Nacionales
Elecciones del 2028 sufrirían transformaciones con reformas que se conocen en el Congreso.
Santo Domingo, R.D.-A tres años para las elecciones congresuales, municipales y presidenciales, en el Congreso Nacional se han depositado al menos seis proyectos legislativos que, sin se aprueban, transformarían el torneo comicial del 2028 en comparación con el del 2024.
La propuesta más reciente, que aún no ha llegado a manos de los legisladores, es la que regularía a los candidatos independientes, pero en las comisiones del Congreso reposan otras iniciativas enfocadas en el proceso pre y post electoral.
Desde la gestión congresual pasada, la comisión permanente de la Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados estudia un proyecto que establecería los debates electorales obligatorios para todos los candidatos. Este proyecto fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados y solo se espera su sanción en una segunda discusión para pasar al Senado.
Más cuota de género y voto en el exterior
Otro proyecto que cambiaría el escenario electoral en el 2028 fue presentado por 15 diputadas y busca que la cuota de género en las candidaturas sea de un 50 % para hombres y mujeres, y no de un 60 y 40 %, como lo establece actualmente la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral. A juicio de las legisladoras, la modificación fomentaría «más inclusión».
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por 15 legisladoras del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes alegan que la representación equitativa de los hombres y las mujeres en los cargos de elección popular «fomenta una democracia más inclusiva y refuerza el compromiso del país con los principios de igualdad».
Otra propuesta, depositada por el diputado perremeísta Julio César López, persigue que los votantes en el exterior puedan sufragar a través del correo ya que, como se argumenta en la pieza, el mismo día de la votación los dominicanos de la diáspora enfrentan dificultades como los horarios laborales que les impiden acudir a votar.
Antes de las elecciones
Las encuestas, junto a otros mecanismos, son un método permitido por la Ley 33-18, sobre Partidos Políticos, y con ellas se seleccionan a los candidatos que participarán en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.
En las comisiones congresuales también se analiza un proyecto que sustituiría el método D´ Hondt por otra herramienta de conteo «que garantice más pluralidad y justicia» en la asignación de los escaños. El documento legislativo fue presentado en julio del 2024 por el exdiputado José Horacio Rodríguez, del partido Opción Democrática, quien presentó la pieza tras no repetir en su cargo a pesar de ganar los votos suficientes en el Distrito Nacional.
Las candidaturas independientes
La última iniciativa que llegará al Congreso y que impactaría directamente en todo el proceso de las elecciones consiste en la regulación de los candidatos independientes, que serán aceptados en el torneo electoral tras una sentencia del Tribunal Constitucional y que estarían organizados en una propuesta que elabora la Junta Central Electoral (JCE) para someterla al Poder Legislativo.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.