Análisis Noticiosos
El cambio climático convierte a Uruguay en productor de mate
El calentamiento global está cambiando el mapa de productores a nivel mundial: el cultivo ecológico uruguayo está en auge, mientras que las áreas favorables para la producción de esta yerba se reducirán en Paraguay y Brasil
Hay una leyenda guaraní que cuenta la historia de un joven indígena que se adentra en la selva del Chaco, equipado con un trozo de tacuara —un tipo de caña de bambú— y una calabaza conocida como “mati” en su idioma. Después de perder el rumbo y toda esperanza durante una difícil búsqueda, sus provisiones resultan ser una bendición cuando encuentra las hojas de una planta que, una vez mezcladas con agua y sorbidas desde su calabaza, le devuelven el ánimo y le dan energía para continuar. Hoy, esta hoja de la planta Ilex paraguariensis o yerba mate, una vez tostada, secada, molida y preparada, es la infusión favorita de Sudamérica.
Argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños consumen distintos tipos de yerba según los diferentes tipos de canchado, como se le llama a la molienda. La yerba argentina y paraguaya es gruesa e incluye partes de las ramas del árbol, “el palo”; la que consumen en Uruguay, en cambio, es fina y, por consiguiente, tiene más polvo; y en Brasil la yerba es casi un polvo verde. Pese a las diferencias, en todos estos países el mate es un clásico en jornadas de trabajo o estudio, charlas cruciales y también banales, y como presentación ante extranjeros, que suelen acceder a probar este extraño brebaje verde con desconfianza.
En 2023, Argentina fue el principal productor de yerba mate con 982.000 toneladas, seguido de Brasil (736.000 toneladas) y Paraguay (160.000 toneladas), según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Uruguay, por su parte, nunca ha cultivado la planta en grandes volúmenes, pero la sed de sus 3,4 millones de habitantes por esta bebida lo convierte en el mayor consumidor per cápita, con aproximadamente 10 kilos por ciudadano al año, demanda que se cubre con importaciones de sus vecinos.
Cambio en el mapa de cultivos
Un estudio realizado en 2024 por científicos brasileños advirtió que esa realidad puede cambiar, y que las áreas favorables para los cultivos de yerba mate se reducirán en Paraguay y Brasil y aumentarán en Uruguay, por efectos del cambio climático, lo que podría desarrollar esa nueva industria. El informe presenta cuatro posibles escenarios de cambio climático con diferentes grados de optimismo en cuanto a la magnitud de la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante cuatro periodos de 20 años, desde 2020 hasta 2100.
En todos los escenarios posibles proyectados por los investigadores, a medida que pasan los periodos, las zonas cultivables parecen desplazarse a lo largo de los cuatro países, desde el noreste hacia el suroeste. Para comienzos del próximo siglo, y en el peor escenario posible, Uruguay, al sur del departamento Río Negro, quedaría dentro de un selecto grupo favorable para el cultivo de yerba mate, junto a una pequeña porción de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y zonas más pequeñas aún en Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil.
En la actualidad, Argentina lidera el podio de superficies cultivadas con yerba mate, con más de 230.000 hectáreas; le sigue Brasil, que cuenta con 85.000 hectáreas cultivadas de yerba mate —sin contar la recolección silvestre—; por último, Paraguay con unas 40.000 hectáreas. Uruguay posee producción, de momento, artesanal, por lo que no existen registros estadísticos.
“Este escenario sugiere que Uruguay podría consolidarse como un centro estratégico para el cultivo de yerba mate en las próximas décadas, especialmente si invierte en tecnologías adaptativas y políticas de fomento a la producción. Sin embargo, es importante destacar que este potencial está fuertemente condicionado por el grado de calentamiento global”, advierte Guilherme Botega, del Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, uno de los investigadores.
En medio de estos posibles cambios, Dialogue Earth, aliado de América Futura, visitó a pequeños productores de yerba mate que actualmente trabajan en Uruguay y habló con figuras de la industria en Argentina que evalúan la resiliencia de su producción, tras haber sido testigos de los efectos del cambio climático.
El proyecto de Ambá
La jornada arranca temprano en las sierras de Rocha —a unos 300 metros sobre el nivel del mar— donde la blanca bruma se hace más densa por el aporte de un fogón preparado para sapecar unos 30 kilos de hojas de yerba mate. Sapecar significa “abrir los ojos” en guaraní, y en términos técnicos, sirve para reventar los estomas, las estructuras por dónde respira la planta, en un primer proceso de deshidratación, que se completa en el secado.
El tostado se lleva a cabo en un proyecto dirigido por Ambá, una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración de la naturaleza y los ecosistemas. En su centro de regeneración en el este uruguayo, ya registraron un millar de árboles de ilex paraguariensis en dos campos de poco más de siete hectáreas. Se trata de árboles que crecen en forma silvestre entre las quebradas, protegidas por una mata de bosque nativo.
Ambá significa “el propósito más alto” en guaraní. La organización plantea que el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza está dañado, y se han decidido a cambiar esa realidad restaurando ecosistemas como base para el desarrollo de las comunidades locales y las economías regenerativas.
La yerba mate que se ha integrado en sus paisajes puede que sea solo para su propio consumo, pero no son los únicos que muestran las posibilidades de este cultivo artesanal. Los campos privados y el cultivo de yerba a pequeña escala son cada vez más numerosos. Entre los productores más conocidos se encuentran el vivero I Porá, en el departamento de Maldonado, en el sur del país, y Quebrada de los Cuervos, en el departamento de Treinta y Tres, dirigido por Alberto Demichelli, a quien se considera “pionero” en la reintroducción de la especie en el país.
Los árboles de Ambá en Rocha crecen a su antojo, gracias a las aves que comen sus semillas rojas —parecidas a las del café—, y que luego de un proceso de escarificación en el tracto digestivo, son dispersadas con la deposición. “Haciendo la cosecha de hojas en un campo, sin querer, el dueño nos dijo que vio un árbol nuevo. Nos llevó a ver ese árbol y caminando por la zona encontramos diez más que no habíamos contado. Eso es dispersión pura de la semilla”, cuenta Talía Zamboni, coordinadora de Restauración Ecológica de Ambá. El grupo organiza actividades abiertas a la comunidad, en las se circundan los distintos senderos serranos y se realiza parte del proceso que convierte a las hojas en yerba, todo al ritmo del mate.
Historias de silvicultura y ganadería
Su cultivo a gran escala ha hecho creer al público que la yerba mate es un arbusto, pero en estado silvestre es un árbol que puede alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, con troncos de hasta 80 centímetros de diámetro, que se poda para facilitar la recolección de las ramas. La especie se desarrolla mejor en regiones con una temperatura media anual de entre 15 y 25 °C, siendo la óptima de 20 a 23 °C, y una precipitación anual superior a 1.200 mm, y es reacia a la luz solar directa.
Otro de los pioneros en Uruguay es el ingeniero agrónomo Raúl Nin, quien vio por primera vez un árbol de yerba mate en 1964, en el departamento de Tacuarembó, y se ha vuelto referencia y proveedor de árboles.
Cientos de plantines esperan crecer en su vivero Ca’aguigua –“morador del bosque” en guaraní–, un espacio de 1.600 metros cuadrados a menos de un kilómetro del mar de la ciudad costera de La Paloma, con más de 200 especies nativas. Nin cuenta que hay productores que le solicitan cientos de plantas y reseña que ha pasado con los árboles de yerba mate que crecían en el Uruguay a mediados del siglo XX.
“En la Segunda Guerra Mundial no quedó un monte en pie en Uruguay porque no había petróleo y hubo que traer la línea férrea desde Paraguay para sacar el carbón. Luego llegó el negocio forestal, o sea, se perdió la producción en masa por decisiones políticas y por necesidad de la época”, relata.
La silvicultura se ha convertido en una importante actividad económica y un sector exportador para Uruguay, con aproximadamente el 6% de su superficie dedicada a monocultivos de eucalipto y pino, lo que genera preocupación por el impacto ambiental. Nin agrega otros factores: el reemplazo de nativas por exóticas y el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por debilidad que tienen las vacas por las amargas hojas de yerba mate.
Regeneración
Así como Nin y Ambá en Uruguay están tratando de demostrar el potencial de la producción de yerba mate a pequeña escala para integrarse a los ecosistemas locales, los productores a gran escala, como los de Argentina, también se ven obligados a tener en cuenta los cambios ambientales y la necesidad de adoptar enfoques diferentes.
“Necesitamos volver a generar sistemas productivos que se parezcan a sus ambientes naturales”, plantea la subgerente del área técnica del Instituto argentino de la Yerba Mate (INYM), Verónica Scalerandi. La ingeniera agrónoma reconoce que el informe de sus colegas brasileños “invita a tomar conciencia” y advierte que ya ha visto algunos avances de lo que plantea en las últimas sequías de 2021-2022.
“Los efectos de las precipitaciones no son solamente que llueva 1.200 milímetros de promedio [en las zonas de cultivo de yerba mate de Argentina], sino que el cambio climático lo que está haciendo es que estas precipitaciones se concentren, y además se conjuga con algo que el informe no tiene, que es que nuestros suelos están altamente degradados, y que la precipitación llegue a las raíces de las plantas no depende de la cantidad de agua que cae, sino de las condiciones físicas de nuestros suelos”, afirma.
Un informe del INYM reveló condiciones físico-químicas de los suelos yerbateros argentinos que demuestra que cerca del 80% están en condiciones malas de calidad física, por laboreo, sobrelaboreo, compactación, y falta de cobertura, lo que implica que menos del 60% de las precipitaciones efectivamente lleguen a las raíces de las plantas. “Tenemos promedios de producción muy bajos que evidencian que hay cultivos que están muy degradados y produciendo muy poquito, pero uno va a veces a un campo, a un productor que maneja las cosas bien y tiene rendimientos altos”, dice Scalerandi.
La especialista es, no obstante, optimista. “La yerba mate es la oportunidad para nuestra ecoregión, que es el relicto de selva paranaense, porque es un cultivo nativo que le gusta la sombra, que se lleva muy bien con la cobertura arbórea y que se puede cultivar haciendo un manejo eficiente de las coberturas espontáneas y naturales de los suelos, lo que otros llaman malezas», sostiene.
La representante del INYM considera que la sostenibilidad del sector no se logrará únicamente aumentando la producción, sino que la verdadera oportunidad frente al cambio climático reside en desarrollar sistemas más resilientes y priorizar la protección del suelo, que considera el único factor capaz de garantizar la producción a largo plazo.
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Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario