Opinión
El “cambio” o “más de lo mismo».
Por Elvin Dominici
No podemos permitir que las promesas de la campaña electoral se queden en el olvido por este gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las esperanzas de todos los dominicanos de un verdadero “cambio” sacó del poder al ex-presidente Danilo Medina y por eso seremos vigilantes, para que no nos den más de lo “mismo”. Nosotros no podemos confundir el hacer lo correcto en la administración del estado; con que el PRM está haciendo un gobierno trascendental de “cambio” a los parámetros que hoy definen los retos que sigue enfrentado nuestra nación.
Las iniciativas del presidente Abinader de tomar en sus manos la decisión de terminar el matrimonio infantil es un paso esperado y correcto a erradicar esa pedófilo práctica legal en el país. El hecho de dar pasos para que tengamos un Ministerio Público independiente y se lleve a los corruptos “de todos los gobiernos a la cárcel” son decisiones positivas. La terminación de nóminas del estado abultadas y en otros casos escondidas con personas cobrando sin trabajar “botellas” son acciones correctas. No obstante, todos debemos exigir del presidente lo mejor para nuestra nación y lamentablemente la mayoría de sus acciones demuestran que son más de lo mismo y no el verdadero cambio que anhelamos.
Por ejemplo, las prácticas políticas de Medina y que el PRM condenó mientras estaba fuera del poder siguen siendo la batuta y doctrina dentro de la cultura política. Sabemos que tenemos un gobierno presidencialista y que los legisladores sólo son peones leales a la voluntad del feudo presidente de turno. En el caso del matrimonio infantil que fue uno de los temas sociales mas controversiales por varias decadas, esto pudo terminar a manos de la orden directa de nuestro presidente.
Entonces nos preguntamos, ¿Por qué la promesa de terminar el barrilito y otros beneficios de los legisladores no ha sido posible? A la Senadora Faride Raful del Distrito Nacional, se le olvidó su promesa de someter un proyecto de ley para acabar con ese atraco a los dineros del estado. Así vemos al Senador Hector Acosta “El Torito” antes crítico del barrilito y hoy defensor del mismo. La objetividad de lo prometido en campaña y las acciones de nuestros legisladores son siamesas con los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ¿Por qué Abinader no ordena terminar con este tan rechazado barrilito?
El ex-diputado Víctor Orlando Bisonó Haza, mejor conocido como Ito Bisonó, nunca tuvo tanto reconocimiento nacional después de su nombramiento como el titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM) y esto no se debe al cumplimiento de su promesa de bajar los precios de los derivados de petróleos; Al contrario, por sus memes en las redes sociales y este sumarse a la mafia de la alza de los combustibles a pesar de su promesa electoral “con su fórmula y pizarrita”.
Estamos esperando las iniciativas para terminar con la falta de energía eléctrica a nivel nacional y continúan los apagones. No hemos visto la prometida revolución educativa que ampare programas que transformen el sistema público educativo nacional. Sigue la cultura de endeudamiento para mantener funcionando el gobierno igual o peor en el gobierno del cambio de Luis Abinader. Por otro lado, los mismos bonos soberanos, los presupuesto complementarios, reformas fiscales y el futuro del país a la deriva; ya que nadie tiene la capacidad intelectual de sanear el derroche de préstamos y buscar recortes reales que sanen el endeudamiento.
Alguien podría informarme ¿Qué está haciendo este gobierno con la invasión silente de los haitianos a nuestro país? Según datos oficiales, la República Dominicana registró en 2019 un total de 167,686 nacimientos, entre ellos 20,018 en los que la madre era haitiana, y la inmensa mayoría de ellas indocumentadas. Este gobierno no ha tomado medidas para proteger nuestra frontera y darle seguridad a todo lo que entra ilegalmente a nuestra nación.
Este gobierno no tiene el valor de cumplir su promesa de iniciar un plan nacional de reestructuración de todas las avenidas, autopistas y calles que comunican con las provincias a la capital. Autovías modernas que ameriten el transporte seguro de nuestras familias, productos agrícolas y trabajadores en todo el país. Si no me creen pregúntele a la Alcaldesa Carolina Mejia que todavía no vemos que llego de “cambio” al ayuntamiento del Distrito Nacional. Un semáforo, motorista, carro y patana con luces puede salvar varias vidas y ¿quien lo implementa?
Las proyecciones de un crecimiento económico de un 6% ya fueron declaradas por el Banco Central para el 2021 y el 100% de los pobres seguiremos sin participar en este crecimiento, igual que en los gobierno del PLD. Si usted no se ha dado cuenta, cambiamos de partido en el poder, pero seguimos con las mismas mafias corruptas gobernando.
Nosotros entendemos que estamos en medio de una pandemia global con el coronavirus, sabemos que tienen pocos meses en el poder y que algunos entienden que debemos darle más tiempo. Si usted piensa así, le informo que usted sigue siendo esclavo del sistema.
Este país no puede darse el lujo de esperar más tiempo para que se haga lo correcto en el gobierno. Los resultados del prometido “cambio” tiene que ser ahora. Asi esperamos mas de dos décadas con las malas administraciones gubernamentales del PLD y PRD.
El pueblo no puede darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo con políticos tradicionales que jamás tendrán tiempo de resolver los grandes problemas nacionales.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.