Latinoamericanas
El canal de Daniel Ortega que los científicos no quieren
El presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Nicaragua, Jorge Huete-Pérez, alerta del grave impacto medioambiental que tendrá el proyecto para construir en ese país un canal inter oceánico similar al de Panamá y pide una «acción internacional rápida y decisiva» para impedirlo.
En un comentario publicado en larevista científica británica Nature, Huete-Pérez y el biólogo y profesor de la universidad alemana de Constanza Axel Meyer advierten de que «este canal causará un desastre medioambiental en Nicaragua y más allá».
Ambos reclaman el apoyo de conservacionistas, científicos y sociólogos internacionales para exigir una «evaluación independiente sobre las repercusiones de este mega-proyecto», y piden que el Gobierno lo detenga «si se confirman los temores de que ocasionará más pérdidas que ganancias a los recursos naturales de la región, las comunidades indígenas y la biodiversidad». «Es necesaria una acción internacional rápida y decisiva», advierten.
La excavación de cientos de kilómetros de terreno de costa a costa a través del lago Nicaragua, el mayor reservorio de agua dulce de la región, destruirá unas 400.000 hectáreas de bosques tropicales y de humedales y afectará a ecosistemas vulnerables cercanos que constituyen el último refugio para muchas especies en peligro de extinción, sea cual sea la ruta que finalmente sea elegida para el canal, señalan.
Las obras, adjudicadas a la empresa china HKND, que tendrá sobre la vía interoceánica una concesión de 50 años renovables por otros 50, deben comenzar en diciembre próximo, con un coste estimado de 40.000 millones de dólares.
Todavía se desconoce el trayecto del canal y una compañía británica ha sido contratada por HKND para realizar los estudios de impacto ambiental, sin que Nicaragua haya pedido su propia evaluación.
Para poder competir con el ampliado canal de Panamá y acoger a barcos de hasta 400.000 toneladas, el nicaragüense deberá tener una profundidad de 27,6 metros, mientras que el lago Nicaragua sólo tiene 15 metros de profundidad, por lo que habría que dragar toneladas de lodo del fondo que se acumularán en otras zonas, señalan los científicos.
El lago Nicaragua también albergaría el sistema de compuertas, por lo que se construirán diques en una zona de intensa actividad sísmica y aumentaría el riesgo de inundaciones o de escasez de agua. Asimismo, el lago podría sufrir infiltraciones salinas en la zona de compuertas, lo que unido a la pérdida de oxígeno causada por la contaminación dañará a especies de peces únicas en el mundo, agregan.
Por otra parte, la fauna terrestre se verá artificialmente confinada a territorios separados por el canal, lo que interferirá en sus rutas migratorias.
Meyer y Huete-Pérez, quien dirige también el Centro de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana, recuerdan que ya están experimentando una rápida pérdida de hábitat las especies en el Corredor Biológico Mesoamericano, establecido en 1997 por México y los países centroamericanos para crear una ruta migratoria segura entre el norte y el sur de América.
Entre las especies más amenazadas están el tapir, el mono araña, el águila arpía y el jaguar.
Además, advierten de que cientos de pueblos serán evacuados y sus moradores indígenas tendrán que abandonar sus tierras ancestrales.
El Gobierno nicaragüense espera que este proyecto millonario dispare el crecimiento económico del 4,5 % registrado en 2013 a un 14,6 %% en 2016.
El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua incluiría una vía ferroviaria, oleoductos, dos puertos de aguas profundas, zonas francas y dos aeropuertos, tanto en el litoral del Caribe como en el Pacífico.
Para los científicos, hay maneras más sostenibles de aumentar los ingresos, como una mayor irrigación, el turismo y la acuicultura, y recuerdan que para el año 2050 la población de Nicaragua habrá crecido en un 37 %, con lo que habrá ya de por sí escasez de agua y de recursos naturales.
Los indígenas del Caribe de Nicaragua -miskitos y ulwas- recientemente denunciaron sin éxito que el proyecto del canal violaba sus derechos sobre la tierra.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.