado entregarse y responder de las acusaciones en su contra.
Se trata de Erick Randhiel Mosquea Polanco, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz.
Según fuentes vinculadas a la investigación, Mosquea Polanco, el cabecilla de la red; Mosquea Eduardo, Torres Bueno, los hermanos de Jesús Polanco, y el imputado Osiris Medina, portan armas de distintos calibres, son “individuos violentos y muy peligrosos”.
Según se ha informado, las autoridades advierten a los prófugos que son buscados activamente por unidades élites y de reacción de agencias de inteligencia del Estado.
También se les recuerda que al momento de su persecución o captura no deben resistirse al arresto.
Precisamente, una fuente informó que. tras la persecución, se entregó a las autoridades Enerio Sandoval, uno de los integrantes de la estructura criminal.
Se intensifica búsqueda de otro grupo
Se informó que otras personas son buscadas en Santo Domingo, La Altagracia, Santiago y otros puntos del país, acusados de formar parte de esta poderosa red de narcotráfico y lavado de activos, que tenía su centro de operación en Santiago.
Los órganos de persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago recordaron que cualquier persona que obstaculice o prevenga la aprehensión de los implicados en el caso Falcón se expone incluso a ser procesado por complicidad en Estados Unidos por ayudar a un imputado a evadir la justicia o por incitar a hacerlo.
Indicaron que el sistema de justicia de Estados Unidos establece que un cargo criminal de “complicidad” se puede presentar contra cualquier persona que ayude en la comisión de un delito o que, al conocerlo, antes o después de su consumación, ayude al imputado mediante asesoramiento, acciones o apoyo financiero.
Dependiendo del grado de participación, la imputación puede elevarse al nivel de conspiración. En ese contexto, explicaron que para ser procesado por complicidad el sistema judicial estadounidense solo requiere acreditar que el acusado sabía que una persona había cometido un delito o que ayudó con su consumación o en el diseño específico de obstaculizar o prevenir la aprehensión, el juicio o el castigo de una persona perseguida o bajo procesamiento.
Erick , muy poderoso
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que Erick Randhiel Mosquea Polanco se llegó a convertir en “un poderoso y temido narcotraficante internacional” que, junto a sus ejes operativos dentro de la organización, movilizó miles de kilos de cocaína desde Colombia, a través de República Dominicana, hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Hasta el momento, a la red de lavado de activos se le ocuparon unos 130 vehículos, incluyendo tres blindados, así como una embarcación pequeña y una grande. También, alrededor de 4.9 millones de dólares en efectivo y más de 22.7 millones de pesos.
También, costosos relojes de lujo, decenas de inmuebles, siete estaciones de combustibles y varias fincas, incluyendo una de banano.
DATOS
Qué es extradición.
La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro y devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta.
Sus variados tipos.
Clases de extradición: activa, pasiva, en tránsito y reextradición. La activa consiste en la solicitud efectuada por el Estado requirente de la entrega del sujeto. La pasiva es la entrega del sujeto por parte del Estado requerido.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.